La Habana (PL).- Muchos coinciden en que quizás ningún otro lugar del planeta tenga tanta obsesión como Quebec por mantener el uso exclusivo del francés en la vida cotidiana de sus pobladores, aunque ello implique una polémica social. El gobierno de Quebec primero pretendió obligar el uso del francés y ahora quiere “unificar” los valores comunes de esa provincia canadiense mediante un proyecto que desencadenó tensiones sociales por su trasfondo discriminatorio.

Canadá despidió 2012 con un panorama sociopolítico marcado por la promoción de medidas que dificultan la llegada o permanencia de extranjeros, casos de corrupción en altos funcionarios públicos e intensas protestas estudiantiles en Quebec contra medidas de corte neoliberal. Durante ese año, el gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper apretó aún más las tuercas en la esfera migratoria con el fin de solo atraer y dejar en el país a quienes realmente se ajusten a sus requisitos y objetivos trazados bajo el argumento de desarrollar la economía.

El ministro del ramo Jason Kenney fue blanco de las críticas de defensores de derechos humanos, activistas sociales y expertos en el tema tras adoptar reformas consideradas discriminatorias porque le otorgan demasiado poder hasta para deportar o negar la entrada a personas que, a su juicio, no cumplen con las exigencias de Ottawa.

Las censuras repuntaron con el cese de las solicitudes de residencia a padres y abuelos de inmigrantes y la entrada en vigor de la llamada súpervisa, un paso visto por muchos como un obstáculo a la reunificación familiar y también el comienzo del cierre de las puertas de Canadá. Ese último documento autoriza varios viajes al estado norteño durante un período de 10 años, pero debe ser renovado cada dos.

Sin embargo, para acceder al permiso los beneficiarios deben demostrar que tienen estabilidad financiera en sus países de origen, regresarán cuando expire el plazo concedido, pagar un seguro sanitario de hasta seis mil dólares y realizar un chequeo médico sin tener garantías. Un artículo del diario canadiense El Popular denunció que la medida forma parte de una estrategia escondida y gradual de las autoridades federales iniciada en 2006 y encaminada a penalizar a ciudadanos de otras naciones.

También en el año pasado, Canadá modificó la ley de refugios y ahora el ministro Kenney o funcionarios de su despacho deciden hasta cuando alguien necesita asilo, aunque tenga residencia. El titular presentó al Parlamento una controvertida legislación para deportar o frenar la llegada de ciudadanos foráneos con antecedentes penales, pese a las críticas de la oposición y de expertos porque la iniciativa otorga demasiados poderes al ministro de Inmigración.

La Ley para la Rápida Expulsión de Criminales Extranjeros acelerará las repatriaciones de convictos sentenciados a más de seis meses en la cárcel, elimina los recursos que interponen los inmigrantes acusados supuestamente de crímenes graves para evitar su expulsión y aumenta las penas para quienes incumplan las leyes.

Asimismo, Ottawa exige desde el pasado 1 de noviembre un examen obligatorio del manejo adecuado de inglés o francés para medir la fluidez oral de los individuos que pidan la naturalización. Los solicitantes deben presentar por anticipado pruebas evidentes de su conocimiento en ambas lenguas oficiales y, de resultar insatisfactorio, están obligados a entrevistarse con un juez de ciudadanía para valorar su caso.

Para Debbie Douglas, directora ejecutiva del Consejo de Agencias de Servicio al Inmigrante de Ontario, la herramienta podría discriminar a personas procedentes de países no angloparlantes. Mientras, Naomi Alboim, ex viceministra de Inmigración, consideró la propuesta contraproducente y vaticinó que traerá como consecuencia la exclusión de una masa importante de trabajadores que pueden impulsar la economía nacional con un poco de asistencia federal.

Esos y otros proyectos discuerdan con las supuestas facilidades que Canadá a los inmigrantes otorga para enfrentar el acelerado envejecimiento de su población. Cada año el país recibe al menos 250 mil extranjeros en busca de oportunidades laborales y ese sector será responsable del 80 por ciento del incremento demográfico en 2031, según un estudio de las empresas Ipsos Reid y Postmedia News.

Otro hecho significativo en Canadá el año pasado fueron las intensas protestas de estudiantes de Quebec contra el aumento en mil 625 dólares de las matrículas universitarias y la controvertida Ley 78, aprobada el 18 de mayo por el legislativo provincial y que establece restricciones para los actos públicos organizados. Esa última medida obliga a comunicar a las autoridades, con al menos ocho de horas de antelación, la ruta de las manifestaciones que incluya a más de 50 personas, a riesgo de fuertes multas para los infractores.

Durante varios meses, más de 170 mil jóvenes paralizaron esa provincia con huelgas diarias, bloqueos de puentes y carreteras en rechazo a ambas iniciativas del gobierno liberal del primer ministro Jean Charest. La huelga estudiantil, la más larga en la historia de Quebec, se sustentó en asambleas de masas frecuentes y debates, así como en movilizaciones fuera de las casas de altos estudios.

La huelga tuvo eco en el continente americano y también en Europa. La represión policial contra el movimiento pacífico y los arrestos de cientos de escolares con la consecuente imposición de cargos criminales, despertaron la solidaridad de la ciudadanía. Según la publicación digital Global Research, miles de canadienses criticaron la posición de las autoridades quebequenses en programas de entrevistas y cartas a varios periódicos.

El conflicto con los universitarios, junto con fuertes problemas de corrupción, conllevó a la derrota de los liberales en las elecciones parlamentarias del 4 de septiembre frente al independentista Partido Quebequés (PQ). Con una década en el poder, Charest adelantó los comicios en el verano con la esperanza de reelegirse, pero sus cálculos fracasaron y la población dio la victoria a Pauline Marois, primera mujer que llega al gobierno del territorio francófono. El PQ regresó al Ejecutivo quebequense justo cuando altos funcionarios de la provincia figuran entre los principales implicados en varios escándalos por corrupción y colaboración con los grupos mafiosos italianos conocidos como Hells Angels, los clanes La Calabresa y La Cosa Nostra.

La comisión Charbonneau indaga desde finales de 2011 cómo esa organizaciones criminales lograron incursionar e infiltrarse en la industria de la construcción de ciudades como Laval y Montreal, esta última con fama de ser una de las mejores urbes del mundo por su calidad de vida y multiculturalismo. Bajo esa premisa, el comité ha entrevistado a dirigentes sindicales, ingenieros, abogados, investigadores, empresarios, políticos y hasta agentes infiltrados para descubrir contratos ilícitos en la construcción de aceras, alcantarillas y el asfaltado de esas metrópolis.

Además busca traer a la luz los financiamientos ilegales hechos a partidos a cambio de favores, luego que un exjefe de la unidad anticorrupción del territorio declaró que 70 por ciento del dinero recaudado por organizaciones políticas era “sucio”. La pesquisas revelaron la participación del ex alcalde montrealés Gerald Tremblay en reuniones arregladas con empresas de la construcción a fin de pactar donativos ilegales para su partido desde 2008, así como la contabilidad doble, una oficial y otra oficiosa, de esa agrupación. Tremblay renunció a su cargo y a la política en noviembre, luego de admitir la responsabilidad total por los resultados de la investigación.

El edil de Laval, Gilles Vaillancourt, le siguió los pasos y dimitió también tras los allanamientos en sus dos casas, oficina e intervenciones en sus cuentas bancarias como parte de la operación anti-corrupción. Los integrantes de la comisión Charbonneau confiscaron varios documentos confidenciales del ayuntamiento vinculados con el funcionario, con 23 años en el puesto. Sus investigaciones deben concluir para finales del año 2013 y si quedan inconclusas, entonces deberán ser prolongadas.

Quebec obsesionada con el francés

Muchos coinciden en que quizás ningún otro lugar del planeta tenga tanta obsesión como Quebec por mantener el uso exclusivo del francés en la vida cotidiana de sus pobladores, aunque ello implique una polémica social. Dicha provincia, habitada por numerosas comunidades indígenas y de inmigrantes, solo reconoce como oficial el llamado idioma del amor, pese a que Canadá es un país bilingüe.

Según varios historiadores, la férrea defensa del francés está vinculada a los propósitos separatistas de esa demarcación, ahora liderada por el nacionalista Parti Quebecois (Partido Quebequense). El recelo es tan grande que recientemente el propio Gobierno local admitió que exageró con la exigencia a un restaurante italiano de traducir al francés las palabras “pasta”, “bottiglia” y “calamari” en su menú.

Quebec -ubicada en el este de Canadá- es el único territorio mayoritariamente francófono de Norteamérica y para conservar tal condición dispone desde 1977 de una legislación que obliga el empleo de esa lengua a nivel institucional y legislativo, en las comunicaciones, centros de trabajo, negocios y en la docencia desde la etapa preescolar. Ese último aspecto de la Carta de la Lengua Francesa, mejor conocida como Ley 101, ha provocado fuertes críticas a las autoridades por parte de los angloparlantes, quienes piden respeto al libre derecho de escoger el idioma en que se educarán sus hijos.

A juicio de expertos, la normativa aceleró el llamado proceso de francización en Quebec y conllevó a una división de la sociedad porque quienes hablan o prefieren el inglés asisten a instituciones culturales, escuelas, iglesias o asociaciones diferentes. Desde su aprobación, la herramienta fue blanco de disímiles demandas, principalmente por los artículos que prohíben a las empresas publicar sus nombres o lanzar mensajes publicitarios en otro idioma.

El conflicto legal más reciente fue el recurso interpuesto a finales de 2012 por las firmas extranjeras Walmart, Best Buy, Costco, Gap, Old Navy y Guess contra el ejecutivo quebequense por esos mismos motivos. Para las autoridades provinciales, las compañías violan las leyes sobre la lengua francesa, pero los demandantes argumentan que esas disposiciones no son aplicables a las marcas registradas y pedirán a la Corte Superior de ese territorio canadiense aclarar si es posible exigírselas.

Pese a la adopción de la Ley 101 y los esfuerzos por hacerla cumplir, un reciente censo mostró un descenso de 5,2 por ciento en la cifra de francoparlantes en Quebec en los últimos años. De acuerdo con los resultados de Statistics Canada 2011, la población que declaró el francés como el idioma más hablado en el hogar disminuyó de 82,7 por ciento en 2006 a 82,5 por ciento en ese año.

Los realizadores del conteo atribuyen esa caída a una baja tasa de fecundidad, una transmisión incompleta de esa lengua de los padres a los hijos y la creciente presencia de inmigrantes no francoparlantes. Aunque esos datos son considerados poco significativos para los analistas, encendieron la alarma en las autoridades provinciales al punto de querer endurecer la Ley 101 para obligar a los ciudadanos a usar la única lengua oficial en todas las actividades sociales.

“Quebec no puede seguir sin actuar. Preservar el lugar del francés como lengua pública común es el interés más alto de la nación quebequense”, dijo la primera ministra Pauline Marois, al calificar la modificación de necesaria para detener el retroceso del idioma.

La reforma -denominada como proyecto de ley 14- fue presentada el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Nacional de Quebec y su debate estaba previsto para marzo de 2013. El instrumento legal plantea eliminar el estatus de bilingüe a las municipalidades donde la población anglófona sea menos del 50 por ciento, bajo el argumento de que no les permite ofrecer muchos servicios públicos en los dos idiomas.

Otra de las medidas es obligar a los estudiantes egresados de secundarias y universidades anglófonas a aprobar un examen de francés para demostrar que pueden mantener una conversación con fluidez. Además, habrá limitaciones para admitir en las escuelas inglesas a los descendientes de padres con conocimientos en francés.

Entre otras disposiciones, el proyecto de ley 14 faculta al Gobierno a seleccionar y otorgar la residencia solo a los extranjeros que muestren tener un dominio profundo de esa lengua. Diane Courcy, ministra quebequense de Inmigración y principal responsable de la Ley 101, realiza reuniones con medios de comunicación y agrupaciones sociales con el propósito de explicar la legislación y recabar apoyo popular.

Sin embargo, muchos ciudadanos rechazan la norma, la califican de ilógica porque no ven el francés amenazado en la provincia y abogan por la supervivencia del bilingüismo. La comunidad anglófona de Quebec efectuó varias manifestaciones y planea entregar al parlamento local un documento con sus críticas durante el debate del proyecto de ley 14. Mientras, un comentarista del sitio de análisis The Political Bouillon denunció el trasfondo xenófobo que esconde la iniciativa tras su objetivo de defender “el derecho a vivir en francés”.

Ben Reedijk precisa en un artículo que el instrumento busca en realidad segregar la educación, abrir las puertas a actitudes hostiles contra la diversidad social e incitar el temor a la población no francoparlante. Al parecer el periodista acertó con sus valoraciones. Una encuesta mostró que 42 por ciento de quienes hablan inglés piensa abandonar Quebec porque se siente insatisfecho con las políticas sobre el idioma.

“Esa es una proporción significativa (…) estamos dando paso a una gran fuga de cerebros”, dijo al respecto Sylvia Martin-Lafronge, líder de una organización defensora de los derechos civiles. Para aprobar el proyecto de ley 14, el gobierno de Pauline Marois necesita de la oposición, que podría frenar o diferir la normativa porque teme el resurgimiento de tensiones lingüísticas en la provincia.

¿Carta de valores o la discordia de Quebec?

El gobierno de Quebec parece ligado a la polémica. Primero pretendió obligar el uso del francés y ahora quiere “unificar” los valores comunes de esa provincia canadiense mediante un proyecto que desencadenó tensiones sociales por su trasfondo discriminatorio. Las autoridades de ese territorio francófono presentaron la llamada Carta de Valores el pasado 10 de septiembre, pero existe una discordia por el tema desde que la prensa adelantó parte de su contenido varias semanas antes.

Miles de personas marcharon en contra y a favor del plan del gobernante Partido Quebequense (PQ) para asegurar la “neutralidad religiosa” de los empleados públicos mientras interactúen con la ciudadanía. Es decir, la prohibición de atributos como hiyab islámico, burka o cruz cristiana, entre otros, en el ejercicio de sus funciones.

La Asamblea Nacional de la provincia votará por la iniciativa este otoño y, de aprobarse, afectará a los devotos de diferentes creencias que trabajen en ministerios u otras instituciones estatales, en cuerpos de policía, tribunales, centros educativos y hospitales. “Lo que buscamos reafirmar son los valores que nos unen a todos (…) pero principalmente la igualdad entre hombres y mujeres y la neutralidad del Estado”, dijo en un debate público Bernard Drainville, titular de Instituciones Democráticas y promotor del proyecto de ley.

El gobierno canadiense, los principales partidos políticos del país y la provincia, grupos defensores de los derechos civiles y activistas sociales rechazan la propuesta y alertan que supondrá el riesgo de excluir, especialmente, a miles de mujeres del mercado laboral. Las autoridades de Ottawa reiteraron en varias ocasiones que agotarán los recursos necesarios para revocar la medida si obtiene el visto bueno parlamentario.

“Si (la Carta) es aprobada por la Asamblea Nacional, pediremos al Ministerio de Justicia hacer el análisis respectivo, y si viola las protecciones constitucionales a las que tienen derechos los canadienses, defenderemos estos derechos”, afirmó el ministro de Asuntos Intergubernamentales, Denis Lebel.

En tanto Jason Kenney, titular de Trabajo, Desarrollo Social y Multiculturalismo, calificó la normativa de absurda y la interpretó como otro móvil de fricciones entre el ejecutivo quebequense y el estado canadiense. “Evidentemente, el gobierno separatista de Quebec quiere pelearse con el Gobierno Federal en todo momento y sin importar el tema, pero nosotros mantendremos nuestra atención en la prioridad de los canadienses”, advirtió.

Varias encuestas ilustran la creciente división social en Quebec respecto al tema. Según los sondeos, una parte de la población apoya sin restricciones la política de neutralidad religiosa, otra aboga por modificarla y otro sector está completamente en contra de su promulgación. Los detractores denuncian que se trata de un proyecto excluyente, con fines electorales y dirigido a los seguidores más radicales del PQ.

Además, acusan al gobierno de Quebec de racismo y discriminación porque la Carta dejaría fuera a muchas personas, principalmente a los inmigrantes. La provincia constató un aumento de las actitudes xenófobas desde que circularon las primeras informaciones de la Carta de Valores.

Según Jacques Frémont, presidente de la Comisión defensora de los derechos civiles de Quebec, aumentaron las quejas procesadas por ese tipo de actos. Mientras, el diario Noticias Montreal indicó que en las últimas semanas hubo más reportes de incidentes violentos hacia miembros de la comunidad musulmana. El periódico precisó que varios medios de prensa incluso recibieron videos e imágenes de ataques verbales hacia devotos del Islam y otras creencias en lugares públicos y durante los debates populares de la nueva medida.

Ante la creciente controversia, el Ejecutivo de la provincia francófona dijo que está dispuesto a modificar su propuesta antes de someterla al voto del Parlamento. Sin embargo, el Consejo del Estatus de la Mujer denunció que el PQ ejerce presiones para que presente opiniones favorables a su polémica política, lo cual es visto por la oposición como un ataque flagrante del partido gobernante contra una organización independiente.

De acuerdo con la presidenta del Consejo, Julie Miville-Dechene, el Gobierno hace pocos días anunció las nominaciones a la dirección del grupo de cuatro nuevas candidatas que manifestaron apoyo a la propuesta. La funcionaria explicó a Radio-Canadá que las autoridades dieron ese paso ante la división existente entre las actuales líderes de la agrupación sobre el proyecto de ley.

Miville-Dechene agregó que el Consejo decidió estudiar el impacto de la normativa en la población femenina antes de tomar una postura unánime. Para promulgar la Carta, el gobierno minoritario de la primera ministra Pauline Marois necesita de la oposición, que amenaza con rechazarla por temor a la fuga de los inmigrantes, con un peso importante en el desarrollo y el crecimiento demográfico de Quebec.

Si el Parlamento acepta la propuesta del PQ, entonces daría un golpe a los principios y las leyes federales de multiculturalismo que reconocen y respetan la diversidad racial, cultural, religiosa y étnica de la población de Canadá.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.