Toda la tecnología que hace del iPhone un teléfono inteligente es deudora de la visión y el apoyo del Estado: el internet, GPS, la pantalla táctil e incluso la voz asistente Siri del Smartphone recibieron dinero del Estado. La “economía real” (de bienes y servicios) ha experimentado un cambio similar al de la “economía financiera”: cada vez más el riesgo se mueve hacia el sector público y el sector privado recibe los beneficios.

De continuo políticos, economistas y medios de comunicación nos ofrecen imágenes de “emprendedores” tecnológicamente innovadores como Mark Zuckerberg y Steve Jobs. El mensaje es que es preferible dejar la innovación en manos de tales individuos y del sector privado, y que el Estado, supuestamente burocrático e inercial, no debería meterse en esas cosas. Un eficaz artículo del año 2012 publicado en The Economist argumentaba que para ser innovadores los Estados deberían ‘limitarse a lo fundamental’, a los gastos en infraestructuras, educación y desarrollo de capacidades, y dejar que el resto se haga en el “almacén de los innovadores.”

Esta imagen, sin embargo, se alimenta de ideología sin la menor prueba empírica. Si echamos un simple vistazo a las tecnologías pioneras del siglo pasado, veremos que el jugador decisivo fue el Estado y no el sector privado.

El éxito de una innovación siempre es incierto y puede tomar más tiempo que el que estén dispuestos a esperar los bancos tradicionales o los capitalistas de inversión con riesgo. En países como Estados Unidos, China, Singapur y Dinamarca, el Estado aportó el tipo de financiación paciente y a largo plazo que necesitan las nuevas tecnologías para despegar. A menudo este tipo de inversiones son grandes apuestas, desde poner al hombre en la luna hasta resolver el cambio climático. Para ello no sólo es necesario financiar la investigación básica -el típico “bien público” que para el grueso de los economistas precisa de financiación pública- sino también la investigación aplicada y aun el capital inicial.

Apple es un excelente ejemplo. En sus inicios la compañía recibió apoyo público en efectivo de $500,000 de parte de sociedades especializadas en invertir en pequeñas empresas. Toda la tecnología que hace del iPhone un teléfono inteligente es deudora de la visión y el apoyo del Estado: el internet, GPS, la pantalla táctil e incluso la voz asistente Siri de los teléfonos inteligentes recibieron dinero del Estado. La Agencia de Defensa norteamericana de proyectos de investigación (DARPA) financió internet; la CIA y los fondos del ejército financiaron el GPS.

Por lo tanto, si bien los EE.UU. se nos presentan como el modelo de progreso logrado a través de la empresa privada, lo cierto es que la innovación se ha beneficiado de un Estado muy intervencionista.

Pero los ejemplos no provienen exclusivamente del ámbito militar. El Instituto Nacional de Salud gasta anualmente 30.000 millones en investigación farmacéutica y biotecnológica, y cada año es responsable del 75% de los fármacos más innovadores. Incluso el algoritmo de búsqueda de Google se benefició de los fondos de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF).

En todo el mundo existen bancos públicos que financian la innovación, y la energía verde es un destacado ejemplo. Desde el banco público alemán KfW hasta los bancos estatales de desarrollo chino y brasilero, las finanzas públicas juegan un papel creciente en el desarrollo de la próxima gran novedad tecnológica: la tecnología verde.

En la era de la obsesión por reducir la deuda pública y achicar el tamaño del Estado, resulta fundamental derribar el mito de que el sector público es menos innovador que el privado. Si no lo hacemos, se debilitará la capacidad del Estado para seguir desempeñando su crucial papel innovador. Las historias que habitualmente nos cuentan, según las cuales los empresarios y los capitalistas de riesgo son quienes lideran el progreso, ayudaron a los lobistas de la industria de capital- riesgo estadounidense a negociar una fiscalidad menor para las ganancias del capital, debilitando así la capacidad del Estado para reponer sus fondos de innovación.

Lo más problemático es que compañías como Apple y Google casi no paguen impuestos acordes con sus inmensas ganancias, teniendo en cuenta las significativas contribuciones públicas que sus negocios han recibido.

Por tanto, la “economía real” (de bienes y servicios) ha experimentado un cambio similar al de la “economía financiera”: cada vez más el riesgo se mueve hacia el sector público y el sector privado recibe los beneficios. En efecto, uno de las tendencias más perversas de los últimos años es que mientras el Estado ha incrementado su financiación en Investigación y desarrollo (R&D), el sector privado se desentiende. En nombre de la “innovación abierta” la Big Pharma está cerrando sus laboratorios de I+D, confiando en que las pequeñas compañías de biotecnología y los fondos públicos realicen el trabajo duro. ¿Se trata de una alianza público-privado simbiótica o parasitaria?

Ya es hora de que el Estado reciba algo a cambio de sus inversiones. ¿Cómo? En primer lugar, hay que empezar por admitir que el Estado hace bastante más que remediar los fallos del mercado, que es el modo en que los economistas habitualmente justifican los gastos públicos. La verdad es que el Estado ha formado y creado mercados asumiendo grandes riesgos.

En segundo lugar, debemos preguntarnos cuál es la recompensa por asumir tamaños riesgos y admitir que esa recompensa ya no se consigue con la actual estructura regresiva de la fiscalidad.

En tercer lugar, es preciso que reflexionemos de manera creativa sobre cómo recuperar la inversión.

Hay muchas formas de lograrlo. El reembolso de algunos préstamos para estudiantes depende de los ingresos, entonces ¿por qué no hacer lo mismo con las empresas? Cuando los futuros dueños de Google recibieron una subvención de la NSF, el contrato debería haber dicho: si/cuando los beneficiarios de la subvención ganen $X millones de los beneficiarios de la subvención, se devolverá una contribución a NSF.

También se podría dar participación en la empresa al banco público o a la agencia que invirtió inicialmente. Un buen ejemplo de ello es SITRA en Finlandia, una compañía de innovación respaldada por el Estado que retuvo el capital cuando invirtió en Nokia. También existe la posibilidad de compartir una parte de los derechos de propiedad intelectual, cosa que no se hace en el sistema actual.

Reconocer que el Estado es el agente que sume los mayores riesgos y hacer lo necesario para que obtenga los correspondientes beneficios no sólo hará más fuerte al sistema de innovación, sino que distribuirá más equitativamente las ganancias del crecimiento. Esto hará posible que la educación, la salud y el transporte sean también beneficiarios de las inversiones públicas en innovación, en lugar de que un pequeño número de personas se nos presenten propagandísticamente a diario como creadores de riqueza, cuando lo cierto es que dependen cada día más del Estado empresarial valiente.

* Economista y profesora de ciencia y de políticas tecnológicas en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Su último libro es The Entrepreneurial State: Debunking public vs. Private sector. Fuente: http://www.newscientist.com/, 26 agosto 2013. Traducción para www.sinpermiso.info: María Julia Bertomeu.