Los sistemas educativos del pasado acentuaron la discriminación contra la mujer. Apenas hubo mujeres entre los filósofos griegos, los juristas romanos, los teólogos cristianos o los médicos y matemáticos musulmanes medie­vales. Tampoco hubo mujeres entre los grandes pensadores y artistas del Renacimiento; una época que aportó muchísimo al patrimonio cultural de la humanidad, pero que no contribuyó en nada a la consideración social de la mujer, cuya historia estaba hecha de una larga opresión y sumisión a los valores patriarcales; incluso en la Edad Moderna, filósofos como Locke, Rousseau y Kant, le asig­naron un rol de subordinada en la familia y la sociedad.

Las universidades, que son centros de investigación y transmisión de conocimientos acumulados por la humanidad, han sido durante siglos núcleos a los cuales tenían acceso sólo los hombres; en tanto las mujeres, que estaban vedadas de ingresar a las Casas Superiores de Estudio, estaban excluidas del aprendizaje y los conocimientos que se gestaban en sus aulas.

El derecho a la educación y formación profesional, que se convirtió por mucho tiempo en un privilegio reservado sólo para los hombres, fue conquistado por algunas mujeres recién en el siglo XIX, tras el impulso de la revolución industrial. Sin embargo, fue tanta la demora en algunos países que, hasta mediados del siglo XX, las mujeres no podían acceder a enseñanzas como la ingeniería o arquitectura, profesiones ejercidas principalmente por los hombres.

De hecho, negarle a la mujer una educación en igualdad de condiciones con el hombre era una discriminación flagrante y una frustración con irreparables consecuencias, sobre todo, si se considera que una educación adecuada podía haberle abierto las puertas a una profesión y, con ello, a la posibilidad de una autonomía social y una independencia económica tanto del padre como del marido.

La educación de la mujer, en varios países del mundo islámico, sigue siendo incipiente, mientras los conocimientos son discrimina­torios y sexistas. Las mujeres no pueden estudiar en universidades ni elegir a sus autoridades, porque son tratadas como “ciudadanas de segunda categoría” y “amas casa” recluidas entre las cuatro paredes del hogar.

A pesar de que ya pasaron los tiempos en que los naturalistas, como Rousseau, proclamaban la exclusión de las mujeres de la vida intelectual, negándoles la posibilidad de recibir enseñanza superior, la mayoría de quienes acceden a estudios superiores eligen ramas tradicionalmente “femeninas”, que las sitúa en puestos inferiores dentro de la escala laboral. Por ejemplo, más de la mitad de las mujeres estudian profesiones relacionadas con sus instintos maternales, como ser la educación, la alimentación, el cuidado y la atención de los seres que les rodean, y sólo un mínimo porcentaje elige ramas relacionadas con el sector técnico o industrial.

A la segregación laboral le sigue la discriminación salarial, una discriminación que se refleja también en el ámbito político, donde las mujeres tienen menos participación que los hombres; lo cual implica que, pese a las últimas conquistas alcanzadas en el proceso de equidad de género, la mujer es todavía con­siderada un elemento secundario y debe actuar como la colaboradora del varón, del marido, y no como un sujeto capaz de trazar los lineamientos ideológicos y dirigir los acontecimientos transformadores del proceso histórico.

Predomina el prejuicio social, tan cuidadosamente difundido a través de la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación, de que la mujer ha nacido para cuidar del hogar. Las otras, las que incursionan en la vida política y los movimientos sindicales -actividades definidas como propias de los hombres-, son consideradas “excepcionales, anor­males, machonas”.

Otro aspecto de la discriminación contra la mujer es el acoso sexual, un fenómeno condicionado por la jerarquía laboral que, dicho de otro modo, podría calificarse como uso y abuso del poder basado en una situación de predominio masculino en el trabajo, donde el sexo está tan presente como el reloj de fichar.

No es raro leer en la prensa el siguiente anuncio: “Se busca una secretaria de buena presencia”. El hecho de que la apariencia física de una secretaria sea más valorada que su competencia profesional, recuerda siempre al dicho popular que reza: “Dos tetas tiran más que dos carretas”; una clara discriminación sexista, que tiene su primer reflejo en la formación de actitudes y vocaciones desiguales frente a las opciones profesionales.

En algunos países, que viven a caballo entre la mentalidad feudal y el trasnochado desarrollo capitalista, la discriminación femenina está tan vigente como el resto de las discriminaciones sociales, económicas y raciales, así los gobiernos se empeñen en demostrar que se tratan de “naciones modernas”, donde se respetan y protegen los derechos más elementales de la mujer.

En todo caso, leer un anuncio discriminatorio contra la mujer, sea ésta de la condición social que sea, es motivo suficiente para reflexionar sobre el rol machista de los señores que prefieren una “secretaria de buena presencia” y, consiguientemente, sobre el rol de las secretarias como víctimas del acoso sexual.

Desde el instante en que las mujeres se integraron al sistema de producción social, son innumerables quienes, aparte de ser víctimas de la violencia en el hogar, son sometidas a presiones y coacciones no deseadas. Las encuestas revelan que la mitad de las trabajadoras se han sentido acosadas alguna vez, unas más que otras, por miradas lascivas, ges­tos insinuantes, tocamientos y agresiones físicas violentas.

Asimismo, se sabe que la mayoría de estas agresiones físicas o verbales han quedado en el anonimato, debido a que las víctimas no se atreven a denunciar este atentado contra la dignidad y los derechos de la mujer, ya sea por miedo a la publicidad, al marido, a los hijos o, simplemente, por miedo a perder su fuente de trabajo.

Cuando se emplea a una “secretaria de buena presencia”, se piensa en dos cosas: primero, en atraer más clientela o hacer más llamativo el negocio; segundo, en tener a mano una secretaria que pueda hacer en la oficina lo que la esposa no puede hacer en la casa. De modo que, una vez más, esta conducta indecorosa recuerda el consabido dilema que se experimenta en las relaciones laborales: si la “secretaria de buena presencia” quiere retener su puesto de trabajo, debe acceder a las insinuaciones de su jefe; y si por algún motivo a la secretaria se le ocurre denunciar este atropello, el acosador, amparado en la ley del más fuerte, se defiende como un gallo en su corral y declara que la causante del hostigamiento fue la secretaria, quien vestía faldas cortas, blusas escotadas y pantalones ajustados.

Mas no por esto se le absolverá al acusado ni se dejará de pensar en que los señores que buscan “secretarias de buena presencia” sean, por acción u omisión, acosadores en potencia, una suerte de potros desbocados por los encantos de una secretaria en la plenitud de su vida.

Por lo demás, y conforme a los nuevos vientos de cambio que soplan en procura de mejorar las condiciones de la convivencia ciudadana, resulta imperiosa la necesidad de crear una legislación rigurosa que proteja jurídicamente a la mujer contra el acoso sexual y el abuso de autoridad, y se le otorgue la categoría de “problema grave”, ya que atenta contra la dignidad y los derechos de la mujer trabajadora.