Sol de Pando.- El reciente encarcelamiento del ex prefecto de Oruro Luis Alberto Aguilar, quien debe cumplir una condena de seis años de cárcel por una cuantiosa malversación y otros actos irregulares cometidos en el ejercicio de la función pública abusando de su amistad personal con Evo Morales, es una señal de que en su nuevo periodo el Presidente re-electo intenta dar un viraje ético para depurar su entorno infiltrado por la corrupción. Este viraje podría significar también un cambio de perfil en el Ministerio de Transparencia que desde hace cuatro años tuvo las manos atadas para investigar y procesar a funcionarios corruptos protegidos desde el Ministerio de la Presidencia…

La tarde de este viernes, dos días después de sus reclusión preventiva en la cárcel pública de Oruro, dispuesta por un juez el pasado 15 de octubre, el ex prefecto orureño Luis Alberto Aguilar—un popular folclorista y compositor de morenadas— ha sido internado de emergencia en una clínica de aquella ciudad debido a un cuadro depresivo de hipertensión y “descomposición por diabetes”.

La angustia e hipertensión que atraviesa el ex prefecto de Oruro no es para menos. El mismo día de su detención, a tiempo de anunciar su re-elección en los comicios del 12 de octubre, el presidente Evo Morales declaraba su respaldo al encarcelamiento de Aguilar, afirmando con inusitado énfasis que la corrupción en su gobierno “no se protege ni se perdona”.

A pesar de haber sido amigo personal de Luis Alberto Aguilar, el presidente Morales hizo prevalecer su condición de jefe de Estado y dejó entrever que no obstante la obsecuencia política y partidaria a la cual se aferró el ex prefecto para evadir sus responsabilidades, éste deberá asumir su defensa ante la justicia y rendir cuentas de sus actos administrativos tipificados como delitos.

“En tema de corrupción no se perdona (…), pero todos tienen derecho a defenderse”, dijo Evo Morales durante una conferencia de de prensa en la Gobernación de Oruro, mientras el ex Prefecto se acomodaba en una celda de la cárcel local.

El juez Sergio Vásquez había dispuesto la detención preventiva del ex prefecto Aguilar por riesgo de fuga, en el proceso por la construcción de un distribuidor vehicular, obra que no se ejecutó a pesar de los desembolsos realizados a una empresa privada que cohonestó con Aguilar.El proyecto del distribuidor vehicular “3 de Julio” debía construirse en la final Dehene y Circunvalación el año 2008, explicó el secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de Oruro, Edgar Ajata.

La ex Prefectura de Oruro adelantó 146.000 bolivianos a la empresa Mendizábal Asociados y pagó una primera planilla de 60.000 bolivianos, pero la obra nunca se ejecutó.

Frente a esa irregularidad investigada por el Ministerio de Transparencia, se inició un proceso contra Aguilar ante el Ministerio Público por el ilícito tipificado como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y daño económico.

En agosto pasado, el ex prefecto Aguilar fue sentenciado a seis años de cárcel por otro caso de malversación, el proyecto “Puerto Seco”, pero esa sentencia fue apelada en septiembre.

Una oportunidad para Nardy Suxo

“Ojalá que ahora se designe como Fiscal General titular a una persona comprometida con el pueblo, porque hasta ahora desde Sucre, desde la Fiscalía General nunca recibí apoyo. No puede ser que el Fiscal General cambie de fiscales cuando un proceso ya está avanzando”, protestaba así, en septiembre del año 2012, la Ministra de Transparencia, Nardy Suxo, cuando se había evidenciado una conducta permisiva del Ministerio Público, entonces a cargo del fiscal general Mario Uribe, en el caso de una multimillonaria estafa cometida por un Viceministro al construir la planta papelera estatal “Papelbol”. Se dio el extremo de que la fiscal asignada al caso, Edna Montoya, recibía invitaciones de “viaje de inspección” por parte de la empresa brasileña que estafó al Gobierno, y cuando la Ministra se opuso a ello, la fiscal asignada paralizó la investigación.

El de Papelbol es quizá uno de los hechos de corrupción en el cual el Ministerio de Transparencia ha tomado acciones de nítida e inobjetable defensa de los intereses públicos, venciendo obstáculos que fueron generándose desde el Ministerio de la Presidencia, cartera que por una reciente norma que debilita los mecanismos de la Ley Safco, ejerce control directo de las empresas públicas mediante una oficina que si bien se halla bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo, pertenece al esquema político para-estatal del Ministro de la Presidencia.

En el caso de Papelbol el tráfico de influencias políticas para encubrir a los responsables del desfalco hizo que la Ministra de Transparencia se atrinchere de manera casi insólita. Denunció ante el Ministerio Público el año 2010 a los principales responsables del negociado perpetrado con la proveedora brasileña de maquinaria, el viceministro Eduardo Peinado Rivero y el gerente Antonio Camberos Bolaños, hermano de un conocido policía en retiro que colaboró con la dictadura de García Meza en Montero.

La planta de Papelbol se creó el 5 de septiembre de 2007 instalándose en Villa Tunari, provincia Chapare, en Cochabamba. Para su equipamiento tecnológico, Peinado y Camberos violaron la Ley Safco contratando sin licitación pública internacional, de manera directa, a la empresa brasileña D’Andrea Agroimport Importaçao e Comercio (empresa de provisiones agrícolas sin ninguna experiencia en la industria papelera), con el visto bueno de un Comite de Contratación integrado por funcionarios del Ministerio de la Presidencia.

El contrato doloso abarcaba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día. El plazo de instalación era de 14 meses, para comenzar a funcionar en marzo del 2009; pero la maquinaria entregada por un precio de casi 14 millones de dólares, jamás funcionó al evidenciarse que se trataba de chatarra reciclada.

Según la documentación que dispone el Ministerio de Transparencia, Peinado tiene vinculaciones familiares con la empresa boliviana “Jumampi”, representante exclusiva en el país de D’Andrea Agrimport.

Los acusados, Eduardo Peinado y Antonio Camberos, intentan desviar sus responsabilidades penales involucrando maliciosamente el nombre del vicepresidente García Linera, a quien endilgan una supuesta aprobación del contrato doloso con la empresa brasileña.

Al constatarse el desfalco, el Estado debió realizar una nueva adquisición de una proveedora china, generando al país un importante endeudamiento externo. El juez que procesó a Peinado determinó su detención domiciliaria en La Paz. “El señor Peinado pasea por las calles, tiene una oficina por lo que sabemos de lujo en la zona sur”, denunció Suxo en septiembre del año pasado, exigiendo su reclusiòn en una cárcel pública.

La planta instalada con maquinaria china fue inaugurada hace pocas semanas y la empresa brasileña que estafó al país en complicidad con los funcionarios bolivianos, permanecen impunes y bajo constante protección oficial.

El anuncio presidencial de romper con los mecanismos de encubrimiento a los corruptos que se infiltraron en el Gobierno bajo una lógica clientelar y prebendal desarrollada especialmente desde el Ministerio de la Presidencia, podría ser una oportunidad para que el Ministerio de Transparencia recupere su capacidad de imponer la ética y la honestidad en la función pública dentro una nueva etapa del Estado Plurinacional.