Un total de 30 muertos, entre ellos un niño de aproximadamente 1 año y medio de edad, y 52 herido de diversas gravedad es el saldo del cruento enfrentamiento entre reos de la sección Chonchocorito de la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. Nunca antes se registró en el país un hecho como el ocurrido en la madrugada de este 23 de agosto, calificado por el director de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos como “uno de los más graves del régimen penitenciario en Bolivia”.

Aproximadamente a las 6 de la mañana del viernes 23 de agosto de 2013, internos del bloque B del sector Chonchocorito, una de las siete secciones de la cárcel cruceña de Palmasola, hicieron dos forados en las mallas del vecino pabellón A, ingresaron al mismo y agredieron a sus ocupantes con armas blancas (machetes, cuchillos, palos y otros instrumentos de fabricación casera) y con lanzallamas improvisados.

Utilizando garrafas como lanzallamas, los agresores provocaron un incendio de magnitud que causó la muerte de decenas de internos, quienes se vieron sorprendidos y atrapados por las llamas. Los efectivos policiales colectaron en la escena del crimen casquillos de bala, lo que permitiría manejar la hipótesis de que se utilizaron armas de fuego en el enfrentamiento entre reclusos.

Según Romero, las garrafas de gas fueron utilizadas en dos sentidos: “primero abriendo las llaves para que el gas comprima el ambiente y provoque síntomas de asfixia y haga que un grupo busque salir, mientras el otro grupo que esperaba en la parte de afuera utilizó las garrafas como una suerte de lanzallamas, lo que ha provocado un gran incendio y muchas víctimas”.

Los internos del pabellón B irrumpieron sorpresivamente en el bloque A con mucha violencia, y agredieron a sus rivales que todavía dormían. “Aproximadamente a las 6 de la mañana le hicieron despertar a mi hijo en medio de golpes, me contó que usaron una garrafa como lanzallamas y con eso los reos de pabellón A les empezaron a quemar a los del B. Mi hijo me dijo que huyó entre las llamas quemándose y más bien tuvo al suerte de escapar de la muerte, y ahora está con quemaduras de segundo y tercer grado”, relató el padre de una de las víctimas a la red Erbol.

Como resultado de la agresión 30 personas perdieron la vida calcinadas, 29 personas mayores y una menor de aproximadamente de un año y medio, la mayoría en el segundo piso del bloque A, informó el ministro de Gobierno Carlos Romero, tras precisar que el cruento suceso tuvo origen en disputas internas por liderazgos y el control de espacios al interior del penal.

Los principales responsables de la masacre son delincuentes sentenciados por delitos mayores que tienen que ver con asesinatos, robos agravados, violaciones y narcotráfico. Los presuntos cabecillas de la agresión, Walter Gumero Lazo, Vicente Plaza Arteaga, Ricardo Prado Oliva, Pedro Luis Vanegas y Luis Alanto Lia Ortiz, junto a otros 50 presos sospechosos fueron aislados y sometidos a una investigación exhaustiva.

El ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes confirmó que en la reyerta resultaron heridos 52 internos. Al momento reciben atención médica en hospitales de la capital oriental los reclusos Alvares Soto Héctor, Parada Zeballos Julio, Castillo Jiménez Richard, Castro Vargas Pablo, Cuellar Rivera Cristian, Pinaya Coca Raúl, Elhaje Miranda Nils, Padiel Farrel Carlos, García S. Joan, Gonzales Cavalier Cristian, Gutiérrez Siles Huber, Justiniano Mendoza José, Magallanes Rojas Franklin, Mamani Fernández Mariano, Meyui Villagómez Elias, Montaño Montero Mario, Montero Clavel Fernando, Montero Pérez Jesús, Moreno Céspedes Víctor Hugo, Negrete Torrico Gerson, Olivera Basilar Roberto, Ortega Menacho Alex Daniel, Paye Vargas Diego, Romero Peralta Noel, Ruilovar Ruiz Luis Alberto, Luis Cholena Alcides, Saucedo Araos Jorge Antonio, Saucedo Flores Fabián, Reyes Soto Andrés, Torrico Vanegas Wilder, Vaca Acosta Daniel y Vega Barba Jorge.

Por otro lado, los pacientes que son atendidos dentro del penal son Alba Jiménez Modesto, Arredondo Melgar Mauricio, Balcázar Suarez Rodrigo, Bufé Pedro, Cardozo Vaca Julio Cesar, Cuellar Bejarano Héctor, Cuellar Carvajal Bryan, Fuentes Cardona Fernando, Guzmán Rivero Luis Alberto, Justiniano Alvares Luis, Lujan Vásquez Herland, Mercado Parindavi Luis, Molina Flores William, Parada Arai Romelio, Ramos Quiroga Luis, Salazar Avalos Alberto, Salvatierra Zambrana Fernando, Seoane Valverde David, Téllez Tola Jimmy y Urañavi Yanda Juan.

En declaraciones a la agencia ABI, el director de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos dijo que el incidente constituye uno de los hechos más graves ocurridos en las prisiones del país.

La Iglesia y el Defensor del Pueblo exigen mayor atención estatal

A nombre de la Iglesia Católica, el arzobispo de Santa Cruz monseñor Sergio Gualberti manifestó en un comunicado público que los cruentos sucesos ponen en evidencia, una vez más, “el hacinamiento que existe al interior de Palmasola y de gran parte de las cárceles del país, por el incumplimiento del deber de parte de jueces y la retardación de justicia que provoca mayor hacinamiento”.

Según Gualberti, los episodios de violencia ocurrieron “porque no existen terapias ocupacionales ni políticas de rehabilitación y reinserción (y los reos) están prácticamente olvidados. Nos preguntamos ¿Cómo es posible que no exista una mejor clasificación de los internos sabiendo que coexisten en un mismo ambiente grupos enfrentados?”

Para la Iglesia lo más lamentable es que “esta pesadilla también la estén viviendo alrededor de 450 niños privados de libertad por los delitos de sus padres. Es necesario hacer una alianza urgente para encontrar respuestas a la situación de la cárcel de Palmasola, hecho que requiere una intervención interinstitucional. La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica está dispuesta a hacer su aporte en el marco de los derechos humanos y valores humanos y cristianos”.

La Defensoría del Pueblo coincidió con la Iglesia al afirmar que el cruento suceso “deja en evidencia la debilidad en la seguridad del sistema penitenciario en el país, la crisis que enfrenta por el hacinamiento, la retardación de justicia, la inseguridad al interior de esos recintos y la deficiente infraestructura carcelaria”.

La presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados Erika Claure (CN) dijo haber comprobado que “los reos tienen que pelear un plato de comida y un espacio para dormir, aunque se supone que están en un centro de rehabilitación”. Aseguró que “tenemos los recursos, las condiciones y los espacios (para atender mejor a los internos), y lo único que hace falta es voluntad… En vez de gastar el presupuesto en un edificio para la Unasur, hay que invertir en una cárcel moderna que reúna las condiciones de un verdadero centro de rehabilitación”.

El diputado de Convergencia Nacional (CN) Alex Orozco propuso juzgar a las autoridades del Ministerio de Gobierno por negligencia e incumplimiento de deberes en la administración del sistema del Régimen Penitenciario del país. En su criterio, “la presencia de bebidas alcohólicas, sustancias controladas, armas blancas y de fuego, además de celulares, es una muestra contundente de que no existe control de ninguna índole en la seguridad interna de los 17 recintos grandes y 36 carceletas del sistema carcelario boliviano”.

“Tenemos que asumir autocríticamente que en los centros penitenciarios en muchos casos están mandando los internos, que el sistema penitenciario no tiene un suficiente control del Estado, y lógicamente hay que encarar una transformación estructural del sistema estableciendo un control con requisas permanentes y sorpresivas , determinando reglas claras de convivencia en el interior, y sobre todo trabajar de manera mancomunada con las entidades autónomas para que hagamos más inversión en infraestructura”, admitió el ministro Romero.