El País, Tarija.- La Asamblea de Pueblos Guaraníes del ItikaGuasu (APG IG) enfrenta continuos conflictos por el control de recursos entre dos grupos. Uno dirigido por Hugo Arebayo y otro presidido por Never Barrientos.

El trasfondo tiene su origen en el Acuerdo de Amistad “secreto” rubricado a finales del 2010 entre la directiva de Never Barrientos, asesorada por la organización internacional Nizkor, y la petrolera española Repsol, que explota el segundo campo gasífero más grande de Bolivia: Margarita – Bloque Caipipendi.

Por este convenio Repsol entregó 14,8 millones de dólares a la APG IG constituyendo un “Fondo de Desarrollo de la APG IG” que, como su nombre indica, buscaba apoyar a los guaraníes en su desarrollo. Sin embargo, la dirigencia de ese entonces (Barrientos) dispuso depositar estos recursos en el Banco do Brasil, bajo la figura de un Fondo de Inversión que generó intereses con cuantía desconocida, pero que se estima entre dos y cinco millones de dólares desde 2011 a la fecha.

Desde el momento en que se supo de la firma de este acuerdo, varios fueron los intentos por conocer el contenido del documento, empero la negativa a hablar del mismo era rotunda por parte del en aquel entonces presidente de la APG IG, Never Barrientos. Recientemente El País eN logró acceder a una copia del acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2010, y que usted, apreciado lector, podrá leer in extenso en la página web www.elpaisonline.com.

¿Por qué Repsol entregó ese dinero a la APG IG? ¿Hay rendiciones de cuenta sobre el uso de esos dineros? ¿Cuáles fueron las condiciones para dicha entrega? ¿A quiénes beneficia? ¿El Estado boliviano tiene facultad fiscalizadora del uso de esos dineros? Esas y otras preguntas nunca fueron respondidas.

“Hemos conseguido que nuestro Convenio con Repsol Bolivia SA incluya el derecho internacional de derechos humanos, el derecho mercantil internacional y el derecho penal internacional; el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana están incorporados también como parte del articulado del Convenio”, dijo alborozado el ex presidente de la APG IG, Never Barrientos, el 23 de marzo de 2011, quien firmó el mismo.

Se refería al secreto Acuerdo de Amistad y Cooperación entre la Asamblea del Pueblo Guaraní de ItikaGuasu y Repsol YPF E&P Bolivia S.A., firmado el 29 de diciembre de 2010. En efecto, no sólo el contenido del acuerdo se mantuvo en estricta reserva, sino también, las negociaciones previas que permitieron su existencia.

Así, el punto 12.4 dice textualmente: “Las Partes podrán informar periódicamente a las Comunidades representadas por la APGIG y al público en general de los pagos realizados en virtud de este acuerdo, así como los aspectos y ejecución del presente Acuerdo, manteniendo la confidencialidad de las reuniones y negociaciones previas a este Acuerdo”.

El Acuerdo de Amistad fue suscrito por Never Barrientos, en su condición de presidente del directorio de la APG IG, y por Florentino ZeballosOrquera, vicepresidente del mismo directorio, y apoderados ante notario para dicho fin. Por parte de Repsol firmaron sus representantes legales Leticia Dipinto y Mauricio Mariaca.

En el mismo se deja clara constancia de que el Estado boliviano no cuenta ni participa para nada en este tipo de convenios que involucran a las transnacionales Repsol y BP, debido a que la APG IG, representada por su directorio, se arroga para sí “… la representación exclusiva de las Comunidades ante las empresas multinacionales, nacionales o locales, cualquiera sea su actividad, que actúen, pretenda actuar, o realicen o pretendan realizar, cualquier actividad legal en el Territorio Comunitario de Origen y/o Tierra Comunitaria de Origen ItikaGuasu (“TCO”)”.

Esta última cita se encuentra estipulada tal cual en el inciso E (página 2) del documento al que tuvo acceso El País eN en días pasados.

¿Para qué se firmó el Acuerdo?

El acuerdo se firmó básicamente, según reza el documento, para que la española Repsol y la inglesa British Gas (BP) desarrollen las operaciones petroleras en Margarita (Bloque Caipipendi), el segundo megacampo gasífero más grande de Bolivia y del que se exporta gas a Argentina, ubicado en la TCO ItikaGuasu en el departamento de Tarija.

Este permiso lo otorga la APG IG a cambio de un pago de 13,5 millones de dólares destinados a un Fondo de Inversión, más 2 millones de dólares como “aporte económico” abonado directamente en la “cuenta de gestión ordinaria de la APG IG” a la suscripción del acuerdo de 29 de diciembre de 2010.

Las obligaciones “a cambio” de dichos pagos están muy claras: “La APGIG se comprometerá a facilitar y promover la normal y plena implementación del Plan de Desarrollo de Área Caipipendi aprobado por YPFB para el cumplimiento del Contrato y todas las disposiciones legales vigentes…”.

Lo que hizo la APG IG desde entonces hasta hoy está plasmado en los reportes de prensa: facilitó el tendido del ducto de exportación de gas a Argentina (gasoducto Juana Azurduy de Padilla), en el que se trabajó en turnos de 24 horas diarias, en tanto que obstaculizó el tendido del ducto del Gasoducto Villa Montes Tarija (GVT), destinado a incrementar el consumo interno del energético.

Éste último, un objetivo del Estado que no le conviene a Repsol y a las transnacionales por la diferencia en el precio del gas de exportación (promedio de 10 dólares por millón de BTU) versus el de consumo interno (1,6 dólares el millón de BTU).

Servidumbres

El mismo acuerdo permite a la APG IG cobrar a Repsol un valor de 1.500 dólares por hectárea por concepto de “servidumbres” que se constituyan con posterioridad a la fecha del Acuerdo de Amistad. Para que esos pagos se hagan efectivos, suscribirán Contratos de Servidumbre de acuerdo a un modelo pactado entre las partes.

“Disposiciones aplicables”

El punto 4.3 del acuerdo establece que “Repsol garantiza por el presente y con respecto a las Operaciones Petroleras, que en todo momento respetará los usos y costumbres de las Comunidades y que cumple y cumplirá plenamente con todas y a cada una de las disposiciones nacionales vigentes e internacionales ratificadas en Bolivia que sean aplicables a la actividad de Repsol en cada momento”.

Las partes acordaron también que todas las disposiciones de normativas internacionales, tratados y convenios de este tipo sean incorporadas a este acuerdo como si fueran términos del mismo. Entre ellas se encuentran: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y finalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

¿Cuánto dinero administró la APG IG desde 2011?

Se estima, por datos publicados por la propia APG IG en 2011, que el Fondo de Inversión ItikaGuasu generó una media de 135 mil dólares al mes, lo que suma, desde marzo de 2011, mes en el cual entró en vigencia dicho fondo, un total de 5,5 millones de dólares en los 41 meses de vigencia hasta septiembre de 2014.

Sin embargo, Never Barrientos, ex directivo de la APG IG, dijo a El País eN el 15 de septiembre, que los ingresos anuales representan sólo el 3,5% anual de 14,8 millones de dólares, que es el monto final con el que se constituyó el Fondo de Inversión, lo que resultaría en unos 43 mil dólares mensuales.

De esta manera y ante dicha versión, la cifra exacta no se conoce aún, dado que ninguna autoridad de la APG IG, tanto de la anterior directiva presidida por Barrientos, como de la actual, dirigida por Hugo Arebayo, han informado nada al respecto. Arebayo aún no ha registrado sus firmas en las cuentas bancarias, por lo que, según declaraciones anteriores, desconoce los montos ingresados y su destino.

Esta última acción, según informó, se encuentra en pleno trámite y acudió incluso a la petrolera estatal y a las autoridades de Gobierno para poder lograr consolidar su firma en las entidades financieras con las que trabaja la APG IG como la única y legal representante de la Asamblea guaraní.

Según el texto del Acuerdo de Amistad, los ingresos generados por los 14,8 millones de dólares, debían ser utilizados en la “promoción económica, social, cultural y educativa de las Comunidades, así como para la mejora de su calidad de vida en general, de acuerdo a lo determinado por la Asamblea de la APG IG y que será plasmado en el Acta de Reunión que constará como Anexo E al presente Acuerdo”.

Pero el mismo acuerdo abre la ventana a otros gastos, dado que enseguida dice que “La APG IG declara que su intención es usar el aporte de Repsol, como capital de base, el cual servirá como garantía para canalizar otras fuentes de financiamiento.Además declara que su intención es que los intereses que genere el aporte de Repsol, serán destinados a soportar la carga administrativa de la APGIG”, según dice el numeral 11 del Acuerdo.

Barrientos dijo que actualmente destinan anualmente $us 200 mil para salud, $us 120 mil para educación y aproximadamente $us 250 mil para producción agrícola.

Lo cierto es que la última asamblea que cambió la directiva de la APGIG, desplazando a Barrientos por Hugo Arebayo como nueva autoridad, exigió cuentas al primero y dijo que desconoce en qué se gastó el dinero percibido.

¿Es constitucional el pacto Repsol – APG IG?

Analistas consultados sobre si es constitucional el acuerdo suscrito por la APG IG con Repsol, por el cual perciben mensualmente recursos que no están sujetos a fiscalización por parte del Estado y sus mecanismos o instancias de control fiscal, dijeron a este medio de comunicación que tal cosa no puede ocurrir, dado que se configuraría la conformación de hecho de una organización estatal paralela a la regulada por la Constitución Política del Estado boliviano.

“El Estado boliviano es unitario. El capítulo cuarto de la Constitución reconoce derechos a los pueblos originarios como los guaraníes y los consolida como parte del Estado, tanto a sus instituciones como a sus propias costumbres, las que pueden ser ejercidas respetando el marco constitucional y el carácter unitario del Estado”, dijo uno de los abogados constitucionalistas consultados.

“En el caso del acuerdo guaraní con Repsol, resulta inexplicable que se haya constituido un fondo millonario al margen del control del Estado y sin autorización de éste. ¿Cómo y quién fiscaliza el adecuado uso de esos recursos? ¿Cómo el Estado se asegura que esos dineros o esos acuerdos no ponen en riesgo la soberanía e integridad de Bolivia? Es un grave precedente tanto la existencia del acuerdo como la inacción del Estado. De este asunto se viene hablando desde el año 2011 y nadie hace nada”, añadió.

El numeral 12 del Acuerdo de Amistad dice que los pagos a favor de la directiva de la APG IG se realizarán en dólares estadounidenses y a cuentas “que se especificará oportunamente”, libres de deducciones o retenciones y la información sobre los mismos al “público en general” sólo es voluntaria, no obligatoria, según detalla en numeral 12.4.