(Fundación Solón).- En noviembre de 2012 el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) Germán Aramayo informó que la dotación certificada de líquido apto para el consumo humano llega a siete millones de habitantes en Bolivia, quienes “tienen y está certificado que consumen agua potable”. Eso significa que el 70% de población nacional tiene una provisión regulada por la AAPS y el 30% restante vive en regiones del área rural que por el momento no tienen cobertura.

Aramayo dijo que una unidad especializada gubernamental trabaja con más de 1.000 empresas públicas sociales de agua y saneamiento que operan en el campo, pero todavía es necesario redoblar esfuerzos para llegar a una cobertura total de comunidades. “Nuestro territorio es bien grande y es un poco difícil llegar a todos los rincones, pero estamos en ese trabajo. Con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda y se generará una política para llegar a cada una de estas poblaciones en el área rural”.

El funcionario reconoció que está pendiente el reto de mejorar en el rubro de la infraestructura, puesto que creció la población nacional y subió la cobertura y no se pudo aún incrementar la producción y el transporte de agua de manera suficiente.

La Paz: Para los vecinos de Chuquiaguillo, el “derecho humano al agua” es un eslogan

Según información oficial, Bolivia ya cumplió una de las Metas del Milenio de la Organización de Naciones Unidas, al alcanzar el 78,5% de cobertura de servicios de agua potable y saneamiento básico. Pero más allá de las cifras, la realidad es que millones de bolivianos aún carecen de ese servicio elemental, declarado hace poco un “derecho humano”, entre ellos los vecinos del Distrito 13, zona Periférica del municipio de La Paz.

En noviembre de 2012 el alcalde Luis Revilla y representantes del Ministerio de Agua y Medio Ambiente acordaron buscar financiamiento para la construcción del Sistema de abastecimiento de agua en Chuquiaguillo en beneficio de tres distritos del municipio de La Paz, desde la ladera noreste hasta la avenida Chacaltaya, que actualmente se abastecen de agua de pozos y cisternas.

El proyecto surgió en 2011, cuando la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y el gobierno nacional comunicaron a los vecinos de los distritos 11, 12, 13 y parte del 14 que el financiamiento para el proyecto de la planta de tratamiento de agua de Chuquiaguillo y la red de conexiones domiciliarias ascendería a 29 millones de dólares provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Posteriormente se informó que la inversión sería de 39 millones de dólares y como contraparte la Alcaldía paceña debería aportar el 25%, lo que equivale a 63 millones de bolivianos, medida asumida sin consultar a las autoridades ediles.

En enero de este año autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se comprometieron con los vecinos de la zona a presentar dichos documentos, en función de las gestiones realizadas ante la cooperación ORIO Holanda y la CAF. Sin embargo, el 11 de junio el Viceministerio de Aguas comunicó por escrito a la Alcaldía de La Paz que tenía un retraso en la elaboración de los proyectos a diseño final de la ampliación del servicio en Chuquiaguillo y de la represa de Hampaturi, y se comprometió a entregar los mismos entre fines de junio y el 15 de julio.

El 12 de agosto los vecinos del Distrito 13 de La Paz iniciaron movilizaciones exigiendo a las autoridades un suministro regular de agua potable y servicios de saneamiento básico. Protestaron por el incumplimiento del cronograma de entrega del Plan para el Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua Potable del Sistema Chuquiaguillo y el proyecto a Diseño Final de la construcción de la represa de Hampaturi.

El Diseño Final para el Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua Potable del Sistema Chuquiaguillo fue enviado finalmente al Gobierno Municipal el mismo lunes 12 de agosto a las 09:58 horas, con un mes de retraso, según el Acta de Compromiso firmada con los vecinos en enero de 2013. El proyecto referido a la construcción de la represa continúa pendiente.

“En relación al diseño de la presa de Hampaturi Alto, que es componente de las inversiones previstas para la futura operación del sistema Chuquiaguillo, EPSAS se encuentra atendiendo las observaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, después de haberse logrado un acuerdo con las comunidades de Hampaturi, para poder ingresar a la zona del proyecto, actividad que será concluida conforme a cronograma”, explica el ministro José Zamora en la carta que envió a Revilla, junto al Diseño Final del Proyecto Chuquiaguillo.

El alcalde paceño recordó que en el acta que se firmó en enero se estableció que el proyecto de la represa debería entregarse en julio, junto al Proyecto de agua de Chuquiaguillo, pero eso no ocurrió, y “la cooperación holandesa le ha dicho al Ministerio –y está también en las actas– que si no hay Diseño de la Presa, no se puede ejecutar ninguno de los otros proyectos”.

El alcalde Revilla insistió en que es urgente establecer el cronograma final de todos los proyectos y terminar el diseño de la presa de Hampaturi lo antes posible, porque mientras exista retraso también se demorará todo el proyecto de agua para Chuquiaguillo.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua prometió a los vecinos del Distrito 13 que licitará los proyectos de agua y saneamiento hasta diciembre de 2013, con miras a ejecutar los mismos en 2014. El acuerdo establece que el Proyecto Chuquiaguillo se refiere a la construcción de la Represa Hampaturi Alto – sistema agua potable común de la cuenca-, la planta de tratamiento y potabilización (Chuquiaguillo) y el sistema de distribución de conducción y redes secundarias.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, una vez que cuente con la revisión del proyecto de parte del GAMLP y la no objeción de las entidades financiadoras, Corporación Andina de Fomento (CAF) y ORIO Holanda, se compromete a realizar la convocatoria para los procesos de licitación pública internacional conforme a las disposiciones legales en actual vigencia (de acuerdo a normas vigentes). Estimándose como probable plazo de la misma para mediados del mes de diciembre de 2013”, señala el segundo artículo del documento de compromiso suscrito por las autoridades y los vecinos.

En la reunión con los vecinos del Distrito 13, el alcalde Luis Revilla ratificó la predisposición del Municipio de desembolsar 7,3 millones de dólares como contraparte del Proyecto de Agua Chuquiaguillo en los cuatro años que durará la ejecución, en función del cronograma que elabore el Ministerio de Medio Ambiente. Entretanto, el Ministerio se comprometió a lanzar la licitación pública internacional para la ejecución del proyecto y la construcción de la presa de Hampaturi Alto hasta diciembre de 2013.

El oficial Asesor de la Comuna, Gustavo Bejarano, informó que, en el marco de sus posibilidades financieras, el Municipio de La Paz inscribió en el Plan Operativo Anual (POA) 2013, un millón de bolivianos como contraparte para las plantas de tratamiento de agua potable en Chuquiaguillo y la represa de Hampaturi. Se debe considerar que dichos proyectos requieren una inversión superior a 40 millones de dólares, de los cuales, de acuerdo al planteamiento del gobierno, el municipio paceño debería aportar 10 millones como contraparte.

Bejarano recordó que el municipio de La Paz expresó al Ministro de Medio Ambiente y Aguas, de manera escrita y en distintas reuniones, que dichos proyectos también ameritan inversiones de la Alcaldía de El Alto, de la Gobernación del depatamento y de EPSAS, por abarcar el área metropolitana.

“No se puede pretender que los habitantes del municipio paceño paguen por proyectos que van a beneficiar a toda la región metropolitana, con inversiones que además se debieron hacer hace muchísimos años atrás y que recién se están queriendo proyectar y, además, pasar esta factura a todos los habitantes y estantes de la ciudad de La Paz”, argumentó Bejarano.

Los problemas actuales del agua potable y del servicio de alcantarillado en los municipios de La Paz y El Alto tienen que ver con las fuentes de provisión de las represas, los deshielos, ríos y pozos subterráneos. En el caso de El Alto, “se tiene serios problemas para sostener esta base para alimentar las fuentes de agua en ambas ciudades”, explicó Bejarano.

El oficial del municipio paceño aclaró que ambas ciudades tienen distintas realidades respecto a la red de conexiones de agua potable. En El Alto la cobertura es menor al 46% y el gran problema es la ampliación de redes de agua potable en una ciudad en constante crecimiento. “En el caso del municipio de La Paz la cobertura alcanza el 90%, y el problema es la renovación de la red antigua que data de décadas atrás, son cañerías de fierro oxidadas que contaminan al agua.

Según un diagnóstico de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto, alrededor del 30% de todo el sistema debe ser renovado. Ello implica cambiar 900 kilómetros de tubería de diferentes diámetros y características, precisó Víctor Rico, autor de la consultoría que efectuó el diagnóstico. El alcalde Revilla estimó que el municipio requiere más de 300 millones de dólares para renovar el sistema de alcantarillado.

Las tuberías del sistema de agua potable de la ciudad de La Paz tienen una antigüedad de 30 a 50 años, y una vida útil de 30 a 35 años. Mientras que la situación del sistema de alcantarillado es más complicada. “Estamos hablando de tecnología, de concreto que se ha construido hace muchísimos años, estamos hablando de 50 a 60 años. Hay bovedillas, es decir, unas bóvedas y minibóvedas de alcantarillado que todavía existen en la ciudad de La Paz, todo eso se debe cambiar”, detalló Rico.

Además, Rico reveló que en La Paz existe 29,6% de agua no contabilizada de un total de 68 millones de metros cúbicos que se utiliza al año. Pero ese porcentaje no sólo se refiere al agua que se desperdicia por las fugas o roturas de tuberías que se presentan en la ciudad. La pérdida de agua concreta alcanza a seis millones de metros cúbicos al año.

Alarmante escasez de agua en Cochabamba

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (Fedecor) Carlos Camacho reveló que una inspección realizada en julio de 2012 se comprobó que la escasez de agua llega a niveles alarmantes en los 12 municipios del sur de Cochabamba. “Hemos podido evidenciar cultivos que están secándose o se han secado, entonces nos preocupa esto y nos alarma y parece que otras organizaciones no se están manifestando y no dan a conocer sus problemas”, expresó con preocupación en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Camacho informó que las poblaciones más perjudicadas son Tiraque, Mizque, Omereque y Pasorapa. En Tiraque “la presa de Totora Cocha, que almacenaba hasta 10 millones de metros cúbicos de líquido, sólo llegó a 4 millones en la presente gestión. En Mizque se está pensando construir una presa en la Huachama porque es una zona bastante seca; el problema es similar en Aiquile, además de Omereque y Pasorapa, que buscan traspasar agua de ríos que están cada vez más secos”.

El representante de la Fedecor mencionó que la sequía en el Valle Alto continúa expandiéndose, ya que decenas de pozos profundos se quedan sin agua y se evidenció que no existen lugares idóneos para construir sistemas de almacenamiento.Los casos más preocupantes están en las regiones de Arani, Toco y Punata porque algunos comunarios de Tiraque se niegan a comprar el líquido de sus ríos.

Según Camacho, a los problemas en las regiones con sequía se sumó la determinación de algunos municipios de las zonas altas de restringir el trasvase de líquido de sus cuencas: “Estamos esperanzados de que las precipitaciones pluviales se pueden adelantar, porque podemos tener problemas bastante serios”.

Hasta fines de julio se contabilizaron más de 44 mil damnificados por la sequía en Bolivia, el triple de lo registrado el año pasado, informó el Viceministerio de Defensa Civil. Los departamentos más afectados son Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. A mediados de junio el Poder Ejecutivo decretó estado de emergencia nacional tras verificar los graves daños ocasionados por la falta de agua en la región sureña del Chaco.