Durante su 40 Sesión celebrada del 29 de mayo al 1 de junio en Montreal, Canadá, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó a las empresas transnacionales canadienses Barrick Gold, Goldcorp, Tahoe Resources, Blackfire Exploration, Excellon Resources y a sus subsidiarias en América Latina por violar derechos humanos. El tribunal internacional dictaminó que Canadá y los países que acogen a los consorcios también son responsables por no prevenir, tolerar o encubrir violaciones a los derechos humanos.

Canadá es líder mundial de la industria minera y tiene una fuerte presencia en Latinoamérica. Según diversas fuentes, más del 80% de las compañías inversoras en el sector de la minería metálica en el continente proviene de Canadá.

El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, profesor de la Universidad McGill de Montreal, asegura que “las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica. Existen más de 1.500 empresas mineras canadienses que operan en todo el continente, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región”.

Studnicki-Gizbert estima que existen más de 1.200 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica. Decenas de poblados en el continente, donde estuvo asentado alguno de esos proyectos, permanecen en la pobreza extrema y con potenciales riesgos para la salud de sus habitantes por los altos niveles de contaminación, debido al mal manejo de químicos utilizados en esta actividad.

La red internacional de organizaciones que representan a comunidades afectadas, trabajadores, estudiantes, ONGs, grupos de solidaridad y organizaciones ambientalistas estiman que el 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange – TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3.200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total.

Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionando problemas crónicos a la salud de las personas.

Las transnacionales canadienses han violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de conflictos internos, y han contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios.

El 1 de agosto de 2012 fue el Día de Acción Continental contra las prácticas de explotación de la industria extractiva canadiense, incluyendo petróleo, gas, minería de metales preciosos y recursos energéticos. Cerca de 70 organizaciones que representan comunidades afectadas, ONGs y organizaciones ambientalistas realizaron acciones coordinadas en 35 ciudades a lo largo del continente con el objetivo de crear conciencia pública sobre los impactos negativos de la industria extractiva canadiense, en comunidades indígenas y campesinas, tanto en Canadá como a nivel global.

Según Raúl Burbano, de Common Frontiers y uno de los organizadores del Día Continental de Acción, “estamos enfrentando políticas de interés meramente corporativo. El futuro que muchas comunidades ven, es el de un incremento en desplazamiento, re-militarización, destrucción de las formas comunitarias de vida y subsistencia, violaciones de derechos humanos, falta de la consulta comunitaria, impactos a la salud a largo plazo y pérdida irreversible de la biodiversidad”.

Organizaciones canadienses emitieron un comunicado donde expresan su solidaridad con las comunidades en resistencia a la minería: “Exijamos que el gobierno canadiense respete y promueva los derechos humanos individuales y colectivos, que incluyen los derechos de consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho internacional, además del derecho de acceso a las fuentes de agua y a vivir en un ambiente sano y seguro; que regule las actividades de las empresas de la industria minera en el extranjero; que respete y defienda la eliminación de la cooperación internacional otorgada para el fomento de la asociación de organizaciones civiles con la industria minera; que se deje de dar apoyo político y económico a aquellas empresas objeto de graves denuncias de abusos a los derechos humanos y daños al medio ambiente; que se garantice el acceso de las personas que no sean ciudadanas a las cortes canadienses para dirimir daños sufridos como resultado de las actividades de empresas canadienses en el extranjero; y que se deje de negociar tratados de libre comercio y de inversiones bilaterales que entronen los derechos corporativos por sobre los derechos de la gente, los trabajadores y el medio ambiente”.

Los movimientos sociales del continente exigieron al gobierno canadiense que retire fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y que la petición de fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal.

Además, solicitaron al gobierno canadiense que facilite una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses (proyecto de ley C-300 y C-323).

La sociedad civil del continente instó al gobierno canadiense a no permitir que instituciones públicas se utilicen para avanzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos (como el Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI – Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) como la iniciativa Devonshire.

Los movimientos sociales de la región recomendaron eliminar los tratados de libre comercio y bilaterales de inversión que protegen el derecho de las corporaciones por encima de la vida.

El TPP condena a las mineras canadienses

El 2 de junio de 2014, tras la conclusión del Tribunal Permanente de los pueblos sobre la industria minera canadiense en América latina, el jurado compuesto por expertos internacionales hizo público su veredicto preliminar que atribuye a las empresas mineras canadienses y al Estado canadiense la falta a sus obligaciones con respecto al derecho internacional en razón de acciones u omisiones de su parte.

En su veredicto preliminar sobre casos relativos a las empresas canadienses Barrick Gold, Goldcorp, Tahoe Resources, Blackfire Exploration, Excellon Resources y a sus filiares en América latina, el Tribunal Permanente de los pueblos constata la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos, al igual que la responsabilidad de Estado de Canadá y de países donde se produce la explotación de recursos naturales por no haber impedido, por haber facilitado, tolerado u ocultado estas violaciones asi como por impedir en la práctica el acceso de las víctimas a un recurso que les proteja contra tales violaciones.

El TPP condenó las tensiones, desconfianza, divisiones y conflictos, creados por la extracción minera a gran escala, casi siempre el origen de graves confrontaciones socioambientales y de amenazas a los derechos humanos, debido a que por lo general se ejecutan contrapuestos al ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos y del derecho de las colectividades que los componen de definir sus modos de vida y futuro.

El TPP amonestó también a los Estados de los países de destino de las inversiones por la concesión de licencias de operación y explotación sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y poblaciones indígenas, y sin considerar los impactos que recaerán sobre ellas por esas actividades.

Según el tribunal ético internacional, estos Estados incurren en responsabilidad por omisión cuando, como en el caso del Estado canadiense, se abstienen de tomar medidas o de exigir que las empresas mineras de ese país las adopten a fin de prevenir los riesgos y remediar las violaciones en que incurran.

“Desde hace más de 35 años, el Tribunal Permanente de los pueblos ha juzgado casos de violaciones masivas de derechos que el derecho no reconoce, en razón del desiquilibrio de poder. En el caso de la industria minera canadiense, las causas y los actores de estos crímenes son económicos y excluídos de la competencia del derecho internacional vinculante. La primacía del comercio sobre los derechos humanos genera impunidad”, señala Gianni Tognoni, médico y doctor en filosofía y secretario general del Tribunal permanente de los pueblos desde su fundación en 1979.

Los archivos vídeos de las audiecias se pueden consultar enhttp://www.cutvmontreal.com/ El veredicto preliminar está disponible en línea enwww.tppcanada.org