A los señores Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional; Roberto Aguilar, Ministro de Educación; Carlos Romero, Ministro de Gobierno y Félix Gonzáles, Gobernador de Potosí. De nuestra mayor consideración: Recurrimos a esta carta abierta debido a que nuestras reiteradas solicitudes de audiencia no han tenido resultado alguno. Por tratarse de un tema vital para nuestra institución y ante las amenazas que sufre el IPTK no tenemos otra alternativa que dar a conocer esta situación de manera pública.

Antecedentes

Desde hace dos años y de manera recurrente hemos sufrido como Instituto Politécnico “Tomás Katari” – IPTK, una serie de amenazas de intervención, principalmente en la provincia Chayanta, de parte de la Diputada Nacional Emiliana Aiza, con diferentes argumentos que no condicen a la realidad. La mencionada representante nacional, ha intentado por todos los medios, provocar una intervención directa a nuestra institución.

Debido a estas presiones, el IPTK llegó a acordar en marzo de este año un principio de entendimiento con el Viceministro de Educación de ese entonces, Benecio Quispe y el Gobernador de Potosí, Félix Gonzáles, para proceder a una transferencia del Proyecto Instituto de Profesionalización Rural – INTEPRUR, dependiente del Instituto Politécnico “Tomás Katari” – IPTK, al Estado Plurinacional, a partir de enero del año 2014, dejando abierta la posibilidad de un manejo consorciado de este proyecto.

Para tal efecto se elaboró un convenio que hasta la fecha no ha sido firmado por el Ministro de Educación ni por el Gobernador de Potosí, quedando por lo tanto pendiente de resolución este tema de transferencia.

Nuevas amenazas

Pese a que este convenio no ha sido consolidado por la falta de las firmas que señalamos, se han recibido en la provincia Chayanta, diferentes visitas de comisiones cuyo propósito no era otro que el acelerar el proceso de transferencia. Una de estas comisiones se reunió en Macha para iniciar un trabajo de evaluación en Chayanta para los trabajos de un Instituto Superior de Educación, con bases operativas desconcentradas en los cuatro municipios de la provincia, sin que este emprendimiento tenga necesariamente que ver con el proyecto del IPTK que funciona en la localidad de Ocurí.

Una segunda comisión, esta vez enviada desde la Gobernación de Potosí, se hizo presente en Ocurí, para realizar un proceso de inventariación de los bienes a ser probablemente transferidos, sin que se tenga ninguna otra referencia sobre el cumplimiento de todos los términos del proyectado convenio.

Mientras tanto y de manera paralela se tuvieron reuniones en Ravelo y Pocoata, bajo la conminatoria de la diputada Emiliana Aiza, para presionar que el IPTK no solo transfiera el proyecto de Ocurí, sino de todos los trabajos que tiene nuestra institución en la provincia Chayanta; demostrando de este modo que el verdadero motivo es una intervención directa, arbitraria e ilegal de todas nuestras bases operativas.

El papel constructivo del IPTK

Habiendo celebrado el pasado 2 de septiembre el 37 Aniversario del IPTK, podemos resaltar, como se hará en un libro a publicarse en los próximos días, que nuestra acción institucional estuvo ligada profundamente con el proceso de cambio que vive Bolivia, no solamente desde que el Presidente Morales condujo el mismo desde el Gobierno Nacional, sino desde hace 37 años atrás.

En diciembre del año pasado el IPTK, ratificó su posición institucional respecto al proceso de cambio y expresando su propósito de reafirmar su profunda vocación de servicio a la sociedad boliviana en las nuevas condiciones de cambio histórico.

Nuestra acción institucional, como es de conocimiento público, ha seguido una línea invariable de Servicio, Solución y Cambio, por lo menos en toda la provincia Chayanta y en los barrios marginales de la ciudad de Sucre. Tomar medidas de hecho, intervenir en nuestras bases operativas simplemente por el afán que tiene una persona, por muy influyente que sea, no justifica de ninguna manera que tales hechos reciban el aval oficial del Estado Plurinacional.

Creemos que estamos siendo presionados y castigados de manera arbitraria, cuando en el fondo todo nuestro trabajo es simplemente de adhesión militante al proceso de cambio y de servicio consecuente con las grandes mayorías que siempre fueron postergadas, porque se trata de derechos fundamentales que corren el peligro de ser conculcados por decisiones unilaterales y subjetivas, recurrimos públicamente a este pedido directo a fin de impedir una acción incorrecta e inoportuna de los niveles del Estado Plurinacional de Bolivia.

Atentamente:

Franz Barrios Villegas, presidente de la Junta Directiva del IPTK; Marina Benitez Oporto, secretaria de la Junta Directiva; Iván Ramiro Arancibia Araoz, director Ejecutivo del IPTK. Sucre, 19 de septiembre de 2013

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Declaración de Unitas: En repudio a la intervención del IPTK

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) manifiesta su total repudio e indignación ante el atropello sufrido por el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), institución asociada a nuestra red, que viene trabajando en beneficio de los sectores más necesitados del sur del país desde 1976.

La noticia de que el gobierno habría tomado el control del instituto educativo del IPTK, difundida por radio ACLO, demuestra la arbitrariedad con la que actúan, a título personal, autoridades como la Diputada Emiliana Aiza en nuestro país y la falta de garantías para que instituciones como el IPTK, desarrollen su trabajo sin intervenciones injustificadas que no hacen otra cosa que debilitar el Estado de Derecho y la democracia en Bolivia.

En lugar de avanzar hacia una sociedad donde las presiones, las amenazas, las agresiones, la violencia y la persecución sean expresiones de las dictaduras sufridas en el pasado, hoy somos testigos de cómo la distorsión de la información sobre el rol que cumplen las ONGs en el desarrollo del país, así como la intencionalidad política de usurpar y aprovechar iniciativas legalmente establecidas, generan atropellos irracionales e intervenciones ilegales en función de intereses mezquinos y particulares.

Según declaraciones de la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Emiliana Aiza, los proyectos productivos y la radio emisora seguirán en manos de la ONG, mientras todavía no se tiene definida una decisión sobre el futuro de sus otras oficinas y proyectos que tiene en Pocoata, Colquechaca y Ravelo. Asimismo, la Diputada aseguró que el IPTK está en crisis económica, por lo que sus propios ejecutivos habrían pedido la intervención del Gobierno (Marzo 14, 2013 www.elsol.com.bo).

Dicha versión, fue desmentida por Franz Barrios, fundador del IPTK, quien aclaró que los recursos para el funcionamiento de la ONG están asegurados y denunció públicamente que la intervención a la sede del IPTK en Ocurí, (provincia Chayanta, del departamento de Potosí) fue ilegal y arbitraria. Los interventores lograron su objetivo bajo presión y el domingo pasado el Secretario General Eduardo Barrios y miembros del equipo fueron capturados como rehenes. (Marzo 14, 2013 Radio noticias)

La toma del IPTK ha generado, además, el enfrentamiento y la división entre comunarios. Dos de los cuatro cantones del municipio de Ocuri reconocen el trabajo que IPTK realiza desde hace 36 años y rechazan las intenciones del gobierno de tomar control del Instituto; uno emplaza al gobierno a construir otra institución educativa “desde el cimiento (y no aprovechar lo existente)” y otro cantón respalda el criterio de que el instituto debe pasar a manos del gobierno. (Red ACLO http://comperiodismo.blogspot.com)

Según el Gobernador de Potosí, Félix González, quien se constituyó en la ciudad de Sucre para reunirse con los ejecutivos del IPTK “el Gobierno no está en una cacería de ONG’s. Esto no es un movimiento político, ni del Gobierno Nacional ni del Gobierno Departamental. Son las organizaciones sociales quienes han tenido sus motivos de fondo para esto” (http://digitalkyrios.com)

Pues bien ¿cómo debemos interpretar este hecho? No se puede deslindar responsabilidades atribuyéndoles a las organizaciones de base la tarea de juzgar y definir el destino de ésta o cualquier otra institución que desarrolla su trabajo en el marco de la Ley. No se puede permitir que el sentido de autoridad de quienes han sido elegidos por la ciudadanía se diluya bajo el pretexto de que son las organizaciones las que tienen sus razones y mucho menos creer que quienes han asumido la representación de la sociedad en la Asamblea Plurinacional abusen del poder para cometer este tipo de arbitrariedades. Con que valor moral se puede decir que la intervención al IPTK fue “un acuerdo entre partes” cuando de por medio estuvieron presentes las amenazas, restricciones a las libertades individuales, extorsión y manipulación de organizaciones campesinas para lograr la firma de un acuerdo. ¿A qué estamos llegando como Estado y sociedad si no nos guían básicas nociones del bien público y la complementariedad de la que tanto se habla?

El trabajo del IPTK beneficia a la población a través de Programas referidos al Desarrollo del conocimiento; Fortalecimiento de la Economía comunitaria y Desarrollo Servicios sociales en Salud. Por ejemplo, en la gestión 2012, ha permitido que 111 jóvenes campesinos/as se gradúen en las 4 carreras técnicas del CEPRUR (Aux. de enfermería, Agropecuaria, Construcción Civil y Administración Pública Municipal) ó que 1300 familias reduzcan las enfermedades infecciosas con prácticas de higiene en sus hogares, que 2800 familias de Ocuri, Ravelo, Pocoata y Colquechaca mejoren la productividad de sus cultivos, diversificando su producción a través de una producción agroecológica sostenible, para garantizar su seguridad alimentaria….

No se puede entonces pensar que la labor del IPTK no tiene utilidad social, tampoco se puede suponer que no exista transparencia en su accionar, que la infraestructura de los proyectos no está en activo funcionamiento o que la propia población desconoce los resultados logrados. Por ello cabe preguntarse ¿cuáles son los criterios por los que antojadizamente una autoridad puede impulsar la toma de instalaciones y proyectos que han probado su efectividad y su carácter de servicio a la comunidad?

Sin mecanismos apropiados y criterios de evaluación claros no se puede proceder de esta manera que, a futuro, puede establecer burdas formas de ejercer el “des-control social”. Lógicamente no podemos hablar del “debido proceso” porque ni siquiera existe una denuncia formal en contra del IPTK. Aparentemente no hay mayor argumento para esta intervención que el de la “oportunidad de apropiarse” del centro educativo. ¿Será que ya tienen previsto y asegurado cómo dar continuidad y seguimiento a la labor educativa que éste cumple? La cuestión de fondo es saber para qué se procede de esta manera, menos cuando no están dadas las condiciones para garantizar que siga brindando los mismos o mejores servicios.

Aparentemente, apropiarse es sinónimo de ganar poder sin importar el daño que se pueda hacer a la comunidad. Ganar poder es decidir unilateralmente lo que puede o no ser mejor para el colectivo. Lo importante es mostrar el poder!

La labor de todas las instancias públicas y privadas es respetar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y la normativa vigente. Más allá de ello, se hace cada vez más necesario promover una cultura del diálogo sin imposiciones ni triquiñuelas que siembran el autoritarismo en quienes cumplen una función pública y la innecesaria incertidumbre sobre el destino que puedan tener instituciones que buscan la transformación social y que han construido, relaciones solidarias, claras y horizontales con organizaciones sociales en todo el país.

En ese marco, apelamos a las autoridades para que rectifiquen este hecho dejando sin efecto el acuerdo suscrito por el IPTK bajo presión, pero también para que revisen junto con las organizaciones sociales y los y las representantes del MAS en la Asamblea Plurinacional, los principios que fundamentan su papel y su accionar como servidores públicos que velan por el bien común.

¡La democracia, el pluralismo y la legalidad que debe regir en el país están en riesgo si el Estado no asume con responsabilidad y celeridad su defensa!

Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social UNITAS, Fundación Acción Cultural Loyola ACLO, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino CENDA, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS, Centro de Promoción Minera CEPROMIN, Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija CER-DET, Centro de Servicios Agropecuarios CESA, Centro de Investigación y Apoyo Campesino CIAC, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer CIDEM, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, DESAFIO, Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI-Bolivia, Fundación Social Uramanta, Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral IIADI, Instituto de Investigación y Capacitación Campesina IICCA, Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular INDICEP, Instituto Politécnico Tomás Katari IPTK, Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí ISALP, Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino KURMI, Mujeres en Acción, Oficina de Asistencia Social de la Iglesia OASI, Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII, Promoción de la Mujer Tarija PROMUTAR, Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas SEMTA. 15 de marzo de 2013.