Desde que estalló la crisis en Grecia a fines de 2009, el contagio al resto de la Eurozona es creciente y amenaza con expandirse cada vez a más miembros del grupo. Países Bajos ingresó en la lista de los gobiernos derrumbados por los rigores fiscales impuestos por la UE, mientras que el elevado déficit fiscal y la recesión hacen de Eslovenia el candidato “perfecto” para convertirse en el sexto miembro de la Eurozona en solicitar un rescate financiero. Sin embargo, la caída del gobierno búlgaro evidencia, una vez más, las consecuencias sociales y políticas de los ajustes neoliberales.

Los expertos europeos hablaron de cifras maquilladas durante años para ocultar la realidad nacional griega. Después comenzaron a hablar de lo que llamaron “efecto dominó”, en clara referencia la posibilidad de que otros miembros de la Eurozona fueran contagiados por las dificultades. El panorama hoy es incluso peor, pues de una u otra forma, en mayor o menor medida, todos los integrantes del grupo han sido salpicados.

Eslovenia amenazada

El elevado déficit fiscal, las dificultades en el sector financiero y la recesión hacen de Eslovenia el candidato “perfecto” para convertirse en el sexto miembro de la Eurozona en solicitar un rescate financiero, opinan algunos analistas. Tras Portugal, Grecia, Irlanda, Chipre y el rescate del sector bancario español, podría pedir asistencia en un contexto marcado por la inestabilidad política del país, el elevado déficit, la recesión galopante y un sector financiero con activos tóxicos que representan casi el 20% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, funcionarios del bloque monetario presionan a Eslovenia para que endurezca las medidas presentadas con el fin de lidiar con sus problemas bancarios y fiscales, y evitar que solicite el respaldo. Esa nación prometió que vendería 15 empresas estatales y elevaría el impuesto sobre el valor agregado.

Los planes de reformas del Gobierno incluyen la transferencia de 3.300 millones de euros de créditos malos, en manos de sus tres mayores bancos, a otro recientemente creado. Los bancos, que poseen la mayor proporción de préstamos de ese tipo que presionan al sector, recibirán a cambio bonos garantizados por el Estado por un valor total de 1.100 millones de euros.

Los expertos opinan que los crecientes créditos malos, a raíz de la crisis económica, expusieron una cultura de nepotismo y corrupción donde las entidades financieras estatales realizaron préstamos riesgosos a empresarios políticamente conectados. Entretanto, las máximas autoridades de la Eurozona dudan de la suficiencia de las medidas prometidas y llaman al país a realizar acciones efectivas, en tiempo, para corregir los desequilibrios existentes.

Acorde con un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación del país se debe a una “espiral negativa” que combina tres componentes: las dificultades de los bancos, el sobreendeudamiento de las empresas y el elevado déficit fiscal. El FMI calcula las necesidades de financiación eslovenas en tres mil millones de euros en 2013, el equivalente al 9% del PIB de una nación de aproximadamente dos millones de habitantes. Un tercio de esa cantidad debe destinarse a recapitalizar los bancos.

Expertos apuntan que se trata de un sistema financiero que representa el 130% del PIB, algo así como una “bancodependencia” económica que durante muchos años ofreció resultados positivos y ahora navega a la deriva en medio de aguas turbias. Uno de los grandes problemas es que los bancos tienen créditos por siete mil millones de euros, aproximadamente el 20% del PIB, suma que dudan puedan recuperar.

La agencia de calificación Moody’s rebajó la nota soberana de Eslovenia a la categoría de “especulativa”, situación que exacerbó la preocupación de los mercados. Moody’s propuso al gobierno inyectar nuevos fondos a los bancos. También la agencia Fitch le redujo la calificación de deuda a largo plazo en moneda extranjera de A- a BBB+ y advirtió que podría disminuirla aún más si se mantiene la preocupación acerca de que los problemas del sector bancario impulsen una solicitud de rescate.

Unido a ello, llama la atención el elevado nivel de deuda pública de la nación, una realidad a la que el Ejecutivo pretende responder con nuevos recortes de los salarios de los funcionarios, un aumento del Impuesto al Valor Agregado y la creación de un “impuesto de crisis” temporal que afectaría a todos los eslovenos. Tras la recesión de 2009, la economía nacional recayó en ese estado el año pasado. Para 2013, los pronósticos siguen siendo pesimistas en apartados como el laboral, con una tasa de paro superior a los 11 puntos.

Entretanto, la incertidumbre crece pese a que el gobierno de la primera ministra Alenka Bratusek, quien asumió el 20 de marzo, asevera que su país no necesita un rescate. Los analistas están desconfiados al recordar que los rescates anteriores de Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre comenzaron con afirmaciones similares que desmentían esa posibilidad.

Como si fuera poco, ya hay pronósticos que indican que también Malta y Luxemburgo podrían enfrentar una crisis bancaria similar a la de Chipre. Los casos de Malta y Luxemburgo son incluso peores porque tienen sectores financieros más grandes en relación al PIB que Chipre. El presidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselboem advirtió que todos los países que tienen un sector financiero sobredimensionado “deben poner sus cuentas en orden porque la respuesta no será que vendremos a rescatarlos”.

Asimismo, las miradas de los académicos se centran en la ineficacia de los severos recortes impuestos hasta el momento y a la elevada interdependencia económica-financiera de los miembros de la zona del euro, lo cual hace que cada crisis tenga un potencial efecto dominó.

Holanda, nueva víctima de la austeridad fiscal de Europa

Países Bajos ingresó en la lista de los gobiernos derrumbados por los rigores fiscales que impone la UE para salvar la moneda única y mantener la estabilidad financiera en la zona. El Ejecutivo holandés compartió la suerte de sus similares de Grecia, Italia, Islandia y España, entre otros, al verse obligado a dejar el poder, aunque con la diferencia de que éste cayó tras discrepancias en su seno político sobre el tema presupuestario.

Siete semanas de inútiles pláticas entre la coalición gobernante -el liberal VVD y la Democracia Cristiana- y su aliado parlamentario- el ultraderechista Partido para la Libertad (PVV)- conllevaron al ex primer ministro Mark Rutte a presentar la dimisión y la de su gabinete ante la reina Beatriz. Las partes discutieron sin lograr consenso un plan para ahorrar 16 mil millones de euros y limitar el endeudamiento al 3% del PIB en 2013 como exige la UE.

Ese programa estaba basado en las últimas estimaciones de la Oficina Central de la Planificación, que sugirió al Estado reservar esa cifra porque el déficit previsto es del 4,5% del PIB y supera el máximo acordado con los Veintisiete. La UE tiene potestad para imponer multas automáticas a los miembros del bloque comunitario que incumplan con ese tope y pedir modificaciones en los presupuestos nacionales de los países con problemas.

Pero el líder el PVV, el polémico y euroescéptico político Geert Wilders, boicoteó las negociaciones bajo el argumento de que “no seguiría los dictados de Bruselas” si ello implicaba introducir recortes en áreas como la seguridad social o las pensiones a los jubilados. La ruptura de la alianza gubernamental con ese partido nacionalista sumió al país en una crisis política, le propició a Rutte la pérdida de la mayoría parlamentaria y lo obligó a convocar a elecciones anticipadas, fijadas para el 12 de septiembre próximo.

El primer ministro dimisionario también fue citado ante la Cámara baja a responder por la caída del Ejecutivo y tuvo que recurrir a las fuerzas de la oposición para cerrar un plan provisional de austeridad acorde con las exigencias europeas. En menos de 48 horas aprobaron un programa de ajustes por un valor de 12 mil millones de euros, que prevé alzas en el Impuesto sobre el Valor Agregado para bienes de lujo, recortes en el presupuesto de sanidad y congelamiento de los salarios de algunos funcionarios.

El paquete de medidas también introducirá el aumento de la edad de jubilación, más gastos deducibles del seguro médico y un mayor gravamen para los ingresos más altos. “Un logro extraordinario”, opinó Rutte tras concretar el plan con la Izquierda Verde, la Unión Cristiana y los liberales del D66.

Mientras, el ministro de Finanzas Jan Kees de Jager se jactó de que el pacto demostró que “Holanda no está paralizada por enfrentamientos políticos, porque cuando la necesidad apremia, son capaces de trabajar juntos”. Las autoridades de Ámsterdam temían llegar a Bruselas sin los ajustes presupuestales que le permitan mantener su débito público por debajo del 3% del PIB.

Aunque Holanda logró conservar su prestigio ante Europa con el cierre de un paquete de austeridad a última hora, su tempestad política desentrañó tres aspectos que serán fundamentales para el futuro del país y de toda la UE. Según analistas del diario español El Periódico.com, la caída del gobierno de Rutte evidenció que ningún Estado es inmune a la crisis, ni siquiera Países Bajos con una las economías más estables en la región y aún con una nota triple A de las agencias de calificación.

Citaron como un segundo aspecto relevante a la influencia ascendente de la extrema derecha en las naciones europeas. En los últimos años -puntualizaron- las agrupaciones afines a esa tendencia política ganaron terreno en la esfera electoral y ahora tienen poder de hacer caer gobiernos. Finalmente, aludieron a la apertura del debate sobre el rigor presupuestario impulsado por partidos nacionalistas como el neerlandés PVV, convertido en la tercera formación más apoyada en las urnas tras pasar de nueve a 24 diputados en las elecciones pasadas.

La respuesta social al plan de ajustes holandés no se hecho esperar y ya soplan vientos de protestas en algunos sectores contra la idea de anteponer las finanzas al bienestar de los ciudadanos. Según la prensa del país, tres sindicatos de la policía amenazan con ir a las calles en repudio a los recortes salariales.

Esos gremios emplazaron al ministro de Seguridad y Justicia Ivo Opstelten a explicarles en la menor brevedad posible cuáles serán las consecuencias para sus afiliados. “No aceptaremos que congelen los salarios de la policía. Nos movilizaremos a favor de un pago justo y también por mejores condiciones de trabajo”, dijo un portavoz sindical, citado por el diario Dutchnews.

Entretanto, el 1 de febrero de este año el gobierno holandés nacionalizó el grupo bancario y de seguros SNS Reaal debido a problemas financieros, al erogar 3.700 millones de euros para esa compra, indicó el ministro de finanzas Jeroen Dijsselbloem. El argumento de las autoridades se apoyó en la necesidad de evitar una catástrofe en el sistema financiero.

Dijsselbloem anunció además que el sector privado estará en la obligación de contribuir bajo la forma de una expropiación de accionistas y poseedores de títulos subordinados a plazos indeterminados, quienes no serán indemnizados. El titular, quien además se desempeña como nuevo presidente del eurogrupo, afirmó que era necesaria una reacción inmediata ante la peligrosa situación para la estabilidad financiera del país.

Aclaró que existía una fecha límite de parte del Banco Central Holandés (DNB) para lograr una solución frente al cuarto banco del país, y esa fecha expiró el jueves sin aparecer propuestas satisfactorias. SNS Reaal registra desde hace años pérdidas en su filial de bienes raíces Property Finance, adquirida en 2006 a ABN Amro, lo que lastró seriamente las ganancias del grupo, pese a tener en sus demás actividades resultados equilibrados.

El ministro de Finanzas aseguró que los ahorros depositados en el banco no corren riesgo. Los directores ejecutivo y financiero de la entidad renunciaron. SNS Reaal es considerado por el DNB como un banco sistémico, y una eventual bancarrota podría poner todo el sistema bancario holandés en peligro. La contribución estatal de 3.700 millones de euros se divide en tres partidas: dos mil 200 millones en inyección de capital, 700 millones destinados a aislar las actividades inmobiliarias y 800 millones para saldar una deuda derivada de un plan de ayuda de 2008, en parte con el estado holandés.

Bulgaria, ¿otro fracaso de políticas de ajuste?

La caída del gobierno del primer ministro conservador búlgaro Boiko Borisov pone en evidencia, una vez más, los supuestos avances de las políticas de austeridad y saca a flote las consecuencias sociales de los ajustes de tono neoliberal. Borisov, un ex guardaespaldas y practicante de kárate que llegó al gobierno tras los comicios de 2009, en medio del retroceso de cinco puntos del PIB y con promesas de acabar con la corrupción, fue puesto luego como ejemplo del modelo defendido por la UE.

El gobierno de centroderecha recibió cerca de 20 mil millones de euros de los acreedores en 2010 (10 mil millones del FMI, cinco mil millones de la Comisión Europea y 1.500 millones del Banco Central Europeo). Para entonces, los partidarios de ingresar a la zona euro llegaban al 49% de la población, algo que se espera ocurra entre 2014 y 2015.

Mientras la crisis financiera avanzaba en la zona euro, el equipo de centroderecha de Borisov aplicó estrictas regulaciones económicas, privatizaciones y recortes sociales para quedar esa nación de Europa del Este con un crecimiento de dos puntos, en 2011. Pero, ¿a qué costo? Bulgaria es el país más pobre de la UE, con los salarios más bajos que apenas llegan a un promedio de poco más de 350 euros, mientras el mínimo es de 150 y las jubilaciones, las más modestas de la zona, quedan en 75.

El 20% de la población se encontraba en julio de 2012 por debajo de la umbral de la pobreza, situado en 120 euros, un poco menos que la tarifa promedio de electricidad a pagar por los consumidores desde enero de este año, casi el triple del mismo periodo del pasado año. Los ingresos de los búlgaros son tan bajos que para llegar a los de los portugueses, considerados los más pobres de la zona euro, deberían esperar hasta 2040 a fin de alcanzar esa meta y solo si la nación balcánica contara con un crecimiento sostenido anual de entre 4 y 5%.

Así, los gastos en energía, viviendas y mantenimiento del hogar fueron en Luxemburgo de unos 35 mil euros anuales, mientras en Bulgaria apenas llegaron a los 3.400. De hecho, la llegada de tarifas con el triple del precio detonó la protesta social que de un fenómeno aislado pasó a ser una especie de “primavera búlgara”, si empleamos un término acuñado por Occidente al referirse a disturbios registrados en varias naciones árabes y del norte de África.

Miles de personas se lanzaron a las calles sin líderes visibles, convocados por organizaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos, a través de las redes sociales en Internet. Ello llevó a enfrentamientos con la policía en Sofía y al menos una treintena de localidades en el pequeño estado ex socialista centroeuropeo de apenas siete millones 398 mil habitantes. Al menos, 28 personas resultaron heridas en los mencionados choques que desembocaron en la renuncia de Borisov y su equipo. El dirigente conservador debió declarar que se trataba de la voluntad del pueblo, a la cual debía atenerse.

Para especialistas, Borisov intentó con esa maniobra salvar el capital político que aún pudiera quedar de parte de su partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB). Ello estaba dirigido a lograr una mayor actuación en los comicios adelantados. De ahí que con el gobierno conservador fuera de la política se intentó desligar las protestas del programa puesto en práctica por el equipo de centroderecha, aunque quedan dudas sobre la efectividad de tal maniobra.

Muchos recuerdan las promesas de Borisov de aplicar un severo programa de lucha contra la corrupción, fenómeno considerado endémico en la nación europea, que, sin embargo, quedaron en papel mojado, como lo demostraron las exigencias de los manifestantes, quienes llamaron a purificar a los órganos del estado. Entre las principales demandas, después de lograr la salida del gobierno, estuvieron la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la formación de una Asamblea Constituyente que pueda introducir cambios en la Carta Magna, como la modificación del actual sistema electoral.

Además, los participantes en las demostraciones exigieron nacionalizar las empresas foráneas encargadas de la administración de la esfera energética como las checas CEZ y Energo Pro, así como la austriaca EVN, responsabilizadas con la subida de los precios. Para algunos especialistas, citados por la prensa búlgara, el alza de las tarifas también está ligada con la aplicación de un controvertido impuesto sobre las ganancias de las empresas foráneas, que luego se revierte en la subida de precios. Además, la mayoría de las compañías de la pequeña nación balcánica emplea el carbón como combustible, sujeto a severas multas ambientales por la UE, al ser emisores de gases contaminantes a la atmósfera como dióxido de carbono.

Por otro lado, la llamada energía verde o ecológica y la renovable aún resulta muy cara desarrollarla en el mencionado país. El estado tampoco puso en práctica otras vías de obtener energía más barata como el gas esquisto y bajo presión de organizaciones ecologistas retiró el permiso para el desarrollo de esa tecnología por la compañía estadounidense Chevron. Medios de prensa en Sofía destacan que varias organizaciones ecologistas norteamericanas lanzaron campañas para denunciar el profundo daño ecológico producido por la explotación del gas esquisto, pues las sustancias empleadas en el proceso dañan sin remedio el suelo y los cultivos.

El máximo dirigente del Partido Socialista (BSP) Serguei Stanishev declaró en su momento que en caso de vencer en las elecciones adelantadas y poder formar gobierno, su organización volverá a reforzar la cooperación con Rusia para construir el gasoducto Torrente Sur a fin de llevar gas del mar Negro a Europa occidental. Los socialistas también podrían retomar el proyecto de construcción de la central nuclear de Belene, en cooperación con la empresa rusa Rosatom.

Por ironías del destino, una de las principales condiciones impuestas a Bulgaria antes de su ingreso a la UE en 2007 fue, precisamente, el cierre de al menos dos plantas nucleares y la paralización de las obras en una tercera, por supuestamente representar una amenaza para Europa. Otra exigencia era acabar de raíz con la corrupción, pero, como se deduce de las exigencias de las manifestaciones que echaron abajo al gobierno, tal demanda quedó fuera de la mira europea.

Las centrales nucleares cerradas producían cientos de megavatios que en su momento le permitieron a Bulgaria ser un exportador de energía eléctrica a países vecinos. Ahora, fueron las altas tarifas eléctricas el detonante de protestas que pusieron fin al gabinete de derecha.

Se percibe un hastío de la población de su clase política y de ello habla, por ejemplo, una misiva enviada por miembros del Ministerio el Interior al Parlamento, que exige evitar el nombramiento de un nuevo titular de entre integrantes de gobiernos anteriores. De hecho, la situación socioeconómica, la corrupción y los bajos ingresos forzaron la salida de entre un millón 200 mil y un millón 600 mil personas de este país desde 1989. Los búlgaros representan el cuatro por ciento del movimiento migratorio de la UE.

Un estudio del sindicato Confederación de Trabajo Podkrepa indicó que más de la mitad de los búlgaros que emigraron no tiene ninguna intención de regresar, mientras solo en los últimos tres años, 25 mil nacionales de entre 25 y 29 años de edad salieron de la mencionada nación, para viajar incluso a otros estados en crisis evidente como España. Muchos de ellos, aunque son profesionales y universitarios buscan empleos en el sector agrícola, transporte, comercio o en el servicio doméstico, donde, sin embargo, reciben mejores salarios. Las remesas que envían los búlgaros a su país oscilan entre 700 y 800 millones de euros anuales.

La catedrática Temenujka Rakajiiska, de la Academia de Ciencias de Bulgaria, afirmó que entre 2009 y 2012 se duplicó el desempleo hasta llegar en julio pasado al 12,4%. Un sondeo publicado por la prensa en Sofía indicó que el 34% de los interpelados si tuviera la oportunidad viajaría a Grecia, 32 al Reino Unido, 24 a Alemania y el 20 a España. En tales condiciones, sería algo fuera de tono hablar del supuesto logro que representa para Bulgaria el contar con un déficit presupuestario en 2012 de 0,9%. Tal cifra está muy por debajo de los tres puntos exigidos en la UE, un sueño para estadistas como la canciller federal Angela Merkel, que exige a sus colegas europeos ahorrar y gastar con efectividad.

Bulgaria y las postergadas soluciones económicas

Las soluciones derivadas de la crisis económica a la precariedad social pasan a un segundo plano en Bulgaria, donde los políticos deben definir primero como salir de un período de ingobernabilidad. Bulgaria, a pesar de estar en la primera ola de los cambios en el sistema político existente en Europa del este, apenas en 2007 logró, junto a Rumania, sumarse al ahora diezmado tren de la UE, para lo cual debió hacer varias dejaciones. Pero un lustro después de su adhesión a la UE, los políticos búlgaros deben buscar soluciones más allá de las habituales acusaciones de corrupción para poder, al menos, echar a andar el Gobierno.

El pasado 12 de mayo, el ahora gobernante y centroderechista Partido de los Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) obtuvo el 30,5% de los votos, con lo cual pasó de 117 escaños a 97. Los opositores del Partido Socialista Búlgaro (PSB) lograron acaparar 26,6 puntos y asegurar 84 plazas de las 240 con que cuenta el parlamento unicameral, con lo cual registraron un empate técnico con los conservadores. De esa forma, los dos mayores partidos del país quedan inhabilitados para formar gobiernos en solitario y se ven obligados a buscar aliados entre otras agrupaciones.

El Movimiento para el Desarrollo y las Libertades (Dps), de la minoría turca en esta nación, logró el 11,29% de los boletos depositados y tiene derecho a 36 asientos. Pero para crear un gabinete de coalición estable es necesaria una mayoría que no sería fácil formar solo con los diputados del PSB y el Dps, como ya ocurrió de 2006 a 2009.

En esta ocasión, ambos partidos suman 120 asientos, es decir, la mitad exacta de los votos en el legislativo, lo cual está lejos de garantizar una mayoría remotamente segura. Muchos ponen en duda la posibilidad de que Plamen Oresherski, designado por el PSB a fin de ocupar el puesto de primer ministro búlgaro, pueda tener éxito para mantener por mucho tiempo, de llegar a ser aprobado, a un gobierno de conjunto con la minoría turca.

Oresherski prometió como una de sus primeras medidas la ayuda a los sectores más desfavorecidos de la población y las encaminadas a recuperar el prestigio de las instituciones de la nación europea. Los socialistas anunciaron durante su campaña electoral para los comicios de mediados de mayo de este año que buscarían un mayor contacto con Rusia a fin de hallar soluciones a problemas energéticos con negociaciones con vista a construir una central nuclear.

Paradójicamente, Sofia se vio obligado a clausurar varios reactores que producían electricidad suficiente como para exportar a estados vecinos en cumplimiento de una de las exigencias que le impusieron en su tiempo para ingresar a la UE. Los socialistas solo intentan calmar la ira popular, a causa del incremento abusivo de las tarifas eléctricas. Pero el presidente Plevniev considera que cualquier gobierno llegado al poder deberá ocuparse de la liberalización del sector de la energía y de la eficiencia energética, una propuesta que no garantiza, precisamente, la reducción de las tarifas.

De otro lado, como ya ocurrió en Francia, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Hungría y Austria, la crisis económica europea permite la llegada al legislativo de fuerzas ultraconservadoras y de tendencia xenófoba, como el caso del movimiento nacionalista Ataka. El Ataka logró el 7,3% de los boletos depositados y cuenta con 23 puestos en el legislativo.

Para medios de prensa locales, tal situación presagia dos posibles escenarios: una crisis política prolongada hasta lograr un acuerdo entre al menos tres fuerzas para formar un ejecutivo respaldado por una sólida mayoría o la repetición de los comicios. Sin embargo, Plevniev niega la necesidad de acudir a las urnas nuevamente de forma adelantada, pues, afirma, confía en el papel de la Fiscalía General para atender demandas de casos de fraude, mientras estima que todo ocurrió según la ley.

Pero el ex primer ministro y máximo dirigente de GERB Boiko Borisov quien se vio forzado a dimitir en febrero pasado ante el auge de protestas populares contra sus políticas de austeridad, consideró necesario repetir las elecciones. Borisov rechazó una reciente oferta que le presentó el mandatario búlgaro para formar un gabinete al ser el partido más votado en los comicios.

La mínima diferencia con que el GERB se proclamó vencedor de las parlamentarias presagiaba una demanda de revisión de los comicios por parte del saliente partido gobernante, comenta el diario Dnevnik. Borisov denunció que el día antes de la consulta en las urnas, cuando está prohibido el proselitismo electoral, el canal de televisión Tb7 publicó lo que él mismo calificó de bomba política: la impresión por el GERB de 350 mil boletos falsificados.

La intención era distribuirlos por varios distritos electorales, una acción cuya autoría de inmediato rechazó la formación de centroderecha. Pero Borisov denuncia que tal versión sirvió para que otros dirigentes políticos rompieran el silencio estipulado por ley al ofrecer conferencias de prensa sobre el mencionado hecho. La diferencia de apenas 11 diputados entre el GERB y el PSB hace imposible una pronta salida a la situación de ingobernabilidad que a su vez demora la aplicación de medidas para frenar la caída en picada de la economía y la precariedad social. Mientras, la integración del movimiento Ataka al dúo opositor del PSB y el Dps se ve como poco probable.

Bulgaria, el país más pobre de la UE, que apenas en 2014 tendrá la posibilidad de una libre circulación de su fuerza laboral por el resto del bloque, observa cómo queda inconclusa la tarea de luchar contra la corrupción y sacar adelante la economía. Las pocas posibilidades de la formación de un gobierno con un apoyo considerable como para mantenerlo en el poder, hacen temer a los búlgaros la postergación de la solución a sus problemas sociales.

* Fernández Bolaños es periodista de la redacción de Economía; Martínez Ruíz, periodista de la Redacción Europa y Rondón, jefe de la Redacción Europa de Prensa Latina.