Recientemente el gobierno promulgó el DS 2366 abriendo las Áreas Protegidas (AAPP) a las petroleras. Su contenido es similar al de un proyecto de ley presentado por Alejandra Sánchez de Lozada, hija de Goni en julio del 2003. Este proyecto fue frenado por los mismos que después participarían en el movimiento que meses después provocó la caída del gobierno Goni.

Aquel año, varias compañías petroleras habían hecho conocer su molestia porque el gobierno les había otorgado concesiones para exploración, a las que luego les negaba el ingreso si se trataba de áreas protegidas.[1] Por ejemplo, José María Moreno de Andina (REPSOL) manifestaba que se hacía difícil la explotación de crudo por la imposibilidad de realizar nuevas exploraciones en áreas protegidas[2] y decía “no puede ser que salgan áreas a concurso en las que luego no se puede trabajar”[3]. Las compañías reforzaban sus quejas sosteniendo que el país estaba cerca de un desabastecimiento de carburantes por la ausencia de petróleo.

Las petroleras querían que las áreas protegidas y la legislación medioambiental dejaran de ser un obstáculo a sus actividades. Coincidiendo con estos intereses, las autoridades gubernamentales de entonces decían que el hecho de que las áreas de exploración petrolera se sobrepongan a la AAPP, “no debe ser un factor que impida dicha actividad, (porque) es posible realizar actividades exploratorias acatando normas y procedimientos acordes con las normas legales de protección al medio ambiente”.[4] En consecuencia, el oficialismo se puso a elaborar varias soluciones, para abrir las AAPP a las petroleras, las cuales fueron denunciadas y censuradas duramente por varias organizaciones y sectores sociales. Entre aquellas estaba un proyecto de ley de áreas protegidas impulsado por la diputada Alejandra Sánchez de Lozada, hija del presidente de la República, Goni.

Así, la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) sostuvo que dicho proyecto de ley “pretende privatizar los recursos genéticos y de la biodiversidad de las áreas protegidas y entregar la administración de las mismas a privados, excluyendo la participación de las comunidades locales” y que “…quiere convertir a las áreas protegidas en escudos protectores contra los sectores sociales, que han utilizado ancestralmente esas áreas y han contribuido a su preservación hasta la fecha, para proteger operaciones mineras e hidrocarburíferas”.[5] Además denunciaban “… que este proceso debería suponer una consulta especial para nosotros, tratándose de una problemática vital para los pueblos indígenas como es la regulación de las áreas protegidas,…”.[6]

La censura también vino desde el Décimo Congreso de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dirigida por Román Loayza, que conminó a las empresas petroleras a retirarse de las áreas protegidas y parques nacionales en las que operan explorando y explotando hidrocarburos con grave peligro para la biodiversidad y la vida de los pueblos originarios. Las conclusiones del congreso decían que “Las empresas petroleras, mineras y madereras deben salir de los parques nacionales. Debe efectuarse una redelimitación de las áreas protegidas en todo el país. Asimismo, la administración y el control de estos parques debe hacerse por las comunidades campesinas y pueblos indígenas que vivimos en ellos”.[7]

La oposición más fuerte y fundamentada vino sin embargo, desde el medioambientalismo. Se destacó Gabriel Herbas, entonces del FOBOMADE y diputado por el MAS; ahora Contralor nacional. Herbas no se limitó al proyecto de ley sino que denunció una serie de medidas relativas al medioambiente que el gobierno estaba adoptando, medidas que calificó de hipócritas porque su objetivo era distraer a la cooperación internacional pretendiendo “mostrar hipócritamente que Bolivia conserva y protege su ambiente y sus áreas protegidas”, cuando en los hechos ocurría lo contrario. Respecto al proyecto de ley, dijo que estaba diseñado para favorecer los intereses de las empresas transnacionales petroleras, mineras y madereras, que era “la propuesta de legalización de actividades petroleras en estas áreas”,[8] para que las multinacionales pagando una pequeña tasa, se hagan cargo de las áreas protegidas de su entorno. “Es como si le diéramos queso al ratón para que lo cuide” dijo, sosteniendo que de esta manera las empresas no tendrían ningún tipo de fiscalización sobre ellas.[9] Asimismo declaró que lo que pretendía el oficialismo “… no tiene ninguna base jurídica, ya que las petroleras no tienen derechos en áreas protegidas, puesto que la mayoría fueron creadas con anterioridad a la Ley de Hidrocarburos y en las diferentes normas de creación (leyes y decretos) se ha establecido que las actividades petroleras no son compatibles con la gestión de las áreas”.[10] “Con estos proyectos de ley y decretos que viabilizan de cualquier manera las actividades petroleras en áreas protegidas y territorios indígenas, complementado por la reducción presupuestaria al SERNAP y la aprobación ilegal de la reducción de la patente forestal, resulta evidente que las políticas gubernamentales tienen muy poco de ambientales” dijo.[11] Paralelamente, denunciaba que las dependencias del Ministerio de Energía e Hidrocarburos y del Ministerio de Desarrollo Sostenible estaban presionando a las organizaciones indígenas para la aprobación del Reglamento de Operaciones Petroleras en Territorios Indígenas.[12]

Por el lado del gobierno, Cynthia Silva, parte del equipo redactor del proyecto de ley dependiente del Instituto para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad, declaró que muchas de las críticas al proyecto eran infundadas porque todos los artículos estaban sujetos a cambiarse previo consenso con la mayoría de las organizaciones involucradas en el tema. Dijo “Lastimosamente, el Fobomade no participó en los talleres que organizamos sobre este proyecto de ley, sin embargo, pueden tener la seguridad que esta ley no será aprobada sin el previo visto bueno de los afectados”.[13] Silva sostenía la posición oficial que planteaba “… la explotación razonable en vía de excepción en el caso de encontrarse grandes reservas de minerales o hidrocarburos en las áreas protegidas, pues se debe encontrar un punto de equilibrio entre la conservación y explotación controlada a favor de la región”.[14]

Finalmente, los críticos al proyecto y a las demás medidas que pretendía el oficialismo para abrir las Áreas Protegidas lograron pararlas. La prensa reporta que la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados decidió paralizar la discusión que realizaba en varias capitales del país luego de que organizaciones ecologistas e indígenas denunciaran escasa concertación en los apresurados talleres departamentales que organizó el Comité de Recursos Naturales para analizar el proyecto de Ley.[15]

Volviendo al presente, ahora como sabemos el actual gobierno del MAS, que surgió del movimiento social que derrocó a aquel régimen que quiso abrir las Áreas Protegidas a las petroleras las ha abierto con un simple decreto, pasando por encima de las leyes y de la constitución. Esto muestra que las diferencias entre los gobiernos desaparecen cuando las transnacionales golpean la mesa.

Notas:

[1] Gobierno emitirá norma para áreas protegidas y exploración petrolera. El Diario, 27/8/2003

[2] Gobierno analiza norma para autorizar exploración de hidrocarburos en áreas reservadas. El Diario, 2/9/2003

[3] Bolivia se queda sin petróleo. El Diario, 30/8/2003

[4] Gobierno analiza norma para autorizar exploración de hidrocarburos en áreas reservadas. El Diario, 2/9/2003

[5] Gobierno emitirá norma para áreas protegidas y exploración petrolera. El Diario, 27/8/2003

[6] Ley de Areas Protegidas es rechazada por indígenas. Opinión, 1/9/2003

[7] Campesinos exigen que petroleras abandones áreas protegidas Econoticiasbolivia.com, 10/7/2003

[8] Gobierno boliviano desarrolla política contraria a la preservación ambiental. El Diario, 16/7/2003

[9] Cuestionan proyecto de Ley de Areas Protegidas. Opinión, 22/8/2003

[10] Gobierno boliviano desarrolla política contraria a la preservación ambiental. El Diario, 16/7/2003

[11] Campesinos exigen que petroleras abandones áreas protegidas Econoticiasbolivia.com, 10/7/2003

[12] Gobierno boliviano desarrolla política contraria a la preservación ambiental. El Diario, 16/7/2003

[13] Areas protegidas, la riqueza verde de Bolivia. La Estrella del Oriente, 14/9/2003

[14] Areas protegidas, la riqueza verde de Bolivia. La Estrella del Oriente, 14/9/2003

[15] Paralizan la Ley de Áreas Protegidas. PULSO, 3/10/2003

* Investigador del CEDIB.