(PL y Bolpress).- En los últimos 54 años se registraron en Colombia 220 mil muertos, entre ellos más de 177 mil civiles y el 18% narcotraficantes, paramilitares, criminales, militares, policías y miembros de grupos armados en conflicto, según un informe difundido por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) luego de seis años de trabajo.

El director del equipo Gonzalo Sánchez explicó que el informe no pretende ser un cuerpo de verdades cerradas, pero incluso con el vacío de los subregistros sobre el número de muertos es como si desapareciera hoy toda la población de Popayán (265.702 habitantes) o Sincelejo (267.702). A ello se suman 25 mil desaparecidos y cuatro millones 763 mil colombianos desplazados de manera forzosa.

La investigación de 400 páginas destaca también, entre los vacíos de los subregistros antes mencionados, los asesinados en ejecuciones extrajudiciales y luego reportados como guerrilleros muertos en combate. “Esta es quizás la prueba más contundente de lo desproporcionada e indiscriminada que sido la guerra de más de 50 años en el país”, afirmó Sánchez.

Otro de los objetivos del informe es reconocer y hacer visibles a las víctimas, durante mucho tiempo consideradas efectos residuales de un conflicto que ha dejado un saldo de mutilaciones, torturas y agresiones sexuales, en especial entre las mujeres. Todas las modalidades de muerte han sido practicadas y todas las modalidades de sufrimiento han sido padecidas en una Colombia dominada por “una tendencia latente al pensamiento único, en el que las diferencias políticas no son vistas como escenario de discusión sino de eliminación del otro”, expresa el informe.

Según otro estudio de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la nación sudamericana hay registradas 61.604 denuncias de personas extraviadas desde mediados del siglo pasado. De esa cifra, 10.334 han aparecido vivas, de otras 2.348 se encontraron los cadáveres, mientras que el paradero de las restantes aún se desconoce. El informe refiere que por cada mujer desaparecida en el país hay tres hombres en la misma condición. Además, en 2012 se añadieron casi 11 mil nuevos casos al corte realizado hasta 2010.

Naciones Unidas calificó este delito como uno de los más graves cometidos contra los derechos humanos en Colombia. Según el organismo las desapariciones forzadas ocurrieron principalmente en los departamentos de Antioquia, con 4.251 casos; Valle del Cauca con 1.130; Meta con 949 y Putumayo con 926.

Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la impunidad imperante frente a dicho flagelo, que el Estatuto de Roma tipifica como delito lesa humanidad. Hace poco Bogotá se adhirió a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, luego que la Cámara de Representante la aprobara en último debate. De esa manera Colombia se convirtió así en el vigésimo país en aprobar la Convención.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos admitió por primera vez la responsabilidad del Estado en las graves violaciones de los derechos humanos registradas en el país en los últimos 50 años. Durante una intervención en la Corte Constitucional, el mandatario afirmó que el Estado ha sido responsable “en algunos casos por omisión, en otros por acción directa de algunos de sus agentes, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”.

Santos defendió la necesidad de una reforma constitucional que permitiría crear un mecanismo de justicia transicional, considerada la base legal del proceso de diálogo que se lleva a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), con sede en Cuba desde noviembre de 2012.

Aprobada por el Congreso en 2012, la reforma requiere el aval de la Corte Constitucional y permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones. La iniciativa ha sido objetada por organismos de defensa de los derechos humanos, que estiman que su redacción excluirá la investigación y reparación en muchos casos de violaciones y abusos.

En su defensa, Santos aseguró que “este modelo es todo lo contrario de lo que alegan nuestros opositores. No sólo no abre espacios a la impunidad, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado”.

La Corte Interamericana condena a Colombia por la masacre de Santo Domingo

El 19 de diciembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo de condena a Colombia por la masacre de 27 personas, entre ellas 10 niños, en el caserío de Santo Domingo, en el departamento de Arauca, causada por una bomba cluster (racimo) lanzada por una aeronave militar de la Fuerza Aérea el 13 de diciembre de 1998.

El ataque fue atribuido en un inicio por las autoridades estatales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), pero según la CIDH, con sede en San José, Costa Rica, las pruebas técnicas avaladas por Cortes colombianas fueron suficientes para concluir que el artefacto explosivo, integrado por cinco bombetas de fragmentación, fue lanzado por la Fuerza Aérea y no por el grupo insurgente.

El dictamen hace énfasis en que la precisión limitada del dispositivo arrojado sobre el casco urbano del caserío de Santo Domingo, o sus cercanías, es contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional Humanitario. También estableció que el Estado incumplió con su deber de protección especial de las niñas y niños afectados por la matanza, al violar su “obligación especial de protección en el marco de un conflicto armado no internacional”, precisa uno de los apartes.

De acuerdo con el fallo, los actos de ametrallamiento contra la población civil llevados a cabo durante esa operación aerotransportada durante varios días contra la guerrilla implicó un incumplimiento “de la obligación de garantizar el derecho a la vida e integridad personal” estipulado en organismos internacionales.

En las conclusiones, la CIDH ordena al Estado hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, además de brindar un tratamiento de salud integral a las víctimas. Además, “otorgar y ejecutar en el plazo de un año las indemnizaciones y compensaciones pertinentes por concepto de daños materiales e inmateriales, a favor de varias de los heridas y familiares que no acudieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

La justicia declara genocidio los asesinatos de miembros de Unión Patriótica

El Tribunal Superior de Bogotá declaró genocidio los asesinatos de los miembros del Partido Unión Patriótica (UP), como parte de un plan sistemático y centralizado para destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas. La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El fallo fue catalogado como un hecho trascendente por abrir puertas a nuevas y más profundas investigaciones. El representante a la Cámara Iván Cepeda, hijo de una de las víctimas, consideró que “tal vez es la primera vez que una instancia judicial señala de manera nítida que lo perpetrado contra los miembros y dirigentes de Unión Patriótica y el Partido Comunista en Colombia fue un verdadero genocidio”.

La decisión del fallo corresponde a la sentencia de un magistrado de Justicia y Paz, quien interrogó durante una audiencia a un ex paramilitar que confesó su participación en más de 100 asesinatos, entre ellos los de más de 10 miembros de esa agrupación política.

Sebastián González, uno de los sobrevivientes de la UP -a quienes el Consejo Nacional de Electores les negó en 2002 personería jurídica- dijo a Prensa Latina que el genocidio desencadenado en los años 90 incluyó el asesinato de más de 10 mil miembros de la UP. El plan abarcó, paralelamente a las masacres y magnicidios, amenazas, exilios y encarcelamientos.

El ex presidente Andrés Pastrana reconoció en carta enviada a la magistrada Susana Buitrago, del Consejo de Estado, que lo cometido con la UP fue un genocidio, mientras que el Estado colombiano pidió perdón públicamente por el asesinato del congresista de la UP Manuel Cepeda en 1994.

En mayo de 2010, por primera vez la CIDH condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el crimen de uno de los principales líderes de la UP, y ordenó como medida que el Ejecutivo reconozca y pida perdón a los familiares por estigmatizara ese movimiento político. Igualmente exigió indemnizar a los familiares de la víctima, investigar a fondo los hechos y castigar a los responsables.

En su resolución fechada el 26 de mayo, el tribunal sostuvo que Colombia violó los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, a la honra, dignidad, libertad de pensamiento y de expresión, libre asociación y derechos políticos de Cepeda.

En un acto sin precedentes en la historia del país y en cumplimiento de la sentencia de la CIDH, el año pasado el ministro de Interior Germán Vargas Lleras fue el encargado de expresar el perdón en nombre del Estado. Durante el acto solemne en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, Vargas Lleras admitió que el homicidio contra Cepeda fue cometido por agentes estatales, miembros del Ejército, y en conjunto con miembros de grupos paramilitares.

A su vez, reconoció la vergüenza que le generan al país hechos como este y recordó la sentencia de la CIDH, en el sentido de que el crimen fue cometido en el contexto del exterminio masivo contra miembros de la UP. También enfatizó que esta reivindicación exige al Estado la búsqueda de alternativas que permitan la reconciliación y el perdón y, sobre todas las cosas, el hallazgo definitivo de una paz duradera. Dijo que un Estado como el nuestro no debe ni puede permitir la repetición de hechos similares y, por tanto, este acto debe entenderse como una forma de evocar la memoria de Cepeda.

Condenan a ex congresistas colombianos vinculados con paramilitares

El escándalo de la parapolítica estalló en 2006 por la revelación de los vínculos entre políticos y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hasta la fecha han sido vinculados más de 130 congresistas y ex congresistas, entre ellos Rafael Castillo, ex representante a la Cámara por Santander, y Jorge Luis Caballero, ex senador por el Magadalena.

A principios de abril el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General colombiana capturó en la norteña ciudad de Barranquilla al ex representante a la Cámara Pedro Miguel Peñalosa, requerido por su participación en el delito agravado para delinquir por supuestos vínculos políticos y electorales con esos grupos armados en el departamento del Magdalena.

Peñalosa fue suplente del ex congresista Jorge Luis Caballero, condenado a 10 años de cárcel por sus relaciones con el ex comandante paramilitar Egdar Fierro, alias Don Antonio.

Por otra parte, el 15 de mayo fue condenado a 30 años de prisión el ex congresista colombiano Cesar Pérez García por la masacre de Segovia, en el departamento de Antioquia, donde fueron asesinadas 44 personas hace 25 años. Dos décadas y media después, el ex parlamentario fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia como promotor del exterminio perpetrado por un grupo de paramilitares del Magdalena Medio, encabezado por Fidel Castaño y Henry Pérez (alias El negro Vladimir).

El ex congresista de 78 años fue culpado de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y lesiones personales, por su participación en la masacre, ocurrida el 11 de noviembre de 1988 cuando era representante a la Cámara por Antioquia. Según trascendió, Pérez García pidió a los paramilitares matar a un grupo de simpatizantes del partido Unión Patriótica, nacido cuatro años antes como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las fuerzas guerrilleras. Su objetivo era preservar su influencia política en la zona.

Cesar Pérez García deberá además indemnizar con más de dos mil millones de pesos (poco más de un millón de dólares) a los familiares de las víctimas, anunció la sala penal de la Corte Suprema.

Entregan pruebas sobre asesinatos extrajudiciales

Esta semana, un perito colombiano y testigo de la Fiscalía mostró ante una jueza bogotana imágenes de los cadáveres de jóvenes ejecutados extrajudicialmente en la central localidad de Soacha, reportados como guerrilleros caídos en combate y conocidos con el eufemismo de “falsos positivos”.

La Fiscalía acusa a 21 militares por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado, en los sucesos ocurridos en enero de 2008 en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. El hecho se destapó por la denuncia del entonces procurador de Soacha Luis Escobar.

El Fiscal del caso afirmó que los uniformados organizaron una red dedicada a buscar jóvenes con promesas de trabajo, conducidos, bajo engaño, a la localidad de Ocaña, en el departamento Norte de Santander, y luego presentados como guerrilleros o criminales muertos en enfrentamientos con el ejército.

El pasado 13 de junio un grupo de madres de 19 jóvenes ejecutados extrajudicialmente y luego registrados como guerrilleros caídos en combate anunciaron que solicitarán a la Corte Penal Internacional su intervención en el proceso contra los militares acusados de esos crímenes. Han transcurrido cinco años desde entonces, dijeron a periodistas, sin que hasta el momento se haya dictado un solo fallo condenatorio contra los militares ejecutores de esos crímenes catalogados como “falsos positivos”.

Las madres de las víctimas también se pronunciaron contra la aprobación por la Cámara de Representantes y el Senado de la Ley de ampliación del fuero penal militar, por considerar que los artículos incluidos favorecerán el traslado de muchos de esos casos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. Eso abrirá las puertas a la impunidad, lamentaron.

Desde 2008, tras lo ocurrido en Soacha, se desencadenaron ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos colombianos como Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre. A raíz de ello, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas general Mario Montoya renunció a su cargo y fue nombrado embajador en República Dominicana por el entonces presidente Alvaro Uribe.

En 2009 la Fiscalía General tenía bajo investigación 946 casos de “falsos positivos” y la Procuraduría 1.043. Sin embargo a pesar del escándalo suscitado en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en los homicidios habían sido liberados bajo la figura jurídica de “vencimiento de términos”.