(Plataforma Energética).- El Estado evalúa al menos 6 alternativas de mayores subsidios y ventajas a las petroleras para confirmarles una “rentabilidad adecuada”. Evo Morales “tiene que ver” con que las decisiones y las cohesiones sociales se mantengan estables.

Conceder mayores incentivos a las petroleras es una de las seis alternativas que el gobierno evalúa para incrementar las reservas de hidrocarburos, a fin de atraer nuevas inversiones, anunció recientemente el ministro de Energía, Juan José Sosa, mientras el vicepresidente Álvaro García expuso un contexto donde el llamado “factor Evo” Morales ingresa como un elemento para la estabilidad democrática y social, asegurándola y garantizándola.

“No existe otro liderazgo en Bolivia que nos garantice cohesión social gobernabilidad en un país, mi país, tan conflictivo a lo largo de su historia. Y este tema personal y político adquiere una dimensión económica”.

“Por eso le llamo Factor Evo como un factor económico: así como la seguridad jurídica, la inversión, la transformación tecnológica, hay un factor económico que tiene que ver con la posibilidad de que las decisiones y las cohesiones sociales se mantengan estables a lo largo del tiempo”, dijo García.

“Hoy tenemos no sólo el ciclo económico más largo y de mayor crecimiento, sino el ciclo de estabilidad política mas largo de nuestra historia. Estabilidad democrática y estabilidad social se traducen en un incentivo y en una estabilidad económica −concluyó−. No hay, hoy por hoy, otro factor social que pueda garantizar estabilidad y cohesión en nuestro país, por eso desempeña un papel de factor económico”.

Las posiciones fueron planteadas en el Congreso YPFB Gas y Petróleo, que la petrolera estatal efectuó hace dos semanas y donde el presidente Morales aseguró respeto a la inversión y garantías para las utilidades.

“La inversión privada, sea empresa nacional o internacional será siempre respetada, por Constitución, pero con responsabilidad empresarial, capacidad profesional y conciencia social; empresarios que quieren invertir, por supuesto que tienen derecho a las utilidades, están garantizadas”, dijo el mandatario en la apertura del evento, realizado en la ciudad de Santa Cruz el 15 y 16 de mayo pasado.

“Están llegando a un país que respeta las reglas de juego, las normas para la inversión extranjera y que requiere su apoyo para garantizar este crecimiento”, insistió también el vicepresidente al clausurar el Congreso. “En su conjunto, están dadas todas las condiciones”, agregó García.

INCENTIVOS-SUBSIDIOS-VENTAJAS

Bajo el principio de “garantizar la rentabilidad adecuada para la actividad de alto riesgo”, el gobierno anunció que está creando instrumentos a fin de incentivar aún más las inversiones, sobre todo en las áreas de exploración de hidrocarburos.

Entre nuevas ventajas a las operadoras el ministro Sosa mencionó, sin entrar en detalle, que se evalúa diversas alternativas como otorgar mayores incentivos en zonas No Tradicionales, diferir el Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH) por un periodo determinado y escalonar este IDH en función de las características económicas y técnicas del campo productor de hidrocarburos en consideración.

Además, la otorgación de Notas de Crédito Fiscal (Nocres) por producción de petróleo y condensado, la asignación prioritaria de mercados externos y la determinación de Retribución del Titular garantizando Tasa Interna de -Retorno razonable a lo largo del proyecto.

La exposición del ministro Sosa en el evento “La política hidrocarburífera y los retos de la Agenda Patriótica 2025”, mostró también, a fin de aumentar reservas, la previsión de otras cinco acciones:

Mecanismos de estímulo al pronto descubrimiento comercial, canalización de recursos financieros para la exploración con la creación de un Fondo de Exploración, fortalecimiento de YPFB en la exploración a través de la reinversión de utilidades en exploración, optimización de la gestión social y ambiental y mantenimiento de una relación Reservas/Producción razonable en función a la demanda proyectada.

Los objetivos del sector, esbozados por Sosa, se resumen en incrementar las reservas de gas natural y líquidos, garantizar seguridad y soberanía hidrocarburífera, ampliar y diversificar exportaciones no sólo de gas, transformar eficientemente la matriz energética, industrializar los hidrocarburos (para lo que se están dando los primeros pasos, recordó) y respeto a la Madre Tierra.

“Estamos avanzando en proceso de exploración y vamos a garantizar los incentivos para exploración tanto de gas como de petróleo”, afirmó por su parte el Vicepresidente pero estableció también que aún se requieren ajustes. “Hemos trabajado con distintos sectores empresariales. Y ese tema va a ir”, aseveró

Señaló que para definir características de la inversión estatal privada, local y extranjera, igualmente hay una larga trayectoria de ocho años, y que se han “definido las reglas claras de la nacionalización, del Government Take y de la seguridad jurídica”.

EL FACTOR EVO

Tras el anuncio de que la Ley de Hidrocarburos no será aprobada este año y será diferida “tal vez” hasta el 2015, el vicepresidente García sostuvo que sin embargo se tiene ya un “escenario básico” con las leyes de Inversiones, Empresas Públicas y Consulta previa (en curso de aprobación), que otorgarían reglas claras a futuro y una “sólida base normativa de seguridad y de atracción a las distintas inversiones”, garantizándolas.

García dedicó buena parte de su discurso ante los ejecutivos de las transnacionales y las operadoras locales, a explicar un “último elemento de carácter económico”: el Factor Evo.

“Después de haber estudiado con mucha imparcialidad los procesos económicos de mi país, uno logra entender que en momento determinado hay cierto tipo de actos políticos y de liderazgo que contribuyen a consolidar una ingeniería productiva de largo plazo”.

“Y en este caso −agregó el Vicepresidente− es un factor social político ideológico pero es también un factor económico. ¿En qué medida lo uso? en el sentido de articulación social: la posibilidad de llevar adelante emprendimientos de largo plazo, de garantizar estabilidad social y jurídica, depende también no únicamente de lo que hacen los parlamentos, los ministerios; sino fundamentalmente de las cohesiones sociales de un país. Porque se pueden hacer leyes pero una ley sin cohesión social es una ley que no va a ser cumplida, acatada, que no va a estar legitimada”.

García señaló que en los últimos años se ha dado la “combinación de cosas extraordinarias: de una emergencia y una articulación de lo popular y de un personificación de lo popular en torno a núcleos de cohesión colectiva. Ese es el factor Evo. No imagino otro liderazgo en Bolivia”.

CUATRO LEYES ASEGURARÁN LAS INVERSIONES

El vicepresidente del Estado Plurinacional señaló que en los últimos meses, se efectuaron tres pasos importantes para cumplir con los incentivos a las operadoras del sector:

Primero, la aprobación de la Ley de Empresas Publicas, mediante la cual Bolivia tiene por primera vez una legislación en ese sentido. En esta legislación queda establecido “el papel de las empresas estatales, su dinámica interna, sus procesos asociativos, su vinculación con inversión extranjera, régimen y la autorización para procesos de incentivos a actividades productivas que van a requerir una reglamentación específica en cada área”.

“Están definidas las reglas claras del papel empresa pública y privada. Entonces ahí no va a haber sorpresas, no tiene por qué haber sorpresas”, indicó García

Informó que el segundo elemento que sostiene la seguridad jurídica es la Ley de Inversiones, con mecanismos de apoyo, incentivo, regulación, respeto a inversión privada extranjera y nacional, tipos de asociatividad, respeto a transferencias de ganancias y litigios que podrían darse.

“Es una buena ley, permite dar una plataforma de seguridad a la inversión en las siguientes décadas”.

En el avance por garantizar el conjunto de reformas jurídica para un ciclo que se viene en los próximos diez años, García refirió como tercer elemento el anteproyecto de Ley de Consulta Previa “trabajada con organizaciones sociales campesinas e indígenas y con empresas públicas estatales, “en una combinación de respetar los derechos colectivos de pueblos, naciones indígenas del país, que requiere un impuso vigoroso de su producción primaria para avanzar y tener los recursos y conocimiento hacia una producción de carácter secundaria, es decir, industrializada”.

Una vez que Bolivia apoya su industrialización e inversiones en sus propias materias primas, dijo, la ley de Consulta Previa equilibra los derechos colectivos, pero priorizando las necesidades productivas del Estado y del pueblo boliviano en esta etapa de transición.