El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada alegando que la demanda presentada hace cinco años por la Cancillería de Bolivia no cumple con el procedimiento establecido en el Tratado de Extradición suscrito por ambos países. El gobierno del MAS no tuvo más remedio que contratar a un bufet privado para rehacer todo el trámite.

Luego de reprimir a bala a multitudes movilizadas en las ciudades de La Paz y El Alto contra la exportación de gas a Chile, con saldo de más de 60 muertos en la denominada masacre de Octubre, Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre de 2003, huyó del país y se refugió en Washington, Estados Unidos, junto a sus principales colaboradores, todos ellos encausados y procesados por los delitos de genocidio; homicidio; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad; vejaciones y tortura; delitos contra la libertad de prensa; allanamiento de domicilios y dependencias, y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.

El 10 de noviembre de 2008 el gobierno de Evo Morales formalizó la primera solicitud de extradición del ex mandatario y de sus colaboradores Jorge Berindoague (ex ministro de Minería e Hidrocarburos) y Carlos Sánchez Berzaín (ex ministro de Gobierno). En septiembre de 2012 el Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó por vía administrativa la solicitud del Estado boliviano, argumentando que algunos de los delitos imputados a las ex autoridades requeridas no son reconocidos por la legislación estadounidense, comunicó el magistrado de la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Jorge Von Borries.

Según el Tratado de Extradición vigente, para que un pedido de extradición proceda es condición ineludible que las legislaciones penales de ambos países reconozcan la tipicidad penal de los delitos por los que se solicita la extradición. Sin embargo, el gobierno boliviano habría requerido la extradición de las ex autoridades por delitos que no están tipificados como tales en la legislación de Estados Unidos. Se supo que la Cancillería requirió la extradición de Goni y sus colaboradores por “Delitos en contra de la libertad de prensa” y“Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, ambos tipificados en la legislación boliviana, pero inexistentes en la normativa de EE.UU, cometiendo de esta manera un grave error de procedimiento.

Von Vorries dijo que “el Departamento de Estado sugirió que lo que tendríamos que hacer es adecuar los hechos y la tipicidad con la tipicidad de Estados Unidos, para volver a repetir nuestra solicitud de extradición de Sánchez de Lozada, Joaquín Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín”.

Los legisladores del Movimiento sin Miedo (MSM) solicitaron al canciller David Choquehuanca que informe si el pedido de extradición cumplió o no con lo establecido por el artículo II del Tratado de Extradición, “que habla de la compatibilidad en las legislaciones de ambos países, de tipificación de delitos que se habrían cometido para que la solicitud tenga éxito”, dijo la diputada Marcela Revollo.

Desde que se conoció que la solicitud de extradición fue rechazada, Choquehuanca no emitió ninguna declaración sobre el tema, mientras que el vicecanciller Juan Carlos Alurralde pretendió culpar del fiasco a la Fiscalía General del Estado y a los abogados de las víctimas de la masacre de Octubre.

Contratan a un bufet en EE.UU.

El 6 de febrero de 2013 se notificó oficialmente a la Fiscalía General del Estado con las observaciones planteadas por el Departamento de Estado respecto a la primera solicitud de extradición, rechazada por incompatibilidad en las legislaciones de los dos países.

El 20 de septiembre de 2013 el fiscal general Ramiro Guerrero presentó en Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia una nueva solicitud de extradición del ex presidente Sánchez de Lozada y sus ministros. Guerrero explicó que la nueva demanda está respaldada por nuevas pruebas documentales y testimoniales: “Reforzamos la parte explicativa de los hechos que sucedieron en octubre de 2003 con pruebas documentales, fotografías, testimonios y declaraciones de ese entonces, cosa que no se hizo en la primera solicitud de extradición”.

El Fiscal dijo que esta vez se hizo un trabajo cuidadoso en lo que se refiere a la doble incriminación, y ahora sí “los delitos que están tipificados en nuestro Código Penal, en nuestras normas bolivianas, también se encuentran en las normas del país de Estados Unidos”. En su segunda demanda, el gobierno boliviano reclama la extradición de Goni y sus amigos por los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta; homicidio; vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio.la comisión de los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta; homicidio; vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio.

La Sala Plena del Tribunal Supremo emitió el 1 de octubre el auto supremo para el nuevo trámite de extradición, y el fiscal general Ramiro Guerrero viajó a Estados Unidos para buscar asesoramiento legal y contratar a un traductor. La Fiscalía contrató al bufet Rabinowitz Boudin y requirió los servicios del experto Jonathan Cavanagh para que traduzca al inglés los nuevos exhortos suplicatorios del trámite de extradición de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague en un plazo de seis a ocho semanas.

“Esta contratación, tanto de abogados como traductores, implica una erogación económica muy fuerte; acá hay que reconocer que el Estado boliviano asumió con mucha responsabilidad esta nueva tramitación y aprobó un presupuesto extraordinario para el Ministerio Público para esos gastos”, reveló el fiscal Superior Orlando Rivero. (ABI)

Rivero declaró al diario cruceño El Deber que el Estado boliviano pagará al menos 600 dólares por hora de trabajo a los abogados norteamericanos. “Los bufetes en EEUU cobran en un rango de entre $us 600 y 1.000 la hora. No hay otro sistema. El estudio (Rabinowitz Boudin) tiene el parámetro más económico, aunque es el mismo sistema (por hora). El traductor también tiene un costo alto”, confesó el fiscal superior, pero no supo calcular el costo global de todo el proceso.

Según el fiscal Ramiro Guerrero, el nuevo trámite de extradición costaría no menos de 143 mil dólares.