Luego que el alcalde Percy Fernández, agraviara públicamente la honra de una mujer que desarrollaba labor de reportera, al unísono, grupos e individualidades expresaron su indignación por dicha actitud.

En el devenir del escándalo, vi que la forma protagónica –aunque no la más efectiva- de salir en defensa de la agraviada, fue la denuncia de la diputada Revollo, pidiendo cuatro años de cárcel para el burgomaestre, por abuso deshonesto, violencia sexual y discriminación, requiriendo a la víctima sumarse a dicha acción (con la cual discrepo en la tipicidad de los delitos).

Desde que recientemente se reformó la justicia, se sabe que los juicios instaurados contra cualquier autoridad, no prosperarán por los siglos de los siglos mientras éstas sigan ejerciendo poder en el actual sistema de co-dependencia de órganos del Estado Plurinacional, justo lo contrario a la independencia de poderes, característico del sistema republicano de gobierno.

En este sentido, creo que seguirle un proceso penal a Percy Fernández -habida cuenta que ya pidió disculpas públicamente- quedará para el anecdotario de estos tiempos de tanta violencia de género, insólita circunstancia, precisamente cuando existen más leyes protectivas hacia las mujeres.

Empero, la impunidad reinante, no impide identificar y censurar ciertas conductas que se encuadran de manera típica en los presupuestos jurídicos de la Ley N° 348 de 9/3/2013 (vigente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia) correspondiendo jurídicamente, la persecución penal contra el autor.

La recurrente humillación y burla que ejerce el señor Percy Fernández hacia el género femenino, grafica el significado de la violencia simbólica, lo que constituye el acto típico de la violencia simbólica, contemplado en el Artículo 7 numeral 5) de la ley 348, donde señala que son los mensajes, símbolos o valores, e imposiciones sociales y políticas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Consolidado por la impunidad del burgomaestre.

Siempre que algún alcalde, concejal, diputado o ministro, agravia la dignidad de mujeres de su entorno familiar o laboral, ágilmente los voceros del MSM, UN, MAS, etc., hacen vehementes declaraciones, compitiendo en protagonismo con la víctima y anunciando el inicio de juicios, de manera preferencial cuando el escándalo acapara la agenda mediática.

Ello representa la forma más cómoda, oportunista y barata (latu sensu), de subirse a la cresta de la ola publicitaria –tan necesaria en tiempos electorales- a costa de difundir la humillación pública recibida por alguna mujer.

Similar acción es desplegada por grupos de activistas de género, cuyas militantes, hace décadas realizan una loable labor que les confiere autoridad moral para opinar, censurar, exigir y reivindicar derechos en asuntos, como el que nos ocupa. Aunque, por cierto, nadie les haya conferido la vocería para tal cometido.

En el afán de difundir su posición crítica a la participación de las mujeres en las pasarelas de moda y de concursos de belleza, aplican métodos que emulan justo lo que reprochan: mediante el uso del cuerpo de la mujer como vehículo para expresar, con el desnudo, cuasi artístico, ridiculizador, exhibicionista y provocador de la religión, osado pero innecesario, para promover sus postulados.

Al fin y al cabo había sido justificado mostrar el cuerpo desnudo de la mujer en una plaza principal, cuando los fines son reivindicativos, pero no cuando una mujer por propia decisión, comercializa con su cuerpo, en el ejercicio soberano de ese derecho.

Lo hago notar porque siento rechazo por la hipocresía social de censurar públicamente lo que día a día se practica en los círculos familiares, laborales, sociales, religiosos, artísticos, comerciales y políticos, pero que es reproducida en los hechos contradictoriamente por las autoproclamadas defensoras de las mujeres. La diputada exigiendo igualdad y luchando contra la discriminación, pero a su vez, beneficiándose de la carrera política-conyugal para asegurarse un curul. Las feministas repudiando el uso estético y comercial del cuerpo de la mujer, pero aplicando el mismo método de exhibición femenina para realizar un posicionamiento político. Curiosa lógica y aguda contradicción.

Es imprescindible que la sociedad boliviana, avance dejando en el pasado las prácticas de desprecio, humillación y subordinación de la mujer, en todos los ámbitos; repudiando los actos impregnados de violencia simbólica sobre las mujeres, pues la agraviada recibe la solidaridad general, más no existe castigo efectivo y ejemplar para el transgresor.

Es signo del retroceso de una sociedad que el atropello a la dignidad de las mujeres sea practicado también por las autoridades, que nos obliga a cuestionarnos qué es, lo que estimula a las autoridades masculinas a ejercitar la violencia simbólica contra mujeres de manera recurrente.

La respuesta es la impunidad, no sólo la que se refiere a la verdad jurídica establecida por un juzgador en el ámbito jurisdiccional, sino aquélla que es ejercida por la sociedad en su conjunto: La aprobación –sinónimo de impunidad- o desaprobación -sinónimo de condena- expresada en el sufragio y el veredicto del voto popular.

Será menester que el pueblo juzgue a sus autoridades sobre actitudes que causan rechazo y las que merecen elogio. Para que ello ocurra, debemos esperar que la conciencia de respeto e igualdad de género constituyan los nuevos paradigmas para las generaciones jóvenes, logrando transformar nuestra cultura violenta. Así, mediante el voto popular, se hará saber a las autoridades que los mensajes expresando violencia simbólica, serán causal de ser removidos de sus cargos.

Mientras esa conciencia social no florezca, dudo que los juicios y la parafernalia política, puedan resolver el problema pendiente; como tampoco ayuda la sobreactuación en defensa de las mujeres -carentes de coherencia existencial y política- persiguiendo un afán de figuración mediática en lo que yo vendría a llamar un típico “oportunismo de género”, típico de la época electoral.

Entonces, la periodista en cuestión, fue víctima de la violencia simbólica ejercitada por Percy Fernández; de la impunidad política de dicha autoridad; y por si fuera poco, del oportunismo de género de las que dicen representarla.