Alvarito está enojado. Con las ONGs que hacen política. Con los medios que hacen política. Ha amenazado con expulsar a las primeras y privar a las segundas de la publicidad estatal. Al parecer, él cree que la política está reservada a un grupo privilegiado (muy marxista de su parte). Es sumamente irónico que un Estado que se precia de ser anticapitalista y socialista coercione el contenido editorial de los medios amenazándolos con una típica táctica neoliberal: afectarles sus fuentes de ingreso reduciéndoles oportunidades de mercado publicitario.

El término “hacer política” está de todas formas desprestigiado. Suena a algo sucio, cuando no debería serlo. Muchas veces, en contextos de manejo discursivo electoral, “hacer política” tiene una connotación positiva, porque significa aportar a la vida política de la sociedad, a través del debate y la discusión libre de las ideas. Los medios sin duda, tienen un rol esencial en esta discusión, porque amplifican las opiniones contradictorias de los distintos sectores sociales y permiten al ciudadano decidir a cuál de ellas adherirse o aproximarse.

Una de las pocas cualidades socialistas de este gobierno es la permanente gestión de monopolización del discurso mediático. Los medios críticos u opositores son los incubadores de posibles liderazgos de oposición. El pluralismo es el enemigo del político. Esto es bien sabido en la historia de las ciencias políticas. El remedio en Bolivia ha sido sencillo: amedrentar a los disidentes judicialmente o anular su actividad política incorporándolos al “equipo de la demanda marítima”. Pero no todos los enemigos del régimen son ex presidentes y ciertamente no todos están dispuestos a poner su credibilidad discursiva a la venta de los intereses políticos de turno.

Amalia Pando está renunciando y tal vez no debería hacerlo. Tal vez tenga otros planes en mente y con seguridad, esperaremos que ella no interrumpa la labor de evitar la homogenización del discurso mediático. El amedrentamiento por goteo que aplica el gobierno a los medios, a los disidentes (o desertores), a los críticos o a cualquiera que exponga una falla o debilidad de gobierno es un ladrido ruidoso que sale de un hocico con cada vez menos dientes. Lo sabemos por los resultados de las elecciones municipales y la magnitud del conflicto con COMCIPO. Hay una veta para un movimiento político alternativo, y es importante asustar a quienes se acerquen imprudentemente a explotarla.

Álvaro no necesita atacar a los medios para llevar su propaganda a otros medios. Lo podría hacer, porque el mercado (aquel fenómeno capitalista inconveniente a su discurso), así lo permite. ¿No te gusta un medio? Nadie te obliga a darle publicidad. El gobierno sabe sin embargo que la clase media lee los medios privados y necesita llevar su política a las páginas de La Razón, Página Siete, Los Tiempos y otros medios impresos (algunos de ellos con la redacción ya bastante aguada por el temor a la represalia política). Si el Ministerio de Comunicación no compra la contracara del domingo, lo hará la Cervecería o alguna modelo de los colchones Corimexo.

Y si hablamos de medios que hacen política, ¿dónde queda “Cambio”? ¿Dónde queda “Bolivia TV”? ¿Dónde queda la Red “Patria Nueva”? ¿Quién está reclamando por el sesgo de dichos medios hacia la agenda política del partido de turno? Dichos medios se financian parcialmente con impuestos de personas que pueden o no estar de acuerdo con el mensaje político que auspician. ¿Dónde está la ética en utilizar fondos públicos para fines de difusión ideológica oficialista? Por lo menos los medios privados usan su propio dinero para promover las voces a quienes mejor simpaticen con su junta editorial. Al final del día, si un medio decide ser una casa de campaña, o un aparato de propaganda: que así sea. ¿O todavía no entra en la cabeza de Alvarito el significado de “libertad de expresión”? No importa. La libertad de mercado se encargará de hacerle entender.

* Texto tomado https://www.facebook.com/el.llokalla/posts/399295400269050:0