La repostulación (como oficialmente se quiere llamar al intento inconstitucional de reelección) del Presidente Evo Morales, contrae un sinnúmero de aristas que vale la pena explorar.

Llama poderosamente la atención que al margen de coincidir con sectores tradicionalmente conservadores y reaccionarios, que incesantemente han buscado abrir y modificar esa Constitución Política tan costosamente construida por los movimientos sociales en la Asamblea Constituyente; tampoco se tome en cuenta ni haga prevalecer el principio de alternabilidad y renovación. Y es que más allá de lo puramente democrático (en su sentido liberal y burgués), este principio constituye una práctica profundamente arraigada en la cultura y las organizaciones indígenas y campesinas de nuestro país que, habiéndose adoptado como modelo, buscaba marcar un referente fundamental para profundizar la democracia tradicional que ahora, en el afán inconstitucional de nueva reelección, se torna imposible.

Pero eso no sería todo, porque al margen de desdecir y retroceder frente a la responsabilidad de profundizar la democracia, como parte del proceso de cambio, marca la intención de devolvernos a la época medieval donde los monarcas eran perpetuos…

Qué motivos y razones podrían explicar razonablemente esta situación?. Al respecto, vale la pena recordar que el gobierno y el partido oficialista, acaban de salir de un fuerte remezón provocado por los resultados de las elecciones subnacionales, donde perdieron muy importantes ciudades y gobernaciones. Ello provocó una profunda crisis y un gran descontento en las organizaciones y sectores sociales afines, que no solo se vieron en la cruda situación de asimilar semejante golpe, sino que ya habían estado cargando el descontento proveniente de la imposición de candidatos, al margen de los consensuados en las bases.

Tal fue el golpe recibido por la pérdida de elecciones en municipios y gobernaciones clave, que ello inmediatamente se tradujo en una muy fuerte presión para buscar e identificar culpables, pero sobre todo en fuertes pugnas y división al interior de dichas organizaciones. Por eso la decisión de cambiar y renovar dirigentes de las principales organizaciones afines fue prácticamente inmediato.

En perspectiva, las implicaciones políticas de semejante remezón no eran despreciables. Al margen del enorme cansancio acumulado por las sucesivas campañas electorales que se tuvieron que afrontar, se percibió que el descontento y la división terminarían desarticulando y alejando la base social y el respaldo que se había logrado. Y entonces es claro que la única manera de recuperar, rearticular fuerzas, e impedir ese distanciamiento que podía terminar volcándose en su contra, era unificarlos y convocarlos en torno a la figura el Presidente, como líder-caudillo indiscutible. El prorroguismo para conservar y reproducir el poder ya no era solo un deseo, se convertía en una necesidad para recomponer la fractura y división internas.

Para facilitar el camino y deshacerse de otro grave escollo que también había incidido en el resultado de las elecciones subnacionales, pero que sobre todo constituía una enorme carga para el gobierno, tuvo que producirse la renuncia de la ministra Nemecia Achacollo, principal autoridad y responsable del Fondo Indígena, donde se produjeron los hechos de corrupción multimillonaria que se conocen.

Adicional y probablemente lo más sintomático (aunque prácticamente desapercibido), fue la decisión de apartar al Canciller David Choquehuanca de su responsabilidad de articulador político en el departamento de La Paz, señalado como uno de los principales culpables de la derrota electoral. Con ello, es muy claro que el gobierno ha reafirmado y consolidado su giro hacia la derecha, el desarrollismo extractivista y su inclinación a los intereses antinacionales entreguistas que indudablemente afectarán y pondrán en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y de la propia Madre Tierra. Es más, el alejamiento del canciller, muestra claramente el desplazamiento y secundarización de uno de los pilares fundamentales del proceso y la propia Constitución Política, que se halla contenido en el paradigma del Vivir Bien. Es decir, se abandona el mandato para construir una nueva sociedad, sobre la base del paradigma alternativo al desarrollismo extractivista y neoliberal que se había perfilado en la Constitución

(*) Sociólogo.