Bruselas, París, Moscú y Ginebra (PL).- La arquitectura tributaria del sistema capitalista está diseñada para permitir a las grandes corporaciones evadir sus obligaciones, sin necesidad de caer en la ilegalidad. Rígido con el ciudadano común y corriente, el tinglado legal vigente favorece lo que se conoce como “ingeniería fiscal”, cuyo objetivo es evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos para incrementar las ganancias.

La evasión de impuestos sigue oscureciendo el panorama europeo, por ser un fenómeno que genera pérdidas anuales millonarias a los gobiernos. Ante tal situación, la Comisión Europea (CE) propuso a las administraciones de la Unión Europea (UE) una serie de medidas para cerrar vacíos legales que permiten a las compañías multinacionales eludir el pago de impuestos.

A principios de este año se conoció que empresas como Apple, Amazon y Google atribuían beneficios adquiridos en determinados países a subsidiarias en otros con mejor trato fiscal, como Holanda o Irlanda. El Ejecutivo europeo remarcó las pérdidas ocasionadas por esa práctica y por las brechas en la ley que regula la distribución de beneficios entre empresas matrices y sus subsidiarias, concebida para prevenir la doble imposición a las empresas con sedes en diferentes países del bloque.

Las disparidades en los sistemas tributarios de sus miembros permitieron a algunas compañías minimizar sus gravámenes o incluso esquivar la totalidad de los pagos, subrayó ante medios de prensa el encargado de Fiscalidad de la CE Algirdas Semeta, y explicó que los gobiernos deben reforzar sus convenciones sobre la doble imposición fiscal y adoptar una regla general de prevención que les permitiría ignorar cualquier arreglo artificial destinado a evitarla. Entre ellos se incluyen los llamados préstamos híbridos, un instrumento financiero que es considerado por algunas naciones como préstamo simple y por otros como capital exento de impuesto.

Los líderes de la UE tienen la mirada enfocada en cómo resolver el problema de la evasión fiscal por donde cada año escapa un billón de euros, cifra considerable para una zona con varios países en recesión. El tema es complejo de resolver, en primer lugar porque en el bloque no existe aún ninguna armonización fiscal, cada Estado aplica sus propias normas y algunas son más permisivas que otras, lo cual genera la migración de capitales hacia los sitios donde los impuestos son menos fuertes.

Un ejemplo de estas turbulentas relaciones entre países socios ocurre con Francia, donde muchos acaudalados empresarios cruzan la frontera y fijan su domicilio fiscal en algún poblado de Bélgica para beneficiarse de las ventajas fiscales ofrecidas allí. Es el caso de Bernard Arnault, considerado el hombre más acaudalado de Francia y el cuarto del mundo, quien transfirió desde 2011 una parte de su fortuna a Bélgica, donde existe un régimen fiscal poco riguroso.

Dicha compleja trama financiera y jurídica incluyó el traslado del 31% del capital del Grupo Arnault, que controla la distribución de más de 60 marcas de lujo a nivel internacional, entre ellas Givenchi, Kenzo, Christian Dior y Dom Pérignon. En septiembre de 2012 el magnate solicitó la nacionalidad belga y, aunque ya tenía allí parte de sus caudales, negó que se tratase de un intento de evadir los impuestos a las grandes fortunas. (Diario Liberación)

Por otra parte, Austria y Luxemburgo, miembros de la UE, mantienen vigente el secreto bancario y son reticentes a levantarlo para evitar el traslado de sus clientes hacia otros centros financieros cercanos como Mónaco, Andorra, San Marino, Suiza y Liechtenstein. De igual forma, las autoridades financieras suizas reiteraron su rechazo a relajar el secreto bancario, decididamente opuestos al principio de intercambio automático de información en cuanto a evasión fiscal, pese a las presiones de la UE.

El presidente de la Confederación Helvética Heli Maurer recalcó este criterio al diario Matin Dimanche y significó que no existe ninguna razón para cambiar de estrategia en materia fiscal. Para Maurer, el secreto bancario constituye un valor al mismo nivel de la discreción médica, por lo que el estado debe respetar absolutamente la esfera privada. La ministra de finanzas suiza Eveline Widmer-Shlumpf coincidió con Maurer en una entrevista concedida al rotativo Le Temps. Refirió la directiva que el intercambio automático de información no está listo para imponerse mientras las plazas financieras de América y Asia rechazan dicho modelo.

La banca suiza pierde cada día más maniobra debido a las actuales legislaciones sobre el secreto, que perjudican las operaciones de las entidades financieras, explicó el especialista en derecho tributario suizo Jean Frederic Maraia, y significó que su nación se aleja cada vez más del margen de maniobra frente al secreto bancario, y cualquier intención de revocar los distintos ámbitos en este indicador son inconcebibles.

No obstante, aludió a que aprecia un fuerte movimiento transnacional en beneficio de la ética fiscal y contra la impunidad, para quienes buscan en el secreto bancario eludir la imposición. Bajo presión de varias naciones y la amenaza de aparecer en la lista de paraísos fiscales, Suiza relajó desde 2009 los criterios de seguridad en cuanto al secreto bancario, con reducciones crecientes desde ese momento.

Como inicio de esa estrategia, eliminaron la distinción en la legislación helvética entre evasión y fraude fiscal, cuya primera categoría amparaba disimular una cuenta bancaria. En el segundo caso mencionado, apuntaba a manipulaciones administrativas o contables con la capacidad de ocultar fondos en el extranjero. De esa manera es cada vez más amplio el flujo de información y revisión, a lo cual Suiza firmó recientemente unos 50 acuerdos para enfrentar la doble tributación.

Tales decisiones extienden el temor en los medios financieros y políticos de que un estado en cuestión pueda dirigirse a Suiza para solicitar los datos en poder de determinado banco y sobre cierto contribuyente, tarea denominada Fishing expetition (expediciones de pesca). La preocupación apunta además a que en el futuro, en lugar de las solicitudes de información ser tramitadas bajo pedido oficial se pase a un procedimiento automático.

No se trata en absoluto de situaciones nuevas, pero emergieron a la luz pública debido al escándalo protagonizado por el ex ministro de Presupuesto de Francia Jerome Cahuzac, quien, tras cuatro meses de negativas, reconoció en abril poseer una cuenta no declarada en un banco suizo. El caso tomó grandes proporciones por tratarse del funcionario encargado de velar por los fondos públicos y luchar precisamente contra el fraude y la evasión fiscal.

Simultáneamente se conoció un informe periodístico según el cual existen en el mundo unas 130 mil personas con sociedades fuera de plaza, las llamadas offshore, instaladas en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes, Caimán, Cook, Samoa y Singapur. Muchos de los propietarios de estas firmas son ciudadanos de la UE, donde dejan de pagar sus impuestos cada año. La mayoría de ellos, sin embargo, no pueden ser perseguidos por la justicia porque, por extraño que parezca, sus acciones, si bien son inmorales, no resultan ilegales.

Demandan al G20 mayores gravámenes para multinacionales

Los denominados paraísos fiscales, contra los cuales la UE vuelca ahora sus armas, son un demonio creado por el mismo sistema capitalista para resolver una contradicción propia de su desarrollo. A finales del siglo XIX y principios del XX comenzó el proceso de mundialización de la economía por medio del movimiento de grandes capitales originados en las potencias industrializadas, que buscaron expandirse hacia otros lugares.

De manera simultánea se consolidó en la mayoría de los continentes la construcción de los Estados-nación, con sus propias leyes y soberanía bien definidas. La cuestión fue entonces cómo resolver el conflicto entre las legislaciones soberanas y la intención de los capitales de brincar impunemente por encima de las fronteras nacionales.

Una de las soluciones fue la creación de espacios económicos extra territoriales, donde estas leyes no se apliquen, o lo hagan de manera atenuada, lo que fue, en esencia, la semilla de los actuales paraísos fiscales. Como se sabe, estos son países o zonas donde existe un sistema legal débil, con grandes ventajas fiscales y un riguroso secreto sobre la identidad de los clientes, donde personas o empresas pueden depositar dinero o registrar domicilio para escapar a la vigilancia de sus respectivos gobiernos.

Según un estudio hecho por Christian Chavagneux y Ronen Palan, los primeros pilares de este sistema se erigieron justamente en Estados Unidos. En 1898 el estado de Delawere decidió adoptar una ley donde concedía privilegios a las empresas que ubicasen allí su sede social y pronto la medida comenzó a dar buenos resultados. Cuatro años después el número de firmas registradas era de mil 407; en 1919 subió a 4.766, y en 1926 el 40% de los ingresos tributarios obtenidos por esa entidad se originaban por dicha actividad. Todavía una gran cantidad de empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York tienen su sede social en Delawere, aunque sus instalaciones físicas estén en otro lugar.

La verdadera explosión de los paraísos fiscales ocurrió en los años 60, cuando las grandes multinacionales del petróleo y la minería se dedicaron a crear empresas fantasmas en otras plazas, las famosas “offshore”, por medio de las cuales hacían -y siguen haciendo- sus operaciones para no pagar impuestos en su país de origen.

En la actualidad una buena parte de la riqueza mundial está en los paraísos fiscales y existe un fuerte entramado legal e institucional que dificulta su desmontaje, a pesar de que en muchos lugares, como la Unión Europea, se perciben cada vez más como una amenaza para la estabilidad. Así pues, lo que hace más de un siglo pareció una solución para el desarrollo capitalista, no hizo sino potenciar el conflicto entre los intereses del poder financiero y la soberanía de los Estados, que están a la defensiva y con pocas herramientas para protegerse.

Como reconoció desde el Parlamento Europeo el presidente del grupo de los Socialistas y Demócratas Hannes Sbowoda, “la lucha contra la evasión y los paraísos fiscales está sólo en el inicio”. El caso es que en una región donde los trabajadores sufren los efectos de la crisis y la recesión, acrecentados por las políticas de austeridad, la justicia tributaria es algo más que una aspiración y se convierte en un imperativo de primer orden, recordó la Confederación Europea de Sindicatos.

A mediados de febrero, los ministros de Finanzas de Alemania, Francia y Reino Unido solicitaron al Grupo de las 20 economías industrializadas y emergentes (G20) recomponer el sistema fiscal internacional para imponer mayores gravámenes a las multinacionales. Se trata, explicaron los titulares de esas naciones, de evitar las lagunas fiscales que permiten a las grandes compañías eludir el pago de sus obligaciones tributarias mediante violaciones legales.

A tales efectos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó a los ministros de Finanzas del G20, reunidos en Moscú, un informe sobre la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios. El texto alerta de la creciente tendencia de las multinacionales a establecer sus sedes en países con los impuestos más bajos y llama a actuar contra esa práctica.

El secretario general de la OCDE Ángel Gurría comentó la acogida del G2 al proyecto y advirtió que si las multinacionales no pagan impuestos por sus artimañas legales, serán las pequeñas y medianas empresas las que cargarán con la factura de la austeridad. Para el ministro británico de Finanzas George Osborne, es una aspiración común que las trasnacionales se instalen en los países de la región, pero todos quieren que cumplan con los impuestos establecidos por cada gobierno.

El 19 de julio, Gurría presentó en Moscú un plan de acción para enfrentar fallos en sistemas fiscales y frenar la evasión tributaria de las multinacionales, que fue respaldado por los ministros de Finanzas del G20. A juicio del directivo de la OCDE, este plan que incluye 15 acciones y se desarrollará en los próximos dos años, marca un punto de inflexión en la historia de la cooperación tributaria.

Los gobiernos se han visto obligados a actuar y tomar acciones ante los grandes déficit presupuestarios y la irritación pública generada por estructuras diseñadas por las grandes empresas para canalizar sus ganancias hacia paraísos fiscales. Sobre el tema, el anfitrión de la reunión de los titulares de Finanzas de los países más industrializados del mundo, el ministro ruso del sector Antón Siluánov consideró que la erosión de la base impositiva se ha tornado intolerable y atenta contra la competencia entre las empresas.

Transnacionales en la mira de nueva arquitectura tributaria

Agobiadas por una crisis sin un final claro en el horizonte, varias naciones europeas ven con esperanzas un proyecto destinado a enfrentar la evasión y el fraude fiscal, sobre todo el cometido por las grandes empresas transnacionales. En una situación crítica a nivel internacional, es imposible justificar ante los ciudadanos que grupos empresariales se beneficien de los fallos del sistema para pagar menos impuestos, afirmó el titular francés de Economía Pierre Moscovici.

El funcionario galo puso el dedo sobre uno de los puntos sensibles del sistema capitalista, donde la arquitectura tributaria está diseñada para permitir a las grandes corporaciones evadir sus obligaciones, sin necesidad de caer en la ilegalidad.

Rígido con el ciudadano común y corriente, el tinglado legal vigente en la actualidad favorece lo que se conoce como “ingeniería fiscal”, cuyo objetivo es evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos para incrementar las ganancias, sin violar las normas. Un ejército de verdaderos especialistas en la materia se aprovecha de los vacíos en las leyes, las ambigüedades y contradicciones y, por encima de todo, de la incapacidad de la comunidad internacional para armonizar las medidas contra la evasión.

El caso es que mientras en las últimas décadas se impulsó el libre movimiento de capitales y la transnacionalización de las empresas, la legislación se quedó a la zaga y eso provocó un efecto boomerang en la economía mundial. Así lo expresó durante la reunión en Moscú el secretario general de la OCDE el mexicano Ángel Gurría cuando señaló que “las reglas fiscales internacionales, muchas de las cuales datan de 1920, garantizan a las empresas no pagar impuestos en dos países de manera simultánea”.

Desafortunadamente, agregó, las mismas normas diseñadas para evitar la doble imposición “permiten hoy día en realidad la existencia de una doble exoneración”. Un ejemplo claro de este fenómeno lo dan corporaciones estadounidenses como Google, Amazon y Starbucks, entre otras, que ubicaron su sede y declaran la mayoría de sus operaciones en países con regímenes tributarios débiles.

Con esta estratagema logran bajar sus cargas impositivas y ahorran cientos de millones de euros, sin infringir ninguna ley. Las mismas autoridades de Londres, donde funciona uno de los principales paraísos fiscales del mundo, sintieron y denunciaron este golpe a sus ingresos.

Una comisión del Parlamento británico señaló que las ventas de Google en el Reino Unido sumaron entre 2006 y 2011 unos 18 mil millones de dólares. Pero, como la mayor parte de estas transacciones se gestionan en Irlanda, donde Google tiene su sede, la compañía sólo pagó en Londres 16 millones de dólares por concepto de impuesto de sociedades, que tenían en realidad un gravamen del 26%. Un truco inmoral a todas luces, sin embargo completamente legal según las actuales reglas del mercado.

En esta especie de carrera entre la liebre y la tortuga, donde la velocidad la ponen las transnacionales y la torpeza el fisco, la OCDE propuso un plan de 15 medidas técnicas para cerrar la brecha y equilibrar un poco la situación. Dicho programa está basado en tres grandes líneas, la primera de las cuales es definir qué tipo de información deben compartir entre sí los países, como depósitos, intereses, dividendos, venta de activos financieros y otros ingresos generados por inversiones.

Un segundo paso es la creación de una plataforma operativa segura para evitar la fuga de informaciones que pudiesen ser aprovechadas para vulnerar el sistema. Finalmente, debe crearse un conjunto de leyes de carácter multilateral para armonizar los procedimientos fiscales y evitar las disparidades actuales que benefician a las grandes corporaciones en detrimento de los Estados y la población.

Como dijo el ministro francés de Economía, en tiempos de crisis es difícil explicarle a la gente que debe contribuir más, o contentarse con menos servicios, mientras las multinacionales obtienen cuantiosas ganancias y pagan pocos impuestos. Para convencer a los escépticos, la OCDE puso en un reciente reporte un ejemplo muy claro: la proporción de las ganancias de las firmas estadounidenses ubicadas fuera de su territorio, con respecto al Producto Interno Bruto de la nación donde están instaladas.

En el conjunto de los siete países más desarrollados del planeta, el llamado el G-7, la relación varía entre 0,2 y 2,6%. Paradójicamente la proporción salta al 546,7% en las Islas Caimán y llega hasta el 645,7 en Bermudas, dos de los paraísos fiscales más utilizados hoy día.

Mientras la mayoría de países europeos deben imponer a su población políticas de austeridad extrema para tener bajo control las finanzas públicas, las grandes empresas y las personas más ricas quintuplican con poco esfuerzo sus ganancias sin contribuir para nada al bienestar social.

La evasión, o como prefieren decir los especialistas de la ingeniería fiscal, la “elusión” de impuestos, además de ser un grave problema de urgente solución, es una extraordinaria injusticia para millones de pequeños y medianos contribuyentes, obligados a cumplir sus compromisos.

En los últimos tiempos se ha convertido también en un problema de sobrevivencia para no pocos gobiernos en el mundo, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos y dar servicios de mínima calidad a sus habitantes, lo que genera descontento, pobreza, inseguridad y desempleo.

* Corresponsal de Prensa Latina en Francia.