El día de la posesión en la Defensoría del Pueblo de Rolando Villena Villegas, el Vicepresidente boliviano le pidió, al recién posesionado, que defienda al gobierno y al Estado que definen como plurinacional. Los que vimos ese acto y escuchamos ese discurso vicepresidencial, confirmamos que el ex docente universitario le pidió, al nuevo Defensor del Pueblo, que haga lo que no debía.

Para los que tratan de encubrir los dichos y hechos grotescos del Presidente, citamos las normas pertinentes de la CPE que “constitucionalizan” la Ley del Defensor del Pueblo:

—“Artículo 218. I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos”.

—La CPE dispone que esa oficina defenderá “…los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior”, inciso II del artículo citado (218).

—“En el ejercicio de sus funciones —la Defensoría— no recibe instrucciones de los órganos del Estado”, determina el numeral III de ese artículo.

En esa ocasión el Vicepresidente no dijo lo que ahora sabemos: él cree (lo que debe compartir con el Presidente), que éste es la “encarnación” del pueblo, por lo que el actual Defensor las acciones del Presidente y, por extensión, de los gobernantes.

En ese momento, especialmente los empobrecidos creían, más que ahora, que el actual gobierno era democrático, popular, antiimperialista y revolucionario, es decir, que en Bolivia transitaba una revolución democrática y cultural.

El gobierno que proclama su alianza con medianos propietarios, empresarios criollos y transnacionales, por eso mismo, al menos pone en duda su servicio al pueblo.

Aunque fuera verdad que tenemos un gobierno como ése, ningún Defensor del Pueblo tendría que hacerse el ciego y el sordo ante la violación de derechos humanos desde el Estado y desde el gobierno.

El Defensor del Pueblo, en su carta de respuesta al Presidente que informó, de una deplorable manera, que él propuso la candidatura del obispo emérito de la Iglesia Metodista, dice: “… con humildad pero también con firmeza … voy a mantener mi posición y mi convicción de defensa de los derechos humanos de los bolivianos y las bolivianas y especialmente de las poblaciones vulnerables y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en cuyo nombre se ha creado y se construye el Estado Plurinacional”.

Parlamentarios de la oposición, durante la posesión de Villena en el cargo público que ocupa, mostró pancartas en las que decían, básicamente, que Evo Morales hizo elegir a un defensor a su servicio. ¿Ahora qué dicen?

El presidente Morales, en realidad, le reclamó a Villena Villegas por haberlo sugerido como candidato a Defensor del Pueblo. Para nosotros, esa actitud presidencial muestra el genio y la figura del que tenemos como primer mandatario.

Para nosotros lo esencial son los intereses que en verdad defiende y representa, ahora, Juan Evo Morales Ayma: de los medianos propietarios y empresarios criollos (no de todos) y de los transnacionales, como los de la Empresa Minera San Cristóbal. Esa es la “realidad real” o el poder real; lo demás se subordina, lo otro “es ilusión”, dirían los maoistas.

Sospechamos que el Presidente pretende que cuando menos sus movimientos sociales aplaudan sus confesiones, como la que hizo fuera del país, lugar en el que le creen todavía más que en Bolivia. Recordemos que una de sus parlamentarias ha dicho que se arrepienten de haber elegido a Villena en aquel cargo. Antes otros legisladores masistas le pidieron al Defensor que renuncie, aunque no faltan hoy los que desean destituirlo.

Una mentira es que Evo Morales encarna al pueblo y que, en consecuencia, el Defensor del Pueblo debe estar a su servicio y, por tanto, encubrir la violación de derechos humanos en Bolivia, como la represión a los indígenas marchistas en Chaparina, ordenada por los gobernantes y, sobre todo por el Presidente, como han denunciado dirigentes de los originarios, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (presidida por María Amparo Carvajal) y el ex director de Cejis, Leonardo Tamburini, entre otros.

El Defensor del Pueblo, antes del intento gubernamental de acabar con la VIII marcha indígena, se reunió con el entonces Ministro de Gobierno, ahora Embajador de Bolivia en la ONU, y éste le mintió al Defensor porque le dijo que no había plan alguno de intervención (léase represión) a la marcha que llegó, a pesar de todo, a La Paz.

Destacamos también como acertada la exigencia del Defensor del Pueblo para que el actual Embajador de Bolivia en la ONU, sea retornado al país para que sea investigado, procesado y sancionado. Esa es otra atribución de la Defensoría.

“5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones”, punto 5 del artículo 222 de la Ley Fundamental que citamos:

El Presidente advierte, aunque navegue en un mar de irrealidades que él inventa para solazarse, que la represión en Chaparina fue decidida por jefes policiales, la llamada “ruptura de la cadena de mando”, mentira que la creen cada vez menos los bolivianos.

Sin embargo, en el pueblo hay necesidad de afinar más la puntería: sin dejar de exigir que la ley caiga contra los probables culpables de la represión en Chaparina, no debemos olvidar que el presidente Morales es el principal responsable político de esa acción punitiva, ilegal e ilegítima, al que sus llunk’s se empeñan en liberar de todo cargo porque creen otra mentira: el Presidente no dio la orden, no sabía, se enteró del operativo cuando estaba en curso. Y ese comportamiento sólo es comparable con el de Poncio Pilatos, el de la Biblia.

Ante ese comportamiento decimos que tenemos que felicitarnos cada vez que el Defensor del Pueblo cumpla su mandato, ajustado a la CPE y otras normas, y asuma su dura, pero imprescindible tarea de promoción, difusión, defensa, restitución de derechos individuales y colectivos (como él dice en un aviso radial), aunque el Presidente pierda la calma. Así tendremos a un Defensor del Pueblo en vez de un defensor del gobierno actual.

* Periodista y editor de Aquí: http://www.semanarioaqui.com