Críticos ingenuos sostienen que las leyes son buenas pero “malos” los aplicadores, que el problema es humano y que por ello todo está corrompido, enredado y lento. Sostienen también que los jueces son timoratos, asustadizos, sin energía para imponer sus determinaciones porque piensan en el “que dirán”, pasando su tiempo en minucias y en dárselas de correctos –diciendo “no” a todo– pero doblegándose llegada una buena oferta. Por su parte, la burocracia de los controladores los atormenta con cualquier chisme, obligándoles a descuidar su trabajo para informar “en el día”.

Quienquiera que se limite su crítica a la mala calidad humana judicial, tiene solo una parte de la verdad. Tomar la parte por el todo, sin entender que el problema es estructural, es una insensatez.

El primer cuestionamiento estructural se refiere a la calidad de leyes; el segundo, a la calidad de las personas, el tercero a la infraestructura judicial, y, el cuarto, a su parte ética.

Dedicaremos este artículo al primero. Para aplicar leyes se requiere ciertas condiciones que cualquiera puede adquirir y desarrollar. Todos nuestros códigos sustantivos, pese a defectos, son en general buenos por ser resultado del desarrollo gradual de la humanidad y sus instituciones. Su inspiración va uniformando las legislaciones nacionales.

El problema se halla en los códigos adjetivos porque invitan al enredo, la complicación y la retardación. Tal es la causa de la pesada como herrumbrada maquinaria judicial.

El desarrollo de los procesos judiciales –en lenguaje rudo se dice: cómo se los cocina– se halla regulado por los procedimientos que contienen los códigos adjetivos. Estos últimos, pese a buenas intenciones, “respeto a los derechos de las partes”, “equidad” y otros slogans de barata charlatanería, permiten absurdas barbaridades, entretienen y prolongan las causas por años.

Se simplifica la problemática, en el orden que sigue:

  1. Los redactores de estos códigos construyen ociosas arquitecturas imaginarias, como si los contendientes fuesen ángeles (y no auténticos demonios enredadores). Cada código crece más en su articulado que se llena de absurdas definiciones, casuismos y basura procesal. Brinda demasiada comodidad a los defensores, pero atormenta a los juzgadores.
  2. Nunca se ha hecho evaluación ni revisión de proyectos de esta naturaleza. Tampoco pruebas previas de experimentación; menos se ha consultado a los organismos especializados para conocer sus observaciones.
  3. Los gobiernos –sin molestarse en conocer criterio de expertos– prefieren que sus partidarios se atribuyan esa tarea. Tal es el pecado del que no propone, pero impone.
  4. Los redactores de normas se hallan a mangas anchas. Introducen los textos que se les ocurre, copian otros, satisfacen sus majaderías mentales justificando lo que les viene en gana y sin tomarse el trabajo de hacer una cosa sencilla –la dura prueba de la efectividad– : medir el tiempo judicial de cada paso procesal.
  5. Gracias a los códigos procesales actuales los jueces hacen todo lo que perjudica al litigante. Anulan situaciones ya dadas, aceptan incidentes y dilaciones maliciosas y consultan al contrario para cualquier cosa que pueden resolver directamente.

Si el Supremo Gobierno –como así lo ha anunciado el Presidente– pretende “cambiar las normas”, pero con sus mismos personajes y “asesores”, tenga la seguridad de que en un cercano futuro se estará lamentando por segunda vezde una segunda frustración.

Yo le diría a esta autoridad, naturalmente con todo respeto, dada su investidura y la coyuntura de un caso –en sus manos– que contradice su propia política de celeridad:

Excmo. Señor Presidente. Le sugiero paralizar de inmediato vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil. No ha sido generado por juristas de la sociedad civil, sino por afines de su Gobierno. Nadie ha sido consultado, siquiera para observaciones. Menos se ha efectuado una responsable auditoría de su contenido. Además de ser el texto copia foránea, tampoco se ajusta a nuestra realidad social ni nacional y se halla cuajado de ingredientes que van a enraizar más la retardación de justicia, Me brindo personalmente, bajo propia responsabilidad, a demostrarle la estupidez casi total de aquél contenido.

Piense Ud. también que otro instrumento, el Código de Procedimiento Penal, ya ha colapsado.

El autor es periodista, gustavop2@hotmail.com