La incapacidad del Congreso estadounidense para pasar una reforma de las leyes migratorias este año propicia que millones de personas cuenten hoy una historia de los problemas que enfrentan en ese país. Un estimado de más de 11 millones de personas sin papeles tienen algo personal que decir, sus temores a ser deportados, abusos de empleadores, arrestos ilegales y numerosas historias que ilustrarán su vida en la sombra, entre otras irregularidades, mientras se mantienen como rehén de los políticos en Estados Unidos.

La iniciativa S.744, una reforma de las leyes migratorias en Estados Unidos aprobada en el Senado el 27 de junio luego de varios años de debates y aproximaciones, enfrentó un sombrío panorama ante la negativa de los republicanos para favorecer una vía a la ciudadanía de 11 millones de indocumentados residentes en el país. Casi dos tercios de los indocumentados vive en el país hace más de 10 años y solo el 15% hace menos de 5 años, reveló en 2012 un estudio de la organización no gubernamental Pew Hispanic Center.

La pesquisa de Pew Hispanic Center, difundida por el diario The New York Times, también constató que casi la mitad de los indocumentados, es decir unos 4,7 millones, son padres de niños menores de edad. Tal cifra contrasta con dígitos similares en el caso de inmigrantes legales con hijos menores (38%), o de los adultos nacidos en el país (29%). Tal disparidad responde a que los indocumentados poseen una media de edad menor que otros grupos de adultos -36,2 años- razón por la cual, se encuentran en un rango etario más proclive a tener descendientes.

Según la investigación del Pew Hispanic, cerca de un millón de las personas sin papeles son niños y unos 4,5 millones de los menores de 18 años, nacidos en territorio estadounidense, lo hicieron en hogares donde al menos uno de los padres carece de documentos legales. Si bien la población de niños indocumentados se redujo desde un máximo de 1,6 millones en 2005, los nacidos con al menos un padre indocumentado se duplicó desde 2000.

La iniciativa S.744 apoyada por el presidente Barack Obama incluye entre otros puntos la legalización y eventual ciudadanía de los indocumentados, el reforzamiento de la seguridad fronteriza y medidas para el control de futuros flujos migratorios. Pero esto no es aceptado por el ala más conservadora de los republicanos, que insisten en calificar el camino a la ciudadanía como una amnistía y se niegan a considerar la propuesta.

Obama incluyó el cambio de la ley como una de las prioridades de su segundo mandato. En declaraciones a las cadenas televisivas en español Univisión y Telemundo en Dallas (Texas), Denver (Colorado), Los Ángeles (California), y el área de Nueva York y Nueva Jersey, el presidente Obama, además de destacar los beneficios económicos, dijo que no tendría sentido aprobar un cambio que no incluya una vía a la ciudadanía, como proponen algunos republicanos, porque el sistema migratorio lleva roto un tiempo y no sirve a la economía.

La inmigración es un problema con necesidad de ser arreglado legislativamente, subrayó Obama, quien no quiso especular sobre qué pasaría si la reforma fracasa y solo apuntó que, en ese caso, probablemente no usaría su autoridad ejecutiva para legalizar a los indocumentados. A favor de la modificación de las regulaciones acentuó que durante su mandato se destinaron recursos sin precedentes para fortalecer la seguridad en la frontera con México y que el número de indocumentados que cruzan a Estados Unidos disminuyó considerablemente durante los últimos años.

Pese a los esfuerzos del Senado y el respaldo de la mayoría de los electores, el camino se torna más difícil para los que apoyan la regularización de los inmigrantes sin papeles. En ese sentido, y tal vez para animar a ese sector, el presidente estimó que aunque no creía que la reforma sea aprobada antes del receso legislativo de agosto, como era su meta inicial, sí pudiera estar lista en el otoño.

Ese asunto, sin embargo, enfrentó serios desacuerdos entre los republicanos. Unos conservadores la apoyan y otros la critican haciendo más difícil alcanzar un acuerdo. En este estira y encoje destacó el representante republicano Paul Ryan, el ex compañero de fórmula presidencial de Mitt Romney en 2012. Ryan, presidente de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes y mencionado con frecuencia entre los posibles aspirantes republicanos a la presidencia en el 2016, se decantó a favor de hallar la manera de que sean reconocidos 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización legal.

El parlamentario, con impecables credenciales conservadoras, pudiera ser un eslabón de mucha utilidad para convencer a sus colegas de la necesidad de aprobar la modificación de la ley, lo cual considera una necesidad para asegurar la seguridad económica y nacional. El político, que representa al estado de Wisconsin, marcha por el mismo carril que otros poderosos grupos que favorecen una nueva norma migratoria: la iglesia católica y el sector empresarial.

Se pensaba avazar si una coalición bipartidista de siete legisladores de la Cámara lograba presentar una iniciativa, la cual, al igual que la del Senado aborde el proceso de manera integral y no fragmentado como quieren importantes figuras de esa parte del Congreso. En esto se pensaba que podría influir el receso legislativo que se inició en agosto y que daría un mes para que los interesados midan en sus distritos las reacciones a favor o en contra de aprobar una ley abarcadora.

Esto daría más tiempo, estimaron analistas, al presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, para trabajar con los miembros de ese foro sobre la necesidad de arreglar un sistema que la mayoría considera roto y el problema de quienes están en el país de manera indocumentada. Boehner ha insistido enfáticamente que la Cámara no votará el proyecto de ley integral, el cual contó con el apoyo bipartidista en el Senado.

Sin embargo, los desacuerdos podían generar acuerdos. En ese sentido, Boehner expresó el deseo de seguir adelante con una medida impulsada por líder de la mayoría Eric Cantor (R-Virginia), que ayudaría a los hijos de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad. No es una mala idea aunque su aprobación rompería la estrategia de la mayoría de los demócratas y de algunos republicanos, de aprobar un plan abarcador de todos los problemas.

Para alcanzar ese objetivo figuras demócratas y republicanas del Senado, apoyadas por el sector empresarial, hicieron campaña en el país dirigidas a convencer a sus colegas de la Cámara de Representantes. Los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham, junto al demócrata Charles Schumer, se reunieron con directivos de los gigantes tecnológicos Microsoft, Google e Intel, y los grupos pro reforma para discutir una campaña a fin de atraer el apoyo de más de 100 republicanos de la Cámara.

El diario digital Politico informó que grandes empresas y ejecutivos del sector de la informática abrieron sus carteras para apoyar con fondos el logro de una reforma migratoria. Google, Facebook, Oracle y una amplia lista de empresas y ejecutivos facilitaron fondos a miembros del panel bipartidista del Senado justo antes de la aprobación de un proyecto de ley que incluía las reformas más preciadas de la industria, entre ellas más visas H-1B.

Google y Microsoft donaron fondos al senador Michael Bennet (D-Colorado), mientras Facebook respaldó a su comité de acción política (PAC). Entre tanto, importantes inversores de Silicon Valley (California) como Ron Conway y John Doerr, contribuyeron con grandes sumas para el senador Lindsey Graham (R- Carolina del Sur). Las empresas de tecnología y sus ejecutivos ofrecieron también un apoyo similar a los senadores Richard Durbin (D-Illinois), John McCain (republicano por Arizona), Marco Rubio (R-Florida) y Charles Schumer (D-Nueva York).

Según el diario Politico, las compañías tecnológicas favorecen la llegada al país de un mayor número de trabajadores altamente calificados, tanto en concepto de visas H-1B temporales, así como tarjetas de residencia para los inmigrantes con experiencia en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; de ahí su apoyo a la reforma de las leyes migratorias. Esas prácticas, calificadas por muchos como robo de cerebros a otras naciones, buscan ofrecer nuevas visas a ingenieros y estudiantes extranjeros para permanecer permanentemente en los Estados Unidos.

El mes de agosto estuvo plagado de acciones de presión en los distritos electorales dominados por la oposición para hacer que algunos miembros de la Cámara Baja cambiaran su posición y apoyaran el plan aprobado por el Senado a fines de junio, que entre otras cosas contempla un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de personas que viven sin papeles en Estados Unidos.

Esos activistas, junto a organizaciones como la central sindical AFL-CIO, organizaron marchas, conferencias y protestas en buscaban de apoyo a la iniciativa del Senado. El senador demócrata por Nueva York Charles Schumer, miembro prominente del equipo bipartidista que redactó el proyecto de normativa, confiaba en poder alcanzar algún acuerdo con la Cámara de Representantes, aunque no dejó de reconocer como bueno que esa parte del Congreso se aferre a su propio enfoque, siempre que pueda ser reconciliado con la versión aprobada por el Senado.

Mientras tanto, en varios estados del país estaba en marcha la campaña “Cuenta regresiva para la ciudadanía”, la cual ha perseguido influir durante agosto y septiembre en más de 100 legisladores del Partido Republicano, que niegan su apoyo al plan del Senado. Por ejemplo, en California se ejecutaban actos de desobediencia civil, plantones en las oficinas de los congresistas, jornadas de llamadas telefónicas y talleres de ciudadanía en más de 30 ciudades, lo que evidenciaba la intensidad de las jornadas en todo país.

Al respecto, Angélica Salas, directora de la Coalición de Derechos Humanos de Los Ángeles, estimó que “si no actuamos nosotros, los republicanos no van a actuar”. Entre los argumentos a favor del cambio de las leyes destaca un informe del Center for American Progress según el cual si se aprueba el plan del Senado, solo en el estado de California se alcanzará un crecimiento acumulado de la economía de 832 mil millones de dólares en los próximos 10 años.

Pese al esfuerzo para impulsar la solución del problema, la negociación en el Congreso sobre el tope de la deuda y la polarización política que tiene a demócratas y republicanos en pie de guerra y más divididos que nunca, lo impidió. A pocos días de que el Congreso estadounidense reinicie sus labores tras el receso del verano, el 9 de septiembre, una solución del problema migratorio se mantenía como rehén de las discrepancias entre republicanos y demócratas.

Según señalaron activistas y grupos que apoyan un cambio de la ley, los republicanos eran el único obstáculo para que se pueda aprobar una reforma migratoria, algo que tiene parte de verdad pero no es absoluto. La primera quincena de octubre sirvió de marco a manifestaciones favorables a la reforma de las leyes pero, pese a estar bien organizadas, las marchas y eventos que sacudieron al país no tuvieron el arrastre masivo y ocurrieron en el peor de los momentos, cuando el país se debate en una crisis fiscal.

Durante la primera semana de octubre, casi 200 eventos en todo el país intentaron darle al Congreso un “ultimátum” sobre la reforma migratoria y el día 8, luego de una marcha cerca del Congreso, ocho legisladores demócratas fueron arrestados por la policía por protestar debido a la falta de acción legislativa sobre el tema. En contra de la reforma ahora conspiraba el tiempo y según expertos como Jerald Podair, profesor de historia de Lawrence University en Wisconsin, para los movimientos sociales el “momento” lo es todo y este resulta, posiblemente, el peor de los momentos para los que piden el cambio de la ley.

Las marchas estaban organizadas desde hace tiempo, pero justo en Washington y en los medios en inglés no se hablaba de otra cosa que no sea el cierre del Gobierno, apuntó Podair. Así, la aprobación de una reforma de las leyes migratorias, en especial por la negativa republicana en la Cámara de Representantes de aceptar la propuesta del Senado (S-744), languidecía en el Capitolio.

A la iniciativa se oponen los republicanos en la Cámara baja que insisten en un enfoque poco sistemático compuesto por varios proyectos de ley, cada uno centrado en un tema singular en la reforma migratoria. Según el diario The New York Times, tal vez los líderes del partido y los moderados enfrenten las posiciones del Tea Party y de los conservadores que quieren descarrilar cualquier iniciativa, que como la del Senado, permita a los inmigrantes indocumentados la ciudadanía.

Hasta ahora el presidente de la Cámara baja, el republicano John Boehner, descartó votar el proyecto de ley del Senado, o cualquier proyecto de ley de inmigración no compatible con la mayoría de su bancada. Esa es una receta para el fracaso, asegura el Times, y agrega que la Cámara no tiene nada más que ofrecer en este momento, a no ser varias iniciativas por separado que amenazan con hacer interminable la consideración del tema.

Diferentes análisis de los últimos meses sostienen que los republicanos también pueden aceptar una reforma migratoria bipartidista para atraer a los votantes latinos y asiáticos, y terminar con la percepción de que ese partido solo ofrece a esos votantes hostilidad y miedo. Algunos políticos opositores consideran que apartarse de un proyecto bipartidista sería un alejamiento del partido de los electores, con lo cual pasarían a ser una agrupación sin posibilidades de volver al gobierno.

No obstante, el debate de los problemas financieros hará más difícil encontrar tiempo para analizar proyectos de inmigración en octubre, dijo un asesor del liderazgo republicano. Para algunos analistas, es difícil lograr avances sobre el tema migratorio en 2014, un año electoral en el cual los legisladores temen comprometer su voto tras un debate que desde su comienzo creó serias discrepancias, en especial sobre la aprobación de una vía hacia la ciudadanía de cerca de 11 millones de indocumentados. En la actualidad hay poco apoyo para aprobar el proyecto de ley integral acogido en junio por el Senado e incluso el enfoque fragmentario impulsado por el liderazgo de la Cámara tiene poco respaldo, señalan fuentes legislativas.

Millones de historias para contar

La incapacidad del Congreso estadounidense para aprobar una reforma de las leyes migratorias este año propicia que millones de personas cuenten hoy una historia de los problemas que enfrentan en ese país: sus temores a ser deportados, abusos de empleadores, arrestos ilegales y numerosas historias que ilustrarán su vida en la sombra, entre otras irregularidades.

Durante el año fiscal 2011 fueron repatriados 396.906 extranjeros, la mayoría de nacionalidad mexicana, y en 2010 la cifra resultó 392 mil. En el año fiscal 2012, más de 400 mil personas fueron deportadas en Estados Unidos, con lo cual la administración del presidente Barack Obama superó su propio récord. De acuerdo con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés) el país expulsó a 409.849 personas el año pasado, buena parte de ellas declarada culpable de delitos graves o menores.

Ahora el gobierno de Obama puede obtener el nada deseado premio de sobrepasar el récord de deportación de inmigrantes, más de dos millones, cuando termine su actual mandato, y donde los menores de edad no están excluidos. Casi 141 mil niños, hijos de inmigrantes, en los últimos cuatro años fueron abandonados, la mayoría sin compañía, en cualquiera de los puntos de la frontera estadounidense, un reflejo inhumano de esta crisis en la cual los deportados son solo la punta del iceberg.

A principios de febrero de este año, más de cinco mil niños nacidos en Estados Unidos, hijos de inmigrantes indocumentados, vivían en riesgo en centros de crianza del gobierno, después de ser separados de sus padres. Según un informe del Centro de Investigación Aplicada de Familias destrozadas, los progenitores de esos menores en la mayoría de los casos se encontraban detenidos o habían sido deportados. Si la tendencia continúa, el Centro calculó que unos 15 mil niños más serán arrancados del seno familiar en los próximos cinco años como resultado de las acciones federales de inmigración, explicó un artículo de opinión difundido en la página digital del diario Los Angeles Times.

El desacuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso no solo afectó a extranjeros, a miles de niños hijos de inmigrantes indocumentados deportados, sino también a estadounidenses que pasan trabajo para demostrar su ciudadanía. Recientemente, la versión digital del diario californiano La Opinión describió el caso de Blanca Alfaro, una ciudadana estadounidense que en 1998 fue deportada a El Salvador desde un aeropuerto de Nueva York y que en 2013 pasó dos semanas en cárceles de inmigración de Texas y Louisiana.

La odisea de Alfaro, quien nació en Houston, Texas, y al fin recibió su pasaporte estadounidense en noviembre, tras años de lucha por conseguirlo, es solo una pincelada que ilustra los problemas de la injusticia del sistema migratorio existente, en un país de inmigrantes, según reconocen políticos y hasta el propio presidente Barack Obama.

Alfaro, quien nació en Houston, enfrentó el calvario de tener que demostrar que era realmente estadounidense, luego que su padre se la llevó a El Salvador a los cuatro años. El problema de los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos es uno de los tantos desacuerdos existentes en el Congreso y que para muchos republicanos se resuelve con negarles a estas personas un derecho reconocido por las leyes del país, la ciudadanía.

Pero esta es una de las historias menos dramáticas en comparación con otras narradas cuando la represión desatada a causa de leyes estatales contra miles de indocumentados estaba en su apogeo en 2011. Leyes como la de Arizona y Alabama incrementaron el “terror a los agentes de inmigración” a causa de lo cual durante los años de gobierno de Obama más de millón y medio de personas fueron deportadas, una cifra sin precedentes.

Desde que los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara Baja y disminuyeron la ventaja demócrata en el Senado en noviembre de 2010, el debate del tema migratorio estuvo supeditado a otros asuntos, pese a que los senadores aprobaron un plan de reforma integral este año sobre el cual los republicanos se niegan a legislar. Argumentos como la seguridad en la frontera y la pérdida de empleos de los estadounidenses endurecieron la política antiinmigrante, mientras sectores conservadores del país utilizaron ese elemento para criminalizar el trabajo indocumentado.

A finales de 2011, el filme documental “Lost in Detention”, transmitido el 18 de octubre por el canal de televisión pública PBS, denunció descarnadamente la situación de los deportados. Según el reportaje, las leyes de inmigración, y en particular Comunidades Seguras, llevaron a la separación de familias, la detención en condiciones inhumanas, el abuso sexual y psicológico y el racismo.

En el laberinto migratorio, al parecer, son los republicanos los que más perderán, como indican proyecciones políticas y recientes sondeos. Pesquisas realizadas en distritos de California, por ejemplo, donde hay un fuerte componente de hispanos, dan fuerza a esta creencia. Muchas personas consultadas sugieren que el Partido Republicano podría mejorar su imagen en las zonas predominantemente latinas si el Congreso aprueba una nueva redacción de las leyes de inmigración de Estados Unidos, algo que sabe la jerarquía de esa agrupación pero no se traduce en hechos.

Más del 70% de los preguntados en tres distritos electorales representados en la Cámara baja por los legisladores republicanos Jeff Denham, Devin Nunes y David Valadao, dijeron que apoyarían un proyecto de ley que refleje el plan de cambio integral de la inmigración, aprobado por el Senado en junio. En estas tres áreas, el 69% de los votantes dijeron que estarían a favor de un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, siempre y cuando los solicitantes paguen las multas, aprendan inglés, pasen la verificación de antecedentes, y esperen al menos 13 años para obtener la ciudadanía. Esa es la esencia acordada por los senadores y que su contraparte en la Cámara baja se niega a aceptar.

Analistas de las campañas electorales consideran que nadie puede ser elegido o reelegido en muchos estados del país sin el voto masivo latino, lo cual parece impulsar ahora a demócratas y republicanos camino a las elecciones de medio término de 2014. Si en esos comicios los demócratas retoman el control de la Cámara baja, estarían obligados a pasar una reforma migratoria, lo cual pudiera alejar a los republicanos de retomar el control de la Casa Blanca en 2016, estiman comentaristas políticos.

En vista de la falta de movimiento de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes, la central sindical AFL CIO anunció recientemente el lanzamiento de una campaña contra determinados congresistas en distritos vulnerables del país, utilizando su negativa en aprobar una ley migratoria. Una encuesta reciente de Latino Decisions encontró que los latinos pueden inclinar la balanza en las elecciones del año que viene para elegir a parte de los miembros del Congreso. El estudio midió las opiniones de votantes hispanos que vieron una campaña lanzada por AFL CIO durante noviembre con comerciales de televisión en los mercados de Denver, Orlando y Atlanta.

Según los resultados, el 73% de los que vieron los comerciales atribuían a los republicanos la falta de una reforma, mientras que entre aquellos que no vieron los comerciales sólo 44% los culparon. El 69% de los que vieron los anuncios dijeron que votarán por los demócratas el año que viene, mientras que sólo 49% dijo lo mismo entre quienes no vieron los comerciales.

Esencialmente se comprueba que el Partido Republicano tiene mucho que perder y que su actitud sobre inmigración, unida a una buena campaña publicitaria, puede afectar el control de la Cámara de Representantes para enero de 2015, indican los autores de la pesquisa. Además de sus historias personales, el estimado de más de 11 millones de inmigrantes que viven sin papeles en Estados Unidos, podrán contar a sus hijos y nietos que en 2013 el Congreso estadounidense no logró ponerse de acuerdo para aprobar una reforma integral de las leyes migratorias.

* Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.