A medida que se hace cada vez más remota y prácticamente irreversible la posibilidad de que el proceso de cambio y transformación abandone el rumbo desarrollista, extractivista y sometido a los intereses capitalistas antinacionales que ha tomado; se hace cada vez más patente la voluntad y decisión gubernamental de proceder en reversa y a contramarcha de lo jurado frente a la Constitución y el pueblo.

Se advierte que de manera sigilosa y sutil, pero sistemática, se va permeando el sentido común popular y sustituyendo aquel eje discursivo que originó las revueltas sociales de inicios del siglo y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, para que se imponga una nueva agenda nacional que traiciona y abandona aquel mandato. Es como si se hubiese producido una especie de mutación genética propiciado por ese virus tan contagioso que suele hacer presa de algunos gobernantes, y que ha hecho prevalecer el mezquino interés por reproducir el gobierno a como dé lugar, por encima de la necesidad y el compromiso expreso de transformar la economía, el Estado y la sociedad.

Prácticamente durante todo el segundo periodo gubernamental iniciado el 2010, aquel mandato constitucional fue totalmente abandonado, para darse a la tarea de realizar cuanto emprendimiento económico, obra y construcción se pudiese. Mucho mejor si cuenta con el requisito elefanteásico que impacta socialmente y asegure réditos político electorales, así como los económicos que inclusive han catapultado el surgimiento de una nueva élite pudiente, con el añadido de reforzar las relaciones prebendales, paternalistas y patriarcales que se han reproducido.

En fin de cuentas, ha primado el impulso desarrollista que ha exacerbado la lógica capitalista de un extractivismo salvaje que no tiene reparos para ir en contra de los derechos de la Madre Tierra, de los pueblos indígenas y aún de aquel paradigma alternativo del Vivir Bien que se perfilaba en los inicios del proceso. Todo ello, para favorecer la atracción (y consecuente dependencia y sometimiento) a las inversiones financieras transnacionales, el consumismo, la competencia y la búsqueda de una extraordinaria acumulación material de riqueza.

Sintomáticamente, este impulso extractivista y desarrollista predominante, ha logrado detener(se) en la recuperación de los hidrocarburos y las nacionalizaciones, que ya se ha anunciado que concluyeron en el país. A cambio, dichas medidas iniciales son sustituidas subrepticia y sutilmente, por una política antinacional que (anulando toda competencia del Estado y embargando la soberanía nacional sobre sus recursos naturales), propicia y alienta prioritariamente la iniciativa privada y la explotación salvaje de los recursos mineros del país, que ha sido entregada a la iniciativa de las empresas transnacionales y el cooperativismo antinacional. Al mismo tiempo, tampoco se ha preocupado por resolver la extranjerización de las tierras productivas del Oriente, que en grandes extensiones latifundiarias se encuentran en propiedad y explotación de extranjeros.

Como colofón y observando lo que sucede en algunas organizaciones sociales, sucede que mientras la dirigencia nacional de campesinos y colonizadores adoptan y emulan prácticas y roles despóticos sobre las comunidades y las bases que conforman sus confederaciones (con toda la connotación colonial y autoritaria que ello significa), para instruir que el voto no sea cruzado (bajo amenaza de ejercer justicia comunitaria y/o afectar los proyectos de desarrollo que tuviesen); los principales candidatos del oficialismo, se han dado a la tarea de establecer acuerdos electorales con las antiguas élites reaccionarias dominantes, que sistemáticamente se opusieron y rechazaron el proceso de transformación. Mientras unos empeñan toda su fe y compromiso electoral, los otros negocian y embargan compromisos con sus enemigos.

Lo singular y llamativo de esta situación, es que no solo se trata de una circunstancial alianza electoral con entidades y dirigencias opositoras y tradicionalmente reaccionarias, sino que se ha decidido otorgarles el liderazgo político nacional. En buenas cuentas, ello supone sustituir y suplantar al bloque social hegemónico de las organizaciones sociales que decidieron respaldar y sustentar aquel proceso de cambio y transformación democrático cultural. Al efecto, basta ver las candidaturas principales del oficialismo a la Asamblea Legislativa. Vaya forma de encarar el cambio y practicar ética política…

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba,arturovillanueva21@gmail.com