Una visión continua sobre el comportamiento del liberalismo como sistema en Bolivia, revela, que, a la vez, el sistema de partidos políticos dentro de la democracia pactada inaugurada después de la caída de Hernán Siles Suazo acompañada de la diáspora de la izquierda agrupada en la UDP en 1985, a causa de un plan minucioso del MNR a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro que logra instalar en el parlamento de 1982, el Congreso del 1980 con una amplia mayoría movimientista o conservadora, con cierta premura e imbecilidad aceptada por la UDP, cuando de esa manera el poder estaba en otra parte menos en el Palacio Quemado, en rigor aquello comenzaba con la iniquidad que le hace Julio Garrett Ayllón siendo el Presidente del Senado el día de la posesión del nuevo Presidente (6 de agosto de 1982), al colocarle intencionalmente la medalla Presidencial a Hernán Siles al revés, como indicando o dejando una seña hermética en el sentido que la UDP caería pronto en manos del MNR, a la par que una mano oscura, seguramente movimientista, le entrepapeló el discurso del Presidente, confundiéndolo y dejando la seña del caos, como caótico fue todo el gobierno de la UDP. De ese modo simbólico, ese grupo político prochileno que Garrett Ayllón, como acólito de Víctor Paz y otros tantos, decían entonces despiadadamente, que estaban dispuestos a retomar el poder por cualquier vía.

La democracia pactada no pretendía, según esto, dentro de una Bolivia ficcional o ante la ausencia de Bolivia como Estado Nación, nada más que eso, lejos de la metafísica de la nostalgia intelectual de la constitución institucional de la ciudadanía. Es decir, tan distante de suponer que la democracia fundaría al ciudadano a partir de la libertad política y la homogeneización de la ley del Estado Nación, en la perspectiva de frenar los ímpetus autodestructivos y autoritarios de una sociedad sin ley, tribalizada y corporativizada, prurito que tiende a la imbecilidad contemporánea sobre el carácter de la ausencia y la nada del Poder. Pero este punto es la sazón para otra hereje reflexión.

En los hechos, el sistema de partidos políticos de la democracia pactada en Bolivia (1982-2005) no fue más que el concatenamiento de una amplia estructura diseñada desde el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1995-1999) para preparar y readecuar al país para la entrega de sus recursos naturales a la voracidad de las transnacionales y del gobierno de Chile. Y, en esto, si hay una determinación personal de Víctor Paz e institucional del MNR, irrumpe más como una decisión hermética para apremiar la aniquilación de Bolivia y el fortalecimiento definitivo en aras de que Chile se enseñoree sobre el Pacífico, hacia una alianza entre el Mapocho y un Brasil enseñoreado en el Atlántico. De esa manera, unir el Atlántico y el Pacífico, tras una amplia hegemonía que derivaría en constituir un eje geopolítico de influencia continental y mundial, tal como se pregona en los ambientes diplomáticos desde el siglo XIX, rechaza el análisis coyunturalista de los acontecimientos sean estos electorales o no. De forma que los proyectos de las carreteras interoceánicas tienen esa perspectiva geopolítica de largo aliento, por si acaso. Y en esta trama entra la cuestión de los recursos naturales.

Sin embargo, el entreguismo del liberalismo boliviano a la geopolítica chilena durante el proceso democrático (1982-2005), sin duda comienza en el siglo XIX, pero se renueva con las tentaciones que genera la riqueza del litio, y, cabe el análisis, sólo mientras tanto, en centrarse en este punto como una posdata a: La infamia liberal: Que la banda suene (Eduardo Nogales. Bolpress 1 de octubre; OPINION 5 de octubre de 2014)

En síntesis, a saber, si Hernán Siles Suazo constituía el CIRESU para el aprovechamiento nacional de los recursos metálicos y no metálicos del salar de Thunupa, contra esa patriótica decisión se conduciría de manera implacable la democracia pactada desde el gobierno de Jaime Paz Zamora, Tuto Quiroga y Doria Medina, tan bien anotado en el fracaso inicial de la invitación directa a la LITHCO, entregada por Jaime Villalobos, Ministro de Paz Estenssoro. Frustrado este intento a causa de la presión social contra el entreguismo fácil de la oligarquía boliviana, con cálculo, se determinaría la licitación internacional en el que ganaría la LITHCO, pero que extrañamente esto proceso fracasaría porque el gobierno vía el parlamento, incrementará el IVA del 10 al 13 %, decisión que rechazaría la LITCHO y se iría a trabajar a Hombre Muerto de la Argentina. Por detrás de todo esto, sin la menor duda, estaba el gobierno de Chile a través de la SOQUIMICH (y la CORFO: Corporación de Fomento a la Producción del gobierno chileno) la misma que se presentó a la licitación para ingresar a como dé lugar al Salar de Thunupa.

De manera que de esa manera se explica por qué el propio gobierno de Paz Zamora, Tuto Quiroga y Doria Mediana -o el Acuerdo Patriótico o si en rigor se quiere denominar la democracia pactada o la sucia repartija del poder- al alentar la licitación internacional para la explotación del litio, de inmediato y sólo cuando el periódico HOY denunciaba al país que Chile mediante la SOCOMICH (SQM) pretendía ingresar al Salar, entonces estremecido el sistema neoliberal, dado el carácter público del proceso de licitación, formalmente, obligado el gobierno por el contexto social, entrega la adjudicación a la LITHCO, pero, para beneficiar indirectamente a Chile cuál era el objetivo fundamental del liberalismo como sistema. He aquí, que, entonces, el contrato firmado en el Salar, el gobierno, intencionalmente lo frustra, en combinación con la presión de EEUU para incrementar el IVA, a sabiendas que dicha decisión naufragaría la adjudicación. ¿Pero qué había detrás de esto, para comprender el gigantesco propósito liberal de entregar la riqueza estratégica nacional a Chile, iniciándose de esa manera, al final del siglo XX, con el litio y a la vez con el gas natural, la continuidad entreguista del sistema?

Debe saberse que efectivamente luego del rechazo de la LITHCO al incremento sorpresivo del IVA, de inmediato la SOCOMICH mediante sus palos blancos o el quintacolumnismo en Bolivia incrustado esta vez en el MIR y ADN, en suma en el gobierno de Paz Zamora, Banzer y Tuto Quiroga, cuyo testaferro chileno era el Ministro mirista Gonzalo Valda, maquinarían para que, primero, se reduzca el perímetro de la reserva fiscal del Salar de Thunupa a la costra salina, en contra de la ley original que abarcaba incluso a las provincias Nor y Sur Lipez, y, después, en efecto, alentar el ingreso al Salar de Thunupa de la SOCOMICH chilena.

Ahora se entiende por qué se incrementó el IVA al poco tiempo de firmarse el contrato con la LITHCO que buscaba frustrar la licitación internacional cuando la propia licitación era una parodia en favor de los intereses de la oligarquía de Santiago.

Paradójicamente la licitación internacional se transfiguraba para que se adjudique y se retire, a la vez, la LITHCO, pues la mismísima empresa estratégica del gobierno de Chile, la SOCOMICH – nada más ni nada menos inicialmente dirigida por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce- ingrese al Salar, en el marco de la estrategia geopolítica de Chile de penetrar el Altiplano Central de Bolivia. Por ello estaba a la par de la SOCOMICH, en el mismo propósito, la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) de gobierno de Mapocho.

Las empresas chilenas, Quiborax y Soquimich, controlan monopólicamente los recursos del Salar de Uyuni explotando áreas que no pudieron ser adjudicadas a comienzos de los años 90 por la norteamericana LithiumCorporation (Lithco), según informes de bolivia.indymedia.org/es/.

El website indica que la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) es de propiedad de Julio Ponce Larrea, ex-yerno del ex dictador Augusto Pinochet, y es otra de las empresas chilenas que controla las riquezas del salar de Uyuni. Soquimich opera a través de administradores que fueron funcionarios de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) durante la dictadura pinochetista.

La empresa Quiborax (Química Industrial del Bórax), se benefició con una concesión prohibida dentro la franja de 50 kilómetros de frontera a través de una sociedad con el empresario boliviano David Moscoso. Este empresario logró convencer a algunos parlamentarios bolivianos que se apruebe la Ley 1854 que garantiza sólo un 25 por ciento de los recursos del Salar bajo control del Estado. El 75 por ciento restante está a expensas de la inversión privada. Uno de esos ex funcionarios pinochetistas sería Hernán Buchi, socio de Ponce Larreu, quien ejercería presiones sobre el gobierno boliviano para que las concesiones entregadas a Soquimich se amplíen a la misma estatal Chilena Corfo bajo la figura de “jointventure” con que Corfo y Soquimich explotan actualmente el litio del salar de Atacama.

Quiborax y Soquimich controlan aproximadamente 15.000 hectáreas del Salar de Uyuni traficando ácido sulfúrico que ellos mismos importan de Chile como insumo para la fabricación de ácido bórico.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Mario Rengifo, considera que la sociedad de David Moscoso con los chilenos es un verdadero peligro para el país. Sostiene que el ex yerno de Pinochet controla a través de su gente de confianza la zona del delta del Río Grande donde está la mayor reserva de litio del salar

Un grupo de empresarios privados coligados con parlamentarios potosinos de la anterior legislatura consiguieron reducir la zona de reserva del Salar de Uyuni. La Ley 1854 sirvió para que los empresarios accedan a un total de 388.455 hectáreas en la zona más rica y que concentra los mayores volúmenes de litio, ulexita, boro, potasio y otros recursos. Las concesiones se ubican principalmente en el delta del Río Grande donde la concentración de recursos no metálicos está muy por encima del resto del salar potosino. La apropiación ilegal de los recursos fiscales fue tan bien planificada que los empresarios solicitaron exactamente las cuadrículas más ricas en no metálicos. (Redacción Bolpress, septiembre, 15 de 2003).

En otras palabras, la SOCOMICHI fue la apariencia empresarial para que ingrese la propia CORFO, entidad estatal del gobierno chileno, aunque, de cierto, la misma SOCOMICH, denominada ahora SQM, será una empresa cuya máscara privada pretenderá ocultar la estrategia geopolítica del gobierno de Chile: controlar continental y mundialmente las mayores reservas del litio, y poseer y explotar las riquezas metálicas y no metálicas del Salar de Thunupa, y ampliar el aprovechamiento de las riquezas del Altiplano Central de Bolivia, fundamentalmente, del agua dulce.

El sistema y la oligarquía chilena fortalecen a la SQM para ingresar al Salar de Thunupa

La gran influencia de la SQM en Chile deviene que ésta está conformada por la más rancia elite enemiga de Bolivia y de Latinoamérica, por ese motivo, recibe de la opinión pública del pueblo chileno, la una acre crítica y rechazo. Veamos este largo recuento.

“Una fallida licitación de gran parte de las reservas de litio de Chile, orquestada por autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, terminó en escándalo. Esto, luego que se revelara lo irregular de la adjudicación que favorecía a Julio Ponce, yerno del dictador Augusto Pinochet, y principal dueño de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).La importancia del tema no es menor si se considera que Chile posee el 22% de las reservas mundiales del mineral. En 2010 produjo 49 mil toneladas de carbonato de litio, lo que representó 37% de la producción mundial…Según se sostiene en un informe de la Comisión de Minería y Energía del Senado relativo a la industria del litio de marzo de 2012, existen autorizaciones otorgadas a favor de la estadunidense Sociedad Chilena del Litio (SCL) por 200 mil toneladas; a SQM el Estado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), le adjudicó 180 mil toneladas de litio en un plazo de 30 años, a partir de 1996. Las concesiones de ambas empresas se ubican en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta. La periodista María Olivia Mönckeberg, da cuenta en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno (Ediciones B, 2001) de cómo el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou –casado con Verónica Pinochet–, pasó de ser gerente de la entonces estatal SQM a ser el principal propietario de la misma en un irregular proceso que se desarrolló entre 1983 y 1988. En lo sustancial, consistió en el uso de información privilegiada que le permitió hacerse, a “precio de huevo” y a través de sociedades relacionadas, de más de la mitad de las acciones de la compañía que en la actualidad genera 500 millones de dólares anuales en ganancias.Mönckeberg afirma que Ponce Lerou se adueñó de SQM haciéndose multimillonario, gracias a su suegro Pinochet y al apoyo de exministros, como el otrora titular de Hacienda, Hernán Büchi (1985-1989).Piñera figuró hasta 2008 como accionista de Pampa Calichera, sociedad de inversiones de Ponce Lerou. En el directorio de SQM está el grupo Von Appen, que facilitó barcos a Pinochet para hacer desaparecer prisioneros políticos. Pampa Calichera fue el segundo mayor activo bursátil de Piñera después de su exaerolínea LAN.En 2010 el actual presidente de Chile se deshizo del 10.18% de la propiedad de la sociedad –a través de un remate en bolsa–, que representaba 11.54% del total de su patrimonio bursátil… y quien compró fue el propio Ponce Lerou, en 160.5 millones de dólares. Lo hizo a través de la sociedad de inversiones Oro Blanco.Así, el exyerno de Pinochet, elevó su participación y control en Pampa Calichera y SQM. Hoy la joya de Ponce Lerou es la mayor productora de carbonato de litio en el mundo.La concesión del litio no sólo vulneraba las propias bases de licitación, sino que también el carácter no concesible del litio, establecido en el inciso cuarto de la Ley N 18097 Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982):“No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de cualquier especie situados, en todo o en parte, en zonas que conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional.”

Según señaló el economista especialista en temas mineros, Julián Alcayaga, en su columna Ahora le toca al litio, publicada en el diario electrónico Fortín Mapocho, los militares intentaron proteger el litio de la explotación de compañías extranjeras “puesto que en esa época -principios de los ochenta- ya se conocía que este mineral adquiriría en el futuro una importancia estratégica para la seguridad nacional, en razón que el litio es un elemento fundamental en la fusión termonuclear”.Alcayaga aclara que este tipo de centrales atómicas aún no está en funcionamiento, “pero se estima que ello podría suceder en algunos años más, especialmente en la Unión Europea, donde destaca el Proyecto ITER en Francia”.Asimismo, da cuenta del resquicio histórico que permitió a Piñera firmar –el 19 de mayo de 2012– el Decreto Supremo 16 que abrió la concesión de extracción de litio a capitales privados nacionales e internacionales. El economista informa que esto se relaciona con la promulgación, en octubre de 1983, del Código de Minería, redactado bajo supervisión de José Piñera –hermano del presidente. Este texto legal en su artículo octavo reafirma que sólo el Estado o sus empresas pueden explotar directamente el litio. Sin embargo, enseguida establece que el Estado “podrá concesionar por medio de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.

El lunes 24 de septiembre el ahora defenestrado subsecretario de Minería, Pablo Wagner, dio a conocer en rueda de prensa realizada en el Ministerio de Minería, que la SQM se había adjudicado el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que le permitía acceder a la exploración y explotación de 530 mil toneladas métricas de carbonato de litio chileno.Wagner definió el proceso de licitación como “ejemplar, puesto que permitirá recaudar 19 mil 301 millones (40 millones de dólares) sólo por el pago del derecho de poder explorar y explotar, eso es ocho veces más que el precio mínimo establecido”, recalcó.Perdieron la licitación el conglomerado coreano-japonés PoscoConsortium -integrado por las empresas Posco, Mitsui, Daewoo International y Minera Li Energy Spa- y la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, propiedad del chileno grupo Errázuriz.Sin embargo, fundándose en las irregularidades detectadas, Li Energy Spa impugnó el proceso acusando el incumplimiento de las bases. Acogiendo este planteamiento el Comité Especial de Licitación (CEL), invalidaba, una semana después, la adjudicación a SQM. La decisión se tomó en una reunión sostenida el 1 de octubre en las oficinas del Ministerio de Minería, ubicado a un costado de La Moneda. Participaron en ésta: Wagner, que presidía el citado comité; la jefa de la División Jurídica del Ministerio, Jimena Bronfman; el vicepresidente ejecutivo del Comité Chileno del Cobre (Cochilco), Andrés Mac-Lean; la jefa de Asuntos Internacionales de Minería, Alicia Undurraga; y el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Julio Poblete.Tras un ríspido debate, el CEL decidió declarar desierta la licitación, arguyendo que SQM incumplió las bases de licitación, puesto que éstas impedían participar del proceso a empresas que mantuvieran juicios vigentes con el Estado, como se estipula en el anexo A8. SQM mantiene medio centenar de litigios relacionados básicamente con solicitudes de agua y pedimentos mineros negados.

Un día después de fracasar la licitación y en medio de un vendaval de críticas, Wagner presentó su renuncia. Wagner había liderado la fallida licitación, aunque por ley tal responsabilidad le correspondía al ministro de Minería, Hernán de Solminihac, quien se inhabilitó debido a que su hermano Patricio es subgerente general de SQM.Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, afirmó en su columna del 2 de octubre publicada en su página web, que “todo el proceso ha sido un tongo (una farsa): desde la inhabilidad del ministro de Solminihac, hasta los viajes del subsecretario Wagner por Estados Unidos, Australia y Asia buscando inversionistas, pasando por la compra de bases por parte de Codelco. Ni siquiera la dictadura, neoliberal a ultranza, tocó el litio”.Navarro disparó fuerte: “La decisión del Ejecutivo de utilizar la vía administrativa nada tenía que ver con un mejor o más eficiente proceso de concesión, sino solamente garantizar que al final del camino SQM fuera favorecida.” Wagner y el ministro de Economía Pablo Longueira, habían promovido la licitación del litio con el argumento de que ésta dinamizaría el mercado; y advirtieron que de no implementar medidas urgentes, Chile perdería su posición en el mercado internacional. Tras declararse desierta la licitación no acabaron los problemas del gobierno. De hecho, recién comenzaron. El 2 de octubre, la minera NX Uno presentó querella por perjurio contra SQM. La acción busca que se castigue a sus altos ejecutivos por haber dado una declaración falsa al Estado, al afirmar que no tenían litigios pendientes contra el fisco.El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella, y nombró como fiscal del caso a Víctor Vidal. Éste ordenó –el 26 de octubre– una serie de diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones con las que busca determinar “si se presentó una declaración jurada falsa ante la autoridad” por parte de los gerentes de SQM. Vidal solicitó también que Patricio de Solminihac declare en calidad de imputado, al igual que el gerente de finanzas y desarrollo de SQM, Ricardo Ramos. Ambos firmaron la citada declaración. Por su parte, la Minera NX Uno presentó una querella por perjurio en contra de los directivos de SQM.De acuerdo con la senadora y presidenta de la Comisión de Minería, Isabel Allende, la comentada licitación “fue hecha a espaldas a la sociedad”. La parlamentaria sostiene que la demanda mundial de litio presenta “una oportunidad histórica para implementar una política de Estado” en esta materia que no sólo debe incluir la extracción, “sino también promover el desarrollo de una industria ligada a la explotación de este mineral, transformando al país en un líder en tecnología y no sólo de materias primas”.Allende afirmó que “ni la propuesta del gobierno ni el marco regulador actual de la industria minera es adecuada o suficiente para enfrentar este desafío”.

Desde principios de año, tras conocerse públicamente el interés del gobierno de licitar el litio, un conjunto de organizaciones sociales y políticas venían movilizándose con el fin de impedir la enajenación del mencionado mineral.El 12 de junio, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), hizo un llamado para que el gobierno permitiera a la estatal cuprífera Codelco hacerse cargo de la explotación. “Convendría que baterías de litio se fabricaran en el país. Argentina ya ha comenzado a producirlas y Bolivia produce carbonato de litio, proyectando -en alianza con empresas internacionales- producir baterías”., argumentó la FTC. Para la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, la empresa “debe y puede liderar la explotación del litio, de forma que esos recursos queden en manos de todos los chilenos y no en manos de empresas privadas”.

Todo indica que el boom del litio se producirá durante el gobierno de la derecha chilena. “El nuevo Código Minero, diseñado por José Piñera –hermano del actual presidente– desde el ministerio del ramo, estableció, en 1983, que los nitratos y sales análogas, el yodo y los compuestos químicos derivados, ya no estaban reservados exclusivamente al Estado”, dice a Proceso el periodista Manuel Salazar. Según el renunciado Wagner –militante de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI)–, “la nacionalización del cobre fue un error histórico”. Así lo dijo en la cena anual de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Para Cristian Cuevas, dirigente de los trabajadores subcontratistas de Codelco y de la multisindical CUT, “la licitación del litio es un tongo vergonzoso. La sociedad civil exige la nacionalización del litio y del cobre. Piñera quiere prácticamente regalar el litio”. Según el Observatorio Ciudadano, el proceso de licitación infringió trámites ambientales que debieron realizarse con anticipación, tales como una evaluación ambiental y la consulta previa a los pueblos originarios que impone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero lo conocido, por gigantesco que es el fraude, es nada en relación con lo que ahora estallará: SQM se apropió en forma indebida de las concesiones del Estado transformándose en poseedora -o dueña- de grandes porciones de las reservas de litio. A través de numerosos contratos, SQM es la arrendataria de pertenencias mineras de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), denominadas OMA, en el Salar de Atacama. Contrato que tiene duración desde diciembre de 1993 hasta el año 2030. En virtud de contratos suscritos entre Corfo y Sociedad Minera Salar de Atacama -a la cual pertenece SQM-, vencidos los contratos, la Sociedad debe restituir a Corfo las pertenencias OMA arrendadas. Proceso tuvo acceso exclusivo al borrador de una carta que, al cierre de esta edición, está por ser enviada por los senadores de oposición Alejandro Navarro (MAS), José Antonio Gómez (PRSD) y Ximena Rincón (DC), a Hernán Cheyre, vicepresidente de Corfo, y que expone gravísimos antecedentes que demostrarían el robo por parte de SQM de pertenencias mineras que le habían sido entregadas en arrendamientos. “La Sociedad se obliga a proteger, y resguardar judicial y extrajudicialmente la ‘subsistencia, integridad y dominio exclusivo y excluyente de cada una’ de las 28 mil 054 pertenencias OMA arrendadas. No obstante ello, SQM sobremensuró en 1.150 hectáreas las pertenencias señaladas, el año 1999, quedando su superficie finalmente en 21.5 kms. De largo por entre 1000 a 500 metros, sobre el Salar de Atacama. Luego, constituyó tales terrenos como propiedad minera a su nombre, en abierta y flagrante violación de las cláusulas esenciales del contrato”, denuncian los senadores.Agregan: “Existen superposiciones de propiedades mineras sobre las pertenencias de Corfo, posteriores a éstas y que perjudican el patrimonio fiscal. Evidentemente, SQM realizó estas superposiciones en absoluto silencio, pues no le informó a la Corfo que se constituía en dueño de la sobremensura. Hoy, el dueño de 1150 hectáreas estratégicas del Salar de Atacama, que están en medio del lago, es SQM. En estos momentos, en virtud de su riqueza minera, el Salar completo se encuentra avaluado en alrededor de 8 mil millones de dólares. La sobremensura que SQM inscribió ilegalmente se encuentra mensurada entre 350 y 1000 millones de dólares, por lo que la pérdida fiscal es brutal. Asimismo, SQM gana 360 millones de dólares de utilidades al año, que es lo que recibiría el Estado de recuperar las pertenencias. La conducta señalada involucra el delito criminal del artículo 73 del Código de Minería”.

Los senadores exigen que se ejerzan todas las acciones legales que correspondan para dar término al contrato de arrendamiento; exigir la responsabilidad patrimonial por la flagrante infracción del deber esencial de resguardar jurídicamente la propiedad minera perteneciente al Fisco; y ejercer acciones legales para exigir la restitución de la propiedad minera usurpada, más las indemnizaciones que correspondan por el perjuicio fiscal provocado por la pérdida de tal propiedad y las utilidades ilegalmente obtenidas de las mismas.Corfo deberá responder. Hernán Cheyre estaría obligado a demandar a SQM con el objetivo de poner fin al contrato de arrendamiento dadas las evidentes ilegalidades. (El Centinela 17 de noviembre de 2012)

Es indiscutible que el trasfondo cierto de ofrecer todos los privilegios administrativos, legales y económicos a la SQM de parte de la plenitud del sistema oligárquico chileno (que revela que el poder en Chile sigue de manera hermética en pocas manos), implica convertir a la SQM y la CORFO en la punta de lanza estratégica del control del litio de Atacama para influir y trabajar desde ahí la posesión de las riquezas múltiples del Salar de Thunupa.

De cierto, lo que no se dice en esta larga cita, que, revela, además, que tras esto están también los intereses económicos norteamericanos más toda la hermética chilena centrada en el poder económico de Piñera, es que la SQM y la CORFO, en definitiva, responden en efecto a la estrategia continua desde el siglo XIX, del control del Estado chileno sobre las riquezas de la Provincia de Atacama, mediante la apariencia de explotación del desierto con ciertas empresas privadas, cuando tras esto se encuentra el objetivo geopolítico fundamental que es, mediante una acción amplia empresarial, poseer el Salar de Thunupa, siendo el yacimiento de litio más importante del mundo, y, tras la necesidad existencial de Chile, desde hace dos siglos, de destruir la presencia nacional de Bolivia, ocupando y aprovechando las riquezas del Altiplano Central en combinación con el quintacolumnismo civil y militar, político e intelectual boliviano.

La democracia pactada o el sistema democrático de la traición a la patria

El efecto de la presencia empresarial agresiva de la SQM y la CORFO, fue sobre todo, el inicio del control de la reserva de litio más importante del mundo. Para ello penetró, dada las posibilidades abiertas de la democracia pactada, la psiquis entreguista y en el sistema de partidos políticos tradicionales conformada sobre todo por el MIR, la ADN y el MNR.

“Un grupo de políticos, entre los que estaría el ex senador Gonzalo Valda, habría loteado la parte más rica del Salar de Uyuni utilizando para ello una información privilegiada que entregó la consultora italiana InternationeMinistero de GLI AssariEstri, a quien el gobierno nacional pagó la suma de 5.2 millones de dólares, según denunció el lunes el secretario general del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), René Navarro.

La entidad contratada por el gobierno nacional estableció la potencialidad del Salar de Uyuni señalando claramente que más del 30 por ciento de los recursos no metálicos están asentados en la zona del delta del Río Grande. Asimismo, se definió con trabajos vía satélite y en el mismo terreno que en el salar potosino existen 60 elementos que están clasificados en la tabla periódica y, por tanto, es un millonario reservorio de no metálicos que podían garantizar el desarrollo del país.

El informe estableció la verdadera potencialidad del salar pero un grupo de malos políticos proyectaron e hicieron que se aprobara una ley que redujo la zona de reserva y permitió que sus aliados, entre ellos el empresario David Moscoso, se apropiaran de la zona más rica del salar.

Según el dirigente cívico, el anteproyecto, que terminó como “Ley 1854”, fue diseñado por el ex dirigente mirista Gonzalo Valda y, como consta en los registros del Parlamento, fue el ex diputado Anghelo Porcel quien lo presentó a la cámara para su análisis. (Bolpress14 de abril de 2003)

¿Qué analistas políticos con grandilocuencia llamados politólogos, columnistas de prensa, supuestos cientistas sociales, teóricos de izquierda afanados en sólo ver las garras del imperio, junto a periodistas los ufanos, a la sazón acólitos prochilenos y proimperialistas, directos e indirectos, se afanaron en sustentar y avalar diariamente en la prensa, la radio y la tv, la democracia pactada a ultranza, entre 1982 a 2005? La lista es negra y larga.

En cualquier caso, con la defensa del litio es cuando comienza, en los hechos, desde los sectores ciudadanos y sociales, a resquebrajarse el sistema de la democracia pactada. Este resquebrajamiento se profundizaría con la Guerra del Agua (2000), la Guerra por la Coca (2001) y la Guerra del Gas (2003), pero es indudable que un despertamiento no ideológico sino de la conciencia ciudadana concreta de su lugar, comenzaba a advertir que las riquezas naturales de Bolivia ya no iban a ser entregadas fácilmente por la oligarquía local.

“Potosí cumplió el martes un exitoso paro de 24 horas para exigir la reversión de las concesiones que fueron otorgadas en el Salar de Uyuni gracias a una ley que, según los cívicos, fue elaborada a la medida de los empresarios que estaban interesados en ese reservorio natural.

La medida de protesta fue dispuesta por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que advirtió con nuevas medidas de presión si es que el gobierno no dispone dicha reversión.

Desde La Paz, el viceministro de minería, Osvaldo Ramírez, anunció medidas preventivas para proteger el salar pero no dijo nada acerca de revertir las concesiones. (Bolpress16 de abril de 2003)

Es más, para advertir el tamaño de la influencia del quintacolumnismo como sistema desarrollado en Bolivia por Chile, recuérdese el suceso que sufrió la Empresa belga, Tierra S.A, que se instaló en el Salar, con exactitud en Apacheta a 9 km de la frontera con Chile, para explotar y exportar boro. Por esto, tal su condena. Tenía 250 trabajadores bolivianos y 50 chilenos. Logró exportar 900 toneladas de boro a cinco continentes. Fue premiada por la Cámara de Comercio de Bolivia. Concedía becas a los hijos de los trabajadores para que estudien en el exterior con la condición de su retorno al país. Mantenían más de 200 km de carreteras abandonadas en el occidente de Bolivia. Tierra S.A. fue condenada por la justicia boliviana y la oligarquía chilena. Todo comenzó cuando un grupo de abogados bolivianos lograban comprar la deuda de la empresa Tierra de la Internacional Investmet Corporation (CII) con el objetivo de hacerse de los ricos yacimientos de ulexita (boro). ¿Pero quiénes financiaron a estos abogados solícitos que actuaban contra un proyecto empresarial y social reconocido nacional e internacionalmente?

Ante su imposibilidad de arrancar de las manos de Tierra los yacimientos legalmente adquiridos, se prepara un complot nefasto contra Tierra.

El 28 de agosto de 2000 la FELCN y la OS-7 chilena, invaden las instalaciones de Tierra para acusar y culpar a sus directivos de producción de droga con el ácido sulfúrico, la misma que es necesaria para la producción de boro. Tierra alegó la importación de dicho producto legalmente. Ante la afrenta, recibió el apoyo de la opinión pública del país, incluso de Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Los trabajadores de Tierra fueron atropellados contra sus derechos civiles y humanos, y se advirtió que el sistema jurídico de entonces estaba en favor de los intereses de la SQM de Chile, he aquí el contubernio.

El 18 de julio de 2003 en La Paz se decreta el fallo para la confiscación de las instalaciones de Tierra, y el remate de las concesiones de boro que explotaba, más 12 años de cárcel para Rolando Roelants, máximo directivo de Tierra y otros directivos de la empresa (María Botey, 28 de julio de 2003).

Una vez derrotado el neoliberalismo con la huida de Goni Sánchez de Lozada, en junio de 2003, de manera patriótica, el Presidente Carlos Mesa revierte las concesiones establecidas en el Salar de Uyuni. Pero le falta fuerza, decisión y poder a su gobierno para lograr que esto se efectivice.

Por tanto, el amplio espectro que significó el levantamiento popular de 2003 contra el contrato secreto del gas que impulsaba el liberalismo como sistema, para favorecer a Chile al diseñar en forma secreta la instalación en Arica de una planta de licuefacción del gas y su derivados, tocó también a las concesiones de litio que, de manera criminal, se asentaron en el Salar, tal como se evidencia según el proceso combinado entre los intereses del gobierno chileno mediante la SQM y CORFO y el sistema político de la democracia pactada y sus políticos, opinadores, analistas, intelectuales y periodistas, que, con claridad, desde 1985, pretendían endiosar la supuesta lucidez del máximo exponente del neoliberalismo: Goni, y de la irremplazable forma de la democracia por la vía del contubernio mezquino y selectivo.

No debe evitarse en comprender que el gobierno de Banzer y Tuto Quiroga junto al ministro Gonzalo Valda del MIR, cuando reducían el perímetro de la reserva fiscal del Salar de Thunupa a sólo su costra salina, dejaban un vasto territorio donde se encontraba la mayor riqueza del litio para la voracidad empresarial extranjera. De hecho, fracasada intencionalmente la adjudicacióna la LITHCO, ingresó la Quiborax, la SQM y por detrás la CORFO chilenas. Esto lo permitió la democracia pactada

Es demasiado evidente que el Gobierno de Evo Morales (2006-2014) revertirá estructuralmente de manera decidida el lento proceso de la estrategia geopolítica chilena de avanzar al Altiplano boliviano. Esto se concreta con la nueva Constitución del Estado Plurinacional de 2009. Pero, para insertar en la Constitución la declaratoria de estratégicas las reservas fiscales, hubo un trecho complejo por recorrer.

“En octubre de 2006, el Gobierno inició los trámites para que los yacimientos de ulexita y de otros minerales en el Salar de Uyuni, pasen a manos del Estado.

El ministro de Minería, Walter Villarroel, dijo que la empresa chilena Quiborax, pretende una demanda de arbitraje internacional contra el Estado boliviano por la revocatoria de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni, pretende utilizar todo su poder económico para continuar explotando ilícitamente esos yacimientos.

Villarroel informó que el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sergeomin) recibió, entonces, la respectiva información y que en la actualidad viene trabajando en el asunto para contrarrestar esa demanda considerada desde todo punto de vista ilegal.

El tema de litigio es tratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, despacho al que se entregó toda la documentación respecto a la presencia de Quiborax en el país.

En el Salar de Uyuni existen otras concesiones asentadas de manera inconstitucional, por lo que el Gobierno decidió conformar una comisión, la misma que analizará la situación jurídica de cada una de ellas tomando en cuenta que los beneficios deben necesariamente llegar al pueblo boliviano y no sólo a las empresas que explotan esa riqueza.

Quiborax es la contraparte chilena de la empresa boliviana Non MetallicMinerals que explota ulexita y otros recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. En octubre de 2006, el Gobierno inició los trámites para que los yacimientos de ulexita y de otros minerales en el Salar de Uyuni, pasen a manos del Estado. (Jnradet.com 21 de enero 2009)

“EL DIARIO ha informado hace poco que una empresa chilena que explota ulexita en el Salar de Uyuni, por intermedio de un boliviano pretende beneficiarse con concesiones en el Salar de Capina que se encuentra dentro de los 50 Km. de la frontera internacional, lo que viola la Constitución Política y el Código de Minería. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí ha denunciado que el representante legal de la empresa chilena Quiborax es boliviano que está haciendo gestiones para favorecer a la mencionada firma extranjera. Precisamente es el mismo que hace años consiguió las concesiones de boratos a través de la firma inglesa Non MetalicMinerals que busca nuevamente explotar elementos no metálicos en Bolivia. El yacimiento concedido a la empresa chilena está dentro del territorio nacional, por lo que no puede ser adjudicado a empresa extranjera alguna…Las concesiones mineras en la frontera boliviano-chilena y que son motivo de la denuncia potosina son de muchos años atrás, en los que el representante legal por medio de un apoderado logró tres concesiones mineras denominadas “Leonardo”, “David” y “Allan”, nombres de los principales ejecutivos de la empresa chilena Quiborax. En cuanto a cómo se logra ese registro, se dice que por procedimientos “legales” se hace caducar las concesiones por falta de explotación y ante el riesgo de ser revertidas al Estado, el representante legal mencionado a través de su apoderado solicitó las mismas con los nombres de “Leonardo”, “San Antonio I” y “San Antonio II”. Todos estos trámites se los realiza de forma irregular en la Superintendencia de Minas de Tupiza, a lo que se suman otras anormalidades que tienen que ser esclarecidas por la actual administración gubernamental. Además requiere un equipo de juristas entendidos en la materia porque Bolivia corre el riesgo de perder esas concesiones y favorecer a la firma chilena, con la complicidad de malos bolivianos. (Hidrocarburos.com, 1 de julio, 2008)

Ya en los años 1996-98 y con mayor fuerza en 2003-2005, se develan los intentos de empresas privadas, representando intereses chilenos (Non Meta-llicMinerals S.A, del Sr. Moscoso), deapropiarse ilegalmente de 11 concesiones mineras en las orillas del salar parala explotación de boro. Sin embargo,la lucha de las organizaciones sociales de la región logra ratificar el contratode arrendamiento con CIRESU parala empresa Sociedad Colectiva Minera Río Grande SC (SOCOMIRG). Asícomo un DS 27590, prohibiendo entreotros la exportación de minerales deboro sin valor agregado (Petropress 18. AcademiaEdu- CEDIB.)

Respuesta estructural al saqueo de Bolivia

Finalmente, el año 2009, tras el empuje descomunal del Leviatán, o, la Multitud, en las calles, con la aprobación en el Congreso Nacional de la Constitución del Estado Plurinacional, se rescatan las reservas fiscales estratégicas de Bolivia de manera estructural, al incorporar en los artículos 355 y 360 el carácter estratégico del litio para el Estado. Y se dispone una cláusula transitoria de un año, a transcurrir desde la elección de los órganos Ejecutivo y Legislativo, para la reversión plena de las concesiones mineras en el Salar.

¿Se percibe el tamaño moral y epocal de este hecho?

Y, ¿Ahora se entiende que significa que Jorge Tuto Quiroga plantee al país, en las elecciones de 2014, el convertir ilusoriamente a Bolivia en un lugar de privilegio, en la misma lógica del oligarca Piñera de Chile, para la producción masiva de baterías de litio, invitando a las transnacionales para que inviertan en el país, comprendiéndose que incluso la insaciable SQM y detrás de ella la CORFO del gobierno de Santiago, ingresen peligrosamente a la reserva de litio más grande del mundo?

Adviértase esto mismo en las propuestas de Samuel Doria Medina y Juan del Granado al plantear un Estado reducido a sus propias funciones policíacas de custodia del capital extranjero, y dejar que la iniciativa privada se haga cargo de la producción plena, incluyendo, por supuesto, la explotación de la reserva del litio, cuando, ay, Tuto y Samuel, el momento que operabanen el gobierno, trabajaron para que el litio quede en manos chilenas, y Juan del Granado, cómplice de Antonio Aranibar, aliado de Goni Sánchez de Lozada, avale con decisión verborreica la Capitalización que significó completar el ciclo de preparar al país estructuralmente para la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales y a Chile.

Epílogo

Una suerte de diversionismo intelectual olvida las lecciones sobre todo de Sergio Almaraz, que evitando la especulación teórica, respecto a la defensa de la posibilidad nacional de Bolivia, se ocupó con una paciencia y constancia martirizada de santo, en inventariar y denunciar el despojo de Bolivia durante el periodo del MNR en el poder. Son estremecedoras las páginas escritas sobre los campamentos mineros de Bolivia en Réquiem para una República. Esta moral acusa pero también evita, de hecho, la diversión y la pedantería intelectual, cuando en la praxis, entre el Imperio y la oligarquía de Chile, destruyeron la posibilidad nacional de Bolivia, desde el siglo XIX hasta fines del siglo XX

Por ello, la designación de lacayo a Víctor Paz Estenssoro, en cualquier tiempo, es insuficiente y mezquino: Víctor Paz expresa el símbolo cierto de la infamia y de la máscara liberal del saqueo a partir del siglo XX. Tras él, los liberales menores (militares y civiles), igualmente implacables, no hicieron otra cosa que repetir sus lecciones apátridas e insensibles, obnubilados todos por el maravilloso instrumento del poder. Y, cuando el nacionalismo revolucionario o el liberalismo nacionalista estaban derrotados, en muchos momentos de la historia del país, sus agentes agazapados e hipócritas penetraron en los resquicios del poder que perdieron, con la tarea de confundir, corromper y resucitar el espíritu de Víctor Paz, y alentar con una fría decisión el retorno señorial de la oligarquía, una y otra vez.

Es cierto que el pueblo olvida sus martirios. Pero también es evidente que sólo él junto a la Multitud, tiene entre sus manos la decisión del voto democrático, y, en la calle la posibilidad directa de evitar las repeticiones de la historia. Estúpido no advertir esto. Es inconsistente y perversamente conservador determinar que el pueblo es enfermo, raquítico o estúpido en estos tiempos y durante los procesos electorales. El pueblo boliviano ha estado siempre por encima de sus intelectuales y de la inteligencia encorsetada de los vaivenes metamorfoseados de cierta izquierda y de la plenitud de la oligarquía.

Al menos, entonces, hay una cosa cierta: en tanto las sociedades se institucionalizan hegemónicamente de una manera decidida y múltiple en base a un centro atractor, el contubernio antinacional, en cualquier sociedad y sistema, se reduce.

La ciudadanía múltiple contemporánea tiene en sí, el destino de sí misma, por fin.

Es escrito, eduar.noga@hotmail.com