Nuestra Patria vive uno de los momentos mas trascendentales de su historia en torno a las perspectivas que se han abierto con la Agenda de Octubre de 2003, levantamientos populares en todas las regiones y su epicentro en la ciudad de El Alto, que Evo Morales Ayma ha capitalizado políticamente en sendos triunfos electorales (2005, 2008, 2009) y que, en los últimos años, se convierte en un proceso que ha dado pasos hacia la liberación nacional antiimperialista, aunque aún existen tareas pendientes para conseguir la unidad y el potenciamiento de Bolivia y para frenar a las oligarquías locales y al imperio de las transnacionales y las metrópolis.

El gobierno del presidente Morales ha formulado la estrategia de mediano plazo a través de la Agenda Patriótica 2025 que se destaca por dar sumo valor a la soberanía nacional en rubros de recursos naturales, ciencia y tecnología, finanzas, economía, fuerzas armadas, política, cultura y alimentación, buscando eliminar la extrema pobreza e impulsar el desarrollo

A diez años de la épica de octubre se hace necesario un análisis y recuento crítico de lo que ha sucedido en Bolivia, América Latina y el mundo en estos primeros años del siglo XXI, pleno de dinámica, transformación, reacomodo y luchas nacionales y de clases que han puesto de cabeza el “orden” capitalista y su disposición estratégica y geopolítica en el planeta.

LA AGENDA DE OCTUBRE

La Agenda de Octubre de 2003 representa el programa que definió el pueblo boliviano a través de una movilización general convertida en insurrección, destrozando el orden partidario existente, las prácticas de entrega de los recursos estratégicos, la corrupción institucionalizada y provocando la huida de su mayor representante político-económico, Gonzalo Sanchez de Lozada, abriendo, de esta manera, un momento de disponibilidad social y nacional hacia la construcción de un nuevo proyecto de país y de vida social y política.

En esa coyuntura de crisis se produjo una concentración y síntesis histórica de los aspectos fundamentales de la economía, la política y la cultura de Bolivia manifiestas en el enfrentamiento entre el proyecto privatista neoliberal, colonial e imperialista, impuesto durante los veinte años previos y el emergente proyecto estatal , nacional y popular, construido sobre las demandas, movilizaciones, cercos, bloqueos, manifestaciones y otras formas de protesta social arraigados en la memoria de lucha del pueblo.

Desde fines de los años noventa se van recuperando las iniciativas populares en su lucha por la defensa de derechos básicos, empresas estatales y recursos naturales y la Guerra del Agua de Cochabamba, el año 2000, se presenta como el momento de inflexión que culmina en octubre del 2003 con la Guerra del Gas. La construcción de la Agenda nacional-popular fue paulatina en la resistencia y se convirtió en alternativa al orden conservador a partir de la derrota neoliberal. El neoliberalismo debilitó al Estado Boliviano, destruyó lo poco de una economía nacional, favoreció a las empresas transnacionales petroleras, mineras y bancarias aliadas a la oligarquía local y entregó la administración estatal al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.

La Agenda de Octubre, por tanto, se levanta en base a la defensa de los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos, y se manifiesta: en lo político, borrando a los partidos tradicionales que manejaron el país; en lo económico, recuperando la iniciativa nacional y estatal mediante la nacionalización e industrialización de los recursos del país; en lo social, impulsando la participación directa de los sectores y clases populares como protagonistas; en lo ético, luchando contra la corrupción y el tráfico de influencias institucionalizados y en lo internacional, rompiendo los vínculos de sometimiento al poder hegemónico imperialista mundial encabezado por Estados Unidos.

La chispa del levantamiento de la población de la ciudad de El Alto fue el proyecto de venta de gas a Chile, considerado como una agresión al pueblo boliviano que no podía usar el gas para el consumo interno, doméstico o industrial, que no podía contar con gas por falta de gasoductos internos, teniendo importantes reservas que sólo servían para generar millonarias ganancias a las transnacionales y para las grandes industrias y poblaciones de Brasil y Argentina.

LA DISPUTA POR LA NACION

Se abrió así un nuevo momento y horizonte histórico para Bolivia marcado por las señas y el mensaje de octubre de 2003. Los diez años que han transcurrido no deben ser vistos en blanco o negro, de manera maniquea, sino que, como todo proceso histórico, está lleno de matices, correlaciones de fuerzas en la lucha de sectores sociales, de regiones y de pueblos indígenas, en el marco fundamental de la lucha nacional contra el imperialismo.

Se puede identificar una primera fase en el periodo 2003-2005, en la que se produjo un intento de reapropiación de la Agenda de Octubre por los sectores políticos de la oligarquía, sus partidos e instituciones, sus medios de comunicación e intelectuales que intentaron reciclar muchos elementos de la rebelión del 2003 y articularlos con el antiguo proyecto neoliberal. Fracasaron en su intento, desde el Parlamento Nacional y desde el Poder Ejecutivo, porque estaba presente un pueblo vigilante, un pueblo movilizado, un pueblo listo para castigar la traición. La negativa a cumplir la agenda de octubre obligó a la dimisión de Carlos Mesa y condicionó directamente la corta administración de Eduardo Rodríguez que convocó a elecciones.

De todas maneras estos dos años fueron un periodo de disputa por la conducción de un nuevo proceso marcado por dos proyectos:

1.- Reciclar el neoliberalismo y la democracia pactada en el marco de la vigencia de los partidos tradicionales, incorporando matices más notorios de participación social mediante la denominada participación popular o

2.- Avanzar en la ejecución de la Agenda de Octubre; esta perspectiva fue madurando paralelamente en base a la recuperación de los recursos naturales para el Estado Boliviano, a la soberanía en las decisiones políticas internas y sobretodo a la recuperación de la dignidad de los bolivianos frente a las imposiciones externas de EEUU y la UE o de el FMI y el BM. Por tanto la recuperación de los recursos y la soberanía estaban fuertemente articuladas con la recuperación de la dignidad nacional y la lucha contra las formas coloniales de exclusión y discriminación.

LOS AVATARES DE LA AGENDA DE OCTUBRE

Una segunda fase corresponde al periodo de ascenso político, electoral y gubernamental del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales. Se trata de un proceso político con momentos de gran altura y momentos de duda, con matices y manifestaciones contradictorias.

La esperanza y compromiso del pueblo se acrecentó con importantes decisiones desde el gobierno, como la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006 y el inicio de su industrialización, las nacionalizaciones de ENTEL y ENDE, la constitución de BOA, el impulso a COMIBOL y la recuperación de Huanuni y Vinto, la incorporación de importantes sectores excluidos en los niveles de gobierno, el rechazo a la intervención de Washington en el país, la expulsión del Embajador estadounidense y de USAID, el discurso antiimperialista y las alianzas con Venezuela, Cuba, Ecuador, y Nicaragua y con gobiernos nacionalistas y de izquierda, las propuestas de revertir las tierras de los latifundistas para redistribuirlas a los campesinos y las acciones para desmontar el poder regional de las oligarquías que mantenían un control violento en importantes territorios.

En los siguientes años se consiguieron importantes excedentes económicos y financieros con la nacionalización del gas, sin embargo se firmaron convenios con las transnacionales, beneficiando a PETROBRAS, REPSOL de España, TOTAL de Francia y BG de Inglaterra, las mismas que habían sido aliadas del neoliberalismo y beneficiarias de la privatización y explotación del gas boliviano.

De la misma forma, las trasnacionales mineras mantienen sus grandes negocios y ganancias en condiciones extremadamente favorables por los bajos impuestos y regalías que pagan al Estado en base a leyes mineras provenientes del periodo neoliberal. Asimismo, nunca como en estos años las ganancias de los Bancos Privados fueron tan millonarias, al igual que las de los terratenientes soyeros y agroindustriales del oriente.

Por otra parte, en aspectos constitucionales, jurídicos y políticos, un conjunto de Fundaciones, ONGs, y Organismos Internacionales realizaron millonarios gastos e impulsaron una acción que, al impulsar la autodeterminación de pequeños fragmentos del país y presuntas 36 naciones, pusieron en riesgo la estabilidad nacional y regional.

La derrota política, militar y electoral de las oligarquías autonomistas y separatistas de Santa Cruz, Beni y Pando, en septiembre y octubre de 2008, ha marcado el nuevo escenario en la perspectiva de asentar la integración social, vial, económica, cultural y social.

LOS RESULTADOS HASTA HOY

El gobierno de Evo Morales Ayma ha dado saltos cualitativos. Ha fortalecido el Estado Nacional y al Capitalismo de Estado que le permite mantener su hegemonía y tener un amplio respaldo popular e impulsa, junto con otros gobiernos nacionalistas y revolucionarios de la región, una posición de unidad e integración sudamericana, latinoamericana y caribeña. Si tomamos en cuenta la condición semicolonial de Bolivia, con la cuestión nacional irresuelta debido a la acción del imperialismo que pugna por mantener las relaciones dominación y dependencia, existen importantes pasos adelante en términos de autodeterminación nacional.

El gobierno ha marcado la nueva tendencia de su relación con Estados Unidos impulsando la recuperación de la dignidad nacional, la valorización cultural y social de los pueblos indígena originario campesinos y los sectores populares, la soberanía en las decisiones políticas y el acercamiento con gobiernos y fuerzas políticas latinoamericanas y del Tercer Mundo que coinciden en la lucha por la liberación y la independencia.

La recuperación de la renta petrolera y los excedentes económicos de la explotación del gas han sido fundamentales para fortalecer el Estado Nacional; este proceso está avanzando lentamente con las inversiones de YPFB en la industrialización, el mejoramiento de refinerías, el tendido de ductos internos y el importante incremento del consumo interno de gas.

De manera similar en la minería se han recuperado reservas, Huanuni, COMIBOL y la Fundición de Vinto, entre otros, pero al mismo tiempo grandes empresas, como Sumitomo en San Cristóbal, están arrasando con importantes riquezas pagando migajas de impuestos y regalías. Un caso especial es el peligroso accionar de las llamadas cooperativas mineras, empresas que tienen la tendencia a incumplir normas ambientales y sociales y aprovechar ventajas de créditos, reservas y bajos impuestos.

La fuerte vinculación de las Fuerzas Armadas con el Gobierno se ha convertido en puntal de fortaleza con la afirmación de posiciones nacionalistas y antiimperialistas, tomando en cuenta la condición oscilante de los militares y su importancia estratégica. El actual gobierno ha conseguido comprometer a las Fuerzas Armadas en los proyectos de integración nacional, asumir una posición acorde a la política estatal y deshacer sus compromisos con Estados Unidos.

Otros dos aspectos en los que ha habido avances son: el control de las ONGs que han estado funcionando sin ninguna fiscalización estatal y como arma fundamental de lucha contra la corrupción la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

LAS PERSPECTIVAS

En este contexto general, corresponde superar y frenar conflictos sociales e institucionales, como los se dieron en los últimos años, en torno a demandas y reivindicaciones, desde el conflicto entre cooperativistas mineros, asalariados y comunidades en Huanuni, Colquiri, Mallku Kota, Corocoro, hasta la acción de los guaraníes de Itika Guazu apoyados por la ONG Nizcor de España y la petrolera REPSOL contra YPFB, o el enfrentamiento entre sectores sociales en Caranavi, entre Chuquisaca y Tarija por reservas hidrocarburíferas, entre Potosí y Oruro, entre policías y comunidades en Uncia o Challapata, o entre gobierno e indígenas de tierras bajas que se oponen a la construcción de la carretera por el TIPNIS.

Corresponde también limitar el surgimiento de pequeñas autonomías con derechos de autodeterminación, sean sectoriales, regionales, comunales o presuntas 36 naciones originarias que pretenden despojar el rol central e integrador del Estado y del gobierno. De esta manera ejecutar una de las tareas de octubre del 2003, la que corresponde a la defensa de la unidad nacional como condición de avanzar en un proceso de liberación nacional y social, de descolonización interna y externa y de soberanía plena del Estado y la sociedad boliviana.

En el presente, a diez años de la insurrección de octubre, encontramos una situación en la que la Agenda de Octubre ha sido parcialmente realizada por el gobierno. Se advierte todavía la pugna entre sectores oligárquicos que apoyan tendencias ambientalistas y autonomistas de grupos sociales o indígenas impulsados por ONGs y Fundaciones financiadas desde Estados Unidos y Europa con las que Evo Morales ha abierto una abierta confrontación, y tendencias industrialistas que impulsan ideas de desarrollo, integración nacional y fortalecimiento del Estado.

La primera, levanta un discurso pachamámico y autonomista a ultranza y es respaldada por ONGs, impulsando los territorios propios y el manejo de recursos naturales al margen del Estado. También es apoyada por las fuerzas políticas conservadoras y tradicionales, incluidos los partidos políticos desplazados en octubre de 2003.

La segunda presenta un discurso mas bolivianista y de unidad e integración nacional, defendiendo la soberanía y las responsabilidades articuladoras del estado, abriendo mejores posibilidades para que Bolivia participe en el proyecto mas ambicioso de la unidad continental de la Patria Grande frente a la dominación imperialista, porque una Bolivia debilitada y fragmentada va a retrasar un proceso de articulación como son la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En ese contexto es importante remarcar que el proyecto de octubre del 2003 es un proyecto de Unidad Nacional, no un proyecto de dispersión, y por ese motivo la gran consigna actual, el gran tema estratégico es cómo impulsar y mantener la unidad de Bolivia por encima de todas las cosas, frente a las agresiones, presiones y fuerzas que conspiran contra su propia existencia, avanzando en el fortalecimiento del Estado Nacional, el mercado interno, la inversión productiva de los excedentes y la soberanía y dignidad boliviana.