(ABI).- El defensor del Pueblo Rolando Villena convocó al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Edwin de la Fuente a una reunión de urgencia para analizar el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) en los recintos militares del país, luego de registrarse “sucesos irregulares” por supuesta ausencia de “mecanismos de vigilancia y prevención”.

‘Estoy enviando una solicitud oficial al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, para que, junto a los asesores y autoridades militares que él mismo determine, tenga a bien sostener una reunión urgente con la Defensoría del Pueblo para analizar éstos y otros aspectos que atingen a la responsabilidad mutua de velar, ante todo, por la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos de todos los bolivianos‘, dijo.

En un comunicado institucional, Villena expresó también su profunda preocupación por las muertes registradas en los cuarteles los últimos meses que, a su juicio, ‘parecen indicar cuando menos, una ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección que están afectando principalmente la vida y la seguridad‘ de los conscriptos.

Reconoció que en los últimos años se evidenció la implementación ‘profundos y plausibles‘ cambios en la educación de los derechos humanos en la institución militar. No obstante, debe alarmar la tortura y muertes de dos subtenientes en un centro militar y el deceso de otros dos conscriptos en Beni, mientras realizaban trabajos en ámbitos privados fuera de los cuarteles, dijo. A eso sumó el recientemente fallecimiento con arma de fuego de un cadete en el Colegio Militar de Aviación de la ciudad de Santa Cruz.

Es más preocupante la muerte ‘en circunstancias todavía más extrañas‘, de una mujer civil, en un espacio de tanta jerarquía y seguridad como el Estado Mayor General y la presunta participación en este hecho de una persona que tenía orden de aprehensión por un caso de asesinato y que todavía mantenía sus privilegios como oficial, complementó Villena.

La enfermera Janet Vargas fue hallada muerta dentro las instalaciones del Estado Mayor del Ejército el pasado 21 de junio, desatando una investigación para establecer las causas.

Esta sucesión de hechos ‘muestran una realidad que no puede ignorarse y que debe motivar una investigación de fondo sobre los mecanismos de protección y prevención en la vulneración de derechos humanos al interior de algunas instituciones y recintos militares‘, remarcó el Defensor del Pueblo.

Por su parte, el ministro de Defensa Rubén Saavedra informó que el Tribunal de Personal del Ejército dispuso el retiro obligatorio (baja) del capitán Juan Carlos Polo Vaca y de los subtenientes Franz García y Franklin Chávez Quispe, sospechosos de la muerte de una enfermera en el Estado Mayor.

El fiscal de Distrito de La Paz José Ponce destacó la actitud de las Fuerzas Armadas que facilitan la investigación de la muerte de la enfermera en el Gran Cuartel de Miraflores. El jurista informó que la investigación sigue su marcha a la cabeza de una comisión de dos fiscales y dijo que la investigación está en los plazos procesales, tomando declaraciones a algunas personas sindicadas con ese hecho.