Evo Morales dijo que “es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos. Bien, a partir de la política medioambiental de su gobierno hemos visto que los derechos de la madre tierra no equivalen sino a la entrega de los RR.NN. y el medioambiente; es esto lo que es más importante que los derechos humanos de quienes se oponen a esta política y de que quienes serán víctimas de sus impactos.

“es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos.”[1](Evo Morales)

1 Propuestas un poco fuertes para después negociarlas

El 21/4/2008 Evo Morales lanzó en las NN.UU., sus 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida, promoviendo para ello el fin del capitalismo. Tuvo un gran efecto mediático, pero hasta entonces su gobierno había recorrido mucho en materia ambiental en Bolivia. Había iniciado su administración cerrando el ministerio de medio ambiente, reemplazándolo por los ministerios de desarrollo y de aguas. Así, la legislación medioambiental quedó sin una base institucional coherente; y el medioambiente, repartido entre estos ministerios se redujo a solo recursos naturales para el desarrollo. El concepto de “desarrollo sostenible” terminaría siendo abandonado.

“Cometen un grave error los que promueven los biocombustibles, (…) reservar las tierras para biocombustible o agrocombustible está causando problemas en la economía de las distintas regiones del mundo, (…). Por ejemplo en mi país, el trigo va subiendo, por tanto el pan va subiendo,… .” dijo Morales en aquella oportunidad pero ya el 29-11-2006 había promulgado la Ley Nº 3546 de necesidad nacional de la producción de biocombustibles y cultivos correspondientes y, en abril 2007, había firmado la Declaración de Margarita de UNASUR que incluía los biocombustibles. El mismo año, al tiempo que negociaba tímidamente con Brasil por el problema de las represas del Madera y la nacionalización de los hidrocarburos que afectó a Petrobras, había llegado con este país a numerosos acuerdos de cooperación para el desarrollo en Bolivia de la IIRSA, transgénicos y agrocombustibles[2]. El resultado vino a ser el programa económico del gobierno en materia energética, de infraestructura y de política agraria.

Una de las tres demandas de la Agenda de Octubre, del levantamiento popular del 2003 que interrumpió el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La Constitución resultante (9 de diciembre del 2007) que incluye los mentados derechos de la Madre Tierra, fue negociada por el gobierno con la derecha en el parlamento, aunque la Constituyente aún se encontraba en funciones. El resultando, 147 modificaciones, afecta en general las áreas de servicios públicos; recursos naturales (RR.NN.), participación del Estado en la economía; tierra y territorio; y, participación y control social, mejorando la situación del sector privado a costa del Estado, la sociedad, el medio ambiente y los RR.NN. Veamos lo relativo al medioambiente y RR.NN.

La economía boliviana se basa en la explotación de los RR.NN., de ahí provienen los principales impactos medioambientales. Por eso es clave el régimen económico para los actores económicos correspondientes y el rol del Estado. La Constitución de la Asamblea Constituyente (en adelante C-AC) le dio al Estado el control y la dirección de la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización (351-I), a través de entidades públicas, sociales o comunitarias. Pero en el texto modificado en el parlamento se redujo notablemente este rol. Se agregó que estas entidades podrían contratar empresas privadas y constituir empresas mixtas, abriendo el campo al sector privado en desmedro del Estado; se introdujo el respeto a los “derechos adquiridos” de las empresas, reconociéndoles un derecho por encima del Estado y por tanto del país. Se había establecido que los delitos contra el medio ambiente serían imprescriptibles (Art. 112), pero estos delitos fueron excluidos del nuevo texto (111).

Uno de los sectores de mayor impacto medioambiental es el de los grandes propietarios de la tierra. En la C-AC el tema de la extensión máxima de la propiedad agraria se dejó a un Referéndum. El pueblo votó entre 5000 o 10.000 has. Ganó la primera. Pero con las modificaciones parlamentarias esto afecta sólo a los latifundistas futuros (artículo 315-II) y para estos se dio la posibilidad de dividir sus propiedades en sociedades de 5000 has por socio, lo cual anula el límite de 5000 has del Referéndum. El mayor sector agrícola es el soyero y para estos se eliminó la prohibición de los transgénicos que estaba en la C-AC.

También se modificó la fuente del derecho de adquisición y conservación de la propiedad agraria. La C-AC mantuvo la función económica social (397-I) (FES), pero en el nuevo texto se introdujo un nuevo artículo con condiciones distintas sin mencionarla y no se lo puso en el Capítulo 9º de Tierra y Territorio, donde está la FES, sino en el 306 del modelo económico, las formas de organización económica que lo integran y se les reconoce sus garantías constitucionales[3], como si hubieran dos regímenes de la tierra.

Se consolidó la usurpación de los territorios indígenas por parte de este sector. La conformación de autonomías indígenas originarias campesinas que se basaba en la consolidación de sus territorios ancestrales (Art. 291-I) cambió a sólo los territorios habitados actualmente (290-I).

Con estos cambios, la “mejor constitución del mundo” se redujo en gran parte a cuestiones declarativas. Según el propio Presidente Morales, él había propuesto una constitución fuerte para transar[4] (La Razón, 2008). Por su parte, el Vicepresidente García sostuvo que la Constitución de la Asamblea Constituyente era demasiado radical, pero que el reconocimiento del carácter plurinacional del país compensaba los cambios hechos en el parlamento. Es claro entonces que el objetivo de estos líderes fue un acuerdo con la derecha; lo demás era secundario.

A principios del 2010, las palabras de Evo Morales sobre los homosexuales y la calvicie resonaron por el mundo (https://www.youtube.com/watch?v=nRd-PhopL8k). Sucedió en la Cumbre Social celebrada en Cochabamba, el 20-4-2010, convocada nada menos que para discutir sobre el cambio climático; y, el protagonista fue nada menos que el “Héroe de la Madre Tierra”, Morales. Muchos se rieron; pero la izquierda, especialmente los intelectuales, fingieron no escuchar nada. El hecho no fue intrascendente; esta actitud se convirtió en una especie de posición política, una muestra de lealtad al proceso y, así, la cuestión medioambiental no será más que una parodia, además coherente con todo el teatro mundial por el medio ambiente, con sus declaratorias de días por la Madre Tierra, y otros días como el del acceso al agua como derecho humano, que reducía el problema al agua a beber y bañarse, dejando sus otros usos para el capitalismo y que un año después los jerarcas de estos eventos seguían discutiendo sobre el real significado del término, pero eso sí, dejando en claro que no implicaba el acceso gratuito. El resto de la historia de la política medioambiental del gobierno es la realización y profundización de lo que vimos hasta aquí.

2 La producción de soya con transgénicos seguirá adelante

En la navidad del año 2010 el gobierno decretó la elevación del precio de los combustibles a niveles internacionales. En esa oportunidad, Morales ofreció comprar la producción de soya de productores grandes y chicos a precios internacionales.

En esa oportunidad Evo Morales, mostró su admiración por el crecimiento del PIB paraguayo en 9,7% debido en gran parte a la soya. En una reunión pública en la cumbre del Mercosur en Brasil preguntó a Lugo: “¿Presidente, qué hizo usted para crecer 9,7%? y me dice: ‘hemos invertido en tema de producción de alimentos‘”. Los paraguayos dijo Morales están exportando alimento: soya, arroz y carne vacuna‘ y ordenó al gobernador de Cochabamba que dijera a Lugo “que nos oriente, no me avergüenzo decirlo, que nos oriente” [5]

Más tarde, el 26/6/2011 fue más allá; lanzó la Ley 144, una ley multifacética, que desarrolló varios cambios hechos a la Constitución; entre estos, legaliza los transgénicos al prohibir “semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad.” (Art 15). Esto favorecía a la soya, que no es poca cosa porque estamos de más de mitad del área cultivada de Bolivia. Respecto a otras especies, ninguna que haya sido trangenetizada es originaria sólo de Bolivia. También se beneficia al sector con la baja de aranceles para facilitar importaciones de máquinas y agroquímicos por 5 años.

El bienestar del sector es claro durante el gobierno de Morales. Datos del INE revelan que la importación de agroquímicos tuvo un incremento del 130% en peso (de 22.265.975 a 51.287.372 kg.) y de 208% en valor (de usd$ 79.803.191 a 245.589.421) entre el 2006 y el 2013[6]. La importación de abonos subió entre el 2006 y 2013 de 39.159.058 kg a 99.108.381kg (153%) y en valor de 13.944.334 a 70.340.880 usd$ (404%)

Es bien conocido que los transgénicos no sólo son un problema medioambiental y de salud pública, sino una economía controlada por unas cuantas transnacionales, parte de lo que Morales denunció como causa de las aflicciones de la humanidad; el capitalismo, que pretendía derrotar con sus 10 mandamientos. Otra disposición de la Ley muestra otra característica de esta economía; el sometimiento de la investigación; porque obliga a las universidades, institutos técnicos y tecnológicos, escuelas superiores tecnológicas y otras instituciones públicas, privadas y comunitarias que desarrollan innovación productiva a ajustar sus investigaciones a las prioridades oficiales (Art. 21; III), es decir a los transgénicos.

Otro aspecto de esta ley y que muestra un gran cambio político es el relativo a los suelos. Se dispone que: “la regulación se hará evitando la expansión de poblaciones urbanas en detrimento de las áreas productivas” (Art 14), es decir que los terratenientes dejaron de ser un problema. Lo muestran también las declaraciones del vicepresidente García de que la estructura de la tenencia de la tierra fue radicalmente transformada por su gobierno, de modo que “a diferencia de hace 20 años, cuando las empresas privadas medianas poseían 39 millones de hectáreas, ahora solamente poseen 4,1 millones de hectáreas”. En realidad el vicepresidente no tomaba en cuenta cifras totales[7]. Según estas (las cifras totales), el sector conserva sus tierras, 4.280.490 has tituladas y 34.962.293 en saneamiento y por sanear. Si tomamos en cuenta las tierras tituladas y en saneamiento y por sanear, descontamos las tierras fiscales (28.117.545 has), y sumamos las de Grandes y medianas empresas (39.242.783 has); Propiedades campesinas (17.164.215 has) y Territorios indígenas (22.201.175 has), tenemos un total de 78.608.173 has. En esta suma, las grandes y medianas empresas tienen el 50% del total.

Según el informe del Viceministerio de Tierras, el 2012 la superficie revertida a medianas y grandes propiedades ascendía sólo a 126.860 has.,[8] lo que muestra que el Referendum sobre la extensión máxima de la propiedad de la tierra no sirvió para nada.

El ordenamiento territorial de acuerdo a la capacidad de uso mayor del suelo fue introducido por la ley 1333 de 1992 estableciendo como base la capacidad de uso de los ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las necesidades de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales (Art. 12; b). La Ley 144 reduce los criterios a sólo el uso agropecuario y forestal. No es raro que con esto, terratenientes y gobierno comenzaran a lanzar al aire grandes cifras. El entonces Viceministro de Tierras habló de ampliar la frontera agrícola con 8 a 10 millones de hectáreas[9] y recientemente el Vicepresidente García salió con un millón de has/año hasta llegar a 13 millones de has, todo esto con el pretexto de la soberanía alimentaria.

Por esta vía llegó un golpe a la autodeterminación territorial indígena. Hasta entonces el DS 29215 (2/8/2007) les reconocía el derecho al “uso de los recursos naturales y su ordenamiento territorial en forma autónoma, los mismos que tendrán plena validez y deberán ser tomados en cuenta por el Estado y terceras personas.” Pero con la Ley 144 los indígenas definirán el uso, ocupación y aprovechamiento de su espacio en base a los “lineamientos nacionales” (Art. 14; 6), que como vimos promocionan los transgénicos y el saqueo de los recursos naturales.

3 Con instrucciones del Presidente para conquistar a las mujeres indígenas

“Si yo tuviera tiempo, iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se opongan; así que, jóvenes, tienen instrucciones del Presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”. Enseguida consultó: ¿Aprobado?” y se escucharon aplausos del público. (Evo Morales en el Chapare)[10]

A partir de la marcha por el TIPNIS, el 2011, la política medioambiental adquiere un carácter represivo y también agresivo porque se comienza con declaraciones de gobierno y sectores cocaleros, entre otros, amenazando reducir los territorios indígenas e incluso invadirlos.

La IIRSA ha sido cuestionada por sus impactos ambientales y económicos, también por Evo Morales. Sin embargo desde el inicio de su gobierno la IIRSA ha constituido el gasto más grande del presupuesto nacional. Si bien la cuenta respectiva (Infraestructura) cayó del 56% el primer año, en términos absolutos no ha hecho más que incrementarse; de $bs. 2.659.465.153 el 2005, a $bs. 10.565.847.580 el 2013. El 2012 había bajado al 37% pero el siguiente año volvió a subir al 40.

El elemento de la IIRSA que hizo crisis fue el proyecto de construir una carretera por el TIPNIS, y se destaca, entre otras cosas, porque al igual que las represas del Madera significó un viraje en la política del gobierno, de tal gravedad que aparte de la represión brutal de la marcha, el vicepresidente García puso la cuestión indígena al nivel del problema geopolítico más importante de los últimos 50 años, lo que justifica cualquier medida contra ellos “por la salvación de la patria”.

El caso revela la importancia de la IIRSA para el gobierno y la importancia de Brasil en su construcción y financiamiento y en general para las relaciones bilaterales, como dijo Dilma Roussef, las buenas relaciones entre ambos países “passam pela capacidade de as empresas brasileiras fazerem negócio na Bolívia” cuando el gobierno boliviano rompió el contrato con la OAS. Por su parte, Morales respondió que Dilma era una madre para Bolivia[11], lo que expone claramente su sometimiento a Brasil, más que su deseo de emparentarse con medio mundo.

Con el TIPNIS se confirmó algo que el gobierno venía anunciando hacía tiempo; que las áreas protegidas (AA. PP.) y los territorios indígenas eran un obstáculo a su modelo económico, lo que comprometía la consulta previa ya que frenaba su avance a esos territorios. Durante la 8va marcha, (la del TIPNIS),Morales manifestó su intención de revisar los territorios indígenas y varios de sus subalternos en los sindicatos cocaleros que él encabeza manifestaron su intención de invadirlas.[12]

Uno de los móviles de la posición del gobierno hacia las AA. PP. y los territorios indígenas quedó al descubierto con la entrega de concesiones hidrocarburíferas a las trasnacionales aumentando el área de 2.884.117 has a 24.777.543,40 has., comprometiendo las AA.PP., y entre ellas, cinco, con Madidi que es la más grande, han quedado prácticamente desnaturalizadas, con un 55 a 91% de su territorio afectado[13]. La intención del gobierno es concesionar el 49% del país.

Después de la 8va marcha, el gobierno inició una ofensiva contra la Consulta Previa, aprobando la Ley 222, también con grandes consecuencias para la política medioambiental (entre otras cosas porque muchas AA.PP son también territorios indígenas) y los derechos humanos y ciudadanos, porque convierte la Consulta en un acto de autoritarismo, con procedimientos y objetivos que excluyen la participación autónoma de los indígenas y porque declara a sus asesores y abogados como “terceros” y los criminaliza, al igual que hace con quienes se solidaricen con los indígenas.[14] Con esto convierte a los indígenas en una especie de minusválidos como en tiempos de la colonia. Una muestra más de esto es la Ley Electoral que determina que las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa no tienen carácter vinculante (Art. 39). Quiere decir que el gobierno no está obligado a cumplir los acuerdos a los que llega con los indígenas. Por la forma en que está redactado el artículo en cuestión es posiblemente la primera vez en la historia humana que se establece por ley que alguien no está en la obligación de cumplir sus compromisos. Además, de acuerdo a la ley, este artículo tendría que haberse consultado a los indígenas pero no se lo hizo.

Luego llegamos a la ley del 11-1-2013 queestablece un régimen excepcional (léase de perdón) para desmontes realizados sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011 (Art. 1) en los predios: titulados por el INRA; en proceso de saneamiento o sin sanear que tengan desmontes sin autorización; y aquellos con procesos administrativos sancionatorios, que no tengan Resolución Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (Art. 3; I).

Como señala Rivera[15], el que Evo Morales, entregara esta ley en manos de Julio Roda presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), tiene un gran significado. El mismo Roda lo dijo; esta ley “beneficiará a más de 25 mil productores que sanearán más de 5 millones de hectáreas…”[16] Esta enorme extensión implica por una parte, que no sólo las reservas forestales, sino también, los derechos forestales (contratos en las exconcesiones) fueron desmontadas; asentamientos y avasallamientos que el INRA a titulado sin más trámite[17] y; por otra, que los más beneficiados son los productores que desmontaron cientos o miles de hectáreas, no los pequeños que desmontaron una o dos, dice Rivera. El objetivo del gobierno no es poner coto al desmonte; ya vimos su intención de ampliar la frontera agrícola. Por otra parte está su intención de continuar aflojando la legislación para los terratenientes con una nueva ley que amplié el periodo de revisión de la FES de dos a cinco años.

El justificativo de esta ley es incentivar en estos predios la producción de alimentos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria (Art. 2); pero para Morales “la producción de soya con transgénicos seguirá adelante,…… mientras los defensores de los cultivos ecológicos no garanticen la seguridad alimentaria del país” lo que quiere decir que no tiene otro plan “alimentario” que los transgénicos. Y, en realidad, es como si el gobierno no estuviera en sus manos sino en las de los terratenientes,

El 7 de diciembre del 2010 el parlamento aprobó la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra que crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra establecidos en el mismo texto; pero deja su creación –sin plazo- a una ley futura (Art. 10). Año y medio después, el Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra (C.S. Nº 037/2012-2013) aprobado el 21-6-2012 en senadores, fijaba un plazo de un año para su creación (Disposición Transitoria 1ra), pero en la Ley promulgada en octubre, 2012, (Ley Marco de la Madre Tierra, Ley N° 300) ya no hay plazo y la Madre Tierra sigue sin Defensoría. Veamos los puntos centrales de esta nueva ley.

Una de sus particularidades, también frecuente en la legislación de los últimos 9 años es que numerosos asuntos, muchos de gran importancia, son dejados para futuras normas y muchas veces con un planteamiento nada serio, como citamos por ejemplo:

“Los fundamentos de la concepción del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la “Madre Tierra”, establecidos en esta Ley, deben ser de aplicación e implementación gradual por el Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo boliviano, a través de leyes específicas, reglamentos, políticas, normas, planes, programas y proyectos. Este planteamiento es de dudosa seriedad porque vaya uno saber cuándo se elaborará tal cantidad de normas (Disposición Adicional Segunda).

Aparte de que esto tiene un efecto desregulador, lo más grave es que implica una cesión de funciones del Parlamento al Ejecutivo;[18] lo que implica el acaparamiento de poderes del Ejecutivo sobre la sociedad comprometiendo seriamente el régimen democrático, debilitando la separación de poderes como base de la democracia.

Pasando al tema medioambiental. Mientras que la Ley 1333 de Medioambiente priorizaba la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales (Art. 1), la nueva Ley prioriza el desarrollo (Art 1), y en sus fines está determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra (Art 3; 1), y definir el marco institucional para dicho desarrollo (Art 3; 4). Por eso esta ley es similar a las que regulan la entrega de derechos sobre los recursos naturales, como la de minería, la diferencia es su pretendido medioambientalismo. Se trata de una mezcla de mala fe de contenidos medioambientalistas con extractivistas que someten de hecho la legislación medioambiental a la legislación de concesión de recursos naturales y con eso la están llevando a su desaparición.

En cuanto a su institucionalidad, la Ley crea la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (Art. 53; I); una “entidad estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica,” pero queda bajo tuición del inutilizado Ministerio de Medio Ambiente y su funcionamiento queda para un futuro decreto. Su campo de acción no pasa del “marco de la política y Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien“ (Art. 53; II), es decir la captación de los fondos de la cooperación internacional para este tema.

Esta ley dicta la eliminación gradual de cultivos transgénicos autorizados en el país, como en otros casos la deja para una norma futura (Art 24- 8 y 9). También prohíbe la producción de biocombustibles (Art 24-11). Recordemos que la Ley 144 (2011-06-27) que legalizó los transgénicos fue bienvenida por los agroempresarios. Y ahora estos reaccionaron naturalmente contra esta nueva ley, pero la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, declaró: “Nos reunimos con representantes de ANAPO, con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y sus técnicos y se aclaró que en el ámbito del reglamento se pueden subsanar las preocupaciones y estamos convencidos de que se llegará a buenos acuerdos en el reglamento de la Ley…”[19], o sea que lo que prohíbe la Ley, lo autorizará su reglamento.

En cuanto a los biocombustibles, ya vimos que la Ley Nº 3546 de 28/11/2006 declara de prioridad nacional la producción de biocombustibles. Sumemos a esto que el 5-3-2012 el gobierno firmó el contrato por 168 millones de dólares para la construcción de un complejo. Esto quiere decir que la nueva ley contra los transgénicos no es un problema. Además lo dijo el Vicepresidente A. García “…oponerse al proyecto de San Buenaventura es antipaceño,…”[20] Esta incongruencia entre lo dicho y lo hecho es característica de la política ambiental del gobierno.

Un problema ambiental pendiente por décadas es el de los instrumentos de gestión medioambiental. Ya fueron establecidos por la Ley 1333 pero requerían cambios profundos. El ordenamiento territorial debía implementarse plenamente, pero la ley 144 redujo sus criterios con el objetivo de favorecer la ampliación de la frontera agrícola. En cuanto a las AA. PP., son dejadas para norma futura (Art. 23; 6). La EIA ya tenía el problema de ser una autoevaluación, pero no se hizo nada por corregirla. La Ley 300 ni la menciona; apenas sí, vagamente dice “auditorías de sistemas de vida”, que no incluyen específicamente los impactos ambientales. Tampoco la menciona ningún proyecto ni norma como condición de la Consulta Previa.

En cuanto a la institucionalidad ambiental, ha sido constante en la política oficial pretender que la autoridad competente en cuestiones ambientales como la licencia ambiental sea el ministerio del rubro implicado, como ser el ministerio de minería para la minería, acto que se conoce como “juez y parte”. Esto se iba a consolidar con la nueva ley minera pero por las duras críticas a semejante aberración, se dejó la otorgación de la licencia a cargo de las Gobernaciones para un nuevo invento: “actividades mineras con impactos conocidos poco significativos”, quedando el resto para lo estipulado en la Ley 133 (Art. 218). La autoridad competente para la Consulta Previa resultó ser el ministerio de minería (Art. 208; I). Con esto la institucionalidad medioambiental y los instrumentos de gestión se reducen a una función meramente publicitaria.

La nueva ley de minería aprobada en mayo del 2014 es otro hito en el la política medioambiental del gobierno. El sector minero es el que más impacta en el medioambiente, pero con la nueva ley se ha reducido hasta casi eliminar instrumentos básicos de gobierno como la reserva fiscal y todo lo que ponía límites a la expansión de la minería. No se salvaron ni los ríos, ni los glaciares. Los derechos de los mineros a la superficie o suelo se han acrecentado y su primacía sobre otros derechos pre-existentes se ha consolidado estableciendo la negociación de las servidumbres entre partes, (sabiendo cuál es la parte fuerte y con la parte débil amenazada de expropiación); con la penalización de cualquier oposición a las actividades mineras y elevando los “derechos adquiridos” de los mineros por encima de cualquier otro incluso de los indígenas a sus territorios, un derecho pre-republicano.

Aparentemente la expansión de la minería no terminará con la nueva ley, porque el Anteproyecto de ley de tierras elaborado a nombre de la CSUTCB tiene entre sus objetivos promover la gestión sostenible de los RRNN y biodiversidad (Art. 2), y en el ámbito de su aplicación está el uso y gestión de los RR.NN. (Art. 6; 2). Según el artículo 67-IV, los alcances de la administración de tierras son, entre otros, “lo referido al aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables.” El artículo 71 reconoce como competencia específica del Servicio Boliviano de Reforma Agraria (Art. 71-a) el apoyo técnico en las formas de aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables. Esto quiere decir que estamos en realidad ante un anteproyecto de una ley de tierras y minería. Así que la minería que ya cuenta con una legislación propia, también contará con la legislación agraria, lo cual es muy grave porque no se busca proteger la agropecuaria, caza, pesca y recolección de la expansión de la minería y sus impactos; por tanto lo que el gobierno llama desarrollo es la destrucción de un sector económico por otro.

4 Energía nuclear, patrimonio de la humanidad

El último acto de terrorismo medioambiental del gobierno ha sido el anuncio de la construcción de un reactor nuclear. Hasta tuvo un inicio divertido. Evo pensaba generar energía nuclear con mercurio e insistió por un tiempo con esto a pesar de las críticas. Lo que dijo fue:

“Una planta nuclear, ¿porque no? Si aquí en Potosí (y) Santa Cruz tenemos mercurio que es la base para poder generar energía y qué mejor más bien estar exportando energía” [21].

Después salió con que la energía nuclear es patrimonio de la humanidad[22]. Finalmente el asunto se puso serio cuando anunció una inversión de 2000 millones de dólares[23]. Su primera justificación, como típico líder de país pobre, fue la exportación. Después se acordaron de los usos en el área de la salud, entre otros[24]. Pero, aunque estos argumentos fueran serios y el gobierno tuviera la capacidad de gestión necesaria para cumplir lo que dice ¿de qué servirían estos usos ante un desastre nuclear como el de Fukushima?

Bien, lo que hay de objetivo detrás de la energía nuclear es que las reservas de gas natural se reducen a 8 años y esto es uno de los productos de una política energética centrada en la exportación de bruto y en la importación de combustibles; asentada en las típicas esperanzas de los líderes de países pobres, -pobres países-, de que las transnacionales inviertan, busquen y extraigan los hidrocarburos para que sigan fluyendo las regalías e impuestos que les permiten mantenerse en el poder.

Después de Fukushima, es difícil imaginarse a Shinzō Abe (primer ministro japonés), o a Merkel, Putín u Obama haciendo propaganda abierta a favor de la energía atómica; caerían devorados por la opinión pública, pero Evo Morales lo hizo y no pasó nada y seguramente ellos, los poderosos, estarán agradecidos, por abrirles el camino.

En fin, todo esto comenzó como un chiste. Unos se rieron, otros prefirieron callar y hacer callar. Y así, el gobierno del héroe de la madre tierra, título que le dieron las NN.UU., legalizó e impulsó los transgénicos, los biocombustibles, legalizó la deforestación ilegal, hizo de los mineros una casta superior, etc., e impuso una legislación que despoja al Estado de facultades para controlar el medioambiente; que está liquidando los instrumentos de gestión ambiental y su institucionalidad; que libera de trabas medioambientalistas a los sectores económicos de mayor impacto ambiental; y que lo hace a costa de la democracia, criminalizando; haciéndonos retroceder décadas a la prehistoria del medioambientalismo.

Evo Morales dijo que “es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos.[25] Bien, a partir de la política medioambiental de su gobierno hemos visto que los derechos de la madre tierra no equivalen sino a la entrega de los RR.NN. y el medioambiente; es esto lo que es más importante que los derechos humanos de quienes se oponen a esta política y de que quienes serán víctimas de sus impactos.

Notas:

[1] Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales en la XV Cumbre del Cambio Climático, Copenhague Copenague, 17 de diciembre de 2009.doc http://www.vicepresidencia.gob.bo/”

[2] El 15 de febrero Bolivia y Brasil hacían público un comunicado conjunto “Brasil – Bolivia: bases para uma parceria estratégica”. Para más información ver: Villegas Nava, P. (2013). Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales. Cochabamba, Bolivia: CEDIB.

[3] “El Estado reconoce la propiedad de la tierra …siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios.” (315-I) Este artículo incluye como condición la generación de empleo -que no está en la definición de la FES-, pero sin relación explícita con los derechos laborales. Esto, como justificativo de la propiedad de la tierra, es muy peligroso, porque contribuye a mantener en el campo el empleo en condiciones ilegales e inhumanas. Con esto uno de los sectores de mayor impacto ambiental queda a sus anchas.

[4] Morales revela que propuso una CPE fuerte para transar. La Razón, 23/10/2008

[5] Bolivia quiere copiar la fórmula de crecimiento 20 de diciembre de 2010 http://www.ultimahora.com/bolivia-quiere-copiar-la-formula-crecimiento-n388220.html

[6] Incluye: Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o com.. Partida Nandina.

[7] El gobierno del MAS y la consolidación de la base material del “poder empresarial hacendal”1. Enrique Ormachea S. y Nilton Ramirez F. 1ro de noviembre de 2013 CEDLA

[8] Ibid.

[9] “Bolivia puede ampliar su frontera agrícola de 5 a 10 millones de hectáreas”. ABI, La Paz, martes 22, febrero 2011.

[10] Willy Chipana: “La consulta por el TIPNIS no será vinculante” 1-8-11, La Razón

[11] Brasil evita desgaste com a Bolívia por conta da OAS 26/04/2012. (Valor Econômico http://www.valor.com.br/internacional/2635704/brasil-evita-desgaste-com-bolivia-por-conta-da-oas)

[12] Para mayor información ver:

TIPNIS. El objetivo del gobierno: Liquidar TCOs y entregarlos a las petroleras (http://yque-yque.blogspot.com/2011/09/tipnis-el-objetivo-del-gobierno.html)

La Ley 222 afecta radicalmente el derecho a la Consulta Previa (http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012021504)

¿Puede haber Consulta Previa entre la escopeta y las palomas? (http://yque-yque.blogspot.com/2010/09/puede-haber-consulta-previa-entre-la.html)

[13] Jiménez, Georgina: Territorios indígenas y áreas protegidas en la mira. Petropress N°31, julio del 2013, CEDIB.

[14] Ver: La Consulta Previa y la vigencia del régimen democrático (http://yque-yque.blogspot.com/2013/04/la-consulta-previa-y-la-vigencia-del.html)

[15] Ribera Arismendi, Marco Octavio: La incoherencia de la Ley 337 y la falacia de la restitución de los bosques en nuestro país. Y QUÉ, http://yque-yque.blogspot.com/, marzo, 2013.

[16] Gobierno permitirá sanear tierras que no cuentan con desmontes legales. El Diario, 14/1/2013.

[17] Tejada Soruco, Alicia: ¿Quién paga la cuenta? http:// cheoropota.blogspot.com, 19 de diciembre de 2012

[18] Acosta Romero, Miguel. Las leyes marco y su impacto en la seguridad jurídica. Revista de la Facultad de Derecho de México, México, núms. 183 y 184, mayo-agosto de 1992, t. XLII.

[19] Anapo hace observaciones a la Ley de la Madre Tierra. El Diario, 25/10/ 2012

[20] Contrato para edificar ingenio azucarero se firmará en enero. La Paz. Cambio, 2011-11-09.

[21] Energía nuclear: Evo insiste en explotar mercurio Por Anf – Agencia – 31/10/2010, Los Tiempos.

[22] La Razón, 22/01/2014. http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Evo-Morales-construccion-nuclear-Bolivia_0_1984601573.html

[23] Primer reactor nuclear estará en La Paz; se invertirá $us 2.000 MM La Razón 3/10/2014

[24] Primer reactor nuclear estará en La Paz; se invertirá $us 2.000 MM La Razón 3/10/2014

[25] Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales en la XV Cumbre del Cambio Climático, Copenhague Copenague, 17 de diciembre de 2009.doc http://www.vicepresidencia.gob.bo/