Cuando nos enteramos que el ex-fiscal Marcelo Sosa se fugó del país dejando tras de sí, una serie larga de interrogantes sin respuestas, de hipótesis sin sustentos y maremotos mediáticos de los más diversos colores… confirmamos lo que hace tiempo lo dejamos escrito. Estamos ante una estrategia legal básica en el mundo de los litigantes profesionales chicaneros.

Pero esta estrategia depende del grado de importancia del cliente, no todos pueden acceder a este modelo de defensa, de hecho, solo pueden hacerlo los que tienen plata y padrinos. Aquellos que carecen de este excedente económico y social ni soñarlo, mejor abstenerse…

Es decir que, la dimensión del delito de los cuales se acusa a los imputados, exige una inversión proporcional con sus posibles sentencias, y en el caso Roza se están jugando alrededor de noventa sentencias, no es poco lo que está en juego.

Los acusados no son delincuentes comunes, provienen de las familias más prominentes de Santa Cruz, incluido el hermano del actual gobernador de Santa Cruz (quien mantiene un curioso perfil bajo sobre el tema), vemos en el camino todos los apellidos serbio-croatas y logieros, desde Branco Marincovic hasta Melgar pasando por “el viejo”

Dicho de otra forma, la “calidad” de los imputados exige un nivel de inversión sumamente alto para evitar las sentencias correspondientes, quien tiene que hacer esa inversión? Ellos mismos, no hay otra explicación que sea válida. Y “ellos mismos” son una estructura económica, social y política que representa a la derecha señorial a la derecha que hoy está en la Asamblea Legislativa, son gente que aún controlan sectores estratégicos de la económica cruceña y mantiene sus redes con Pando, Beni, Sucre y Tarija.

Vayamos entonces a lo que corresponde…

La estrategia mencionada tiene tres principios básicos:

a) Fabricar pruebas de descargo falsas para distorsionar las pruebas de cargo verdaderas…

b) Generar confusión en el tratamiento del caso, a través de maniobras legales en la forma y el fondo del proceso…

c) Generar la retardación de justicia para acudir a la finitud constitucional de los plazos procesales

Pero, para que esta estrategia de triple soporte sea eficaz en su cometido, necesita una opinión pública favorable y ello solo es posible mediante una agresiva campaña mediática, y es aquí donde entran los operadores políticos, y son precisamente estos los que nos ayudan a desnudar el caso en sus recovecos leguleyescos.

Desde el principio, los acusados trataron de posicionar como matriz de opinión pública, que nunca existió el caso terrorismo, a pesar de que todas las pruebas -incluidas las testimoniales- dicen todo lo contrario. El éxito de este paso táctico requiere de una segunda fase.

Desde el principio los imputados realizaron maniobras legales de uno y otro tipo para afectar en el fondo y la forma el tratamiento procesal del caso, con ello se consigue dilatar el fondo del proceso y fabricar más pruebas de descargo, lograr que el caso radique de juzgado en juzgado es muy típico en estos casos, la excusa no es un buen modelo de precisión jurisdiccional en la resolución de los casos.

Desde el principio los imputados han buscado la retardación de justicia, para que se apliquen los plazos procesales y beneficiarse de los límites temporales señalados por la constitución política en materia procesal penal, y acudir a la extinción de la acción penal por parte del Estado.

No podemos –ahora-, dejarnos llevar por la presión mediática que apunta a posicionar como matriz de opinión publica los tres aspectos referidos.

Se imaginan a un ladronzuelo de celulares protegido por políticos poderosos, familiares ricos y jueces venales, este sujeto pasa de delincuente común a un “incomprendido social”. “No es culpable él, la sociedad es culpable por él”.

La historia del derecho penal está atestado de crímenes cometidos por poderosos que han pasado en calidad de olvido y el olvido es impunidad, y la impunidad es un premio al delito.

No podemos permitir que el Estado Plurinacional entre en esta trampa legal, que nos conduce a la desmemoria y la amnesia colectiva.

En Bolivia hubo terrorismo y los culpables hoy, están viendo la manera de hacerse a los santitos y buscan salirse con la suya mediante una estrategia de triple posicionamiento que no les sería útil sino contaran con aliados poderosos como son algunos medios que se reclaman independientes.

En este caso, como en muchos, están en juego los tres principios básicos del funcionamiento judicial: a) Independencia; b) Imparcialidad, y, c) Calidad técnica de las sentencias.

* Indio aymara.