Abundar sobre lo sucedido con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y especialmente con las barbaridades cometidas inclusive en el plano personal por sus componentes, no tendría sino un valor catártico que ya se ha producido amplia y extensamente en el país, hasta el punto de haber logrado su renuncia.

Forzados por la repulsa popular y encontrado un cauce de solución en su salida que derivará en la recomposición de este alto Tribunal, quisiera más bien abordar algunos tópicos que hacen a la enorme trascendencia que tiene este órgano de cara a la democracia, la participación social y la administración de las diferentes formas de expresión democrática reconocidas constitucionalmente.

Parece estar pasando desapercibido que el TSE constituye la máxima instancia del Órgano Electoral y cuarto poder del Estado Plurinacional, estatuido constitucionalmente. No solo eso, al margen de tener bajo su responsabilidad y tuición el Registro Civil y el Padrón Electoral (base fundamental para el ejercicio de todo derecho ciudadano), constituye el órgano encargado de organizar, administrar y ejecutar las tres formas de democracia reconocidas constitucionalmente. A saber, la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria (Ver: Art. 11 CPE), estableciéndose que cada una de ellas cuenta con especificidades y expresiones propias, constituyéndose en un agregado superior que va más allá de la democracia liberal burguesa.

La importancia de destacar estos aspectos está relacionada, primero, con la forma cómo se ha asumido la crisis del TSE y, luego, la manera cómo se está encarando su recomposición. En primera instancia, dicha crisis no puede ser vista exclusivamente como si se tratase únicamente de un asunto de incapacidad e incompetencia personal y profesional de sus miembros. Existe fundamentalmente un grave problema de incumplimiento de deberes constitucionales (que no es lo mismo que específicamente competenciales), porque al margen de desconocerse actualmente (luego de tantos años de gestión), cuál es la situación, consistencia, transparencia y confiabilidad del Padrón electoral y del mismo Registro Civil (sin cuyos datos es imposible el ejercicio de los derechos democráticos y civiles); tampoco se ha hecho nada por administrar, permitir y favorecer el ejercicio de las diversas formas de democracia reconocidas constitucionalmente. Es decir, el Órgano Electoral Plurinacional, no ha cumplido con el mandato constitucional esencial que hace al nuevo Estado Plurinacional. No se trataba únicamente de administrar elecciones y contar votos como en el pasado; debía y tenía que haberse contribuido al ejercicio, construcción y establecimiento de las nuevas formas de democracia que la Constitución establece. Este debería haber sido su principal legado, pero que por los hechos conocidos se traduce en su principal estafa, que por lo demás está llevando a otro grave riesgo. Sucede que, al haberse abandonado la responsabilidad constitucional de construir nuevas prácticas democráticas y de participación social, y al percibirse equivocadamente que únicamente se trata de un asunto de capacidad y competencia personal, que podría resolverse con su sustitución; entonces se da por supuesto que bastaría garantizar una elección basada en la evaluación meritocrática y personal de los candidatos. No se contempla la trascendencia que implica conocer y buscar el cumplimiento de la Constitución.

Bajo esa misma lógica y si efectivamente existe la voluntad para promover el cumplimiento de los objetivos constitucionales (que implica efectivizar un verdadero proceso de cambio y transformación), no quedándose en una solución parcial de los conflictos que en este caso se limitaría a recomponer el TSE y conformarse con la salida de sus miembros; sería muy significativo que la misma Asamblea Plurinacional que elegirá a los nuevos, se encargue de someter a juicio y establecer responsabilidades al TSE saliente. Más allá de las diversas denuncias que pesan sobre ellos y no solo porque se trató de una pésima administración electoral (aun en los términos de una pasada concepción electoral y democrática), sino porque se han perdido varios y valiosos años, así como la oportunidad para profundizar la democracia; se hace imprescindible rescatar la Constitución como parámetro de logros para este proceso.

A su turno, también debería servir este ejemplo al propio gobierno y la forma de encarar la gestión. En vista del tiempo que se ha perdido y cómo ha terminado ese TSE que quiso restringirse a administrar las tareas electorales con una visión del pasado, ya superadas, sin darse por enterados y mucho menos cumplir lo que manda la Constitución; sería conveniente revisar prioridades (que denotando más preocupación por el crecimiento económico, el desarrollismo, la conservación del poder, etc.), parece haber olvidado también lo que corresponde a las tareas y mandatos de descolonización, Vivir Bien en armonía con la naturaleza, etc., cuyos postulados se encuentran establecidos en la Constitución y al parecer también se ha decidido abandonarlos. Por de pronto, la lección sufrida con el TSE ha tenido un muy elevado costo democrático y de tiempo perdido.

(*) Sociólogo