Después de 523 años de la presencia hispana, descubrimientos de ambos lados (los aborígenes de América también descubrieron la existencia de los invasores), genocidios, mestizajes, corrientes migratorias europeas, traslados de esclavos africanos, fusiones y negaciones del “otro”, prácticas patriarcales comunes y de 190 años de la fundación de la República, convertida hace una década en Estado “Plurinacional”, cuyos perfiles no acaban de definirse, el país se apresta a discutir un nuevo pacto fiscal, que distribuya los recursos que manejarán el gobierno central, regiones, departamentos, municipios, pueblos indígenas y universidades autónomas.

Si se aplicara la lógica abstracta, el gobierno central debería manejar los proyectos estratégicos, base de la agenda 2025 (año del bicentenario de la creación de Bolivia). Para ese entonces, el país, calificado tantas veces de inviable, debería erradicar la pobreza extrema, alcanzar la universalización de los servicios básicos, la formación de seres humanos integrales y el desarrollo de una soberanía científica y tecnológica, con identidad propia.

También alcanzaría la soberanía productiva, “lejos de la dictadura del mercado capitalista”, la soberanía plena sobre los recursos naturales, la soberanía alimenticia y la soberanía ambiental. Todo sobre la base de la transparencia en la gestión pública, el disfrute de fiestas, música y sueños de los bolivianos. El rencuentro con el mar cautivo, usurpado por Chile, cierra el corolario de metas y esperanzas.

Obviamente, la cohesión nacional es la base de los ambiciosos anhelos. De esta manera, el régimen debería convertir en socios de los grandes proyectos a regiones, departamentos, municipios y pueblos indígenas, los que aportarían parte de sus regalías y tributos, luego de una discusión democrática en la asamblea nacional, asambleas departamentales, concejos municipales y asambleas indígenas.

La propuesta nace de los triunfos de Evo Morales en los comicios presidenciales de 2005, 2009 y 2014. Este último con el 61 % de los sufragios, lo que le permitió obtener dos tercios de asambleístas en el Senado y en Diputados. Por esta razón, el oficialismo estima que el modelo de desarrollo aprobado en las urnas, legitima su plan de gobierno y su Agenda 2025.

Por su parte, la oposición estima que el objetivo central del partido oficialista es la reforma constitucional, a fin de conseguir la reelección indefinida de Evo. La polémica se agudizó al advertirse que, de acuerdo a encuestas, los candidatos del gobierno en las elecciones subnacionales del 29 de marzo próximo serían derrotados en las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz, Beni y Tarija, así como en las alcaldías de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Trinidad y Tarija.

De confirmarse esas previsiones, la aprobación del Pacto Fiscal será más difícil. Evo y el Vicepresidente Alvaro García Linera han advertido que no trabajarán con gobernadores y alcaldes neoliberales. Seguidamente, el Jefe de Estado ha pedido a los electores de La Paz y El Alto que “no lo abandonen”, lo que añadió una nota de dramatismo a los citados comicios.

Si a lo anterior, se suman las inevitables dificultades económicas del país por la caída internacional de los precios de las materias primas, lo que afecta al conjunto de la región y ha desacelerado los proyectos de integración latinoamericana, puede colegirse que los objetivos de la Agenda 2025 parecen más lejanos.

Por estas razones, parece prudente esbozar metas más realistas. De esta manera, si dentro de una década Bolivia consigue consolidar su viabilidad histórica, terminando de aislar a los propugnadores del separatismo cruceño y de la presencia teórica de 36 inviables naciones indígenas, se habrá conseguido un logro fundamental.

Por ahora, la prédica de las 36 naciones, respaldada por toneladas de libros de las ONG, ha quedado relegada de la preocupación ciudadana. Inclusive, quienes defendían la existencia de dos Bolivias (la indígena y la criolla), carecen de respuesta para resolver problemas entre comunidades campesinas y sindicatos agrarios, cooperativistas y asalariados mineros, conflictos limítrofes entre territorios quechuas y guaraníes o entre pueblos vecinos que se disputan zonas de cultivo. Los ejemplos citados podrían ampliarse de manera interminable.

En cambio, la construcción de la unidad nacional, basada en el fortalecimiento de la inter subjetividad indo mestiza y el rescate de nuestras culturas ancestrales, ha logrado aunar voluntades en la demanda marítima de Bolivia, con el concurso de dos ex presidentes, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez, de la supuesta República colonial, anterior a Evo.

De lograrse que la cohesión externa se traslade a la política interna, la aprobación de los futuros pactos fiscales será más fácil, debido a que tendrá que vencer menos confrontaciones regionalistas e interétnicas.