La Habana y Washington (PL).- Desde que en 1976 se reinstauró la pena capital en Estados Unidos, Texas ha ejecutado a 500 personas, triste récord registrado el 27 de junio cuando a Kimberly McCarthy, mujer negra de 52 años, se le inyectó un coctel letal. Datos oficiales refieren que en 2012 se registraron 43 ejecuciones en Estados Unidos.

McCarthy fue condenada a muerte en noviembre de 1998 por el asesinato de Dorothy Booth, de 71 años, durante un robo en el condado de Dallas en 1997. A McCarthy, quien estuvo 14 años en el corredor de la muerte, se le aplicó una inyección letal en Walls Unit, una prisión de Huntsville, y fue declarada sin vida a las 18:37 del 27 de junio, según anunció John Hurt, un portavoz del Departamento de Justicia de Texas. No procedió una apelación presentada ante el Tribunal Criminal del sureño estado, dijo la abogada Maurie Levin.

Los vergonzosos errores que plagaron el caso de McCarthy, como el prejuicio racial, la asesoría legal ineficaz y los tribunales sin voluntad para ejercitar una verdadera supervisión del sistema, reflejan los problemas centrales en la administración de la pena de muerte en el país, expresó Levin al diario Dallas Morning News.

La pena fue anulada en una apelación, sin embargo, la confirmaron luego en un segundo proceso, en noviembre de 2002. Además, la ejecución se había suspendido en dos ocasiones (en enero y abril) bajo la sospecha de que hubo discriminación racial durante la selección del jurado que la condenó, mayoritariamente blanco.

El día fijado para la aplicación de la inyección letal a McCarthy, decenas de manifestantes se congregaron en los exteriores de la penitenciaría para pedir detener el acto de consumación de la sentencia. Los activistas portaban pancartas con mensajes como “ejecutar la justicia, no a la gente”, “detener las ejecuciones en Texas” y “la pena de muerte es racista”, de acuerdo con los reportes de medios locales.

McCarthy fue la ejecutada número 17 en Estados Unidos en lo que va del año, la octava que se produce en Texas (tiene prevista la de siete reos más) y es la primera mujer desde 2010, de acuerdo con datos oficiales. Para Dennis Longmire, profesor de la Universidad de Huntsville, la ejecución número 500 no debería recibir más atención que la primera o la 501. “La ejecución de esta tarde es trágica, pero no es más trágica que la próxima o la de hace dos semanas”, subrayó.

En los últimos años se han realizado numerosas manifestaciones por detener este tipo de sentencia. Durante el V Congreso Mundial contra la pena de muerte, efectuado en Madrid en junio pasado, Richard Dieter, director ejecutivo del centro de información sobre la pena capital en Estados Unidos, refirió que en el sur del país es donde más ejecuciones se producen.

Sin embargo, a juicio del experto hay cambios: desde 1999 las ejecuciones han descendido un 56 por ciento y solo nueve estados la aplicaron en el último año. No obstante, Estados Unidos es uno de los 60 países que mantiene en vigor este tipo de condena, y de ellos uno de los cinco que más la practican en la actualidad.

Desde la reactivación de la pena máxima en 1976, en Estados Unidos han sido ejecutadas más de 1.300 personas, y Texas -que reactivó la pena máxima en 1982- es responsable de más de un tercio. Y pese a que en los últimos seis años Connecticut, Illinois, Nuevo México, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland han suprimido la pena de muerte, aún está en vigor en 32 de los 50 estados de la Unión.

Aunque Dieter dijo que en 2002 se prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, en 2005 la de menores y en 2008 la de todos aquellos presos que hubieran cometido un crimen sin resultado de muerte para la víctima, organizaciones de derechos humanos critican que estas tienen lugar no solo en casos de mujeres, sino también de enfermos mentales. (1)

También la asocian en no pocos casos al perfil racial del condenado y a su condición económica. Expertos aseguran que los negros, que constituyen el 12 por ciento de la población carcelaria, representan el 35 por ciento de los ejecutados y el 42 por ciento de los condenados a muerte. ¿Qué puede ser “esto”, con cerca de dos millones de ciudadanos presos, el 50 por ciento de los cuales son negros e hispanos?, se preguntaba Mumia Abu Jamal en entrevista vía correo electrónico con esta reportera en 2002.

Estados Unidos tiene más personas en prisión que ninguna otra nación del mundo, aún por encima de países que los aventajan en población, como India o China, afirmó entonces Jamal, juzgado por la muerte de un policía blanco en julio de 1982, un hecho sobre el cual ha manifestado siempre su inocencia.

Periodista y activista por los derechos de los afroestadounidenses en los años 1960 y 1970 y uno de los más célebres condenados a muerte en la norteña nación, Jamal aseguró que solamente un poder judicial imperial, dedicado a la oscuridad y la represión pudiera contemplar tal cosa. “Es por eso -dijo- que yo he llamado a los Estados Unidos la cárcel de las naciones. Tiene el cinco por ciento de los habitantes del mundo y por lo menos el 24 por ciento de población penal del globo”.

Datos oficiales refieren que en 2012 se registraron en Estados Unidos 43 ejecuciones, una cifra similar a la de 2011, mientras unos 3.100 reclusos permanecen en los corredores de la muerte de cárceles federales en espera de que se cumpla la sentencia.

De igual forma, errores judiciales han provocado que en las últimas tres décadas 140 condenados a morir fueran puestos en libertad. Por ejemplo, Shujaa Graham pasó seis años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió y cuando le liberaron lo único que le dijeron fue: “deberías darnos las gracias”. Graham, absuelto en 1981, advirtió en 2010 que no había visto “que ningún fiscal haya sido castigado o corregido (por la mala aplicación de la justicia). Ni tan siquiera hablan de ello”.

Además, luego de una investigación exhaustiva que abarcó más de una década, peritos concluyeron que el estado de Texas habría matado a un hombre inocente en 1993. Se trata del caso del hispano Ruben Cantu, procesado por homicidio a los 17 años de edad y ejecutado, pese a que se carecía de evidencia material que lo vinculara con el crimen.

Algunas encuestas revelan que en la actualidad, el porcentaje de norteamericanos que apoya la pena de muerte ha caído del 80 por ciento en 1999 a casi un 50 por ciento.

Nota:

1. El 8 agosto de 2012 el estado de Texas aplicó la pena capital a un sujeto condenado por homicidio pero que presentaba evidente retraso mental. Marvin Wilson, de 54 años, murió por inyección letal en la prisión sureña de Huntsville. La sentencia fue consumada luego que la Corte Suprema de Justicia rechazó una última apelación de la defensa. Los fiscales acusatorios desestimaron un examen de coeficiente de inteligencia a Wilson en 1998 que reflejó un nivel de 61, cuando el indicativo normal es alrededor de 90. Un tribunal tejano concluyó que esa prueba médica no garantizó “un mínimo de competencia profesional psicológica” y el convicto tenía que pagar por el asesinato del informante policial Jerry Williams en Beaumont en 1992. Por el mismo delito y en calidad de cómplice, el reo Andrew Lewis, de 46 años, fue condenado a cadena perpetua.

El 11 de octubre las autoridades de Texas ejecutaron a otro reo, Jonathan Green, pese a que sus abogados apelaron en todas las instancias por considerarlo un enfermo mental. El Tribunal Supremo rechazó un recurso de última hora para suspender la ejecución y el reo murió unos veinte minutos después de que se le suministró una inyección letal de pentobarbital. Antes de acostarse en la camilla para recibirla repitió que era inocente. Fue acusado en el año 2000 del asesinato de una niña de 12 años, cuyo cadáver fue hallado en su casa un mes después de que se reportara su desaparición.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.