Funcionarios del Ministerio de Trabajo y voceros oficiales y oficiosos de los gobernantes los últimos días parlotean sobre aprestos golpistas en nuestra América y aseguran que en Bolivia está en marcha un “golpe suave” (GS). Incluso en el diario La Razón de La Paz, definido como un periódico “paraestatal”, con la firma del colega Freddy Morales[1] se ha propagado un resumen de un manual o técnica de aquel GS el que según este periodista se desarrolla en Venezuela, Brasil y Ecuador. Para nosotros, en este momento, en Bolivia lo que sí hay es una dicta-blanda o una dicta-suave. Leamos por favor:

El plan del GS, citamos aquella publicación, dice: “Primera: realizar acciones para generar y promover un clima de malestar. Se apela de forma reiterada a términos como libertad, democracia y no violencia. En la aplicación del ‘golpe suave’ en Suramérica se insiste en señalar a los gobiernos populares como dictaduras, autoritarios y populistas. Entre las acciones destacan la realización de ‘denuncias de corrupción y la promoción de intrigas’. En esta etapa, definida como ‘de ablandamiento’, se desarrollan acciones de malestar como el desabastecimiento de alimentos y otros bienes, criminalidad, manipulación de la moneda, promoción de mentiras e intrigas para fracturar la unidad interna.”

En nuestro país la última movilización reivindicativa, y para nosotros política, la realizaron los potosinos, muchos de los que cuando menos votaron por el actual Presidente para elegirlo por tercera vez y, la última, en contra de la Constitución Política del Estado. Dos de las 26 demandas de un pliego de peticiones fueron promesas electorales de Juan Evo Morales Ayma: un aeropuerto internacional y una fábrica de cemento en Coroma, un territorio que lo reclaman como suyo potosinos y orureños. El Presidente, luego de que dijo que aquellas demandas de los potosinos le provocaban risa, se disculpó, pero añadió que los puntos de ese pliego son políticos y que hay demandas inatendibles e indeseables. El accionar de los potosinos, que ellos evaluaron, nos parecía y nos parece que no se impondría porque estuvo enfrentado al gobierno y al Estado llamado plurinacional. Y no consiguió vencer, ni con el apoyo (débil) que recibió de otros potosinos y de paceños, porque no acumuló la fuerza suficiente para derrotar al poder político instalado en el Palacio Quemado. El alzamiento de los potosinos que no tuvo posibilidades de victoria en ningún momento de su desarrollo, sin embargo, nos ayudó a conocer mejor al principal gobernante, que se negó a dialogar con ellos en su oficina y no en Uyuni. A pesar del revés propinado a ese movimiento de la tierra rica, los hijos de ésta ganaron políticamente.

Si el malgasto del dinero del Fondo Indígena no es corrupción quiere decir que aquí se robó y se sigue robando la memoria de la gente: se cambia el nombre a las cosas. Esto último al parecer ocurre porque son dos los dirigentes indígenas y campesinos investigados dentro de aquel caso y se trata de dos que rompieron con el MAS y con el gobierno. Y se espera que investiguen a las/os que depositaron parte del dinero malgastado en cuentan particulares; asimismo, a la ministra Achacollo, que fue y es presidenta del Directorio del Fondo Indígena y al también ministro Arce Catacora que “consintió” y/o “conoció” los desembolsos de ese Fondo.

“Segunda etapa (del GS): desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Se manipula los prejuicios anticomunistas o antipopulistas. Se realizan campañas publicitarias en defensa de la libertad de prensa, los derechos humanos y las libertades públicas.”

El presidente Morales acaba de asegurar que en Bolivia hay libertad de prensa. Nosotros decimos que la Constitución Política del Estado norma los derechos, individuales y colectivos, a informar, comunicar, opinar e interpretar. Y según el Pacto de San José de Costa Rica, que es ley boliviana, aquí hay libertad de pensamiento y de expresión.

Esos derechos, empero, los ejercen sin tasa ni medida los gobernantes y los dueños de los medios y los que tienen control real del poder económico, por ejemplo, los afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), “socios y no patrones” de Evo Morales.

Los medios, además, se alinean cada vez con los gobernantes. Un ejemplo como muestra: el diario El Deber de Santa Cruz, en un editorial del 8 de este mes ha dicho que es “buena señal” que el Vicepresidente le haya dado garantías —a domicilio, decimos nosotros—, a los dueños de la Empresa Minera San Cristóbal, entre otras cosas, aquel funcionario le comunicó: que esa corporación no se nacionalizará. Los dueños de ese diario cruceño, han pedido en ese mismo artículo, que las garantías para esa transnacional se la extienda a los empresarios criollos. El Gerente General de la Sumitomo (su sede central está en Japón), luego de hablar con el Presidente, dijo que en Bolivia su empresa: gana y gana.

Son varios los ejemplos, pero con seguridad, los gobernantes pretenden callar o cuando menos que baje el tono la red Erbol, específicamente, en La Paz. Para ello se niegan a concederles avisos, por supuesto pagados, para asegurar al menos en parte su funcionamiento. El Presidente ha dicho que él y ellos deciden a quién repartir esos avisos, antes dijo algo similar el Vicepresidente. Y esa medida está reñida con lo que dispone el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que es ley de nuestro país, reiteramos. Esa es una actitud autoritaria, lo que decimos más allá de que esa palabreja esté inscrita en ese manual de la técnica del GS. Es un preconcepto que se diga, como lo hicieron funcionarios del Ministerio de Trabajo, que la cuenta bancaria abierta por radio Erbol, para que allí depositen los que quieran financiar a esa emisora, podría servir para se lave dinero, por ejemplo, del narcotráfico. Con ese supuesto los gobernantes tratan de meter miedo a los potenciales aportantes a Erbol. Aquéllos van más allá, afirman que los de Erbol propician la confrontación de gente del pueblo con el Presidente. ¿Esos cándidos funcionarios públicos esperan que la gente agradezca con aplausos las frecuentes agresiones de Evo Morales? Quizá algo más les preocupa a los inquilinos del Palacio de Gobierno respecto de aquella colecta, a la que tienen derecho los de Erbol, como bien dijo el Defensor del Pueblo. Con esos aportes esa cadena tendrá algo más de radio comunitaria, es decir, de radioemisora sostenida por sus radioescuchas. ¿Quisieran tener eso los gobernantes?

“Tercera: lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales mediante el uso de manifestaciones y protestas violentas. Se elaboran plataformas de lucha con demandas políticas y sociales, se promueve la generalización de las protestas, se exageran las fallas y errores de la administración de gobierno.”

En este tiempo de los cambios en Bolivia, las acciones de la gente del pueblo son y han sido reivindicativas, sociales y económicas, de manera preferente. Raras veces interpelaron al Estado, como demandas políticas. La defensa del TIPNIS, con dos marchas indígenas, entre otras, es una lucha por la vida no sólo de los indígenas sino de los bolivianos y de los latinoamericanos, para hablar de los pobladores de la región. Si para eso nuestros pueblos se convierten en “guardabosques”, la respuesta sería ¿y qué?

Que el Presidente diga que por él hubo y que habrá Dakar por Bolivia o que se haga amarrar el guato de uno de sus zapatos con uno de sus guardaespaldas, para algunos funcionarios públicos esas son cuestiones formales y sin importancia. Ni siquiera para ellos es importante que su Presidente haya establecido acuerdos con los miembros de la CAO para que éstos sigan “haciendo más plata que nunca”. A los llunk’us tampoco les parece importante las mentiras que difunden los gobernantes: por ejemplo, que el Ministro de Economía y Finanzas haya dicho que la economía boliviana “está blindada” y que por eso no sería afectada por los ajustes que ejecuta China, la segunda economía del mundo. Para esos funcionarios públicos tampoco importante que el Vicepresidente diga que pronto se verán los beneficios de las medidas que toma aquel país asiático.

“Cuarta: operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”. Se combina diversas formas de lucha. Se promueve la toma de instituciones emblemáticas para promover medidas represivas, se desarrollan las llamadas operaciones de guerra psicológica con rumores e informaciones falsas para crear un clima de ingobernabilidad.”

La guerra de nervios, la “guerra psicológica” no han logrado desplegarla en Bolivia los que estarían detrás de un GS, el que nosotros ponemos en duda. En Santa Cruz, especialmente, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomaron oficinas públicas como parte del intento de golpe civil, como lo definió el Presidente, pero en nombre de los grupos de poder de aquella región, que financiaron a esos grupos. Sin embargo, ahora, varios de los integrantes de esos grupos paramilitares y parapoliciales trabajan con y para el gobierno, así como empresarios sostienen una alianza con los gobernantes. Recordemos que el Presidente defendió el acuerdo del entonces senador Isaac Ávalos Cuchallo e integrantes de la UJC. El Vicepresidente ha reiterado que ellos tienen tratos con los empresarios “que producen” y no con los que se meten en política.

“Quinta: forzar la renuncia del presidente mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar y se logra el aislamiento internacional del país. Las recetas parecen estar aplicándose de forma meticulosa contra gobiernos progresistas del continente (Venezuela, Ecuador, Brasil…), con el rol protagónico y fundamental de los medios de comunicación y las redes sociales. Además, con el poco disimulado entusiasmo incluso de sectores que se dicen de izquierda y del campo popular.”

Sobre lo que ocurre en Venezuela, Ecuador y Brasil: por favor ver “De sábado a sábado 345”, en esta edición de Aquí. Este semanario —que nadie lo dude— desde su modesto territorio denunciará y enfrentará cualquier GS o de otro tipo, ante los que jamás nos perderemos. Hablamos de conspiraciones reales, en ningún caso las que sólo están en la cabeza de escribidores al servicio incondicional de los gobernantes bolivianos.

Un añadido: Aquí no se le ha pedido al presidente Morales que renuncie. No obstante, y aunque las encuestas sólo muestran tendencias que cambian, estos días el 56 por ciento de los consultados no quieren que el actual Presidente “repostule” o que busque su reelección “por toda la vida”.

De lo dicho en esta nota concluimos que en Bolivia, al menos ahora, no existe golpe suave en marcha. Lo visto y oído, sin embargo, nos convence de que aquí sí hay dicta-blanda o dicta-suave. Y el pueblo boliviano, y nosotros con él, tenemos que hacer todo lo que nos sea posible para que aquélla no se convierta en dicta-dura.

Nota:

[1]Dice que el “autor del manual del golpe suave es el filósofo estadounidense Gene Sharp, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts y fundador de la Institución Albert Einstein. En el mencionado manual —agrega— Sharp plantea la acción no violenta como método para derrocar gobiernos. Su libro De la dictadura a la democracia fue traducido a más de 30 idiomas; en éste propone 198 métodos para derrocar gobiernos en cinco etapas.”

* Editorial del Semanario Aquí; texto tomado de www.semanarioaqui.com