A inicios del mes de marzo del presente año, cuando las campañas electorales municipales y departamentales se encontraban en su auge, compartí un artículo titulado “Amenaza y chantaje como instrumento político” (Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196366).

No era la primera vez que los más altos dignatarios del actual gobierno amenazaban, porque ya lo habían hecho antes por ejemplo con los empresarios, a quienes se les dijo que si querían respaldo y garantías “no debían meterse en política”. Utilizaban un libreto muy propio de los gobiernos derechistas, autoritarios y antidemocráticos, haciendo gala de una de las más repulsivas prácticas políticas que se había enseñoreado para acallar, amedrentar y hasta aniquilar a la oposición y lo que se entendía como “activistas o subversivos”.

Lo penoso y lamentable es que una vez más vuelve a repetirse en voz del Vicepresidente Alvaro García Linera. Esta vez contra ONGs bolivianas a las que al mismo tiempo de descalificar y acusarlas de realizar activismo político, también las amenaza con expulsarlas, contraviniendo los más elementales derechos constitucionales.

Esta nueva arremetida (que se suma a la realizada contra periodistas y medios de comunicación como la denunciada por Amalia Pando), ya no puede ser entendida como un hecho aislado de intolerancia. Ya ni siquiera es únicamente un acto de arrogancia conservadora y reaccionaria que pretende arrebatar y apropiarse del derecho de hacer política, como si éste fuera un atributo y propiedad privativa del gobierno y los partidos políticos, y prohibida para todos los demás (incluido el pueblo y los movimientos sociales), que tienen el derecho de expresarse, disentir y hacer política, porque sencillamente constituye la principal relación que se establece entre el Estado y la sociedad civil. Muchísimo más, cuando existe un proceso de cambio y transformaciones en cuya dinámica política todos deberíamos aportar y participar.

Entonces lo que debemos preguntarnos y pensar es: cuáles son las profundas motivaciones (más allá de la evidente arrogancia y autoritarismo expresados), que explica semejante actitud que ya no constituye una excepción, sino la regla de la práctica política gubernamental.

Y entonces seguramente alcanzaremos a comprender que de lo que se trata NO es únicamente de un acto profundamente colonial y autoritario por el cual se pretende someter o amedrentar a todo(s) aquello(s) que se oponga(n) a los designios gubernamentales, o, que además pretende dar un sentido perverso y maligno a toda acción política que no forme parte o sea diferente de la oficial; sino que se tiene el propósito de polarizar y dividir a la sociedad.

Una sociedad polarizada y dividida, queda inerme y debilitada, y prácticamente no tiene opciones, por la sencilla razón de que es muy difícil imaginarse la existencia de una mayoría que NO esté dispuesta a sentarse en la mesa de los “poderosos que gobiernan”, y/o que no haya terminado sucumbiendo a las tentaciones del poder, o las amenazas y el miedo.

Entonces la apuesta resulta clara: la mejor manera de conservar hegemonía y anular toda posibilidad de alternancia (incluida la formación o aparición de nuevos líderes), o el surgimiento de opciones alternativas; es fomentar la polarización y división de la sociedad y sus movimientos sociales emergentes. Mucho más cuando se ha logrado, vía cooptación, prebendalismo y canonjías, controlar cúpulas de sectores sociales afines, cuyos caudillos (también para afianzarse y consolidar su privilegiada situación) terminan reproduciendo está práctica autoritaria y colonial.

La conservación y reproducción del poder y el gobierno entonces, ya ha dejado de guiarse y ser hace mucho tiempo un servicio pasajero para “gobernar obedeciendo”, y se ha pervertido como objetivo supremo. Pero también es claro que toda acción provoca una reacción opuesta de la misma fuerza y potencia.

(*) Sociólogo