La Habana (PL).- Nada parece ser ajeno al ojo espía del gobierno de Estados Unidos, desnudado por revelaciones que empequeñecen las recreaciones orwellianas sobre el ubicuo Gran Hermano que todo lo sabe y de cuya mirada escrutadora jamás se puede escapar. El gobierno norteamericano emplea múltiples entidades federales en sus misiones de subversión en todo el mundo, desde las agencias de espionaje hasta especialistas en manipulación de los medios informativos.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) ocupó en 2013 las primeras planas de la prensa internacional gracias a Edward Snowden, quien desenmascaró los programas federales para espiar comunicaciones telefónicas y cibernéticas dentro y fuera del país. “No quiero vivir en un mundo donde todo lo que hago o digo es grabado. Gran parte de lo que fui testigo en Ginebra (desde una oficina de la Agencia Central de Inteligencia) me desilusionó acerca de mis funciones para el gobierno y sobre cuál era su impacto en el mundo”, escribió el joven en las redes sociales.

Snowden -un héroe para muchos y un traidor para otros- es un ex analista de la polémica entidad y en junio pasado cobró notoriedad tras filtrar a los diarios británico The Guardian y al estadounidense The Washington Post 20 mil documentos secretos sobre los sistemas intrusivos de vigilancia. Uno de esos softwares se denomina Prism y permite a la NSA recabar audios, vídeos, fotografías, correos electrónicos, documentos, conversaciones y conexiones en Internet de millones de personas, empresas y gobiernos de al menos 35 países bajo el pretexto de prevenir acciones terroristas.

Para conseguir los datos privados, la Agencia pinchó satélites, líneas telefónicas y cables de fibra óptica pero también tuvo libre acceso a grandes servidores de las firmas informáticas Facebook, Hotmail, Yahoo, Google, Skype, PalTalk, Aol, YouTube y Gmail, todas con un alto número de usuarios a escala global. Ante el temor de perder sus clientes, esas empresas defendieron su colaboración con el argumento de que fueron casos solicitados de forma individual y amparados en una autorización judicial. Incluso algunas también publicaron datos de su cooperación con la comunidad de inteligencia.

El escándalo se convirtió en un nuevo desafío para el presidente Barack Obama y en un punto adicional de fricción con el Congreso, donde un grupo de senadores demócratas y republicanos presentó un proyecto bipartidista contra los programas de espionaje interno en Estados Unidos.

La legislación aboga por desclasificar los documentos de las cortes que operan bajo la llamada Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, la cual autoriza el fisgoneo a los norteamericanos. Ante esas presiones, altos funcionarios del Departamento de Justicia y de las agencias de espionaje acudieron al Capitolio y se esforzaron por defender la “eficacia e importancia” de las operaciones de la NSA en la lucha antiterrorista.

Con ese mismo fin, Washington inventó durante el verano una supuesta amenaza de la red Al Qaeda en África y Oriente Medio que conllevó al cierre de 22 sedes diplomáticas en esa región y la emisión de una alerta mundial de viaje para sus ciudadanos. Pero las revelaciones de Snowden indignaron a los estadounidenses y decenas de grupos sociales, entre ellos la Unión Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, interpusieron demandas contra el espionaje doméstico y exigen su cese inmediato.

A escala global, se desencadenó una crisis diplomática y a Washington le tocó dar la cara a numerosos países, incluso a socios como Alemania, México, España y Reino Unido, cuyos gobernantes también fueron blanco del seguimiento de la NSA.

Un grupo de eurodiputados visitó la nación norteña a fines de octubre y dialogó con legisladores de ambas cámaras del Congreso en busca de explicaciones al fisgoneo federal contra sus mandatarios y ciudadanos. En un intento por aplacar el escándalo, Obama ordenó la revisión de los sistemas de vigilancia de la Agencia antes que culmine este año y admitió la necesidad de limitar la capacidad de recopilación y el uso de los datos de inteligencia en internet.

Pero además de desentrañar el complejo andamiaje de la NSA, las filtraciones de Snowden pusieron al mundo en alerta y, como consecuencia, sembraron la desconfianza global en productos y servicios tecnológicos con la etiqueta Made in USA. Expertos y medios de prensa auguran un alza de las llamadas nacionalización y regionalización estratégica de activos digitales, o sea, el alza de redes sociales, sistemas de almacenamiento en nubes y buscadores propios de cada país y zona geográfica para limitar el acceso online desde el exterior y garantizar más seguridad a sus usuarios.

Como resultado habrá una caída del uso de una Internet única de libre y abierta navegación a escala internacional y los consorcios informáticos de la Unión serán los mayores perdedores pues dominan el mercado cibernético. A juicio de especialistas, la pérdida de confianza también marcará en lo adelante el intercambio de información entre la NSA y los servicios secretos de sus aliados, porque las filtraciones dejaron al descubierto misiones conjuntas contra “enemigos comunes”. Ello también implicará menor o cero cooperación con los espías norteamericanos y posiblemente el fin de su hegemonía en el ciberespacio.

Snowden, refugiado ahora en Rusia, pasará a la historia por sacar a luz la mayor cantidad de datos confidenciales de Estados Unidos y desenmascarar a la NSA, considerada la agencia más opaca porque trabaja desde décadas bajo un secretismo extremo. Gracias al joven, el mundo corroboró que se trata de una de las principales entidades de espionaje del mundo, posee el mayor complejo de análisis de información digital y es capaz de desencriptar las comunicaciones con una privacidad teóricamente garantizada por las compañías comerciales.

La Casa Blanca lo acusa de traidor y lo imputó con los cargos de robo de comunicaciones confidenciales y propiedades del Estado, por lo cual podría enfrentar una sentencia máxima de 10 años en prisión.

El ojo orwelliano de Estados Unidos

Nada parece ser ajeno al ojo espía del gobierno de Estados Unidos, desnudado por revelaciones que empequeñecen las recreaciones orwellianas sobre el ubicuo Gran Hermano que todo lo sabe y de cuya mirada escrutadora jamás se puede escapar. Reiteradas sospechas y acusaciones de intelectuales y periodistas pudieron sustentarse cuando el ex empleado de la NSA Edward Snowden comenzó a ventilar en junio de 2013 cientos de miles de documentos sobre masivos programas de vigilancia de comunicaciones por parte de Washington.

El denominado topo de la NSA demostró al mundo cómo la administración estadounidense auscultó de manera premeditada las comunicaciones telefónicas y por Internet de ciudadanos, empresas y jefes de Estado de unas 35 naciones. Desde entonces, resulta extraño el día en que medios de prensa no agreguen un nuevo capítulo al entramado de revelaciones sobre los alcances, al parecer sin límites, de los tentáculos de la inteligencia norteamericana.

Los ciudadanos estadounidenses han sido objeto central de la vigilancia gubernamental. James Clapper, director Nacional de Inteligencia, reconoció por primera vez el 1 de abril que la NSA espió de manera intencional las comunicaciones de nacionales, al amparo de una ley aplicable solo a extranjeros. La agencia se entrometió sin orden judicial en los contenidos de las comunicaciones y no solo los denominados “metadatos”, que incluyen la duración de las llamadas y los números a los cuáles se conecta un usuario, respondió Clapper en una carta a preguntas del senador demócrata por Oregon, Ron Wyden.

Tanto Wyden como su correligionario por Colorado, Mark Udall, argumentaron en un comunicado que tal procedimiento resultaba inaceptable y planteaba graves cuestiones constitucionales que representan una amenaza real a los derechos de privacidad de los estadounidenses. En su declaración, ambos legisladores urgieron al Congreso a asegurarse de atajar cualquier vacío legal, a fin de exigir a la NSA que demuestre primero una causa probable de delito antes de focalizarse en escudriñar las comunicaciones de nacionales.

Adicionalmente, los parlamentarios infligieron un golpe bajo al presidente Barack Obama, quien aseguró a los estadounidenses que “nadie escuchaba sus llamadas telefónicas”. También trascendió que Gogo, uno de los más grandes proveedores de Internet para las aerolíneas nacionales en Estados Unidos, admitió haber violado la ley de privacidad de datos personales y colaborado con la NSA.

Gogo trabajó de manera estrecha con las autoridades para incorporar funcionalidades y garantías que estuvieran al servicio de la seguridad pública y nacional, reconoció el abogado de la entidad Karis Hastings a la Comisión Federal de Comunicaciones, en una carta filtrada por la revista The Wired. De acuerdo con la publicación, Panasonic Avionics, otro proveedor de WiFi (conexiones inalámbricas) en los aviones, también amplió sus capacidades técnicas y agregó una funcionalidad especial para que la agencia de espionaje vigilara el tráfico en la red de redes.

Pero la voracidad “informativa” de la NSA quedó aún más en evidencia cuando la publicación estadounidense Bloomberg reveló el 11 de abril que la entidad conocía de una falla masiva de seguridad que afectó a sitios de Internet y la utilizó para obtener contraseñas y otros datos de los usuarios. De acuerdo con el reporte, basado en el testimonio de dos informantes anónimos, la controvertida agencia estaba al tanto del llamado Heartbleed desde finales de 2011, provocada por una programación deficiente que explotó a su antojo para actividades de espionaje durante al menos dos años.

Heartbleed es una falla que afecta a OpenSSL, el software más popular que las compañías de Internet utilizan para proteger datos personales de sus usuarios. El fenómeno se considera una de las mayores grietas de seguridad en la historia de la red de redes debido a que expuso cerca de un tercio de los servidores mundiales al robo de información encriptada.

Pero ni siquiera el Capitolio ha podido salvarse del intrusismo de la NSA que fisgoneó las comunicaciones de senadores y representantes contraviniendo la independencia de poderes entre el Ejecutivo -que incluye a la NSA- y la rama legislativa (Congreso), según ampara la Constitución. El sitio digital canadiense Global Research cuestionó el objetivo de dicha vigilancia barajando la posibilidad de que los datos sean usados para chantajear a los miembros del órgano legislativo, si bien evitó confirmar esta hipótesis.

El escándalo más notorio detonó en marzo cuando la senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, acusó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de espiar las computadoras de los legisladores, mentir y robar para bloquear un informe sobre las cárceles y los métodos de tortura de ese organismo. A propósito, el diario The Washington Post aseveró que la comunidad de inteligencia estadounidense es la peor enemiga de sí misma, porque su accionar daña intereses nacionales claves.

La CIA y entidades similares operan bajo la compulsión de obtener la mayor cantidad de información posible, algo necesario para contrarrestar las amenazas del adversario, pero a la vez ejercen su poder mucho más allá de las atribuciones legales, añadió el texto firmado por la periodista Ruth Marcus. Senadores como el republicano por Kentucky, Rand Paul, explicitan su temor de que la comunidad de inteligencia se encuentre ebria de poder y se preguntó quién en realidad está a cargo del Gobierno, tras conocerse el espionaje contra miembros de la Cámara alta.

Si la CIA está espiando en el Congreso, ¿qué o quién puede detener esta situación?, inquirió durante un discurso en la Universidad de California el legislador devenido uno de los más fuertes críticos de los masivos programas de vigilancia de la NSA. Si bien dicho programa es justificado por la ley Patriota, aprobada tras los ataques terroristas de septiembre de 2001 y que ofrece carta blanca para acopiar los metadatos, varias voces a nivel nacional cuestionan los magros dividendos que las controversiales prácticas ofrecen al país.

El directorio de Supervisión de Libertades Civiles y de Privacidad, creado por el Congreso en 2007 como agencia independiente, sostuvo a fines de enero que no identificó “una sola instancia que involucre una amenaza a Estados Unidos en la que el programa de registros telefónicos haya hecho una diferencia concreta en el resultado de una investigación de contraterrorismo”.

La entidad recordó una sentencia del juez federal de distrito Richard Leon, el 16 de diciembre, quien planteó que el programa de espionaje es “casi seguro” inconstitucional, mientras recalcó que atenta contra la libertad de expresión, asociación y privacidad de los ciudadanos.

En igual sintonía, un editorial del diario The New York Times mostró preocupación por la inutilidad de recopilar datos para enfrentar acciones terroristas, justificación usada por el gobierno. El rotativo igualmente criticó la insistencia de la administración demócrata en la continuación de un programa caro y legalmente dudoso, cuando sus propios asesores concluyeron de forma reiterada que el acopio de información de los teléfonos no era esencial para la prevención de ataques ni funcionaba.

Sin embargo el gobierno de Obama parece navegar contra la corriente y no oculta sus intenciones de continuar husmeando en la vida de los estadounidenses y del mundo. Tras dictar cambios en las normas para el acceso y recopilación de informaciones, calificadas por muchos analistas como cosméticas, Obama aseguró el 17 de enero que Washington se arrogaba el derecho de continuar vigilando en nombre de la seguridad nacional. Incluso, funcionarios del departamento de Justicia admitieron a mediados de enero que mantendrían “cierta cantidad” de registros de comunicaciones como material clasificado, pese a una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

La decisión resulta, de acuerdo con miembros de la entidad, una confirmación de que el Gobierno continuará empleando de manera clandestina programas de escucha de conversaciones telefónicas y seguimiento de comunicaciones por Internet. Ante las amenazas del Gran Hermano estadounidense, Snowden reclamó a la comunidad tecnológica reunida semanas atrás en Austin, Texas, que desarrollen herramientas para proteger al público del espionaje masivo.

Para Snowden, asilado en Rusia, la solución pasa por desarrollar herramientas a fin de encriptar las interacciones a través de la web lo que, a su juicio, impediría a la NSA efectuar un espionaje indiscriminado.

Cambios cosméticos al espionaje estadounidense

Quienes esperaban que el presidente Obama ordenara cambios significativos a las actividades de la NSA quedaron frustrados tras el reciente anuncio del mandatario sobre ese tema. Las reformas anunciadas son cosméticas y forman parte de un intento calculado para calmar el furor de los ciudadanos norteamericanos y de otros países contra las medidas de vigilancia de Washington a nivel global, asegura la institución académica canadiense Global Research.

Estas supuestas transformaciones no significan un giro fundamental en las misiones de obtención de inteligencia, coinciden varios expertos. Obama emitió el 17 de enero pasado lo que medios de prensa estadounidenses califican como “nuevas reglas” para las controversiales prácticas de vigilancia de la NSA, denunciadas en 2013 por Snowden.

El anuncio tuvo lugar poco después que un panel especial designado por la Casa Blanca entregara 46 recomendaciones, entre ellas la creación de una figura encargada de proteger la privacidad de los estadounidenses en los órganos que supervisan las acciones de espionaje interno. El mandatario señaló que “a menos que haya un urgente propósito de seguridad nacional, no vamos a monitorear las comunicaciones de jefes de estado y de gobierno de nuestros amigos y aliados más próximos”.

Pero el presidente de inmediato aclaró que habrá excepciones en casos de emergencias y amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. En su intervención Obama prometió poner fin al almacenamiento masivo de datos telefónicos obtenidos por la NSA a través del control que ejerce prácticamente sobre todas las llamadas realizadas por los estadounidenses, motivo de constantes denuncias de grupos de defensa de los derechos civiles.

Añadió que el Fiscal General, en coordinación con el Congreso y los jefes de todas las agencias de inteligencia, dirigirá la implementación de un método alternativo de guardar esa información, y le presentará un informe sobre el tema en un plazo de 60 días. De acuerdo con la directiva presidencial, la NSA tendrá que obtener permiso de la Corte de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, un tribunal secreto que supervisa estas actividades, antes de interceptar y acceder a los registros telefónicos que habitualmente recoge sobre millones de estadounidenses.

Esta información ahora la almacena el gobierno, pero Obama pidió que eso cambie, y su acopio pase a manos de compañías telefónicas u otras entidades. Poco después del discurso presidencial, el senador republicano Rand Paul expresó su preocupación por la posibilidad de que el Ejecutivo decida que esos archivos vayan a parar a empresas privadas, lo cual es peor que si los guardara la propia NSA.

El legislador calificó de pura fachada las reformas anunciadas por Obama y agregó que el problema principal no es quién almacena los datos, sino el hecho de que los servicios de espionaje continuarán la vigilancia doméstica, en violación de los derechos de los ciudadanos estadounidenses. “Lo que escuché del Presidente es que usted puede mantener su privacidad, mientras nosotros seguimos recolectando sus registros telefónicos, mensajes de texto y posiblemente la información de las tarjetas de crédito”, añadió el legislador.

Efectivamente, Obama dejó abiertas todas las posibilidades al señalar que las agencias policíacas y de espionaje mantendrán en sus manos “los instrumentos para garantizar la seguridad de Estados Unidos”, y pidió a sus conciudadanos mayor confianza en que sus derechos serán bien protegidos. En otras palabras, todo seguirá igual o con ligeros cambios en los procedimientos de la comunidad de inteligencia, tanto en el plano interno como a nivel internacional, a pesar de la oposición de una buena parte de la opinión pública norteamericana.

Una encuesta de la firma Anzalone Liszt Grove Research mostró que 59 por ciento de los estadounidenses se oponen a mantener sin cambios la recolección generalizada de datos por la NSA. Alrededor de 57 por ciento de los consultados dijeron no confiar en la capacidad del gobierno para prevenir los abusos de esa agencia al acceder a los registros telefónicos.

Para justificar la continuidad de estas misiones, altos funcionarios del Departamento de Justicia y de las agencias de espionaje han reiterado que las actividades de espionaje doméstico de esa agencia “evitaron más de 50 ataques terroristas en los últimos años”. Sin embargo, esta aseveración ha sido rechazada por varios congresistas, entre ellos el influyente senador demócrata Patrick Leía, quien negó a mediados de enero de este año que los programas de espionaje de la NSA protegen a los estadounidenses y demandó una reestructuración de esa entidad.

Leahy, quien preside el Comité Judicial de la cámara alta, aseguró en una entrevista con la cadena televisiva estadounidense MSNBC que las misiones de obtención de datos de la NSA no han neutralizado ni un solo acto violento de los extremistas. El legislador auspició en los últimos meses varios proyectos de leyes destinados a cambiar las misiones de esa agencia, y la comisión que él preside realizará varias audiencias sobre el tema para finales de enero y principios de febrero.

Por otra parte, un artículo reciente del diario The New York Times contrasta las posiciones de Obama sobre el espionaje doméstico como candidato a la presidencia y las medidas adoptadas por su administración en los últimos años. Al respecto el rotativo recuerda un discurso del entonces aspirante a la Casa Blanca en agosto de 2007, en el que prometió el cese de las escuchas telefónicas ilegales contra los estadounidenses y la vigilancia sobre ellos bajo el pretexto de la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Más de seis años después, el entonces abogado constitucionalista ahora es comandante en jefe” y está al frente de un sistema de espionaje, sobre el cual sus propios asesores consideran que se ha ido de control del Ejecutivo, agrega el rotativo. Las justificaciones de Obama a estas actividades ilegales de Estados Unidos confirman que en un país que se autovalora como defensor de los derechos civiles, las acciones de espionaje doméstico e internacional seguirán como una prioridad de sus gobernantes.

La subversión: tarea conjunta de las agencias federales de EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos emplea múltiples entidades federales en sus misiones de subversión en todo el mundo, desde las agencias de espionaje hasta especialistas en manipulación de los medios informativos, confirman documentos oficiales. Al respecto, la Circular de Entrenamiento TC-1801 Guerra No Convencional (GNC) publicada en 2010 señala que debido a la naturaleza “político y militar de este tipo de contienda resulta vital la participación de las agencias del gobierno de Estados Unidos”.

“El objetivo es lograr un enfoque gubernamental y el éxito a largo plazo, pues en varios momentos de un conflicto resulta necesaria la integración de las instituciones multinacionales e intergubernamentales”, añade el texto.

Las recientes denuncias sobre los planes para imponer un Twitter cubano denominado Zunzuneo con fines subversivos contra la isla caribeña, revelaron una vez más el papel desestabilizador de organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Esa entidad gubernamental, subordinada al Departamento de Estado, se destaca como fachada de los servicios de espionaje estadounidenses en diversas regiones del planeta.

La Usaid también apoya las acciones combativas del Pentágono en zonas de conflicto, y para garantizar ese vínculo el Departamento de Defensa dispone de representantes en las estructuras locales de la agencia en esos escenarios. Además, dentro de la Usaid existe la Oficina de Cooperación Cívico Militar (Occm), cuya misión es conciliar las políticas de defensa y desarrollo “que tienen como fin estimular las capacidades únicas de ambas agencias para obtener mejores resultados”.

Según el sitio de la Usaid en Internet, la Occm responde a la exigencia oficial de que las actividades “en pro del desarrollo constituyan una asociación fuerte e igualitaria con la diplomacia para la defensa de los intereses de la seguridad nacional norteamericana”. Pero en esta cooperación entre entidades del Gobierno para el desarrollo de la GNC no son solo el Departamento de Estado y la CIA los únicos que participan.

Expertos gubernamentales y de los medios de difusión apoyan las llamadas Operaciones de Información (OI) que realiza el Pentágono en ultramar. Según el manual JP-3-13 que regula esa actividad, las OI tienen como fin el empleo coordinado de la propaganda y otros métodos similares para lograr el éxito de las operaciones militares y su objetivo es “influir, corromper y usurpar el proceso de toma de decisiones del adversario”.

También el Buró Federal de Investigaciones (FBI) constituye un elemento clave en estas funciones. Según un artículo del diario The Washington Post del 11 de abril, los oficiales del FBI están ahora más dispuestos a discutir acerca de “una alianza poco conocida entre esa entidad y la jefatura de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE)”.

Esta relación beneficia a ambas partes porque dichas unidades élites utilizan la experiencia del FBI en el uso de los medios digitales y otras tecnologías para localizar a los insurgentes y detectar posibles planes terroristas. Según el Post, el FBI profundizó en los últimos años sus lazos con las fuerzas armadas estadounidenses y realiza entrenamientos de gran envergadura con los Destacamentos Seals de la Marina norteamericana, unidades élites que forman parte de las FOE.

Estos son solo algunas evidencias de una obvia participación de mayor nivel del FBI en tareas de subversión desde las posiciones públicas o encubiertas que ocupan sus funcionarios en decenas de países, sobre las cuales existe muy poca información disponible al público.

* Periodistas de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.