El 25 de noviembre ha sido designado Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante Resolución Nº A/ RES/54/134, de 17 de diciembre de 1999, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueran brutalmente asesinadas en la República Dominicana por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Por sí mismo, el origen de esta fecha y el homenaje a estas mujeres, ya da cuenta de que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, lo hacemos refiriéndonos a una multiplicidad de formas que se manifiestan en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Si hablamos de violencia política, es evidente que hombres y mujeres pueden ser (y de hecho son) víctimas potenciales y efectivas, sobre todo en regímenes de orden autoritario y/o totalitario que no toleran la disidencia, la discrepancia ni mucho menos la confrontación abierta a sus propósitos. Un matiz de este tipo de violencia es el que se ha venido a denominar “acoso y violencia política” en contra de mujeres que ejercen cargos de representación política. Tan grave y persistente se ha vuelto esta forma de violencia –sobre todo desde el momento en que las normas electorales bolivianas incorporaron resguardos denominados “leyes de cuotas” que obligan a las organizaciones políticas a incorporar un porcentaje de mujeres en sus listas de candidaturas– que ha merecido la sanción de una ley específica, me refiero a la Ley Nº243, de 28 de mayo de 2012. Hasta donde conozco, esta norma aún carece de una reglamentación específica para su aplicación.

Este año, la Asamblea Legislativa Plurinacional, finalmente aprobó la “Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, la Ley Nº 348, promulgada el 9 de marzo en homenaje al Día Internacional de las Mujeres. La propuesta de ley tuvo un larguísimo trámite y me figuro que, de no mediar la orden presidencial para su tratamiento –motivada a su vez por hechos que suscitaron la condena pública y mediática, como el caso del asambleísta Domingo Alcibia, quien fue filmado en pleno acto de violación en contra de una trabajadora de la gobernación de Chuquisaca, o la gran movilización de los medios debido al asesinato (hoy tipificado como feminicidio) de la periodista Hanaly Huaycho– todavía estaríamos esperando su tratamiento en el órgano legislativo. A ocho meses de su promulgación, esta norma también carece de su respectiva reglamentación.

En días pasados, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) informó que, en lo que va del año, registraron 139 asesinatos de mujeres en todo el país. De éstos, 89 (64 por ciento) han sido tipificados como feminicidio, mientras que los restantes 50 (36 por ciento) corresponden a hechos de inseguridad ciudadana[1]. La cifra sube cada año y la lenidad de las autoridades es algo que ya no tiene calificativo.

A mi juicio, la tardanza en la reglamentación de estas normas no es casual ni resultado exclusivo de la negligencia de las autoridades llamadas por ley para elaborarlas y aplicarlas, es un síntoma que manifiesta una psicología social muy particular: la violencia en contra de las mujeres es algo tan naturalizado que, en verdad, no parece merecer la movilización de la sociedad. Hasta que estos hechos no tocan las puertas de la casa propia, son percibidos como hechos ajenos, como casos aislados de crónica roja, cuando en realidad se trata de una forma de convivencia malsana a la que nos hemos acostumbrado tanto que ya resulta casi desapercibida.

Estas cifras contienen algo mucho más importante que “casos”, contienen los nombres, las vidas e historias de tantas mujeres cuyas vidas fueron cruelmente cegadas por criminales de diversa índole. En algunos casos, se trata de mujeres que cayeron en manos de íntimos agresores, de sus parejas, de hombres a los que amaron y a los que entregaron su amor. Ahí está Sarah Hoschttäter, una muchacha de 23 años, asesinada por su pareja, Andrés Abastoflor, hace más de un año en Sucre y, aunque el agresor se encuentra cumpliendo detención preventiva, aún no se inicia el juicio.

Ahí está Cinthia Poma, la muchacha que con tanta ilusión cursaba el tercer grado de la Academia de Policías y que falleció en días pasados en circunstancias aún no esclarecidas, aparentemente como resultado del severo castigo al que fue sometida por sus instructores. Esto sucedió en una institución donde deberían formar gente con capacidad de contener y enfrentar conflictos de toda índole con inteligencia, con sentido de solidaridad y bajo el principio de servicio a la comunidad; sin embargo, el “caso” revela que la formación de sus cuadros está más orientada al entrenamiento de la fuerza bruta que a lo señalado.

Cada criminal deja tras de sí, no sólo el cadáver de una mujer, deja a una familia y a una red social sumida en un profundo e inexplicable dolor que se acrecienta día que pasa. Ahí está Benita Pari, una mujer que empezaba a destacarse como lideresa política y que también fue asesinada de manera brutal, aparentemente por motivos de orden económico.

Y si el feminicidio es la forma extrema de la violencia en contra de las mujeres, la forma más atroz e irreparable de violencia, no podemos dejar de mencionar las otras mil formas de violencia cotidiana que humilla, lastima, despoja y destruye a miles de mujeres sin que la sociedad en su conjunto logre reaccionar en la misma proporción. ¿Hasta cuándo vamos a continuar tolerando la violencia en contra de las mujeres con tanta parsimonia y con tanta indiferencia? ¿Es que acaso estamos esperando que ésta toque las puertas de nuestras casas, nuestros vecindarios, nuestros más próximos círculos de afectos para reaccionar?

Está claro que no basta con sancionar normas como la ley 348, hace falta reglamentarlas y desarrollar políticas públicas consistentes, hace falta prevenir, hace falta educar, y para todo ello se requiere que el estado tome a cargo su responsabilidad inmediata e insoslayable y que lo haga invirtiendo los recursos públicos en algo mucho más eficiente que, por ejemplo, el “doble aguinaldo”, un premio a la burocracia que poco o nada hace para enfrentar problemas de la magnitud que comento en esta nota.

Más allá de las normas y las políticas públicas, o quizás más acá de las mismas, en nuestros espacios cotidianos, donde no requerimos de la ley para actuar, hace falta modificar los códigos de nuestras relaciones entre seres humanos, las formas como constituimos sujetos en nuestros hogares, en nuestras relaciones familiares extendidas, en nuestros próximos círculos de amistad y afecto.

En este orden, creo que es fundamental empezar a desvalorizar esos mandatos masculinos perniciosos que convierten a los hombres en agresores, el mandato del guerrero desensibilizado, el mandato del proveedor que asume el derecho al ejercer “el principio de autoridad” por ese solo hecho, el mandato del poder como compulsión perversa hacia el dominio de los otros (en este caso, de las mujeres). En cambio de ello, propongo elevar la ética del cuidado al grado de máximo valor social, premiando toda conducta y toda acción destinada a construir una forma de convivencia verdaderamente humana, donde ningún acto de agresión sea tolerado y reciba la sanción moral permanente de la gente.

Nota [1] Ver más en: http://www.erbol.com.bo/noticia/genero/22112013/89_mujeres_asesinadas_por_sus_parejas_en_10_meses#sthash.mMBZ2JWC.dpuf

* Psicóloga social, militante por los derechos de las mujeres.