La gran diferencia entre la clínica y la salud pública radica en que la primera se concentra en el tratamiento de cada individuo como caso de enfermedad, en tanto que la Salud Pública se concentra en la protección de la salud de poblaciones enteras, tanto enfermas como sanas. El Ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, después de meter la pata identificando públicamente a un paciente con VIH/SIDA, trató de salir del atolladero con otra gran metida de pata, más profunda que la anterior, al decir que denunció el caso para proteger a la población, que corría peligro de contagio a partir de ese foco de infección.

Dijo que el estado de salud de ese paciente era “doblemente peligroso para la sociedad”. Que al suspender su tratamiento “y la exposición al cual estaba siendo objeto el paciente hace que la población sea vulnerable (sic)”. En otras palabras, el Ministro inventó una nueva estrategia de intervención sanitaria, que combina la clínica con la salud pública. O sea, denunciar por los medios el caso clínico que no está bien tratado para proteger a la población entera.

Esta estrategia tendría que sumarse a las planteadas por ONUSIDA, entre las que citaremos tres: la de mantener y aumentar el compromiso y liderazgo político; la de mantener y aumentar la financiación de los programas; y, tal vez la más pertinente en este caso, combatir enérgicamente la estigmatización y la discriminación relacionadas con el SIDA. Con estas estrategias se han logrado progresos notables en el control de esta pandemia a nivel mundial.

En Bolivia la epidemia está lejos de ser controlada; hay más de 13 mil infectados -¿cuyos nombres debieran ser publicados?- y el mismo Ministerio denuncia que el ritmo de crecimiento de la enfermedad es del 25% anual, siendo la población joven la más vulnerable, puesto que 6 de cada 10 personas con VIH/SIDA tienen entre 15 y 34 años, la mayor parte (97%) contraídos a partir de relaciones sexuales sin protección. A este problema se suma la falta de recursos, puesto que el Gobierno asignaría un exiguo presupuesto de 775 mil dólares para el tratamiento y la prevención de esta enfermedad que requeriría mínimamente de 5,3 millones por año. Al desconocimiento y la falta de recursos, se suma como problema principal, la discriminación hacia los que viven con VIH/SIDA, que en Bolivia es notoriamente fuerte y mal entendida por las autoridades encargadas de combatirla.

Al inventar una nueva estrategia de intervención el Ministro sólo ha perjudicado la marcha de su programa de control epidemiológico del VIH/SIDA. Primero, porque ha acentuado la discriminación y la estigmatización de los casos de esta infección; y segundo, porque ha perdido toda confianza y liderazgo entre la población a la que dice proteger, entre los efectores de la salud pública, que principalmente están concentrados entre los médicos y las otras profesiones de sanitarias, y, no menos importante, entre los infectados con VIH, los pacientes con SIDA y los grupos estigmatizados como los de mayor riesgo y vulnerabilidad.

La confianza política con que le retribuyó el Presidente, Evo Morales, al ratificarlo como Ministro, no será suficiente para revertir la desconfianza bien ganada por el Ministro Calvimontes, quien ha sembrado su gestión de errores y metidas de pata que le aseguran un lugar oscuro o el triste olvido de una gestión llena de oportunidades perdidas y que pudo ser completamente diferente, porque condiciones políticas y económicas las tuvo.

* Es consultor en Salud Pública,rocabado80@hotmail.com