Panamá, (PL).- Estados Unidos, que rasga sus vestiduras al condenar una pretendida existencia de armas químicas en Siria, tiene cerca de sus fronteras una deuda pendiente, y con pruebas irrefutables, de su manejo de armas químicas letales durante años en Panamá. Un arsenal de al menos ocho bombas y municiones químicas letales que Estados Unidos tiene en la isla panameña de San José desde la II Guerra Mundial serán retiradas por el Pentágono después de años de reclamación, anunció el canciller panameño Fernando Núñez Fábrega.

Las altas esferas del gobierno de Estados Unidos vuelven a repetir los falaces argumentos de armas prohibidas que en otras ocasiones -como Irak- fueron motivos creados para invasiones militares. En el caso de Siria, se esgrime ahora el manido tema de uso de armas químicas por el gobierno del presidente Bashar al-Assad sin que medien pruebas ni mucho menos, y aún cuando en Vietnam siguen muriendo personas intoxicadas con el agente naranja, regado en los campos por las tropas invasoras de ese país.

Estados Unidos, que rasga sus vestiduras al condenar una pretendida existencia de ese tipo de armas en Siria, tiene cerca de sus fronteras una deuda pendiente, y con pruebas irrefutables, de su manejo de armas químicas letales durante años en Panamá. Precisamente el licenciado Luis Gutiérrez Esparza recordaba en un artículo, para el sitio Adital, las andanzas de Estados Unidos en el tema de las armas químicas que almacenó en Panamá con fines militares.

El analista se remite a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), la cual confirmó la existencia aún en Panamá de armas químicas abandonadas por los militares de Estados Unidos y su consiguiente peligro pues siguen activas. Washington se niega a cumplir con sus responsabilidades conforme a la Convención sobre las Armas Químicas, la cual establece que los países que las hayan producido, almacenado, transportado, utilizado, comerciado con ellas, tienen la obligación de destruirlas en los territorios de otras naciones a donde las hayan llevado y retirar posteriormente los restos.

Eso no ha sucedido en el caso de Panamá. El director general de la OPAQ Ahmet Üzümcü señaló al presentar el informe del Secretariado Técnico en la Tercera Conferencia de Revisión de la Convención, en abril pasado, que “la destrucción de las ocho armas químicas denunciadas por Panamá como abandonadas, y verificadas por el Secretariado en 2002, no ha comenzado todavía”.

Según el artículo de Gutiérrez Esparza, el representante panameño en la OPAQ, embajador José Manuel Terán, denunció que en el caso de Panamá, Estados Unidos llevó a cabo experimentos prohibidos utilizando bombas con componentes químicos que continúan siendo letales, y la cuestión de la destrucción de esas armas químicas, abandonadas en la isla San José, aún no ha sido resuelta.

Esto representa un peligro latente para la vida humana, los animales y el medio ambiente, y limita además el potencial desarrollo turístico de la isla. Tanto o más grave aún, documentos localizados por el experto en bombas Rick Stauber dentro de los Archivos Nacionales de Estados Unidos mientras trabajaba para un contratista militar, confirman que ese país estableció un tiradero de armas químicas en France Field, actualmente sede de un centro de almacenamiento de mercancías en la Zona Libre de Colón.

De acuerdo con las fuentes, ahí fueron llevadas bombas de gas mostaza de unos 15 kilogramos, que tenían fugas de material contaminante. Otras también fueron arrojadas al mar. Stauber recuerda que el ejército estadounidense ha reconocido implícitamente la existencia de otros tiraderos de armas químicas en territorio panameño, al negarse a liberar para su divulgación un documento con la lista de posibles depósitos fuera de la nación norteña, elaborada en 1993 por el Comando Químico y Biológico.

Si no hubiera más emplazamientos en territorio panameño, señala John Lindsay-Poland, coordinador regional de la estadounidense Fellowship of Reconciliation (FOR, o Fraternidad de la Reconciliación en español), y especialista en América Latina, el Pentágono lo habría especificado así, al declinar la entrega del documento. Lo cierto es que la FOR llevó a cabo un amplio y documentado estudio sobre el tema, cuyos resultados se dieron a conocer hace más de 10 años, sin que durante ese periodo haya habido mayores reacciones de las partes involucradas, incluida la OPAQ, señala el articulista.

Aunque un poco tarde, e independientemente de los intereses que lo mueven, el gobierno panameño decidió presionar a la OPAQ y a la Casa Blanca para que acaben de limpiar de armas químicas al país, las cuales, según las fuentes citadas, no son solamente las ocho identificadas en la isla San José, sino más de tres mil.

La investigación de la FOR precisa que Estados Unidos llevó a cabo en Panamá un programa de armas químicas por lo menos desde 1930 hasta 1968, y a partir de 1943 el propósito fue probarlas en condiciones tropicales, para lo cual se distribuyó un arsenal de toneladas de gas mostaza y fosgeno (gas venenoso), en diversas instalaciones en todo el país. Esas armas letales están activas. Artefactos químicos no utilizados o que no estallaron fueron abandonados en Panamá cuando las tropas estadounidenses debieron salir, conforme a los Tratados Torrijos-Carter, expresa Gutiérrez Esparza.

Pero Panamá no ha logrado un acuerdo con Estados Unidos al respecto, entre otras cosas porque al gobierno de ese país no le conviene reconocer que desde mucho antes de la guerra en Vietnam, e incluso de la II Guerra Mundial, usa armas químicas. Y para Panamá es un asunto delicado pues mientras Estados Unidos no reconozca que son suyas, el país istmeño tiene que cargar con esa responsabilidad porque están en su territorio e incluso puede ser pasible de sanciones por parte de la OPAQ .

No obstante, la OPAQ acopió suficientes pruebas de que las armas químicas en San José son de Estados Unidos durante una inspección técnica del 12 al 19 de julio de 2001, en la cual dio cuenta de la existencia de los artefactos verificados, pero advirtió que la cifra final es desconocida pues de las 30 mil lanzadas por los norteamericanos en el istmo, una parte importante no estallaron.

Panamá informó a Estados Unidos sobre dicha inspección y le solicitó que acatara la convención sobre armas químicas, pero no lo hizo. La Cancillería panameña comunicó al secretario de Estado Collin Powell, el 4 de septiembre de 2001, que aplicaría “todas las providencias necesarias” para lograr que la contaminación fuera eliminada “de manera expedita”.

Panamá también ha pedido insistentemente a Estados Unidos que precise la cantidad real de armas en la isla y otras partes del país y las destruya. Además, solicita el entrenamiento de panameños para desactivar las que se hallaran en el futuro, pero las autoridades del país demandado responden que ese es un caso cerrado.

A raíz del problema sirio resucitó el de Panamá y el Pentágono se comprometió a retirar un arsenal de al menos ocho bombas y municiones químicas letales que tiene en la isla panameña de San José desde la II Guerra Mundial, confirmó el canciller panameño Fernando Núñez Fábrega. La cuestión ahora es que de mediar efectivamente un compromiso del Pentágono, éste se refiere a la isla de San José en el Archipiélago de Las Perlas, cuya limpieza de tres bombas químicas de tres mil toneladas y una de 500 más un centenar de municiones, correrá a cargo de personal estadounidense.

La posición adoptada por Estados Unidos es un avance, pero todavía falta una actitud similar para el resto del país donde hubo prácticas similares con armas químicas. Ojalá sea cierto que aceptaron su responsabilidad y contribuirán con la limpieza de la isla de San José, algo que tienen que hacer en todos los demás sitios de Panamá como los campos de tiro de Piña, cerca del lago Gatún, de Emperador, cerca de Paraíso, y de Balboa oeste, por Gamboa, expresó el ex embajador de Panamá en Washington Eloy Alfaro.

El gobierno panameño se alineó al de Estados Unidos en el caso de Siria, distanciándose en general de la posición de América Latina, aunque condicionó su apoyo a una intervención a los resultados de la investigación de una comisión de la ONU en aquel país árabe.

* Corresponsal de Prensa Latina en Panamá.