Guatemala (PL).- A un año de la sentencia a 80 años contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, aún el pueblo ixil espera justicia en ese caso, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió anular esa condena. Hasta el 5 de enero de 2015 tendrán que esperar las víctimas de masacres para que los acusados declaren ante la Justicia guatemalteca.

El denominado Triángulo Ixil abarca los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal-ubicados en el noroccidental departamento de El Quiché- castigados por militares durante el mandato de Ríos Montt (1982-1983), uno de los períodos más violentos del conflicto armado interno (1960-1996), como ha confirmado la ONU.

El grupo ixil está asentado en la región de igual nombre, donde el Ministerio Público constató la matanza de 1.771 indígenas de esa etnia a manos del Ejército durante el régimen del mencionado ex general golpista. Considerada una de las poblaciones étnicas menos numerosas de Centroamérica, por lo menos 95 mil individuos integran el grupo ixil que viven en comunidades de Nebaj, Cotzal y Chajul, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los integrantes de esa población originaria descienden de los antiguos mayas y se estima que desde el año 100 de nuestra era (durante el período Clásico Temprano) comenzó la ocupación humana en el lugar, donde luego se erigieron las ciudades del altiplano del norte guatemalteco.

El vocablo “ixil” significa “Lugar del Jaguar”, de acuerdo con jeroglíficos descifrados en vasos prehispánicos encontrados en Nebaj. Por cierto, la imagen de ese felino abunda en las urnas funerarias del sitio. La Historia refiere que durante la conquista española, la zona ixil fue una de las más difíciles de someter, aunque su pueblo fue derrotado en 1530.

“Dirigiéndose el ejército al pueblo de Nebah (Nebaj) entre bosques muy espesos y peñascos muy elevados (…) comenzaron a subir la serranía, en cuya cumbre se opuso al paso de nuestras tropas un escuadrón de cuatro o cinco mil indios serranos del pueblo de Nebah (…) aquí se trabó un reñido y largo combate…”. Así describió el cronista español Francisco de Fuentes, en su Recordación Florida, la llegada de los colonialistas a Nebaj, Chajul y Cotzal a principios del siglo XVI.

Por lo menos 95 mil individuos integran el grupo ixil, acorde con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala. Es considerada una de las poblaciones étnicas menos numerosas de Centroamérica. El mismo INE precisa que los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul cuentan con 125, 44, y 42 comunidades, respectivamente. Practican el español y el ixil, aunque en este se aprecian diferencias, según lo practicado por los habitantes de las tres localidades en mención.

Algunos platos típicos de su culinaria son el caldo de carne de res ahumada, el atol blanco de maíz y los boxboles (tamalitos de masa de maíz envueltos en hojas del fruto de güisquil). En la actualidad sus pobladores levantan sus casas con adobe de tierra, tejas de barro y vigas de madera, mientras en algunas estructuras mantienen pinturas originales que representan la cultura maya ixil.

Misas, procesiones, ferias y danzas matizan sus fiestas. La principal celebración en Cotzal ocurre del 21 al 24 de junio en honor a San Juan Bautista. En Nebaj la Virgen de la Asunción es venerada del 11 al 15 de agosto, y en Chajul recuerdan a San Gaspar y Los Reyes Magos el 6 de enero.

Las mujeres ixiles elaboran vistosos tejidos, como los kotones (sacos de color rojo y negro hechos de lana de oveja). También manufacturan objetos de mimbre, lazos, hamacas, gamarras, canastas, sombreros morrales, redes y cinchos (cintos). En esas confecciones incluyen elementos gráficos relacionados con la cosmovisión de ese pueblo. Al tejer la imagen de un caballo aluden al hombre como autoridad principal y guía del pueblo, entretanto con la milpa recuerdan la aparición del hombre de maíz, la energía, la protección y la esperanza.

Otros símbolos que aparecen en sus manualidades son la vasija funeraria, que evoca a los ancestros, raíces, purificación y tiempo circular; y el triángulo que simboliza la creación de los montes y volcanes.

A más de 1.700 metros sobre el nivel del mar se localizan Chajul (2.076), Nebaj (1.900) y Cotzal (1.750), donde se registran temperaturas que oscilan de los 12 a los 18 grados Celsius. En las partes boscosas del Triángulo Ixil coexisten venados, aves silvestres, conejos, ardillas; mientras sus pobladores crían ovejas, cerdos y aves de corral.

Evidencias de la masacre

Más de un centenar de ixiles, supervivientes de la guerra civil guatemalteca, han dado fe de asesinatos y violaciones cometidas por uniformados de marzo de 1982 a 1983, cuando gobernó de facto Ríos Montt. Este y su antiguo jefe de inteligencia José Rodríguez son señalados por el Ministerio Público por delitos de genocidio y de lesa humanidad.

Varios deponentes declararon ante el Tribunal A de Mayor Riesgo -el que lleva el caso- sobre la política de tierra arrasada, la persecución, la quema de viviendas y pertenencias, y demás crímenes ocurridos en la dictadura de Ríos Montt. Bajo condición de anonimato, una decena de mujeres de Nebaj, Cotzal y Chapul atestiguaron sobre las violaciones a las que fueron sometidas por fuerzas represivas durante el gobierno golpista de Ríos Montt.

Una de las deponentes aseguró que los soldados le dijeron que su presidente Ríos Montt había expresado que los ixiles se fueran a la basura por colaborar con la guerrilla. Reiteró que integrantes del cuerpo castrense la golpearon y abusaron de ella sexualmente. Otra sostuvo que había niñas y las violaron también, mientras recordó que a una señora la colocaron en un palo y la mataron.

Una manifestante evocó que cuando los uniformados llegaron a su casa la sacaron a ella, a una vecina y a su mamá, a quien violaron y la llevaron como si fuera un perro muerto. Por su parte, Tiburcio Utuy, de 70 años, sostuvo que los militares le quemaron el estómago, los testículos y lo dejaron hasta sin dientes durante una paliza. Entretanto, Francisco Velasco, afirmó que a una de sus hijas, menor de edad, los soldados “le abrieron el pecho y le sacaron el corazón”.

También el alto tribunal conoció peritajes que sustentan la acusación presentada por la Fiscalía contra ambos exmilitares. La jurista española, Paloma Soria, explicó que la violencia sexual perpetrada por un alto número de soldados durante la contienda de 36 años fue masiva y sistemática en contra de mujeres indígenas.

Ejemplificó con uno de los testimonios, en el cual una dama aseguró que eran “llevadas a hoyos, donde permanecían sin comer, solo con agua, los soldados (…) las sacaban sólo para ser violadas y luego eran introducidas nuevamente allí”.

La psicóloga Nieves Gómez destacó que lo vivido por la población ixil durante esa época representó un hecho traumático en sus vidas, pues hasta la fecha padecen terror y miedo. El historiador Ángel Valdés explicó que la destrucción del maíz por parte del Ejército, constituyó un elemento que atentó contra su cultura.

Asimismo, el matemático Patrick Donnell mostró una ecuación que evidenció que de marzo de 1982 a agosto de 1983 (cuando gobernó de facto Ríos Montt) la institución castrense ejecutó al cinco por ciento de la población ixil.

Estos son algunos apuntes de la historia de un pueblo, que sobrevivió a la matanza y aún hoy es heredero de los mayas de antaño, que tanta fama ganaron a nivel mundial por sus aportes científicos y culturales.

Primer juicio por genocidio en Guatemala

El primer juicio por genocidio avanzaba en Guatemala, donde el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) y su antiguo director de inteligencia José Rodríguez fueron sentados en el banquillo de los acusados ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Ambos ex militares son los presuntos autores intelectuales de la matanza de 1.771 individuos de la etnia maya ixil.

De acuerdo con peritajes y exhumaciones, presentados por el fiscal Orlando López, la mayoría de las víctimas de marzo de 1982 a agosto del siguiente año eran niños y ancianos, personas que por su edad no podían empuñar un arma ni ser señalados como guerrilleros. Por su parte, la Asociación para la Justicia y Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, como querellantes, manifestaron que el desarrollo de este caso es una garantía para que no se repitan masacres como las de tres décadas atrás.

Decenas de sobrevivientes y víctimas de la guerra civil (1960-1996) han acudido a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presenciar el suceso, calificado como histórico por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay. “Acojo el inicio de este juicio histórico y espero que marque el comienzo de una justicia esperada durante muchos años por las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante 36 años el violento conflicto en Guatemala”, expresó Pillay.

Decenas de testigos de diversas edades han aludido en el debate oral y público a tratos inhumanos por parte de miembros del Ejército durante el régimen de Ríos Montt. “Mucha gente murió de hambre, de frío, de sed, durante tres meses que vivimos en la montaña cuando huimos de los soldados”, aseguró un declarante identificado como Gabriel, de 52 años. Juan Raymundo confesó que en la actualidad carecen de un sitio a donde llevar velas y flores a sus muertos y precisó que está separado de su papá, pues este se quedó enterrado en las lomas. “¿Qué culpa tenían los niños de tres meses?, decían que eran guerrilleros (…) y que éramos salvajes”, relató Gaspar, un anciano de 67 años, en alusión a miembros de la institución castrense, mientras Ríos Montt estaba al frente del Ejecutivo.

Francisco, quien en 1982 tenía seis años, contó -con los ojos aguados- cómo varios soldados los secuestraron a él y su hermanita de cuatro años. Precisó que fueron llevados al destacamento militar donde había más de 30 menores, de los cuales se desconoce su paradero. “A algunos se los llevaban en helicópteros, y ya no los volvíamos a ver”, sostuvo. Otro pidió justicia para que “nuestros hijos no vuelvan a vivir lo que nosotros vivimos”.

A la par de este juicio, organizaciones sociales y humanitarias han evidenciado represión contra sindicalistas y dirigentes indígenas en esta nación. Santa Alvarado, de 45 años, el pasado 21 de marzo se sumó a la lista de sindicalistas asesinados recientemente en este país, donde el Frente Nacional de Lucha (FNL) ha reiterado su condena a este tipo de crímenes.

“Demandamos a las autoridades la pronta investigación, juicio y castigo de este hecho criminal que se viene a sumar a la cadena de violencia y represión que viene sufriendo el movimiento sindical y popular”, denunció en un comunicado el FNL, integrado por agrupaciones sindicales, estudiantiles y populares.

¿Anulada la Justicia en Guatemala?

Cuando el juicio contra los ex generales Ríos Montt y Rodríguez estaba a punto de concluir, la jueza Carol Flores resolvió anularlo, decisión rechazada por organismos internacionales. La Corte de Constitucionalidad (CC) avaló el fallo de Flores, pese a que el Ministerio Público y el Tribunal A de Mayor Riesgo A (juzgado que llevaba el caso) calificaron de ilegal la resolución emitida por Flores.

Antes de conocerse lo dictado por la CC, Naciones Unidas había reclamado la conclusión de la causa contra el expresidente de facto Ríos Montt (1982-1983) y Rodríguez, su antiguo jefe de inteligencia. La demanda fue hecha por Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la Prevención del Genocidio.

Mientras tanto, el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena, declaró a Prensa Latina que Flores no tenía facultades para anular el debate oral y público, iniciado en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. En opinión de la autoridad jurídica, la magistrada evidenció con su resolución que responde a los intereses de los exmilitares acusados. Manifestó que detrás de Flores hay grupos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.

Como una vergüenza calificó el Frente Nacional de Lucha (FNL) la orden de anulación de las audiencias del mencionado caso. Al pronunciar su veredicto, a Flores no le importó el rango internacional que tomaba la medida, ni el impacto que el juicio causaba en los medios nacionales, refiere el comunicado del FNL, agrupación integrada por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles.

Se trata de un claro acto político más que jurídico, en el cual se violan los preceptos constitucionales y se hace a un lado la objetividad que debiera caracterizar a los magistrados de este alto tribunal, quienes han resuelto favorecer la impunidad, indica un comunicado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una fuente humanitaria.

Casi mil indígenas de diversas comunidades de Guatemala rubricaron un manifiesto público, en el cual, entre otros puntos, se reprocha el genocidio cometido contra los pueblos originarios. “Esta Asamblea condena todos y cada uno de los hechos históricos de genocidio cometidos contra todos nuestros pueblos con el fin de usurpar nuestras tierras y bienes y de someter a servidumbre a nuestras poblaciones”, se expresa en el documento leído y firmado durante una reunión de pueblos originarios del norte de El Quiché.

Guatemala 2013: Avances y retrocesos en caso Ríos Montt

Un tribunal guatemalteco logró sentar en 2013 a los ex militares Efraín Ríos Montt y José Rodríguez en el banquillo de los acusados por delitos de genocidio y lesa humanidad, lo cual fue aplaudido por organismos internacionales como la ONU.

Durante el juicio, Ríos Montt fue encontrado culpable de ser autor intelectual de los asesinatos de 1.771 indígenas de la etnia maya ixil, cometidos por fuerzas represivas durante su régimen (marzo 1982- agosto 1983), mientras Rodríguez, su jefe de inteligencia militar, quedó absuelto. Sin embargo, la sentencia de 80 años de prisión -dictada por el Tribunal A de Mayor Riesgo el 10 de mayo último- fue anulada días después por la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala.

El mencionado veredicto de la CC -aprobado por tres votos a favor y dos en contra- estableció que el juicio debía retroceder hasta el 19 de abril de 2013, cuando ya había transcurrido un mes de audiencias. “El fallo (de la CC) es contrario al derecho y contradice también la obligación del Estado de Guatemala de juzgar y castigar a los responsables de los crímenes graves”, criticó Ramón Cadena, director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica.

La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), uno de los querellantes en el proceso, denunció que la condena la revocó la más alta corte del país cuando las élites empresariales y grupos ligados a los militares, que ejecutaron el exterminio, rechazaron la decisión del tribunal y buscaron crear zozobra.

“Nosotros hemos pasado 12 años preparando pruebas y argumentos, sorteando todo tipo de obstáculos y cuando empezamos a avanzar, nos cuestionan la legitimidad de los procesos judiciales”, señaló la AJR en una declaración presentada ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas.

“Como autoridades ancestrales de la región ixil consideramos que con el fallo otorgado por la CC se ha debilitado el sistema de justicia y se ha desacreditado al país ante la comunidad internacional”, indicó José de León, representante de indígenas de Nebaj.

La vicepresidenta Roxana Baldetti declaró a periodistas que ni ella ni el mandatario Otto Pérez Molina se pronunciarían sobre la referida resolución de la CC. Sin embargo, en el transcurso del debate, el gobernante y antiguo general del Ejército Pérez Molina sí negó que hubiera habido genocidio durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Como histórico calificó el comienzo del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala también saludó el proceso contra ambos sindicados.

Las agrupaciones de la ONU respaldaron la voluntad del Estado guatemalteco de llevar a cabo el proceso por delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la institución castrense contra la población ixil, ocurridos de 1982 a 1983 en medio de la guerra civil de 36 años.

La ONU destacó que ese proceso constituyó un referente para la Justicia guatemalteca en su capacidad de juzgar casos de violaciones de derechos humanos durante la guerra interna en Guatemala con respeto a la plena autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, afirmó a Prensa Latina que el debate contra Ríos Montt y Rodríguez sentó un precedente para procesar los delitos de genocidio y lesa humanidad ante un juzgado nacional.

Cuando se celebraban las audiencias en abril pasado, Menchú valoró que la verdad de las víctimas del conflicto armado interno (1960-1996) pasaba a ser parte de la memoria oficial. La dirigente indígena indicó que de marzo de 1982 a agosto de 1983 (durante el gobierno de Ríos Montt) ocurrieron atrocidades contra mujeres, violaciones de menores y asesinatos de personas. Ese tipo de fascismo, precisó, lo hacía el Ejército contra presuntos comunistas o guerrilleros.

Hasta el 5 de enero de 2015 tendrán que esperar las víctimas de masacres, presuntamente ordenadas por el ex jefe de Estado Ríos Montt, para que tanto él como Rodríguez declaren ante la Justicia guatemalteca, anunció en noviembre pasado el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Esta información se supo mientras está pendiente que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones resuelva si el exdictador es beneficiado con la amnistía sobre la base de un acuerdo firmado en 1986, según solicitó la CC en octubre anterior.

Sin embargo, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), otro de los querellantes en la causa, consideró inaplicable la amnistía para ese exmilitar condenado por delitos de genocidio y lesa humanidad. La Ley de Reconciliación Nacional prevé la amnistía para delitos políticos cometidos durante la conflagración civil guatemalteca, pero la limita para casos de genocidio, tortura y desaparición forzada, aclaró Caldh.

Aunque aún hoy es una incógnita si la balanza se inclinará hacia la Impunidad o la Justicia en este caso, el 2013 pasará a la Historia de Guatemala como el primero en que un tribunal nacional procesó a dos ex altos mandos por delitos de genocidio y lesa humanidad.

El precio de nadar a contracorriente

Nadar a contracorriente siempre se paga caro. De esto podrían impartir sendas conferencias magistrales Yassmín Barrios, presidenta del tribunal guatemalteco que condenó a Ríos Montt el 10 de mayo de 2013, y la actual fiscal general Claudia Paz, quien saldrá de ese cargo antes de cumplir los cuatro años del mandato establecido por la Constitución.

Casi una decena de organizaciones -la mayoría internacionales- rechazaron la resolución del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que ordena a Barrios dejar de ejercer su profesión durante un año. Ese juzgado tomó en cuenta una denuncia presentada por el abogado Moisés Galindo, defensor del ex general José Rodríguez, en la cual expone que el 19 de marzo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este.

Galindo discrepó de la decisión del juzgado, y en consecuencia acusó a la togada ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente. “Nos preocupa que dichas acciones se suman a una larga lista de ataques, amenazas e intimidación sufridas por la jueza Barrios, como resultado de su participación en varios juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno (1960-1996)”, expresó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacdh).

Para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) el fallo del mencionado tribunal sugiere la existencia de un pacto de impunidad en Guatemala entre diferentes sectores para evitar que se sigan dando avances en la justicia transicional y en otros campos de la justicia. En opinión del director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, se trata de un pacto para reforzar la impunidad, el cual se inició con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (en febrero pasado), la cual recortó el período constitucional de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz.

Sobre el tema también se pronunciaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, Iniciativa de Justicia de Open Society, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Fundación guatemalteca Myrna Mack.

Disímiles entrelíneas podrían leerse de este caso, que se decodifica mejor al tomar en cuenta lo expresado al respecto por Barrios al diario local La Hora: “se me está castigando por ser una juez honrada y por no plegarme al sistema”.

No había que ser profeta para saber que la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz, sería excluida de la nómina de seis candidatos a ese cargo, de los cuales el presidente Otto Pérez Molina escogerá uno.

La actual jefa del Ministerio Público tiene derecho a la reelección, pero esa posibilidad fue descartada cuando la Comisión de Postulación la dejó fuera de la nómina, pese a que en la fase de calificación obtuvo 69 puntos, superada solo por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Thelma Aldana con 71.

Cinco organizaciones regionales e internacionales manifestaron en un comunicado su preocupación por las inconsistencias e irregularidades observadas durante el proceso de selección al respecto. Los firmantes fueron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, la Iniciativa de Justicia de Open Society y la Plataforma Internacional contra la Impunidad.

Causa sorpresa y extrañeza, precisaron, que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre los evaluados. El mandatario Pérez Molina seleccionará antes del próximo 16 de mayo al nuevo fiscal general entre los seis candidatos escogidos, con quienes se reunió para conocer sus respectivos planes de trabajo.

La CC otorgó en febrero un amparo provisional al abogado Ricardo Sagastume, quien alegó que Paz debía concluir su mandato en mayo, basado en la Ley orgánica del Ministerio Público (legislación de menor peso respecto a la carta magna), según la cual el cambio de mando de esa responsabilidad debe hacerse ese mes.

Los logros de la gestión de Paz han sido reconocidos por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instancia de la ONU que trabaja en este país desde 2007. Consultada por Prensa Latina sobre los resultados alcanzados desde diciembre de 2010, aseveró que han avanzado en el combate de la criminalidad organizada, en especial contra el narcotráfico, mientras han detenido a varios de los más grandes capos para extraditarlos o juzgarlos en Guatemala.

También expuso que se ha aumentado la confianza en la Justicia porque hay mayores índices de denuncia en ciertos delitos y se ha avanzado en el esclarecimiento de hechos violentos al pasar de un cinco a un 30 por ciento de casos resueltos si se comparan las estadísticas al respecto de 2010 y 2013. La primera mujer designada como Fiscal General en Guatemala fue juramentada en diciembre de 2010 por el mandatario Álvaro Colom (2008-2012).

* Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.