El gobierno ruso inicio un proceso penal contra 27 activistas de Greenpeace acusados de piratería luego de asediar una plataforma petrolera de Gazprom. En Estados Unidos tres ecologistas que irrumpieron en una fábrica de armas nucleares en Tennessee fueron declarados culpables de delitos contra la seguridad nacional. Además, India canceló licencias de ONGs acusadas de financiar movilizaciones contra la instalación de una planta electronuclear, y en Japón y Canadá reprimen a los defensores de las ballenas y a quienes luchan contra la explotación minera.

El 20 de septiembre el Comité de Investigaciones de Rusia (CIR) abrió un expediente por indicios de piratería contra la tripulación del barco Artic Sunrise, de la organización ecologista Greenpeace, capturado en inmediaciones de una plataforma petrolera del consorcio ruso Gazprom en el mar de Pechora. Algunos de sus tripulantes intentaron subir a la plataforma en protesta por supuestos vertidos de crudo en el entorno, según la versión oficial.

Miembros del servicio de guardacostas ruso descendieron desde un helicóptero del tipo Mi-8 sobre la cubierta de la nave ecologista para obligarla a apagar los motores, pero la exigencia de los militares fue incumplida, y la embarcación fue remolcada hacia el puerto de Múrmansk, principal de Rusia en la zona ártica. Un incidente similar ocurrió en agosto de 2012, cuando seis escaladores de Greenpeace ocuparon por 15 horas esa misma plataforma, que de acuerdo con los planes debe comenzar a producir antes de diciembre del año en curso.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia desmintió el uso de armas y que algún tripulante sufriera daños durante el registro de la embarcación, como denunciaron portavoces ambientalistas. La cancillería rusa consideró extremista y provocadora la actitud de quienes se acercaron a la plataforma petrolera, sin tener en cuenta las medidas de seguridad establecidas en esa área.

El especialista en problemas de piratería Mijail Voitenko dijo que los miembros de Greenpeace provocan escándalos y violan normas de navegación marítima con el fin de atraer patrocinadores. La integrante del Movimiento Antiglobalista de Rusia Elena Borisova puso en duda la independencia de Greenpeace, pues necesita financiamiento y lo reciben gracias a acciones espectaculares, declaró al periódico Pravda, órgano del Partido Comunista de la Federación.

El 24 de septiembre el CIR confirmó el inicio de un proceso penal contra tripulantes del Artic Sunrise, y el portavoz del cuerpo investigador Vladimir Markin aseguró que los 27 activistas podrían encarar penas de entre 10 y 15 años de prisión. Tras las pesquisas preliminares del Comité del Distrito Federal del Noroeste se abrió el proceso penal por un delito contemplado en la sección 3 del Artículo 227 del Código Penal, relativo a la piratería llevada a cabo por un grupo organizado.

Markin aclaró que el expediente estará ajustado a todas las normas de la legislación rusa y del Derecho Internacional, y que serán procesados todos los que asaltaron la plataforma, con independencia del país de origen. No obstante, el integrante de Greenpeace en Moscú Mijail Kreindlin calificó de absurda la acusación y explicó que según el artículo 227 los tres indicios de la piratería son asaltar un barco con el uso de la fuerza y con el objetivo de apropiarse de bienes ajenos. Nada de eso sucedió en el Ártico, dijo al insistir en que so organización rechaza todo tipo de violencia.

La Duma rusa (Cámara baja) del Parlamento impulsa desde el año pasado enmiendas adicionales al Código Penal a fin de endurecer los castigos por espionaje, revelación de secretos de Estado y traición. En octubre de 2012 el proyecto de ley fue aprobado por los diputados en segunda y tercera lecturas. Las enmiendas introducidas amplían el concepto del delito y sus manifestaciones, respecto a las modificaciones que realizó el Gobierno con anterioridad al artículo 275 del Código Penal.

Conforme al proyecto de ley, se entiende por traición la ayuda financiera, técnico-material o de consulta a cualquier Estado extranjero u organización foránea. Como objetos de traición se incluyeron a la relación anterior la seguridad, el orden constitucional, la integridad territorial y estatal de la Federación de Rusia. Se amplía la penalización por la obtención ilegal de evidencias, consideradas secretos de Estado, por la vía de robo, engaño, compra o chantaje.

El vicedirector del Servicio Federal de Seguridad Yuri Gorbunov argumentó que las organizaciones internacionales figuran en la lista de potenciales objetos de traición por cuanto los órganos especiales extranjeros las utilizan “muy activamente para su cobertura”. A juicio del diputado Otari Arshba, la nueva variante de ley sobre espionaje excluye la posibilidad de arbitrariedades por parte de los órganos de seguridad, protege a la sociedad de cualquier ambigüedad y defiende, al mismo tiempo, los derechos e intereses de los ciudadanos. Sin embargo, expertos alertaron que la norma generará controversias de todo tipo y alentará las críticas hacia el Gobierno en relación con lo que organizaciones de derechos humanos denominan rígido control sobre la sociedad civil.

La normativa se sumará así a otras disposiciones adoptadas por el Parlamento, a propuesta del Kremlin, como la ley aprobada en julio de 2012 que declara “agentes extranjeros” a las organizaciones no gubernamentales que reciban financiamiento del exterior para sus actividades políticas.

El 13 de julio del año pasado la Duma aprobó los proyectos de ley sobre las ONG y la difamación. La legislación referida a la calumnia solo recibió el visto bueno en su versión definitiva de los 238 diputados de la fracción del gobernante partido Rusia Unida (RU). Por otro lado, 374 diputados del RU y los partidos Comunista de la Federación Rusa y Liberal Demócrata se pronunciaron a favor de la versión final de la ley sobre ONG.

Según la norma, una ONG será considerada como agente extranjero en caso de que reciba dinero desde el exterior de gobiernos, empresas, personas jurídicas o privadas para ejercer en Rusia una actividad exclusivamente política. En tal caso, la referida ONG deberá someterse a una comprobación anual planificada y a cuantas sean necesarias, si existen denuncias de irregularidades y deberá anunciar en sus publicaciones en cualquier medio de difusión que se trata de un agente extranjero. La violación de tales disposiciones conllevará penalizaciones tanto carcelarias como administrativas, así como el pago de multas.

Declaran culpables a activistas antinucleares en EE.UU.

Tres activistas antinucleares, entre ellos una monja católica de 83 años, fueron declarados culpables de intentar atentar contra la seguridad nacional al irrumpir en un complejo de producción de armas nucleares en Tennessee. Rice, el veterano de la guerra de Vietnam Michael Walli (64) y Greg Boertje-Obed, pintor de 57 del estado de Minnesota fueron encontrados culpables también del cargo de dañar propiedad estatal y podrían encarar penas de prisión de hasta 10 años.

De acuerdo con un reporte difundido por la página digital del diario The Guardian Express, se trata de un fallo judicial profundamente humillante, ya que ninguno de los tres procesados estaba armado. Ataviados con linternas y un cortador de cerrojos, Rice, Walli y Boertje-Obed rompieron la valla de entrada para acceder al Y-12 National Security Complex, en la localidad de Oak Ridge. Allí permanecieron unas horas, tiempo durante el cual pintaron mensajes contra las armas nucleares y dejaron citas bíblicas.

Al ser interrogados, los implicados argumentaron que su objetivo era protestar simbólicamente contra la producción de este tipo de armamentos. “La falta de seguridad en uno de los lugares más peligrosos del planeta ha desconcertado a mucha gente”, dijo Francis Lloyd, quien representó a Rice. Por su parte, la monja, quien ha sido arrestada al menos en 50 ocasiones por protestas civiles, dijo no sentirse arrepentida de sus actos porque en la planta nuclear “se está fabricando lo que solo puede causar la muerte”.

Neile Miller, administrador interino de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, dijo a un subcomité del Senado que las autoridades tomaron “medidas enérgicas”, ya que después del incidente ocurrido el 28 de julio hubo cambios en el personal de la agencia.

“Cuando interfieres con la Y-12 (el complejo en el que irrumpieron), estás interfiriendo con la defensa nacional”, indicó por su parte Jeff Theodore, fiscal asistente, en declaraciones recogidas por el diario local Knoxville News Sentinel. El magistrado comentó que los tres acusados se encontraban en una zona donde los guardias podían haber empleado la fuerza letal y después de todo, según él, “tienen suerte, y gracias a Dios están vivos, porque ellos entraron en la zona letal”.

Autoridades japonesas reprimen a ecologistas australianos

El 8 de enero los australianos Geofrey Tuxworth, Simon Peterffy y Glen Pendlebury, miembros de la ONG Forest Rescue Australia, abordaron un barco japonés en protesta contra la caza de ballenas y fueron retenidos por la tripulación, a unos 16 kilómetros al oeste de Australia. Los activistas lograron subir al buque Shonan Maru Dos, dedicado a la pesca de ballenas con fines científicos, alegaron fuentes de Tokio. Los tres activistas fueron liberados el 13 de enero.

Una declaración del grupo ecologista Sea Shepperd afirmó que la acción fue en protesta por los incumplimientos tanto del gobierno de Australia como el de Japón, de la prohibición de esos cetáceos con fines comerciales. Desde 1986, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) decretó la ilegalidad de la pesca de ballenas, acuerdo reiteradamente violado, especialmente por las flotas japonesas.

El mismo día de la detención de los activistas australianos renunció a su cargo el presidente y fundador del grupo ambientalista Sea Shepherd Paul Watson. Según se rumora, la dimisión se derivó de un mandato judicial emitido el pasado 17 de diciembre por un tribunal estadounidense, en el cual se ordena al grupo ambientalista abandonar sus objetivos.

A lo largo de nueve temporadas, Sea Shepherd se ha encargado de dificultar las faenas de los balleneros nipones e incluso ha utilizado métodos violentos con tal de evitar la captura de los cetáceos. Watson había asegurado que estaban dispuestos a todo con tal de salvar a esos animales y que habría tolerancia cero para la caza.

Watson recordó que en las anteriores ocho campañas contra la pesca de los gigantes marinos, se salvaron más de 3.500 de las manos de los marineros japoneses. Para la temporada en curso, Sea Shepherd dispone de cuatro embarcaciones, un helicóptero, tres aviones no tripulados y centenares de tripulantes.

Arrestan a 30 canadienses por protestar contra plan minero en Quebec

El 9 de febrero la policía de Quebec, en el sureste de Canadá, arrestó a 30 manifestantes contra un plan gubernamental de desarrollo que incluye la explotación de recursos naturales en el norte de esa provincia francófona. A los detenidos los imputaron por participar en una manifestación considerada ilegal y cometer actos de vandalismo.

Esas personas protestaban contra el impacto ambiental del denominado Plan Nord, impulsado en 2008 por el ex primer ministro quebequense Jean Charest y apoyado por el gobierno actual de la provincia. Los promotores del proyecto lo defienden con el argumento de que permitirá el “desarrollo sostenible” y la creación de miles de empleos en el norte de Quebec, el cual representa el 72% del territorio y es hogar de 120 mil indígenas.

Esa iniciativa propone alcanzar dicho objetivo mediante actividades en los sectores de la energía hidráulica, transporte, turismo, forestal y la minería. Pero organizaciones civiles, ambientalistas y comunidades aborígenes denuncian su carácter economicista y capitalista porque propugnará la explotación rentable de las materias primas de la zona, rica en minerales como el níquel, cobalto, platino, hierro, diamante y uranio.

India y Sri Lanka investigan y persiguen a ONGs sospechosas de conspiración

El Movimiento de los Derechos del Pueblo (MDP) lidera una movilización popular contra la apertura de la central nuclear de Kudankulam, en el extremo meridional de India. Los activistas consideran que la planta, dotada con reactores de agua presurizada como los usados en las antiguas repúblicas soviéticas, no resistiría un terremoto de gran intensidad o un tsunami como el que provocó el desastre nuclear en Fukushima, Japón.

El 24 de febrero de 2012 el primer ministro indio Manmohan Singh denunció que detrás de las protestas contra la instalación de la planta electronuclear están ONG extranjeras. “Este proyecto se ha enfrentado con dificultades porque algunas ONG, principalmente con sede en Estados Unidos, no comprenden las necesidades de nuestro país de aumentar la producción de electricidad”, se quejó Singh.

El ministro de la Unión V. Narayanasamy dijo que, según una investigación del Ministerio del Interior, ONGs indias opuestas a la construcción de la planta nuclear estaban siendo financiadas por otras de Estados Unidos y los países escandinavos. La autoridad investigó si los fondos que recibieron estas ONG fueron en verdad usados para los fines a los están destinados, y precisó que a tres de ellas se les cancelaron las licencias “por violar las normas”.

Por otra parte, el gobierno de Sri Lanka nombró una comisión especial que investigará las denuncias formuladas contra organizaciones no gubernamentales por presuntas actividades conspirativas u operaciones contrarias a las leyes nacionales. Con esta decisión se busca poner fin al quehacer de ciertas ONG que so pretexto de hacer un trabajo social participan en política e intentan incubar un cambio de régimen en el país.

El gobierno de Sri Lanka también declarará obligatorio que todas las ONG formalicen su inscripción en la Oficina de Registro de Organizaciones No Gubernamentales. Lakshman Hulugalle, director general del Centro de Medios para la Seguridad Nacional, advirtió que se tomarán “estrictas acciones legales” contra las que no observen esa normativa.

Hulugalle precisó que en Sri Lanka hay unas 100 ONG, una buena parte de las cuales participa clandestina e ilegalmente en actividades hostiles al gobierno con apoyo de partidos políticos de la oposición. Aunque el funcionario no lo mencionó, gran parte de ellas recibe sustanciosas sumas de dinero de parte de otros Estados y ONG extranjeras.

Según las nuevas reglas de juego, las ONG srilankesas deberán presentar a la Oficina de Registro un informe con sus funciones, personal, fondos de que dispone y monto de las donaciones recibidas del exterior, así como en qué los invierte. Sus activos también deberán estar registrados en la unidad correspondiente del Banco Central de Sri Lanka.

Con información de las corresponsalías de Prensa Latina en Moscú, Nueva Delhi, Colombo, Washington, Ottawa y Camberra.