Uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que el sábado erradicaban coca excedente munidos de machetes como única herramienta de trabajo, sufrieron una emboscada perpetrada por un grupo armado que, según informes forenses preliminares, usó fusiles Mauser, carabinas y armas punzocortantes, informó el Ministerio de Gobierno.

El 24 de mayo comenzaron las tareas de destrucción de coca ilegal en la localidad de Apolo, situada a 442 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, operativos que han sido resistidos desde entonces por cerca de 700 productores de 26 comunidades de esa región que instalaron una vigilia para impedir la erradicación de sus cultivos. La agencia estatal ABI informó que algunas de las comunidades movilizadas son Copacabana, Miraflores, Concepción, Santa Bárbara y Santa Catalina.

En el enfrentamiento ocurrido ayer sábado en Apolo murió un subteniente y otros 16 uniformados resultaron heridos. Los cocaleros movilizados declararon a radio Fides que fue una reacción a los abusos de las fuerzas del orden. El dirigente campesino Hernán Salas explicó que la protesta tuvo lugar luego que los oficiales destruyeran casas y gasificaran a la población.

El Ministerio de Gobierno detalló en un comunicado que en la emboscada perdió la vida el oficial de la FTC Oscar Gironda, quien sufrió un impacto de bala en la región precordial – cerca del corazón – presumiblemente ejecutada con precisión por un francotirador. Resultaron heridos 16 uniformados: Los policías Fernando Condori Velasco, Miguel Lipa Lorca, Jimmy Quenta Condori, Vladimir Huanca Silvestre, Alberto Mamani Miranda, Walter Quinteros Condori, Francisco Tórres Choque, Juan Yanna Alcocer, Miguel Paco, Reynaldo Chura Gironda y Felix Moreira Suvieta (herida de bala muslo derecho); los soldados Juan Poma Yañique (Traumatismo toráxico), Cabo Marco Limachi Choque y el Sgto. Lorenzo Mamani Callisaya (lesión en los testículos), además de los tenientes de Ejército Nelson Bozo Villca y Max Erasmo Roque.

El ministro de Gobierno Carlos Romero denunció que los agresores tomaron como rehenes a efectivos de la FTC, y los mantienen retenidos contra su voluntad, lo que constituye un grave atentado contra su integridad física y derechos constitucionales. Se instruyó a la Policía Boliviana desplegada en el lugar una investigación con celeridad para determinar la posible presencia de súbditos extranjeros en el atentado contra las fuerzas del orden.

El Ministerio de Gobierno denunció el hecho al Ministerio Público y solicitó la conformación de una comisión especial de fiscales para acelerar las investigaciones y sancionar con la máxima drasticidad a los responsables de esos hechos delictivos. Romero advirtió que “seremos absolutamente drásticos con quienes han utilizado armas de fuego, son delincuentes no pueden ser tratados como representantes de un grupo que esta trabando la erradicación, han utilizado armas de fuego y la justicia debe tratarlos como delincuentes”.