Cerca de 47 mil menores de edad de Guatemala, Honduras y El Salvador siguen retenidos en centros de detención en Estados Unidos en espera de ser entregados a sus padres en ese país o ser deportados. El titular del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Honduras Héctor Espinal confirmó que los detenidos en la frontera sur occidental de Estados Unidos en los últimos ocho meses son casi más del doble de los interceptados entre octubre de 2012 e igual mes de 2013.

Cerca de 39 mil niños y adolescentes sin compañía fueron detenidos durante el año fiscal 2013 (finalizado el 30 de septiembre), mientras trataban de cruzar en forma ilegal a territorio estadounidense desde México. En el año fiscal 2011 la cifra fue de entre de seis mil a ocho mil y en 2012 fue de 13.625. Datos de organizaciones humanitarias arrojan que el número de menores que emigran sin la compañía de un adulto podría ascender a 60 mil en el año fiscal 2014 (que termina el 30 de septiembre) y alcanzaría niveles históricos. El Comité de Trabajo, Salud y Servicios Humanos del Senado aprobó un proyecto de ley que dispone 1.940 millones de dólares para atender estos casos.

Múltiples son las alusiones en los medios de prensa y a través de la Internet a la avalancha de infantes y adolescentes centroamericanos que en los últimos meses fueron interceptados al llegar a Estados Unidos. Paralelo a ello informes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos dan cuenta de 47.017 menores de edad -sobre todo de El Salvador, Honduras y Guatemala- detenidos en la frontera sur en los últimos ocho meses, 92% más que en igual etapa del año fiscal 2013.

La gravedad del tema es tal que el Gobierno de Barack Obama ordenó trasladar a muchas de esas niñas y niños a tres bases militares y a un centro de detención federal para evitar el hacinamiento en filiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según televisoras multinacionales. También determinó crear varias agencias gubernamentales para hacer frente a lo que tachó de urgente crisis humanitaria, por cuanto puso al límite de su capacidad al sistema migratorio de ese país.

Del total de los recluidos en un centenar de albergues improvisados en los estados de Texas, Arizona y Los Ángeles, casi todos en bases militares, alrededor de 13 mil son hondureños, según el diario La Tribuna. Buena parte de ellos están en un lugar conocido como La Bodega, en la sede de la jefatura de migración de la localidad sureña de Nogales, Arizona.

Con base en un reportaje del periódico local Nogales Internacional, La Tribuna describe a La Bodega como un recinto dividido en espacios de poco más de tres metros, donde los apresados son atendidos acorde con sus edades. Los niños internados allí se ven bien físicamente, pero sin ganas de sonreír y tampoco se les permite hacer ruido. Los más grandes cuidan a los más pequeños con edades que van desde los 12 hasta los 17 años, detallan las fuentes.

La mayoría de esos menores de edad llegó allí procedente de McAllen, ciudad ubicada en el condado de Hidalgo, en el estado de Texas, la cual reporta el mayor número de detenciones de infantes ilegales solos desde octubre de 2013. Al menos 255 menores indocumentados que trataron de entrar a Estados Unidos se encuentran detenidos en la base del Ejército de Fort Sill, estado de Oklahoma, confirmó Kenneth J. Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

El sitio digital Breitbart difundió fotos de celdas repletas de infantes y adolescentes centroamericanos en las instalaciones de la CBP de Río Grande, Texas, tirados en el suelo, sin camas y sin las condiciones mínimas de espacio e higiene para convivir. “Es un drama. Están en una bodega, duermen en contenedores de plástico, con una manta térmica como de papel de aluminio”, describió el cónsul honorario de Honduras en el estado de Arizona Tony Banegas, tras visitar un espacio creado al efecto en la sureña localidad de Nogales.

El diplomático dialogó con cada uno de los 236 menores hondureños ubicados en ese centro rodeado de alambre de púas, después de pasar de 10 a 11 días en Texas, pese a que la gestión ante el Departamento de Salud para avalar el ingreso al país en esos casos nunca debe superar 72 horas.

En medio de la controversia en torno a esos acontecimientos, el periódico Houston Chronicle develó informes oficiales de presuntos abusos sexuales ocurridos de marzo de 2011 a marzo del 2013 contra infantes migrantes en centros de detención en Texas, Florida, Nueva York e Illinois. La publicación dejó entrever que eso pudiera continuar, porque la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) -responsable por el Estado de cuidar esos menores interceptados-, carece de un sistema que permita seguir tales casos, desde la denuncia hasta el desenlace.

Reportajes de la cadena Foxnews destacaron que hasta la gobernadora de Arizona Jan Brewer aseguró estar desconcertada y molesta por la política peligrosa e inhumana de la administración Obama que alienta el éxodo masivo a Estados Unidos. Desde Centroamérica otras voces condenaron esa práctica, que incentivó el flujo migratorio y amenaza a miles de infantes y adolescentes de estas naciones, capaces de jugarse la vida con tal de huir de la pobreza, la violencia y otros males que los azotan.

LA DEFERRED ACTION FOR CHILDHOOD ARRIVALS

Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la diáspora desde esta región hacia Estados Unidos en los últimos meses y el aumento de la cantidad de menores de edad en esas filas responde en gran medida a la reactivación de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

El 15 de junio de 2012 Obama firmó un memorando llamando “a la acción diferida para ciertos jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y han cursado estudios o el servicio militar” en ese país. La acción diferida, válida durante dos años, surgió al calor de los denominados dreamers -inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños- y facilitó la estadía de cientos de mujeres de origen latino y sus hijos en ese territorio, señaló Ofraneh.

El jueves 5 de junio de 2014 se abrió un nuevo período de reinscripción en ese programa y, a la par, el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Jhonson afirmó que continuarán aceptando solicitudes para acceder al mismo, incluso de quienes no optaron de manera previa por ingresar a este.

A juicio de esa organización civil la DACA es una trampa, porque crea un espejismo fatal, y es parte del maquillaje de una estrategia de la administración de Obama que pudiera tener como fin captar más jóvenes vulnerables como carne de cañón para otras guerras que decida impulsar. Esa política migratoria, que califican de errática o maquiavélica, cuenta en su favor con el desespero de muchos por el colapso de los sistemas de justicia y el incremento del militarismo en Centroamérica, así como con los efectos de las catástrofes asociadas al cambio climático.

La roya del café, la erosión costera y otros fenómenos sugieren un futuro poco halagüeño para las economías de esta región y alientan el éxodo en sociedades laceradas por la sistemática criminalidad, aseguran activistas sociales.

Más que resolver problemas a los centroamericanos, la DACA se los refuerza, al despojar a esas naciones de sus infantes, jóvenes, mujeres, y hombres, concuerdan. Esto es alarmante de manera particular en el caso del pueblo Garífuna hondureño, que perdió bajo su influjo a miles de féminas y niños en edad escolar, lo cual puede redundar en su supervivencia como cultura.

En un comunicado, divulgado el 9 de junio de 2014, Ofraneh vaticinó que la DACA, pese a las supuestas buenas intenciones que animaron su adopción, generará un enorme costo cultural para las comunidades de esa nación afrodescendiente. La organización manifestó su preocupación por el ascenso desmesurado de la migración de madres jóvenes garífunas, acompañadas de sus hijos, y hasta de algunos menores solos, a Estados Unidos.

Advirtió, además, de la disminución de la población escolar de ese pueblo debido a tal flujo, que llegó a extremos con la preparación en varias comunidades de supuestas excursiones de autobuses llenos de infantes y mujeres interesados en llegar al país norteño. Precisó que este incremento del número de menores de edad en las listas de migrantes ocurre a despecho de los peligros que acechan en el camino hacia el Norte del continente, controlado hace tiempo por el crimen organizado.

A pesar de extorsiones, violaciones y asesinatos cometidos por las maras, el cartel de la droga Los Zetas y hasta las autoridades mexicanas, los niños se arriesgan porque confían en que la ley los protegerá de ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), refiere el texto.

En virtud de la Ley de Migración vigente en ese país los infantes y adolescentes apresados, finalmente son entregados a sus familiares en las distintas ciudades estadounidenses, señala. El ICE proyecta para este año la posible afluencia de más de 90 mil menores de edad no acompañados, en su gran mayoría de Honduras, país considerado el más violento de la región y con índices de pobreza que rebasan el 60 por ciento de la población, según organismos internacionales.

Mientras, Estados Unidos insiste en que la avalancha de menores de edad arribando a su jurisdicción sólo responde a la violencia y pobreza en Centroamérica, aunque con ello confirma el fracaso de las políticas neoliberales que alentó allí, subraya Ofraned.

Las autoridades estadounidenses admiten también con eso lo infructuoso del incremento de la militarización e intervención directa de sus fuerzas en el área, so pretexto de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, opina.

* Periodista de la Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina, con reportes de las corresponsalías de Tegucigalpa y Washington.