En Potosí, en la provincia Nor Lípez, se encuentra la mina de San Cristóbal, cuyos concentrados de zinc-plata y plomo-plata son explotados por la empresa japonesa Sumitomo. No obstante las enormes ganancias que reportan los empresarios, los impuestos que dejan al país son bajísimos; sin embargo, las autoridades gubernamentales no hicieron ningún ajuste impositivo, al contrario, les han garantizan sus operaciones y enormes ganancias en desmedro de la región y del país.

Las primeras señales de garantía de las ganancias de esa empresa transnacional vienendesde hace bastante tiempo: el presidente Juan Evo Morales comprometió, ante la Confederación de los Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en abril del año pasado, que no habría más nacionalizaciones, posición que corrobora la conducta económica del actual gobierno: “no hay la menor intención de nacionalizar alguna inversión genuinamente privada”, dijo el ministro de Economía, Luis Arce Catacora (11/09/2012).

Recientemente (27/07/2015) el vicepresidente García Linera, en pleno conflicto con Potosí, se trasladó a la población de San Cristóbal, donde lo esperaba la población y sus autoridades (autoridades puestas y protegidas por la empresa minera San Cristóbal), para hacer un acto de fe hacia los ejecutivos de esa Empresa. Allí, el segundo mandatario, ante los empresarios, apaciguó los temores de una posible nacionalización: “Estoy aquí para reafirmar el compromiso del Gobierno de Bolivia con la empresa Sumitomo, para darle garantías. No se asuste, somos socialistas, somos comunitaristas, pero ahora los necesitamos a ustedes para que trabajen para nosotros y produzcan (…) somos lo suficientemente inteligentes para utilizar la inversión extranjera para que genere recursos, traiga tecnología, pague impuestos.”

Esta diligencia del Vicepresidente no sorprende porque desde hace tiempo hay indicios de su relación con capitales japoneses y sus similares bolivianos. Enumeramos:

—El primer indicio conocido de las relaciones de Álvaro García Linera con los Saavedra (dueños Toyosa, importadora de vehículos Toyota) es la gestión que hizo aquél para que un edificio de cinco pisos (en litigio judicial), en la calle Capitán Ravelo de la ciudad de La Paz, la cedieran para que sea la casa de campaña del MAS para las elecciones del 2005.

—El 18 de junio de 2012, el municipio de Tiquipaya, aledaño a la ciudad de Cochabamba, paralizó sus actividades en protesta al intento de la empresa Toyosa-Consarq de consolidar 47 hectáreas a su favor, tierras que fueron dotadas gratuitamente a una familia Canedo, las que por no haber cumplido con su función económica social desde 1972, como dice la CPE, debían ser declaradas tierras fiscales.

—Se ha denunciado que en varios municipios y gobernaciones, los empresarios de Toyosa son favorecidos con la venta al Estado de vehículos Toyota que ellos importan. Muchas de estas adquisiciones se realizan por invitación directa, es decir, sin licitación pública. Las auditorías solicitadas han caído en saco roto.

—Erick Michel Saavedra Mendizábal, gerente de Toyosa e hijo de Edwin Saavedra Toledo, presidente ejecutivo de esa importadora de vehículos, fue designado embajador de Bolivia en Japón (24/07/2014). Las denuncias de que el Vicepresidente ha gestionado esa designación (su hermana además de trabajar en esa empresa, tiene intereses económicos en ella), no fueron desmentidas y más bien el mismo canciller, David Choquehuanca, justificó esa designación al señalar que no es necesaria la carrera diplomática para ejercer esos cargos y que el gobierno de Evo Morales hace participar a todos los sectores sociales en los asuntos diplomáticos, entre ellos, a la empresa privada. En el currículum vitae de ese Embajador figura que él tiene vasta experiencia en el comercio de vehículos.

—El viaje reciente del Vicepresidente a Japón (10/04/2015), que al parecer no está registrado como oficial en la Cancillería de nuestro país, tuvo como destino el complejo industrial de la Sumitomo, es decir, la empresa que explota la mina San Cristóbal. Se tiene información de que el gestor de ese viaje fue el flamante embajador Erick Saavedra, experto en negocios.

—Se tiene información de que el hermano de un ex ministro del presidente Juan Evo Morales Aima, es un ejecutivo importante de la mina San Cristóbal, y se presume que el último viaje de García Linera a ese lugar fue planificado por tal funcionario, ante los rumores de la toma y corte de energía eléctrica a esas instalaciones por parte de los movilizados del Comité Cívico Potosinista. (La resolución del XXXI Congreso (05/09/2011) de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) donde se exigía al gobierno de Evo Morales nacionalizar los grandes yacimientos como San Cristóbal, Manquiri, San Vicente y Sinchi Wayra, parece que fue olvidada por los dirigentes de la FSTMB y de la COB.

Con estos antecedentes es oportuno preguntarse ¿qué vínculos se tejerán entre la transnacional japonesa Sumitomo, los empresarios nacionales de Toyosa y el vicepresidente García Linera? ¿Será posible que la conducta de la segunda autoridad del país sea desconocida el presidente Morales? ¿Por qué el Vicepresidente se postra ante capitalistas transnacionales durante el conflicto con Potosí?

Ahora es más fácil explicarse el porqué la falta de voluntad gubernamental para atender las demandas potosinas, pese a la reciente movilización, se advierten intereses de sus protagonistas, los que al menos tendrán que dar explicaciones a la nación más temprano que tarde.

Potosí vive desde hace décadas un proceso de empobrecimiento, producto del constante extractivismo a que son sometidas sus minas desde que fueron descubiertas y explotadas, desde hace más de 450 años. El estancamiento de su economía, la migración de su población a otras ciudades del país y del exterior y los altos índices de pobreza, lo confirman.

En el reciente conflicto, paradójicamente sólo una de las demandas del Comité Cívico Potosinista, tocó el tema minero, como es la preservación del Cerro Rico de Potosí; sin embargo, en medio del conflicto que suman 27 días y continúa a la fecha con la paralización de las actividades en la capital departamental, surgieron voces que exigieron la toma de algunas minas que están en manos de grandes empresas mineras, exigencia incluso de la nacionalización de ellas.

Y los actuales gobernantes, sobre todo para la opinión pública extrajera, se muestran como antiimperialistas, anticapitalistas, respetuosos de los derechos ciudadanos, la que no corresponde a la realidad.

Los que vemos cada vez con más claridad ese comportamiento de los gobernantes —la que esperamos sea una tarea de la gente del pueblo— debemos poner en evidencia, entre otros, la demagogia y autoritarismo de aquéllos.

Tomado de http://www.semanarioaqui.com