Será necesario que transcurra un tiempo más, hasta desmenuzar con la ayuda de expertos el informe presentado la semana anterior por la interventora del Fondo Campesino, para formular una evaluación completa de la aventura financiera asumida por la alianza entre representantes estatales y dirigentes sociales, que administraron la considerable masa de recursos asignada a ese fondo.

Sin embargo, la publicación de algunos de los fragmentos más destacados del trabajo, a través de los medios masivos de difusión, permite confirmar la sospecha de lo nociva que resulta la asociación entre la burocracia que gobierna con la que maneja las más grandes organizaciones sociales. Los datos que se mencionan a continuación, consignados entre comillas, prueban lo dicho:

“Desde 2009 el directorio del Fondo Campesino aprobó 3.177 proyectos, de los cuales 2.077 no llegaron a obtener ningún desembolso, mientras que 1.100 tuvieron al menos un desembolso”. Puede ser esta una de las raras ocasiones en que podemos sentir alivio con la ineficiencia del temible directorio del Fondo -integrado por representantes de sectores sociales y cinco ministros-ya que resulta escalofriante inferir lo que hubiese ocurrido si repartía dinero al mismo ritmo que aprobaba proyectos.

El daño total al Estado estimado suma, en principio, “Bs 174,2 millones, entre los proyectos inexistentes, los inconclusos o atrasados en su cronograma (102 millones) y los denunciados por la Contraloría”; pero el monto puede elevarse, con la profundización de investigaciones y la realización de auditorías.

La intervención logró recuperar Bs 17.2 millones del total, es decir un 10%, e informa que ha iniciado 56 procesos penales en los que se investiga a 90 personas que fueron beneficiarias de los proyectos; la queja sobre esta última información es que los fiscales se limitan por lo pronto a hacer efectivos los procesos exclusivamente contra dirigentes disidentes y opositores, mientras los leales al gobierno permanecen intactos.

Desafiando múltiples pronósticos de quienes juzgamos inconveniente que la interventora sea nombrada por la ministra de Desarrollo Rural, el informe establece con toda claridad “que las máximas autoridades de ese ministerio incumplieron con la Ley SAFCO por lo que la Contraloría deberá realizar las acciones que correspondan en el caso y la interventora personalmente afirmó que “ese ministerio no ha cumplido con la función de fiscalización, ejecución de los proyectos (ni) con los parámetros de la tuición que (debía) ejercer”.

Casi de inmediato la ministra replicó que “la entidad intervenida tenía su propia máxima autoridad ejecutiva, el director ejecutivo, designado por organizaciones del directorio, quienes eran los responsables de aprobar proyectos y fiscalizarlos. (Debido a que) se convirtieron en juez y parte, no se hizo una verdadera fiscalización”.

Si este intento de disolver responsabilidades funciona y se cumple la recomendación del Vicepresidente del Estado de “no tocar a las organizaciones sociales”, tendremos como resultado que los responsables del inmenso desfalco sencillamente…..no existen.

Al día siguiente de conocerse el informe, el gabinete ha aprobado un decreto de “refundación” del Fondo, liquidándolo formalmente y sustituyéndolo por otro, del que se eliminan a tres representaciones indígenas de tierras bajas, pero se ratifican a tres entidades, incluyendo a los colonizadores, hoy llamados “interculturales”, que recibieron la mayor cantidad de recursos. El decreto ratifica además que el refundado fondo pueda realizar contrataciones directas, sin licitación.

Las organizaciones que volverán a controlar el Fondo son las que encabezan la campaña por la reelección presidencial y, de ese modo, juegan de hecho el rol de principal soporte de la iniciativa del Ejecutivo para refundar la administración de justicia, que viene a ser la llave para reformar la Constitución, a la medida de los apetitos de quienes han descubierto que tiene que ser cambiada.

* Texto tomado de https://www.facebook.com/roger.tezhur?fref=nf