Buenos Aires, (PL).- El mundo está reclamando la cobertura de un vacío jurídico legal que proteja las reestructuraciones de deuda, manifestó hoy el jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitanich, quien llamó al establecimiento de esa ley internacional.

El jefe de ministros hizo el llamado al abordar en rueda de prensa en la Casa Rosada el conflicto creado por las maniobras especulativas de los fondos buitre que han actuado bajo el amparo del Poder Judicial de Estados Unidos.

“Tienen un nivel de usura inaceptable que viola las buenas prácticas inclusive del sistema capitalista”, señaló y reclamó el diseño de una legislación internacional sobre reestructuraciones de deuda en la cual “los objetivos estén claros para los acreedores y sea un desincentivo para los grupos buitre”.

En ese sentido, refirió como ejemplo la ley de quiebras, en la que existe una instancia sobre la mayoría y de cumplimiento obligatorio de la minoría, y “acá no existe esto”, dijo en alusión a la reestructuración de deudas.

Capitanich, quien también se refirió a las acciones que lleva a cabo Argentina ante los foros internacionales, enfatizó que el mundo no puede estar en un anarcocapitalismo. No puede estar bajo una espada de Damocles, bajo la acción de grupos oligárquicos.

El Gobierno puso en marcha una ofensiva jurídica internacional contra los fondos buitre. La Comisión Nacional de Valores hizo la presentación ante su par norteamericano por un posible fraude con los seguros de default. También preparan acciones contra el Banco de Nueva York y recurrirán al Tribunal de La Haya

El jefe de Gabinete volvió a fustigar al juez Thomas Griesa y al mediador que nombró para intervenir en las negociaciones, el abogado Daniel Pollack sobre quien dijo tuvo “mala comprensión, incapacidad manifiesta, y marcada incompetencia para resolver un problema”.

Sobre Pollack en particular dijo que “no ha sido imparcial sino manifiestamente parcial. Ha sido vocero de los buitres”.

Capitanich reiteró la voluntad del Gobierno de encontrar una solución viable para el 100 por ciento de los bonistas, no obstante señaló que “la decisión de Griesa es ratificar la misma posición. No entiende las dificultades de este proceso”.

Es tan simple la solución de esta cuestión que llama la atención por qué no se implementa, cuestionó.