La Habana, Naciones Unidas, Kinshasa y Nairobi.- El fracaso de las negociaciones entre la guerrilla del Movimiento 23 de Marzo (M23) y el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) empeoró de inmediato la crisis político-militar que afecta al oriente del país. La reanudación de las hostilidades llegó a mediados de octubre, pocos días después de que las negociaciones de paz se rompieran.

Luego de largas jornadas de debate e incertidumbre en Kampala, la capital ugandesa, sede de las conversaciones, estas no fructificaron, aunque por momentos parecía que las partes llegarían a un entendimiento y de ahí pasarían a la apertura de un proceso de intercambio de concesiones, pero todo quedó en el intento de resolver el disenso.

En la provincia de Kivu Norte, teatro de operaciones, volvieron a sonar las armas y a huir los desplazados en el Estado africano, agraciado por las riquezas minerales, que sufrió el conflicto armado más sangriento después de la Segunda Guerra Mundial, el cual causó cinco millones de muertos.

La reanudación de las hostilidades llegó a mediados de octubre, pocos días después de que las negociaciones de paz se rompieran porque el gobierno con justeza rechazó la petición por parte del M23, de que se amnistiara a los jefes insurrectos y posteriormente se reinsertaran en el ejército. Eso resultó paradójico porque el propio Movimiento aseguró -con bastante anterioridad- que no tenía intención de formar parte de las fuerzas armadas congoleñas.

Queda en el aire cuál es la posición de los guerrilleros y también es dudosa su voluntad negociadora, mientras intensifica la contienda armada en la riquísima zona de los Kivu. El contraste respecto a la asimilación en el ejército es mucho mayor, cuando se recuerda que la petición de esa guerrilla de base étnica tutsi lo que deseaba era el cumplimiento por parte de las autoridades de lo pactado en 2009. Eso tenía como propósito acabar con otro grupo armado de composición hutu y presuntamente vinculado con el genocidio de Ruanda de 1994.

El M23 está esencialmente compuesto por antiguos rebeldes congoleños del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), integrados al ejército de la RDC. Luego se levantaron en armas en la región del Kivu Norte, y desde entonces acusan a Kinshasa de no respetar las disposiciones del acuerdo en cuestión.

Esa guerrilla creada hace 20 meses dejó entrever la posibilidad de realizar negociaciones, pero estas permanecieron detenidas y cada vez que se intentaba hacerlas funcionar chocaba con obstáculos. El tema se debatió en la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (Cirgl).

La reunión estuvo presidida por Uganda, un país que conoció la contienda armada en la RDC desde 1998 hasta 2003 -la cual ahora se conoce como la Primera Guerra Mundial Africana- la que llevó a la mesa de negociaciones a las dos partes y, por supuesto, también carga con un porcentaje del fracaso.

Algo de historia

Para comprender por qué el Congo Democrático sufrió tantos conflictos desde su independencia de Bélgica en 1960, es necesario entender que ese país, considerado uno de los más ricos del mundo, resulta un territorio estratégico para los africanos. Lo que ocurra en ese Estado, repercute al menos políticamente en todo el continente.

Para especialistas el equilibrio real de África está allí, pero cómo lograrlo es la incógnita, porque desde su independencia hasta hoy su trayectoria se caracterizó por las pugnas internas y la apetencia externa. También por las divisiones por intereses locales y las traiciones, recuérdese los asesinatos de Patricio Lumumba en 1961 y de Laurent Desiré Kabila en 2001.

En 1998, luego de la guerra de liberación nacional contra el régimen de Mobutu Sese Seko, uno de los grandes enemigos del movimiento revolucionario mundial y uno de los políticos vinculados directamente con el magnicidio de Lumumba, el país entró en una guerra con sus exaliados.

Ruanda y Uganda respaldaron la expulsión de Mobutu y el ascenso de Laurent Desiré, pero a la corta se desataron conflictos de intereses y colocaron en terreno movedizo la soberanía congoleña, ahora bajo el mando de Kabila. También las víctimas de la guerra, en su mayoría civiles, generaron muchos problemas asociados al conflicto, como el asunto de los refugiados.

El fin de la contienda pactado en Pretoria, Sudáfrica, en 2002, creó un frágil ambiente de paz, pero lo cierto era que el vórtice de la guerra perdía en apariencia su carácter subregional para semejar un asunto meramente interno, aunque Kinshasa siempre señala a Kampala y Kigali como los manipuladores de las guerrillas que operan contra el Estado.

Los gobiernos de Yoweri Museveni, de Uganda, y de Paul Kagame, de Ruanda, rechazan tales acusaciones, que se reiteran desde hace años y en la actualidad las autoridades congoleñas señalan al gobierno de Kigali detrás de los guerrilleros del M23, lo cual también niegan esos vecinos.

Si en principio hubo una engañosa cortina de desinformación respecto a que los guerrilleros del Movimiento 23 de Marzo estaban optimistas con los resultados de las negociaciones de este octubre en Kampala, esa ilusión se desvaneció cuando el vocero del presidente Joseph Kabila, Lamber Mende, restó credibilidad a las declaraciones de los insurgentes.

Un texto difundido por la radio británica sobre la segunda guerra en el Congo Democrático (2003) expone que “en el este del país hay una nueva guerra, una compleja red de rivalidades internas e internacionales con grupos rebeldes enfrentados al ejército y la ONU, mientras pequeñas milicias comunitarias contribuyen a la inestabilidad general”.

Hoy, 12 años después, no se evidencian cambios en ese cuadro; la contienda armada es una amenaza que en ocasiones se concreta con ataques al ejército, a las poblaciones civiles, a las organizaciones humanitarias, a los efectivos de Naciones Unidas, entre los propios elementos de distintas guerrillas, y en la que también el vandalismo ocupa un espacio. Por momentos la situación empeora y la persistente amenaza cada día se convierte en tragedia.

Integrantes del grupo radical islámico somalí Al Shabaab se unieron a rebeldes ugandeses con el objetivo de desestabilizar a la República Democrática del Congo (RDC), denunció en julio el portavoz del gobierno Lambert Mende y expresó que mercenarios de Al Shabaab colaboran con la agrupación Alianza de Fuerzas Democráticas del Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (ADF-NALU) con el propósito de controlar sobre todo la provincia de Kivu Norte.

ADF-NALU ha sido responsabilizado en diversas ocasiones de cometer actos de secuestros y abusos contra la población civil en Kivu Norte, en el este de la RDC. En abril último esa organización rebelde secuestró a más de 40 personas en las aldeas de Mamundioma y Totolito, en el territorio de Beni, Kivu Norte, reflejaron medios de prensa.

Mende aseguró, asimismo, que el gobierno confirmó la presencia de mercenarios somalíes al servicio de Al Shabaab en Congo Democrático y expresó que se adoptan medidas para poner fin a la colaboración mafiosa entre esa agrupación y ADF-NALU. Líderes de países africanos firmaron en febrero último en Addis Abeba un acuerdo de paz para estabilizar el este de la RDC y la región de los Grandes Lagos.

Conflictos en los Kivu

La continuación de los conflictos armados en el este de la RDC refuerza las posibilidades de imponer una solución militar al asunto, idea que cuenta con respaldo en África. Sudáfrica prometió enviar más de mil 300 soldados para integrarse a una brigada compuesta por tres mil 500 efectivos, en la cual también participarán Tanzania y Malawi, según aprobaron los líderes de este continente para enfrentar a los grupos armados en el oriente de la RDC, donde desestabilizan a las regiones del Kivu.

Sin embargo, aunque haya voluntad política y soldados dispuestos, comenzar grandes operaciones contra esas bandas allí es una opción de suma complejidad que entraña un alto nivel de riesgo y cuyas consecuencias podrían ser graves para la población civil, al pasar de espectadora a víctima. Con independencia del apoyo diplomático dado a esa alternativa por los 11 Estados-miembros de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (Cirgl), esas acciones bélicas incluirían a la Misión de Estabilización de la ONU (Monusco) y a otros componentes decididos a ayudar a restablecer la seguridad en la RDC.

Una de las consecuencias de la extensión de las contiendas y las variadas formas que adoptan se expresa en el desequilibrio económico, social y psicológico que afecta de manera inmediata a millares de ciudadanos, quienes tratan de escapar de los enfrentamientos ante el temor de perecer en medio del fuego cruzado. En solo seis días, por ejemplo, unos 55 mil congoleños entraron en Uganda para huir de los ataques de los guerrilleros de ese país, que operan en el este de la RDC, aunque, según la Cruz Roja, la cifra de desplazados que atravesaron la división internacional pudo ser superior a ese estimado.

Las guerras y los desplazados son fenómenos indisolublemente unidos, generalmente las primeras generan lo segundo, y en África está probado que tanto esas causas como sus consecuencias confeccionan escenarios dramáticos o forman un ciclo de situaciones calamitosas en extremo. En los países subdesarrollados, los (desplazados) recién llegados agravan la presión sobre los recursos (alimentos, agua, demandas educativas, sanitarias) y sobre los puestos de trabajo, ya de por sí escasos, ilustra el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (Acnur).

Más de 60 mil personas -en conjunto- huyeron a mediados de julio de la provincia de Kivu Norte por los combates entre el ejército y la guerrilla de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una formación antigubernamental ugandesa que actúa en el este del Congo Democrático, para muchos el país más rico y ambicionado de África. El flujo de desplazados comenzó el pasado 11 de julio, un día después de que ADF tomara la localidad de Kamango, cerca de la frontera ugandesa y ubicada en el Kivu Norte, reforzaron fuentes de Naciones Unidas.

Según la ONU, más de la mitad de esos congoleños que escaparon de la oleada de violencia y se refugiaron en la vecina Uganda son menores de edad. De los 37 mil niños registrados por la Cruz Roja, 122 eran menores no acompañados tras ser separados de sus familiares por el conflicto. Desde antes en esa región de los Kivu sobresalieron por su persistencia otros ataques; esa vez fueron intercambios de fuego entre las fuerzas armadas y el Movimiento 23 de Marzo (M23), guerrilleros de la comunidad tutsi, integrados primero al ejército y luego nuevamente amotinados.

El comando de la misión de Monusco dictó la orden de proteger a los civiles de la ciudad de Goma, tras reanudarse la lucha del movimiento M23, cuya base siempre fue la provincia de Kivu Norte, y los castrenses. No es de sorprender la multiplicación de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los grupos armados, que se estima sean una veintena en el oriente de la RDC y que asumen temas étnicos y otros el perfil político, pero la mayoría se dedica al vandalismo, con lo cual exacerban la inestabilidad y atemorizan a los civiles.

Los combates entre rebeldes y tropas expulsaron a más de 100 mil residentes de su hábitat en el este de la RDC, agravaron la crisis humanitaria, fenómeno que ha generado en total dos millones 600 mil desplazados internos, y seis millones 400 mil necesitados de alimentos y ayuda de emergencia, calculó la ONU a finales del pasado semestre.

Luego de articular un débil proceso de paz tras la segunda guerra del Congo (1998-2003), que implicó directamente a siete países africanos, y tener una marcada presencia de efectivos de la ONU en su territorio, la RDC continúa enfrentando problemas con su seguridad, como ocurrió a principios de este agosto también en Kivu Sur. Este es un territorio con fronteras internacionales con Ruanda, Burundi y Tanzania, y su capital es la ciudad de Bukavu, que recientemente pasó a un triste destaque de prensa al ser citado como escenario de un alto nivel de violencia sexual, vinculado con los “actos colaterales” de las bandas armadas.

Fuertes combates entre el ejército y una milicia ocurrieron en la rica e inestable provincia de Kivu Sur, donde las fuerzas armadas se enfrentaron en la localidad de Fizi a una milicia de la comunidad Mai Mai. El general Pacitique Masunzu, comandante de la décima región militar, notificó que esa facción atacó al Estado Mayor del ejército y abrió la prisión de la zona, antes de ser rechazada por el ejército regular.

Según el general Masunzu, esos Mai Mai del grupo Yakutumba son aliados de los rebeldes de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), oriundas de Burundi, que arrastra su huella sangrienta hasta el Congo Democrático, otro Estado de los Grandes Lagos que no ha podido descansar plenamente de los conflictos armados. En ese ámbito, la Radio Okapi -la cual trabaja con la misión de la ONU- notificó que fuentes civiles y militares afirmaron que en esos enfrentamientos hubo cuatro milicianos muertos y cinco civiles heridos de bala, es decir, al final los civiles se convierten en objetivo de los grupos irregulares armados.

Los Kivus son históricamente dos de las provincias más turbulentas de la RDC, no sólo por su ubicación estratégica como región fronteriza a Uganda, Ruanda y Burundi, sino sobre todo por su riqueza en minerales; ambas resultan escenario de mucha violencia armada, que cada año causa el desplazamiento de miles de personas. Según apuntan organizaciones humanitarias, esas zonas persisten como focos de desplazados y otras víctimas de la guerra de baja intensidad que se libra allí.

En ese ámbito, los problemas continúan en Kivu Norte y Kivu Sur, dos lugares en los cuales el conflicto bélico tanto golpeó a la población, cuya situación preocupa a Kinshasa, a sus vecinos y a sus afines, pues en el fondo hay un río revuelto del que se aprovechan grupos de facinerosos con poder, allá lejos de las fronteras congoleñas.

Cien mil desplazados por la guerra

Más de 100 mil congoleños huyeron de sus casas y se convirtieron en desplazados dentro y fuera del país a causa de los combates entre soldados y rebeldes en regiones del sur, informó Médicos sin Fronteras (MSF). La población escapa del conflicto entre tropas de la RDC y las llamadas Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri (FRPI), que luchan desde el 23 de agosto pasado por el control de esa demarcación del noreste.

Los habitantes que huyen de esa región han sido abandonados, según un comunicado suscrito por Fred Meylan, coordinador de MSF en la localidad de Geti. Las hostilidades son en particular intensas en el distrito de Irumu del Sur, donde sus pobladores sufren tiroteos y saqueos a diario, añade Meylan en el documento.

Los actuales recursos para asistir a los afectados por los enfrentamientos son “totalmente insuficientes”, afirma el texto, que también llama a movilizar ayuda de la comunidad internacional y exhorta a las partes en pugna a respetar a la población civil. MFS solicita además cuidar la integridad de los equipos médicos, la mayor parte de cuyas instalaciones sanitarias fueron saqueadas o destruidas en las últimas semanas.

Una enfermera murió y varios pacientes resultaron heridos en un combate en septiembre último dentro del centro médico de Geti, aunque hasta ahora hemos conseguido mantener los servicios de emergencia para salvar vidas y atender a los heridos. La falta de asistencia es en particular aguda en las poblaciones próximas de Lagabo, Soke, Songolo y Malo, donde los desplazados comenzaron a llegar a finales de agosto tras abandonar sus lugares de origen y pertenencias.

La organización se ha visto obligada a aplazar campañas de salud como la instrumentada para la vacunación contra el sarampión y reducir el número de sus trabajadores tras los enfrentamientos próximos a su base en la localidad de Geti. “La mayoría de la población infantil necesitada no tiene acceso a la atención médica. Esto es particularmente preocupante, ya que parte de la región sufre una epidemia de sarampión desde hace varios meses”, advirtió el coordinador de MFS en la zona.

Los médicos de esa entidad, de acuerdo con el informe, realizaron más de 17 mil consultas en esa demarcación y en Munobi, operaron a 43 pacientes heridos, efectuaron 17 cesáreas y ofrecieron cuidados intensivos a otras 165 personas. Equipos de asistencia de MFS se ven además obligados a tratar químicamente y distribuir unos 100 mil litros de agua por día a las personas forzadas a abandonar sus hogares y que ahora viven en refugios improvisados y carentes del preciado líquido.

La situación de la RDC, que sufre aún la secuela de la denominada Segunda Guerra del Congo (1998-2003), se agravó a mediados del pasado año con la sublevación y alzamiento de numerosos militares en un movimiento que asumió el nombre de M-23. Esa última organización y las FRPI, una antigua agrupación de opositores, figuran entre los grupos de insurrectos que operan en la actualidad en el país.

El 3 de diciembre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó que la falta de recursos obligará a reducir o interrumpir algunas de sus operaciones en la República Democrática del Congo. En un comunicado, la agencia especializada de la ONU precisó que miles de personas dejarán de recibir este mes la ayuda alimentaria en ese país de África Central golpeado por una compleja situación humanitaria, agravada por la inestabilidad y la violencia.

Según el PMA, que financia su labor a partir de contribuciones voluntarias, se necesitan con urgencia 75 millones de dólares para garantizar la entrega de comida durante los próximos seis meses en la República Democrática del Congo, llamada Zaire entre 1971 y 1997.

Las dificultades en el acceso a recursos han afectado en el último semestre la distribución de raciones a seres humanos desplazados en la provincia de Kivu Norte, ubicada al oriente del país, donde en el pasado se reportaron intensos combates entre tropas gubernamentales y los rebeldes del movimiento M-23.

Datos del Programa reflejan que uno de cada 10 niños sufre malnutrición aguda y seis millones 300 mil personas padecen hambre y requieren asistencia alimentaria en la nación africana. Para el representante del PMA en Congo Martin Ohlsen, la reducción de operaciones podría socavar los esfuerzos del gobierno y de la comunidad internacional por estabilizar la región. Ohlsen opinó que las necesidades de apoyo que demandan Filipinas y Siria parecen “eclipsar los reclamos de ayuda de otras zonas del mundo menos visibles”.

El PMA informó que apenas cuenta con la cuarta parte de los 478 millones de dólares que necesita para continuar sus acciones humanitarias en ese país africano, iniciadas en julio de este año hasta diciembre de 2015. La vocera del PMA Elizabeth Byrds afirmó que urgen 75 millones de dólares para desarrollar en los próximos seis meses esa asistencia en Congo, donde seis de cada 10 familias en las regiones afectadas por las revueltas padecen de inseguridad alimentaria, el doble que hace dos años.

Según cálculos del PMA unos 500 mil desplazados serán afectados por esta reducción en el presupuesto, de los cuales 300 mil se concentran en la región de Kibu Norte, donde reciben medias raciones de comida desde hace seis meses. A ello se suma que uno de cada 10 niños sufre de desnutrición aguda y 6,3 millones de personas se enfrentan al hambre.

Congo es potencialmente uno de los países más ricos de la Tierra, pero el colonialismo, la esclavitud y la corrupción lo condenaron a ser uno de los más pobres, de ahí que la ayuda internacional es una constante para su población. Actualmente el PMA desarrolla un proyecto para alimentar a 180 mil niños, mujeres embarazadas y con hijos lactantes que corre el peligro de paralizarse por la falta de fondos. Por tales razones la estrategia es priorizar la asistencia a los más vulnerables: menores, discapacitados, enfermos y ancianos.

* Jefe de la redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.