Bruselas, París, Berlín, Madrid y La Habana (PL).- La tentación populista de volver a cerrar las fronteras a los indocumentados es una epidemia que se extiende en Europa. Analistas y columnistas consideran que el restablecimiento de los controles fronterizos revela la debilidad de los gobiernos del área, que corren el riesgo de convertirse en rehenes de la extrema derecha xenófoba.

La Unión Europea (UE) acordó restringir la libre circulación de personas, con lo cual proporcionó un nuevo matiz al Tratado Schengen, establecido en 1985 para facilitar el libre flujo de personas y bienes. Tras ese paso, la Comisión Europea (CE) presentó una propuesta para modificar el reglamento del Tratado, que establecerá cláusulas de excepcionalidad para que los países firmantes puedan reintroducir sus controles.

Un bloque encabezado por Francia e Italia, y al cual se sumaron Holanda, Bélgica y Dinamarca, defiende el restablecimiento de fronteras nacionales, con el pretexto de enfrentar las oleadas de inmigrantes, principalmente del norte de África. La reforma constituye el primer cambio a lo estipulado en el Espacio Schengen desde su creación en 1985 y vigente desde 1995, para permitir el libre flujo de bienes y personas entre los países europeos.

En el documento conclusivo de esa reunión, la UE estableció que el llamado mecanismo de salvaguarda solo podría ponerse en marcha en situaciones excepcionales y claramente definidas, tales como la presión inesperada de fronteras exteriores o cuando un Estado miembro incumpla sus obligaciones. El espacio Schengen abarca a los países de la UE, menos Reino Unido, Irlanda, Chipre, Rumania y Bulgaria. También pertenecen a ese pacto Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Para muchos eurodiputados, las variaciones al Tratado no resultan claras. La CE muestra imprecisiones respecto a las referidas excepciones. Sólo se habla de situaciones de emergencia, pero sin especificar a qué se considera una emergencia. El propio presidente de la CE José Manuel Durao Barroso admitió que la reintroducción de controles internos en la libre circulación perjudicaría al mercado y al propio proyecto regional.

Analistas y columnistas europeos consideran que el restablecimiento de los controles fronterizos en Dinamarca revela la debilidad del Gobierno ante la extrema derecha y causa malestar en el resto de Europa. El periódico Dernires nouvelles d‘Alsace, de Estrasburgo, sostuvo en un editorial que al alejarse del Schengen, el gobierno de Lars Rasmussen pone en evidencia su debilidad y demuestra lo peligroso que resulta convertirse en rehén de la extrema derecha y de sus conceptos xenófobos.

Un escrito en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, afirma que el ejemplo danés hará escuela, ya que nadie se atreve a contradecirlo categóricamente; y esa es la verdadera catástrofe para Europa, añadió. La tentación populista de volver a cerrar las fronteras a los indocumentados es una epidemia que se extiende también a otros países, advirtió el rotativo germano, al tiempo que convocó a los inconformes a actuar al respecto.

Entretanto, se conoció que al menos 180 personas murieron en 2012 cuando intentaban ingresar en la UE, de acuerdo con la respuesta del gobierno alemán a una interpelación parlamentaria del Partido de la Izquierda. Fue la primera vez que la Cancillería Federal publicó cifras sobre muertos en las fronteras de la UE.

Policías alemanes, que forman parte de la misión para la protección de las fronteras de la UE (Frontex), elaboraron el listado. Sin embargo, no se trata de una estadística oficial, sino de una recopilación de casos individuales, subrayó el gobierno de Angela Merkel.

Los medios germanos mencionaron dos casos graves. El 6 de diciembre, más que 60 refugiados murieron cuando zozobró su embarcación en el Mediterráneo. El 14 de diciembre, por lo menos 21 personas murieron en un accidente similar. En ambos casos se trata de refugiados de Siria, Irak y Palestina.

El Partido de la Izquierda de Alemania supone que el verdadero número de víctimas fatales en las fronteras exteriores de la Unión Europea es mucho más alto. Un indicio de ello es el hecho de que alrededor de 33 mil personas fueron recatadas en situaciones de peligro marítimo por la misión Frontex.

Inmigración: Francia y los otros

Por quinta vez en siete años Francia fraguó una ley dirigida a “los otros”, que endurece aún más las condiciones de estancia y acceso en este país de los inmigrantes. Sólo la fama o el nivel en determinadas esferas pueden servir de carta blanca, a juzgar por el proyecto aprobado por ambas cámaras: la Asamblea Nacional (diputados) y el Senado. Del resto, el mensaje subliminal parece claro: si eres pobre o estás gravemente enfermo aquí siempre serás extranjero.

Sin adoptarse aún como ley y en medio de una campaña emprendida contra los indocumentados el ex ministro del Interior Claude Gueant anunció que se encaminaba a limitar la inmigración legal anual de 200 mil a 180 mil personas. El ex presidente de la República Nicolás Sarkozy quiso extenderse más allá de sus fronteras pues ante la avalancha de tunecinos con permisos temporales concedidos por Italia pidió ayuda al bloque comunitario para limitar el tratado Schengen. En acuerdo con el ex Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi el mandatario galo quiso imponer cláusulas para tiempo de emergencia al acuerdo de 1985 que permite la libre circulación de ciudadanos en la Unión Europea.

El proyecto de ley sobre inmigración establecía nuevos reglamentos para las expulsiones de indocumentados y los demandantes de asilo e incluye una medida que limita el permiso de residencia para enfermos graves. Obey Ament encargado de relaciones internacionales para América Latina del Partido Comunista Francés (PCF) señaló a Prensa Latina que una vez más se trataba de un dispositivo legislativo que forma parte de una visión global marcada por la xenofobia y la exclusión.

El funcionario deploró que las personas sometidas a trámites de expulsión del territorio no tendrían la posibilidad de recurrir a un Juez de libertades que hasta entonces podía anular el procedimiento. La duración del tiempo de detención fue alargada de 32 a 45 días, las zonas de retención serían ampliadas a todo el territorio y en ellas podrían ser detenidas familias incluso con menores de edad.

Al igual que los diputados, los senadores adoptaron la medida relativa a la creación de las zonas de espera temporales fuera de los puntos de paso fronterizo aplicable a un grupo de al menos diez extranjeros que arriben a territorio francés. Los prefectos podrían retenerlos en esas franjas consideradas extraterritoriales lo cual implicaría una menor protección jurídica.

Por otra parte, ambas cámaras aprobaron la disposición que restringe el derecho a la residencia a los extranjeros con enfermedades graves, considerada como una sentencia de muerte por la Organización no Gubernamental (ONG) Médicos del Mundo (MDM). Actualmente, amparados por las leyes Debré de 1997 y Chevenement de 1998, tienen derecho a estancia temporal todas las personas con afecciones delicadas como Sida, cáncer u otras que no tengan recursos ni posibilidades de atenderse en su nación de origen.

De acuerdo con la ONG, desde 1998 un foráneo con una enfermedad grave que viva en Francia es protegido contra toda medida de expulsión y puede obtener un permiso de residencia si no se beneficia de un “acceso efectivo” al tratamiento en su nación. Ese dispositivo atañe a unas 28 mil personas de acuerdo a cifras estables desde 2006. En el texto aprobado inicialmente por los diputados se sustituyó este concepto de “acceso efectivo” al tratamiento por el de “disponibilidad”, y los senadores lo cambiaron por el “de ausencia” de cuidados apropiados en el país de origen, lo cual pone básicamente en entredicho este derecho.

El 2 de enero de este año organizaciones humanitarias francesas saludaron la entrada en vigor de las nuevas normas sobre migrantes, en particular el cese de la persecución penal contra quienes brinden ayuda desinteresada a indocumentados. El denominado delito de solidaridad fue creado durante el gobierno del ex presidente Sarkozy (2007-2012) y permitía aplicar penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 30 mil euros a particulares y agrupaciones que apoyan a los sin papeles.

Las nuevas normas mantienen como ilegal el ingreso irregular a Francia, pero eliminan las sanciones a quienes ofrezcan alimentación, alojamiento o cuidados médicos a estas personas, sin esperar ningún beneficio a cambio. Christophe Deltombe, presidente de la agrupación Emmaüs, declaró su satisfacción por la derogación de esta medida la cual, dijo, estaba encaminada a intimidar a las agrupaciones humanitarias e incitarlas a no acoger a los migrantes.

Con la puesta en práctica de las nuevas reglas también desaparece la prisión para los que sean sorprendidos sin documentos, quienes, sin embargo, podrán ser retenidos durante 16 horas mientras se investiga su situación migratoria. Durante ese tiempo, tendrán acceso a la asistencia de un abogado y un intérprete, lo cual les estaba prohibido con anterioridad, precisó Deltombe.

El diputado del Partido Socialista Eduardo Rihan Cypel señaló que los cambios se corresponden con las promesas de la campaña electoral y eran muy esperados por varias asociaciones encargadas de dar apoyo a quienes carecen del estatus legal para residir en el país. Si bien la ley modifica y alivia el tratamiento hacia los indocumentados, no está prevista una regularización masiva de su situación y se mantiene vigente la expulsión de quienes se vean impedidos de calificar para un permiso de residencia.

El último día de 2012 decenas de personas ocuparon durante breve tiempo y de manera pacífica la embajada del Vaticano en París para exigir una solución al reclamo de un grupo de migrantes sin documentos que mantienen una huelga de hambre en la ciudad de Lille. Los manifestantes desplegaron por una ventada del edificio una pancarta donde se leía “la regularización es un derecho”.

España deja sin cobertura médica a inmigrantes en situación irregular

Decenas de miles de inmigrantes indocumentados quedaron sin cobertura médica a partir del 1 de septiembre de 2012 tras la decisión del Gobierno español de retirarles la tarjeta sanitaria, como parte de sus severos recortes sociales. La administración del derechista Partido Popular (PP) aprobó en abril del año pasado un ajuste de 10 mil millones de euros en materia de salud y educación, que castigará fundamentalmente a la mayoría social, según denunciaron diversos sectores políticos y sociales.

El decreto sancionado entonces por el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde a una poda de siete mil millones de euros en el gasto sanitario y a otra de tres mil millones de euros en la enseñanza pública. Se trata de una de las reformas más controvertidas puestas en marcha por Rajoy desde que asumió el poder en diciembre pasado, y con la cual busca cumplir el objetivo de déficit público impuesto por la UE.

Los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de extranjeros residentes en España es de cinco millones 711 mil 40, de los cuales cinco millones 251 mil 94 poseen el permiso de residencia, de acuerdo con los registros del Ministerio de Empleo. Por tanto, la cifra de ciudadanos “sin papeles” es de 459.946, aunque la mayoría de los foráneos en situación irregular (306.477) proceden de países de la UE, por lo que no tienen obligación de inscribirse.

Los restantes 153.469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, a quienes afectará este decreto por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social. Hasta ahora, estas personas tenían el mismo derecho que los españoles a la asistencia sanitaria sólo por estar empadronados.

El perfil del inmigrante indocumentado no es aquella persona que acaba de llegar en patera (embarcación precaria), advirtieron organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hay personas que llevan más de 10 años trabajando en España y que con la crisis se han quedado sin trabajo, por lo que no han podido renovar sus papeles, aclararon.

Su exclusión del sistema nacional de salud se encontró con el rechazo de numerosas organizaciones sociales y políticas, comunidades autónomas y miles de médicos que aseguraron que seguirán atendiendo a esos pacientes. En un comunicado conjunto, las regiones de Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco calificaron de regresivas las políticas aplicadas por el PP.

Dentro de esas medidas retrógradas citaron la retirada de medicinas del sistema de financiación estatal y la implantación de un modelo de aseguramiento ya superado en España, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles y extranjeros residentes en este país.

Para esos territorios, la solución a la crisis no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos, como son la educación y la sanidad, ni en la privatización de la cobertura y gestión de los servicios públicos. Los detractores de la impopular decisión sostienen que el número de extranjeros sin papeles es ínfimo, por lo que retirarles la atención médica ahorra muy poco y reafirma la discriminación.

Grecia declara la guerra a los inmigrantes

Pese al azote de una atroz crisis económica, y agobiada por severos recortes presupuestarios, Grecia invierte gran cantidad de recursos en nuevas operaciones contra inmigrantes, quienes ahora cargan la culpa de la mala situación del país. Bajo el incongruente nombre de Xenios Zeus (hospitalario Zeus en español), las autoridades griegas llevan a cabo una operación contra los migrantes sin papeles para detener lo que el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, considera una invasión histórica de extranjeros.

El objeto del operativo en la capital helénica es repatriar a los inmigrantes en situación irregular a sus países de origen o llevarlos a centros de retención en el norte de Grecia, conforme indicó la Policía. De ese modo, el Estado griego deportará a más de 1.500 migrantes sin estatus legal, tras la detención y verificación de más de 9.500 extranjeros, enmarcada en esa gran operación contra la inmigración clandestina, según fuentes oficiales.

En ese sentido, las redadas se recrudecieron con la incorporación al servicio en Atenas de unos 1.500 gendarmes, que el Gobierno alquilaba como guardaespaldas personales a gente poderosa, como parte de una estrategia de emergencia destinada a recaudar dinero ante la profunda recesión que vive el país.

Situada en el extremo sureste de Europa, Grecia es un país de paso frecuente para los migrantes procedentes de Asia o de África con destino a Europa Occidental. Durante el primer semestre de 2012, la nación helena vio un incremento del 30% del flujo migratorio, con cerca de 120 inmigrantes cruzando la frontera a diario. Por ello, otras de las medidas de Atenas para frenar la inmigración ilegal resultó en el despliegue de unos 2.500 efectivos policiales en la prefectura de Evros, fronteriza con Turquía y principal punto de entrada hacia la Unión Europea.

Sin embargo, los helenos desean llevar más allá su celo guardián en torno a sus fronteras y pretenden contener la inmigración con la construcción de un muro en diversos tramos de sus límites con Turquía ante la mirada crítica de la comunidad internacional. No obstante, Atenas defiende su postura ante la UE y exige a Bruselas más fondos para la materialización del proyecto en un contexto de dificultades económicas para la Eurozona y, en particular, para una endeudada Grecia.

De ahí que no resultara extraño un comunicado del Ministerio de Protección del Ciudadano, el cual otorgaba luz verde al citado plan, cofinanciado por el bloque comunitario, a un coste de unos 5,5 millones de euros. El muro, con una altura de 2,5 metros, se extenderá unos 10,3 kilómetros a lo largo de aquellos puntos de la frontera greco-turca por la parte que no cubra el río Evros.

La obra estará equipada con alambradas y material de alta tecnología para la detección de movimientos. Incluso, otras fuentes como el periódico To Vima, informan sobre construcciones adicionales en la zona: en este caso, una trinchera anticarros, de 120 kilómetros de largo, 30 metros de ancho y siete de profundidad.

Pero por si ello fuera poco, el inmigrante también tendrá que soportar las acciones del partido neonazi Amanecer Dorado, que acusa a los extranjeros de robar el trabajo a los griegos y de estar detrás del aumento de la criminalidad. Esta formación política, que se autoproclama nacionalista y con un discurso xenófobo, aprovechó la coyuntura de crisis económica, medidas de austeridad, elevado desempleo y alta inmigración legal e ilegal, para convencer a unos 400 mil electores griegos y entrar por primera vez al Parlamento en las pasadas elecciones de mayo.

Desde entonces, suelen ser comunes las acciones violentas contra migrantes atribuidas a miembros de este grupo político, cuyas acciones para ganar popularidad adquieren matices cuestionables. Entre esas actividades se encuentra la repartición gratis de alimentos únicamente a aquellos capaces de acreditar que son 100 por ciento griegos, en una población que vive una de las recesiones más duras de los últimos años, en Europa.

Amanecer Dorado bajo la consigna de “Grecia para los griegos; fuera los extranjeros” tiene claro -a su modo- cómo solucionar el problema de la inmigración ilegal. Hay que proteger las fronteras, y proponemos poner minas a todo lo largo de estas. Eso, más la vigilancia del Ejército, blindará al país. Mientras haya un solo griego en paro, no nos dan ninguna pena los extranjeros, dice al respecto la portavoz Urania Mijaloliakos, hija del líder de Amanecer Dorado, Nikos Mijaloliakos.

Campaña contra inmigrantes: a temor británico, ingenio rumano

Con el título de ¿Por qué no vienes?, Rumania lanzó una campaña turística para responder a los temores sobre una posible oleada de inmigrantes al Reino Unido, un tema que centra la atención de los principales sectores británicos. A partir del 1 de enero de 2014 todos los países miembros de la UE deberán levantar las restricciones para la libre circulación de rumanos y búlgaros, y la proximidad de la fecha ha puesto en vilo al Gobierno de David Cameron.

Presionado por miembros de su Partido Conservador y de otras formaciones, quienes advierten sobre los riesgos para el mercado laboral, el primer ministro prometió limitar los beneficios que estos gozan con el propósito de desincentivar la entrada de personas. El jefe del Ejecutivo de coalición entre tories y liberaldemócratas dijo que pretende limitar el acceso a los servicios públicos, entre ellos la vivienda, la sanidad y la justicia, así como a otras prestaciones, para evitar un efecto de llamada sobre los interesados en ingresar al país.

Durante la tradicional sesión de preguntas en el Parlamento, Cameron manifestó que muchos acuerdos actuales no pasan una simple prueba de sentido común, pues servicios y beneficios son derecho de todos los ciudadanos, pero no de cualquier persona que opte por entrar a la nación. Además, en una entrevista con el Daily Express anunció que su Ejecutivo quiere impedir el acceso de los nuevos inmigrantes a las ayudas legales que concede el país para casos civiles, con lo que él espera ahorrar millones de libras esterlinas.

Antes de esas declaraciones, ya el portavoz del Gobierno había indicado que valorarían el daño potencial al mercado de trabajo y las medidas a tomar para reducir la inmigración. Estamos en el proceso de considerar qué debemos hacer, tenemos un marco legal europeo dentro de cual decidir, hay una serie de aspectos en los que queremos trabajar con otros estados miembros, apuntó el representante del número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro.

Otras importantes figuras de la política británica como el líder de la oposición laboralista, Ed Milliband, y el alcalde londinense, Boris Johnson, exigieron al gabinete dar algunos pasos para prevenir las consecuencias del levantamiento de las restricciones. Las normas del espacio Schengen permiten la libre circulación de personas y bienes por los países adheridos, además del derecho a trabajar en cualquier otro estado miembro. Si bien Rumania y Bulgaria pertenecen al bloque comunitario desde 2007, su entrada a la zona sin fronteras se retrasó hasta 2014.

Ante la inminencia de esa medida, y cuando el Reino Unido vive el debate sobre las relaciones con la UE, el Gobierno ordenó que el Instituto Nacional para la Investigación Económica y Social realice un estudio sobre el impacto de una posible llegada masiva de rumanos y búlgaros. Sin embargo, la postura no es frenar cualquier tipo de inmigración, puesto que la atracción de inversores y emprendedores continúa siendo una prioridad, así como la de estudiantes de determinadas naciones y con preparación en tareas altamente demandadas.

Aunque el Ejecutivo de Cameron se ha propuesto el objetivo de reducir la migración neta a menos de 100 mil personas por año, las restricciones se encaminan sobre todo a impedir la entrada de los países de la UE más afectados por la crisis. En medio de los debates políticos sobre la cuestión, varios medios británicos repitieron los rumores sobre una campaña de desprestigio del propio Reino Unido para evitar la llegada de inmigrantes, centrada en el clima y la falta de recursos para atender a quienes arriben al país.

El diario The Guardian se hizo eco de esa información, que no fue desmentida por el portavoz de Downing Street, y lanzó su propia convocatoria para pedir la contribución de los lectores a la campaña de descrédito que pondría en marcha el Gobierno. Llueve en verano y la vida no es fácil, no vengas, estamos cerrados; El cielo está gris ocho meses al año, mejor vete a Miami; No vengas a Gran Bretaña, está lleno… de alcohólicos, amianto, obispos, políticos corruptos, el Daily Mail…, fueron algunos de los mensajes recibidos.

La reacción del otro lado de la UE no se hizo esperar, y el ministro búlgaro de Asuntos Exteriores, Nikolai Mladenov, expresó que una campaña con las características de las que pretende el Ejecutivo de Cameron no se corresponde ni con los valores ni con los principios del bloque. Pero la respuesta más aguda a los temores británicos ha sido la del diario rumano Gandul.info, que respondió con una campaña publicitaria de la agencia GMP a los rumores de que el Reino Unido prepara acciones y propagandas negativas para prevenir la entrada de inmigrantes.

Con la frase A nosotros nos puede gustar Gran Bretaña, pero ustedes amarán Rumania, el diario lanzó una serie de anuncios que mezclan la ironía con la promoción turística y las muestras de orgullo de los nacionales de ese país de Europa del Este. La mitad de nuestras mujeres son como Kate (Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, heredero de la Corona británica). La otra mitad como su hermana, es uno de los eslóganes que promociona el medio digital.

Otros anuncios expresan: Nuestra cerveza es más barata que su agua embotellada o Bram Stoker es uno de los vuestros, pero Drácula es rumano. El diario fue lo suficientemente osado al publicar las piezas y ofrecer una rápida respuesta a la iniciativa británica de encarar una campaña negativa para mantener a los rumanos lejos del Reino Unido, explicó el creador de la iniciativa, Mihai Gongu.

Gandul, uno de los principales periódicos digitales rumanos, presenta regularmente nuevos mensajes de ese tipo en su página principal y en ellos, según precisó Gongu, le dan la vuelta a los motivos británicos para utilizarlos a su favor mediante el empleo de la ironía. Recientemente se puso en marcha una nueva fase de esa campaña, con la creación del sitio virtual www.whydontyoucomeover.co.uk, en el que, con un solo clic, los británicos con ganas de viajar se pueden autoinvitar para dormir en los sofás ofrecidos por decenas de rumanos dispuestos a recibirlos.

Nuestro PIB es un 50% menor que el de ustedes, pero nos lo pasamos tres veces mejor, señala además la contracampaña que además ha comenzado la publicación de empleos brindados por empresas rumanas a los ciudadanos británicos. Falta poco menos de un año para que terminen las restricciones a la libre circulación y, hasta entonces, Londres seguramente implementará diversas medidas para recibir lo que se conoce como migración selectiva.

Mientras, ante los recelos que infunde la posibilidad de una oleada de inmigrantes, con manifestaciones que llegan a volverse ofensivas, las respuestas desde Bulgaria y Rumania han sido la creatividad y el ingenio para exigir respeto hacia sus ciudadanos.

* Osoria, Andrés, Rodriguez-Baz y Hernández son periodistas de la Redacción Europa de Prensa Latina y Borges es corresponsal en Francia.