El Grupo de los 20 propinó un severo golpe al gobierno de Panamá cuando, inopinadamente, sin siquiera imaginarlo, lo incluyó entre un conjunto de 11 países que tienen enlistados como países fiscales. La acusación fue impactante porque, unos dos meses antes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lo había sacado de su lista gris de países con ese estigma, una paradoja con lo que sucedió en el G-20, cuyos miembros lo son también de esta institución.

Con la OCDE Panamá estuvo negociando durante mucho tiempo y sólo cuando el gobierno cumplió determinados requisitos, como la firma de una docena de tratados financieros internacionales, la gran mayoría de ellos con países del G-20, la institución lo pasó a su lista blanca. Para el gobierno, tal decisión era importante por su agresiva campaña de atracción de inversiones extranjeras directas, que han crecido sustancialmente con la actual administración de Cambio Democrático.

Panamá buscaba por todos los medios ese arreglo beneficioso con la OCDE, entre otras razones para hacer mucho más expedita esa captura de capitales y ejecutar un inédito plan de inversiones, particularmente en infraestructura, superior a los 15 mil millones de dólares, sin incluir la ampliación del Canal. En su esquema de desarrollo, el equipo económico no dudó en ningún momento aumentar al límite máximo permitido el nivel de la deuda y ejecutar presupuestos también inéditos, como el aprobado para 2012, que supera los 14 mil millones de dólares en un país de sólo poco más de tres millones de habitantes.

Lograr salir de la lista de paraísos fiscales de OCDE significó para Panamá introducir cambios sustanciales en la legislación fiscal y el sistema tributario territorial, lo cual obliga a todos con actividad en el país a pagar impuestos en ocasiones más altos que los de esa entidad. Alcanzar esas metas llevó al gobierno, además, a asumir riesgos políticos con leyes impopulares como los anteproyectos 349, que crea asociaciones público privadas concentradas básicamente en las infraestructuras donde se mueve la mayor cantidad de dinero en inversiones, y 394 sobre minería, sin consultar a los indígenas.

Ambas legislaciones encontraron un rechazo muy fuerte y al gobierno le está costando mucho trabajo imponerlas, amén del desgaste que le ha significado a sus dirigentes, incluido el propio presidente Ricardo Martinelli, cuya aceptación ha declinado bastante entre sus electores.

En ese entorno se comprende que la reacción del gobierno a la decisión del G-20 haya sido tan virulenta, y la molestia llevó al canciller Roberto Henríquez a convocar al cuerpo diplomático acreditado en el país y a una conferencia de prensa para calificar de hipócritas a los detractores.

No significa, empero, que la decisión del G-20 vaya a frenar los planes de inversión ni mucho menos o que las empresas de Francia y otras naciones ricas se retiren de Panamá, aunque Henríquez las haya usado como puntas de lanza en su réplica a las acusaciones. De lo que se trata es de que al gobierno le costó mucho trabajo limpiar la cara y no va a permitir que se la vuelvan a enlodar porque hay mucho de por medio en juego, en especial la estabilidad financiera.

El gobierno trata de cambiar aquella imagen de gigantesca lavadora de dinero ilícito -al cual se atribuye, sin pruebas, el auge del sector de la construcción y la proliferación de rascacielos en la capital-, por otra bien respetable y cristalina, con un centro bancario internacional más transparente que agua de manantial.

Y la razón es que ese centro bancario ha aumentado sus activos líquidos en más de 75.750 millones de dólares y sirve de sostén financiero a una economía que crece más de 10% con una inversión pública superior a los 15 mil millones en los próximos cinco años, sin incluir las del Canal.

El Centro cuenta con unos 90 bancos, la mayoría con licencia general, poco menos del 50% con licencia internacional y los menos con licencia de representación, los cuales están autorizados a realizar tipos de operaciones según la categoría de la licencia. Todo ello lo ha convertido desde hace tiempo, pero con mayor énfasis ahora, en un Wall Street criollo y mercando de capitales muy apetecido con grandes posibilidades de crecimiento sostenido de su incipiente bolsa de valores.

El sistema legal que el gobierno está intentando crear en torno a esa parafernalia financiera, como los cambios en las leyes de Sociedades Anónimas, Marina Mercante y Abanderamiento de Naves, Seguro, Reaseguro y Aseguradoras Cautivas, fideicomiso y asociaciones público privadas, responde al objetivo de convertir a Panamá en un Centro de Servicios Internacionales.

La expansión del Canal de Panamá, obra que se realiza a un costo de 5.250 millones de dólares, es el eje central de esa estrategia. La vía interoceánica duplicará sus ingresos y será más efectiva que el yacimiento de petróleo más grande del mundo. El Canal tiene la enorme ventaja de ser un bien que sólo dejará de generar riquezas cuando los océanos se sequen. Para entonces el cambio climático habrá extinguido a la especie humana y ya no habrá rencillas.

En momentos que el G-20 le dio la estocada, Panamá avanzaba un proceso de análisis y discusión conjunto entre la Asociación Bancaria y la Superintendencia para una eventual adopción programada del nuevo Acuerdo de Capital Basilea II, parte de cuyas disposiciones se están incorporando a la reglamentación vigente, según explicara la propia organización.

El Centro bancario panameño mueve mucho dinero, como ya hemos señalado. El total de depósitos mantenidos alcanzó en mayo 2011 un total de 53.386 millones, un aumento de dos mil millones en los primeros cinco meses de 2011 y 5.338 millones de mayo de 2010 a igual mes de 2011. Los depósitos internos o locales sumaban 31.310 millones, en tanto que los depósitos extranjeros, cuyo saldo a mayo 2011 era 22.076 millones, aumentaron en 1.292 millones de diciembre 2010 a mayo 2011, y 2.681 millones de mayo 2010 a igual mes de 2011.

Después de estas cifras y vistas las proyecciones financieras y económicas, se podría decir que las preocupaciones del gobierno por la calificación de paraíso fiscal se miden en miles de millones de dólares.

Unos 400 millones de dólares ha dejado de prestar la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial a empresas con sede en Panamá, por incumplir requisitos sobre la salida del país de la lista de paraísos fiscales. Roberto Albisetti, gerente del IFC, dijo que las políticas del banco impiden que empresas en países que no han pasado la primera fase de revisión del Foro Global de la OCDE, como Panamá, sean sujeto de crédito.

Panamá salió de la lista gris de la OCDE, pero debe cumplir en una segunda fase con la implementación del marco legal y regulatorio para el intercambio de información, sin lo cual no se le puede certificar que ha dejado de ser paraíso fiscal. Esto afecta a empresas que tienen su sede en el país, pero que la mayor parte de sus negocios ocurre en otras jurisdicciones.

La política adoptada por el IFC, desde noviembre de 2011, ha frenado los financiamientos. De acuerdo con Albisetti esos préstamos están en la nevera y ni siquiera pueden ser considerados para llevarse al comité del banco pues no cumplen los requisitos. El gobierno panameño ha solicitado prórrogas para la revisión que permita determinar si podrá avanzar a la segunda fase del Foro Global. Las acciones al portador es el principal obstáculo.

* Corresponsal de Prensa Latina en Panamá.