(Transnational Institute).- El consumo de coca en el noreste de Argentina se remonta al siglo XVIII. Si bien el coqueo inicialmente se restringía a sectores de tradición indígena, como en el resto del mundo andino, ya antes de 1920 esta práctica había arraigado en Argentina en todas las clases sociales, incluso entre profesionales y empresarios. Sin embargo, el estudio sobre la demanda legal de la hoja de coca en Bolivia, cuyos resultados se esperan pronto, no valora el creciente mercado en el norte argentino.

El caso del consumo contemporáneo de hoja de coca en Argentina brinda una serie de ejemplos que pueden contribuir a desarmar buena parte de la mitología polarizada que se ha ido construyendo en los últimos años en torno a la hoja de coca. El consumo argentino no encaja en dichas preconcepciones. Además, su aceptación social y legal ha creado una situación absurda en la cual la venta y la posesión para el consumo de la hoja de coca es legal, pero la provisión y la compra están proscritas, dejándolas en manos de un circuito ilegal.

El mercado de coca en Argentina está ubicado principalmente al sur de los Andes Centrales, en la región integrada por la mayor parte de la provincia de Jujuy, gran parte de la provincia de Salta y la porción andina de la provincia de Tucumán. Esto es lo que se conoce como el Noroeste de Argentina (NOA) y se abastece de la coca producida en Bolivia. A la hora de establecer los límites legales a la extensión de cultivos razonablemente destinados a ser consumidos para usos tradicionales, Bolivia no tuvo en cuenta el volumen considerable de su producción destinada al NOA. El Estudio Integral de la Hoja de Coca en Bolivia, cuyos resultados están por presentarse, tampoco lo considerará. (1)

En torno a la hoja de coca se ha construido un juego de espejos, en el que se han ido constituyendo una serie de mitos y contra mitos (2), o mitos contra hegemónicos, que no siempre son más certeros que el mito hegemónico. La coca sería, de acuerdo a estas polarizaciones: síntoma de desnutrición o bien, por el contrario, un óptimo alimento; un mero excipiente de alcaloides nocivos, o bien, por el contrario, algo distinto al alcaloide, pues el consumidor no asimilaría los alcaloides; causa de adicción o bien, por el contrario, capaz de curar adicciones a la cocaína inhalada y fumada.

Otros mitos, relacionados con los anteriores, son particularmente relevantes para el caso argentino: por un lado la coca habría sido un instrumento de dominación colonial (o incaica), por el otro fue y es un elemento significante de la resistencia indígena y popular a la dominación. También, mientras para unos la coca es un factor ‘degenerativo’ de la raza indígena, para otros por el contrario, no sólo es un elemento de resistencia cultural, es algo absolutamente ‘sagrado’ y ‘ancestral’, con lo cual sin coca no habría indígenas andinos.

El consumo argentino de hoja de coca presenta dos características sobresalientes. Por un lado, presenta particularidades que desmienten varias de las antinomias mencionadas. Es tradicional pero no es solamente indígena. Está arraigado, en la región noroeste (3) en todas las clases sociales y no sólo entre sectores pobres. Se usa en ocasiones festivas y nocturnas, y no está asociado a pesadas labores campesinas o mineras.

Por el otro, debido a que el consumo argentino está consolidado, legitimado, y es sobre todo cuantitativamente muy importante, el NOA es de hecho un destino efectivo de una parte significativa de la producción boliviana, algo que no ha sido tenido en cuenta en la formulación de políticas públicas, y que es ignorado por los organismos internacionales de fiscalización.

La anomalía argentina: de uso particular a uso generalizado

Como en otros países andinos, el uso de coca ha sido siempre común entre gente de tradición indígena, campesina, y de sectores populares urbanos. Lo específico del caso argentino es que no sólo el consumo de coca se adopta en un momento relativamente tardío, el siglo XVIII, (4) sino que a principios del siglo XX el uso particular se generaliza a todos los sectores sociales, clases medias y altas, una población ‘blanca’ y ya no sólo ‘indígena’.

Esta práctica ha tenido antecedentes. El consumo de coca ‘mascada’ entre españoles y criollos es una práctica contra hegemónica muy poco conocida, aunque bien documentada, como demuestran estos ejemplos:

A principios del siglo XVII Garcilaso de la Vega menciona el caso de un español pobre que coqueaba, decía que necesitaba la ayuda de la coca porque no podía pagar a un cargador. El autor constata la energía que brindada el consumo de coca, pero también la vergüenza del hombre de que lo vieran consumiendo coca no siendo indio. Para entonces, la Inquisición de Lima perseguía a consumidores y a vendedores de coca en la ciudad. La coca tenía además un uso mágico, en adivinación y hechizos amorosos. La práctica estaba presente entre religiosos agustinos y dominicos de la Capitanía de Quito, el actual Ecuador, hasta que su uso fue severamente censurado por el inquisidor Mañozca. En el siglo XIX un autor menciona a “personas muy respetables de Lima, que tienen la diaria costumbre de meterse en una habitación apartada con el fin de masticar coca. No podrían hacerlo abiertamente pues en Perú entre gente el chacchar [coquear] es visto como práctica baja y vulgar, sólo apropiada para trabajadores indígenas”.

Otras evidencias, documentadas a mediados del siglo XX, señalan la costumbre ocasional del consumo de coca entre sectores medios bolivianos, como estudiantes de secundaria, o su uso por soldados no indígenas en la Guerra del Chaco (1932-36). (5) En el noroeste argentino, al igual que en otras regiones andinas, el consumo de coca tiene un fuerte estigma desde el punto de vista de sectores medios o de élite. Así describe Paolo Mantegazza (6) la situación de la ciudad de Salta hacia 1854: “La coca se vende en todos los almacenes de la ciudad, pero sólo entre indios y pueblo bajo se usa públicamente. Los ricos que la adoptaron se esconden de los ojos del vulgo…”. Para Martin de Moussy, hacia 1860 “el uso de este masticatorio está abandonado a las clases inferiores: la burguesía la emplea preferentemente a guisa de té”. (7) En síntesis, en las distintas regiones andinas todas las formas de uso de la coca por ‘blancos’ eran marginales, iban en contra de los usos y costumbres convencionales, y se hacían de puertas adentro.

Algunas décadas después la situación será otra. Ya hacia 1920 el consumo de coca por sectores no indígenas es flagrante y se ha extendido por todo Salta y Jujuy en el noroeste argentino. Es una práctica común en ocasiones festivas, nocturnas, de sobremesa, que entonces dejó perplejo a un cronista literario de Buenos Aires, severo crítico del coqueo, que la consideraba como una costumbre “sucia y maloliente”.

Afirmó que al viajar en tren hacia el norte del país desde Buenos Aires se advierte que los consumidores “aumentan a medida que el tren avanza”, pasando la estación de Tucumán. (8) Este hábito, no es “propiedad exclusiva de la llamada clase baja”. Y añade, “El viajero se convence, con pena, que en todas las clases sociales existe el coquero, en la clase media, en la clase rica y aun en la clase obrera extranjera que se asimila a los usos y costumbres del lugar con una facilidad admirable. Oirá después, el viajero, con un asombro indescriptible, la noticia de que hay mujeres que coquean también. En la ciudad, es lo más natural entrar a una confitería… y ver en las mesas donde se bebe, el platillo lleno de hojas de coca. Casas hay, en que, al pedirse cerveza, se sirve la coca…”. (9)

A raíz de la nueva Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes de 1931, que representa el primer paso a la fiscalización de la hoja de coca por instancias internacionales, la Sociedad de Naciones había solicitado informes al Gobierno argentino, y las autoridades de Buenos Aires cursaron el pedido “a las seis provincias del NOA”. Sólo respondió la provincia de Jujuy, presentando un informe en el que se consideraba la coca como “hábito”, y no como “toxicomanía”. El encargado del informe fue un joven médico jujeño, Carlos Alvarado, luego destacado sanitarista. Si en los años 1850 un médico como Mantegazza pensaba que habría caído en total descrédito si lo hubiesen visto coqueando, cuando Alvarado mandó su informe en 1931, en cambio, la etiqueta de los doctores era muy distinta. “Después de enviado mi informe, seguí un tiempo ocupándome del asunto y lo discutí con viejos y acreditados médicos de Jujuy de aquel entonces…. Posteriormente fui a Salta a tratar el tema con otros ilustres médicos de esa provincia…Todos coincidieron con mis puntos de vista, y todos, o casi todos, eran también coqueros, y nunca sintieron atracción por la cocaína…”. (10)

El cambio se dio por una confluencia de múltiples factores que no se expondrá aquí en detalle. Resumiendo, se podría decir que había una situación étnica en la que nadie, en los estratos culturalmente dominantes, temía ser confundido con un miembro de los estratos subalternos por consumir coca. Asimismo, hay que tener en cuenta la presencia de la cocaína en la vida nocturna de grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, atestiguada por las letras de numerosos tangos.

No debe haber sido ajeno al clima social de los jóvenes salteños hacia 1925 el hecho de que la cocaína haya estado de moda en Buenos Aires y en París. Muchos tangos sirven como ejemplo de esa ‘moda’. La mayoría ilustra la decadencia de la mujer ‘ligera’ o del joven ‘bohemio’, en donde la cocaína, como el alcohol o el juego, precipitan su caída. O señalan su modernidad disruptiva frente a los viejos tiempos más criollos. El ejemplo más conocido por los argentinos de hoy es éste de Manuel Romero, 1922: ¿Te acordás, hermano? ¡Qué tiempos aquéllos! / Eran otros hombres más hombres los nuestros. / No se conocían cocó ni morfina, / los muchachos de antes no usaban gomina.

A la droga muchas veces se la llama directamente ‘cocaína’, más a menudo ‘cocó’, también ‘pris’ o ‘prisé’ –del francés prise, una dosis- y se empleaban también términos lunfardos. Otros ejemplos: Por raro esnobismo/ tomás prisé (Cadícamo, Che papusa, oí, 1927); Que por pura fantasía te dopás con cocaína / y que de puro aburrido la paseás en Citroën, (Cadícamo, Fanfarrón, 1928); El cine y la cocaína / te llenaron la cabeza, (José Panizza, La milonga que faltaba, 1930); Curdelas de caña y locas de pris (Celedonio Flores, Corrientes y Esmeralda, 1934).

Tanto el aura de la droga, propia de la farmacia europea, como los riesgos de su consumo – a los que se alude en casi todas las letras de los tangos mencionados – estaban a la vista de los jóvenes del norte argentino que hacían estudios universitarios en dichas ciudades, haciendo atractivas alternativas como la coca natural o un nuevo tipo de lejía (término que describimos más abajo). Por último, importa señalar que las ciudades del norte argentino están unidas por tren con la frontera boliviana desde 1908. En la década siguiente se construyó el ferrocarril entre La Paz, (la sede de Gobierno de Bolivia y centro de acopio de la región productora por excelencia, los Yungas de La Paz), y la frontera argentina, una línea que se completó en 1925. Si hasta entonces la coca demoraba más de treinta días para llegar a Salta desde La Paz, ahora sólo demora un día o dos. (11) Nunca había llegado coca de tanta calidad. Dicha calidad, buscada por los consumidores, consistía, más que en el contenido de alcaloides, en ser una hoja verde, fresca, y que conserve sus aromas característicos. El consumidor del NOA es especialmente exigente al respecto. (12)

Reglamentaciones argentinas

Al proyectarse la línea de tren de La Paz a la frontera argentina, se reformó el sistema aduanero boliviano, creándose en 1910 una aduana en la línea fronteriza misma, en el pueblo llamado entonces La Quiaca boliviana, luego Villazón. Muchos comerciantes compraron casas para comerciar en el flamante sistema desde el lado boliviano de la frontera, “los más entusiastas fueron los comerciantes de coca sobre la plaza de Salta desde Potosí y Challapata”. (13)

Esta coca aún ingresaba al país sin legislación especial, pero en agosto de 1924 la Argentina, acorde a las sugerencias de la Sociedad de Naciones, sanciona su primera ley “de alcaloides”, sancionando a los farmacéuticos que los vendieran “sin receta médica”, para combatir el consumo de cocaína y morfina.

Un mes después una normativa complementaria estableció que la coca debe venderse en farmacias. (14) Al fundamentar esta norma, el senador salteño Linares describió a sus pares del resto del país un cuadro oscuro del coqueo entre trabajadores de ingenios azucareros, pero ocultó astutamente la presencia de esta práctica entre sectores pudientes. (15)

La ausencia de una completa prohibición, tal como la hizo Chile en 1926, quizás ya expresaba los derechos de estos nuevos consumidores de coca de clase alta. Además, hasta entonces había un importante comercio popular en el que arrieros indígenas llevaban coca y la vendían o trocaban en el NOA. De ahora en adelante el modus operandi será otro: un comercio muy rentable estará en manos de un monopolio farmacéutico, que existirá entre 1924 y 1976. (16)

La lejía

Dicho monopolio farmacéutico tuvo además la consecuencia de que acentuó la difusión del hallazgo más característico del coqueo argentino, la utilización de bicarbonato de sodio en la mezcla que se coquea. El acullico se forma generalmente con hojas de coca a las que se les agrega una pizca de algún reactivo alcalino, lo que en castellano boliviano se llama lejía. En Colombia y el norte de Perú el reactivo es cal. En el centro y sur del Perú, en Bolivia y en áreas rurales del norte argentino, se usa en cambio una mezcla hecha con cenizas de ciertas plantas en un excipiente de almidón como papa o harina, a la que se llama llijta, en quechua y en castellano del NOA, y tuqra en Perú. Lo característico del acullico argentino es que la lejía es bicarbonato de sodio, un producto industrial más propio de la farmacia – en donde se venderá legalmente la coca en Argentina desde 1924 – que de los mercados de productos campesinos en donde tradicionalmente se ha vendido la coca.

Las sucesivas reglamentaciones del ministerio de salud argentino sobre la coca (en 1936, 1938, 1940, y 1945), acentúan esta característica. Los importadores de coca deben ser droguerías y farmacias fiscalizadas. Se fijan cupos de importación –por ejemplo, hacia 1945 era de 410 toneladas. (17) Las medidas que se tomaron sucesivamente fueron, a grandes rasgos, congruentes, a pesar de los cambios políticos nacionales, (18) y continuaron la regulación anterior.

En rasgos generales, lo que caracteriza esta etapa es la fijación de una “zona de consumo habitual” que era la de las provincias de Salta y Jujuy, y durante un tiempo también la provincia de Tucumán. Se trata de reglamentaciones comerciales de importación, y no de consumo. Es decir: el consumo es plenamente libre, pero el importador debe ser una droguería autorizada, y sólo podían serlo las provincias ubicadas en dicha zona de consumo habitual.

Finalmente, en 1958 otra de las tantas resoluciones (81/1958) fijó la cantidad de coca que podía consumirse en la “zona de consumo habitual” en un 5 por ciento menos que el año anterior, y eliminó a Tucumán de la “zona de consumo habitual”, aduciendo que no se habían registrado en los años previos pedidos destinados a esa provincia. Esta medida tendrá consecuencias solamente dieciocho años después.

La prohibición en Argentina. Contradicciones y resistencias

En efecto, este decreto, que autorizaba la importación de sólo 190 TM, consignó que cada año debían importarse 10 TM menos, hasta llegar, en diecinueve años, a cero – en 1975 20 TM, en 1976, 10, y en 1977, cero. Sin embargo, este ideal no concuerda en absoluto con los datos bolivianos disponibles, los cuales muestran que Bolivia estaba exportando a Argentina cifras que (si se tiene en cuenta el crecimiento de la población) eran comparables a las de las 500 TM de los años 1940. Un promedio de 637,5 TM de coca para el quinquenio 1968-1972, (valor promedio, 673.640 dólares), y un promedio de 832 TM para los años 1973-1976, (valor promedio, 1.008.000 dólares). Las cifras mínimas y máximas son de 515 TM en 1970 y 910 TM en 1974. (19)

A todo esto, las normas argentinas comienzan a ser cada vez más contrarias al coqueo, aunque al firmar la Convención Única de Estupefacientes en 1961, cuyo artículo 49 estipula la prohibición de la masticación de la hoja de coca, dentro de un plazo de 25 años, el Gobierno de Argentina presentó una reserva formal: Reserva al artículo 49; “La República Argentina se reserva los derechos que se confieran al parágrafo primero, apartado c) ‘la masticación de la hoja de coca’ y apartado e) ‘el comercio del estupefaciente’ mencionado en el apartado c para los fines mencionados”. (Firmado el 31 de julio de 1961)

La hoja de coca, a pesar de ser importada legalmente, quedó incluida en 1974 en la lista de estupefacientes /psicotrópicos prohibidos. (20) En marzo de 1976 toma el poder en Argentina una junta militar, iniciando lo que llamará, en sus propios términos, un “proceso de reorganización nacional”. Poco después se empezó a tomar en serio la antigua promesa de coca cero, enunciada en 1958. (21) La prohibición explícita se emitió sólo en 1978. (22) En Octubre de 1979, el Gobierno de Argentina en un comunicado al Secretario General de la ONU retiró formalmente su reserva relacionada al artículo 49 arriba mencionada.

La medida generó importantes resistencias entre la élite local y las clases medias. Incluso dentro del gobierno militar hubo una correspondencia entre ministros, preocupados por los efectos de la prohibición. Los argumentos no tenían nada que ver con los derechos de los consumidores, sino con aspectos del buen funcionamiento del orden social.

En ese momento ya se había consolidado un mercado negro en donde los precios se multiplicaron varias veces. Si bien estos precios alejaron la coca del alcance de los campesinos de Jujuy y Salta (excepto aquellos que vivían cerca de la frontera), el bolsillo de las clases medias y altas de las ciudades permitió afrontar esta subida de precios, y el tipo de consumo no cambió para los sectores pudientes. El comercio informal producía importantes ganancias. De ahí la preocupación de las autoridades militares por causa de la “corrupción” al interior de la fuerzas de seguridad, así como por el aspecto del principio de obediencia y desobediencia. Para cualquier régimen de gobierno, máxime si se trata de una dictadura militar, el incumplimiento de cualquiera de las normas que ha promulgado lo deja en ridículo, afectando la legitimidad de todo el corpus legal. (23)

Despenalización argentina de la hoja de coca

Sin poder entrar en detalle a examinar todas las consecuencias de la prohibición, (como el daño a las personas que fueron detenidas por posesión simple – la primera detención se produjo ya en 1975), veamos cuáles fueron los próximos desarrollos.

Hacia 1986, después de más de dos años de democracia constitucional, se empezó a discutir en el Congreso una nueva ley nacional de estupefacientes. Desde el inicio la cuestión de la ilegalidad de la hoja de coca estuvo presente en la discusión. En general, los parlamentarios que se manifestaban a favor de su legalidad destacaban el carácter ancestral del consumo, o el hecho de que la coca era una ayuda para trabajar en climas exigentes, o sus propiedades digestivas. Sobre esto último estaba implícito (aunque no era evidente para el que no conoce la región) que se distinguía entre el consumo de los trabajadores rurales de tradición indígena y el de los sectores medios urbanos: el coqueo de sobremesa tras las abundantes cenas del fin de semana. El tucumano Jiménez Montilla hizo la distinción entre ‘vicio’ y ‘hábito’: “Se trata de un hábito común en las provincias norteñas y no alcanza a constituir un vicio”. Se trataba de “el tradicional coqueo de los salteños, de los jujeños y, por qué no decirlo, de toda la República” (Argentina 1989).

Los diputados y senadores no volvieron a tratar el tema hasta agosto de 1988. Fue en ese mismo año que la comunidad internacional terminó de negociar la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Desde principios de 1989 la Argentina atravesaba una fuerte crisis económica y política. La Ley de Estupefacientes 23.737 fue aprobada en la Cámara de Diputados a principios de ese año (los últimos meses del gobierno radical) y ratificada en el Senado en los primeros meses del gobierno justicialista, a partir de julio 1989. Los diputados que sostuvieron los lineamientos generales de la ley aprobada fueron Lorenzo Cortese, del partido radical, y Alberto Lestelle, del partido justicialista. Este último sería luego nombrado por el presidente Menem como titular de la Secretaría nacional contra drogas y narcotráfico.

Estos legisladores no querían ningún tipo de “anomalía argentina”, sino que la coca fuera considerada un estupefaciente más. Ante la resistencia de los diputados del noroeste, propusieron una solución de compromiso: por posesión de estupefacientes podía dictarse pena de “prisión de uno a seis años” y pena de “un mes a dos años de prisión” si se probaba que la tenencia era para uso personal. “Si se tratare de tenencia de hojas de coca en estado natural para su masticación o uso como infusión… en las zonas tradicionales del coqueo, por las costumbres ancestrales del lugar”, el juez podría reducir dicha pena “hasta el mínimo legal, o eximirlo de ella”. El informe de la Cámara considera asimismo que se trataba de una medida benévola: “Manteniendo la ilicitud y prohibición del coqueo se procura dar una posibilidad de resolver los casos límite en las zonas tradicionales donde aún se mantiene la tradición y se procura así que, paulatinamente, internalicen las normas de cultura de todo el país (ibíd.)”. (24) Esas zonas ancestrales se irían “estrechando” progresivamente.

Fue entonces que varios diputados del noroeste (tanto radicales como justicialistas), rechazaron enérgicamente la justicia y la legitimidad de querer imponer una reforma de costumbres a la gente de esta región. Dando lo que es, a nuestro entender, el paso decisivo: hablar desde el lugar de consumidor. Así, el diputado jujeño Enrique Paz se mostró en los diarios de Buenos Aires coqueando, reiterando los mismos argumentos que había hecho en la Cámara. En una nueva intervención, el salteño J. Castiella se puso ahora en el lugar del consumidor, lo que no había sido explícito en sus exposiciones previas.

“¿Cómo explicarle a aquel norteño que ha visto coquear a su padre, a su abuelo, que esa práctica constituye ahora un delito? … deseo manifestar públicamente en este recinto que el diputado que habla tiene el hábito del coqueo desde los veinte años… luego de esos veinte años, el diputado que habla… se graduó de abogado, fue dos veces diputado provincial, convencional constituyente y diputado nacional en dos oportunidades, se ha casado con el amor de su vida, tiene tres hermosos hijos, 47 años de edad, excelente salud y, si algún rasgo de idiotez se le puede encontrar por parte de algún científico de Buenos Aires, desde ya quedará agradecido a quien se lo pueda señalar. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador)”. (Reunión 65ª, 7830-33)

Algo similar expresó el diputado Martínez Márquez, de Jujuy:

“Con igual sinceridad que la expuesta por el colega salteño, voy a decir yo también que consumo hojas de coca… no sólo en mi provincia sino también aquí en Buenos Aires. Y lo hago desde mis épocas de estudiante secundario. Antes de tomar alguna anfetamina… preferíamos recurrir a las hojas de coca, que no son nocivas para la salud y que nos servían para poder estudiar de noche. Eso es lo que hacen miles de estudiantes en todo el noroeste argentino. En nuestro país hay en el… noroeste cerca de un millón de ciudadanos que practican el coqueo…” [Reunión 65ª, 7848-49-]

Finalmente, se aprobó la ley en septiembre de 1989, incluyendo este artículo, el 15º: La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinada a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes. (25)

Con esta legislación, el Gobierno de Argentina entró en contradicción con sus obligaciones internacionales, siendo parte de la Convención Única de 1961 y habiendo retirado su reserva al artículo 49, cuyo plazo de 25 años para que entrase en vigor la prohibición del masticado de la hoja de coca acababa de vencer en 1989. A partir de esta fecha la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE señala en varios de sus informes anuales el incumplimiento de las obligaciones al respecto por parte de Argentina. (26)

La demanda de coca en Argentina y sus implicaciones para el debate boliviano

Hacia los años 1920 Bolivia exportaba el 10 por ciento de su producción. La mayor parte a Argentina, y una pequeña proporción al norte de Chile. Pero la importación boliviana no era la única fuente de la demanda argentina de coca. Mediante el entonces flamante sistema de ferrocarril, también entraba en la Argentina coca peruana. (27) Como vimos, las importaciones legales eran de 500 TM hacia 1947, y de 910 TM en 1974.

Hacia 1997, mediante indicios indirectos como la cantidad de vendedores de coca autorizados en ciudades de la frontera argentino-boliviana, como Villazón y Yacuiba, calculamos que no menos de 2.000 TM de coca boliviana (28) ingresaban informalmente a la Argentina. Por principio, esta es una ponderación conservadora. Estimaciones posteriores, parcialmente basadas en los métodos antes utilizados, sugieren que la demanda argentina es aún mayor. (29) Esto no es de extrañar sabiendo que sólo en las provincias de Salta y Jujuy viven dos millones de personas, lo que equivale al 20 por ciento de la población de Bolivia, en donde el consumo de coca en las clases medias y altas es aún bastante raro, si exceptuamos el fenómeno más bien reciente del coqueo en Santa Cruz. La relevancia del consumo del NOA para la producción de coca en Bolivia es difícil de estimar debido a que se desconoce el volumen exacto actual de tal consumo.

Tampoco es sencillo establecer un criterio uniforme de rendimiento por hectárea. Las tasas de producción por hectárea que maneja la ONUDD se incrementaron considerablemente en la última década. Mientras en 2003 esa tasa se estimaba en 1.798 kilogramos de hoja seca por hectárea, en 2011 es de 2.764 kg/ha para la zona del Trópico de Cochabamba. Para los Yungas de La Paz el rendimiento por hectárea era de 936 kg/ha, mientras en 2011 se estimaron 1.314 kg/ha. Por último, la demanda argentina es abastecida por hojas provenientes de diversas regiones bolivianas, pero no hay manera de estimar con más precisión de qué región proviene cada paquete de hojas. (30)

En Bolivia la Ley 1008 establece en su art. 4: “Se entienden como consumo y uso lícito de la hoja de coca las prácticas sociales y culturales de la población boliviana bajo formas tradicionales, como el ‘acullico’ y la masticación, usos medicinales y usos rituales”. Asimismo: “El poder ejecutivo determinará periódicamente la cantidad de coca necesaria para cubrir la demanda del consumo tradicional y la establecida en el art. 5, la misma que no podrá exceder la producción equivalente a un área de 12.000 hectáreas de cultivo de coca, teniendo en cuenta el rendimiento de la zona tradicional” (art. 29). (31) Es evidente que en la determinación de esas 12 mil hectáreas no se tuvo en cuenta la demanda argentina. El estudio sobre la demanda legal de la hoja de coca en Bolivia, cuyos resultados se esperan pronto, tampoco incluye su valoración, pese a intentos al respecto en las negociaciones con la Unión Europea sobre los términos de referencia.

Estudio sobre la demanda legal de la hoja de coca en Bolivia

En mayo de 2004 los gremios cocaleros del Trópico de Cochabamba y el Gobierno de Carlos Mesa negociaron una salida al conflicto por la erradicación y los mercados intermediarios de la coca en esta región. El compromiso alcanzado fue emprender un estudio para determinar el volumen del mercado nacional, fijado por ley en 1988 en 12 mil hectáreas. El Gobierno de Eduardo Rodríguez concedió en julio, siguiendo el acuerdo firmado por Mesa, “una Pausa temporal en la erradicación de 3.200 hectáreas de coca, hasta que se complete un estudio sobre la demanda real que hay en el país de la coca para el consumo tradicional”. Fue así que la suerte de la política del ‘cato’ se juntó a la del estudio de la demanda legal. Desde el inicio en la definición de los alcances de dicho estudio, también hubo mención de la exportación para usos legales, sin embargo luego de arduas negociaciones sobre los términos de referencia, su inclusión fue rechazada.

El ministro de Agricultura, Guillermo Ribera Cuéllar por ejemplo, en una entrevista en Octubre de 2005, explicó que el estudio tenía que definir “el uso tradicional, akulliku, exportación para medicinas, todo el uso legal”. En diciembre de 2005 la UE decidió aportar 420 mil euros al nuevo Gobierno de Morales, para “desarrollar una investigación de manera responsable, transparente y científicamente”, pero solamente a finales de junio de 2007se aprobaron los términos de referencia, y en diciembre se firmó el convenio que añadió más fondos desde Bruselas, con la intención de presentar los resultados dos años después. En julio de 2009 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lanza la primera Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca, a nivel nacional. Se contrató además consultores para elaborar una serie de ocho estudios, cuyos resultados ya debían haber sido publicados. La UE y varios de los países donantes de Bolivia expresaron su disconformidad con La postergación, y finalmente el Gobierno de Bolivia se comprometió a lanzar la publicación en el mes de agosto de 2013.

Intentos de regularización bilateral entre Bolivia y Argentina

En 1948 Argentina y Bolivia firmaron un tratado bilateral destinado expresamente a regular el comercio de hoja de coca. Sus contrapartes fueron un ente estatal de comercio exterior argentino, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), y una corporación de productores bolivianos de la Sociedad de Productores de Yungas (Cocalivia, Corporación de Productores de Coca de Bolivia). Se acordó, 1) que se iban a comprar quinientas toneladas por año, y que el abastecimiento iba a ser regular (nunca menos de cuarenta toneladas por mes). 2) que la entrega debía ser de primera calidad (del tipo conocido entonces como coca “de hacienda”. 3) que la parte boliviana se comprometía también a mejorar el embalaje, y a presentar nuevos envases hechos especialmente para la importación argentina. (32)

Nuevos intentos de acuerdos bilaterales se darían muchos años después, poco antes del Gobierno de Evo Morales, cuando se renovaron las tentativas de incluir el tema comercial de la hoja de coca en la agenda bilateral con la Argentina. En junio de 2004 hubo una solicitud por parte del entonces diputado Dionisio Núñez a las autoridades argentinas de legalizar la venta de coca yungueña en el norte argentino. El Gobierno boliviano, a través de la Dirección General de la Coca (DIGECO), se mostró dispuesto a coadyuvar con esa gestión. En 2007, cuando cayeron presos varios pequeños comerciantes de coca en Argentina, los gobernantes del MAS solicitaron a la comisión mixta argentino-boliviana una solución al problema del comercio ilegal a la hora de firmar los contratos con el Gobierno de Nestor Kirchner para la compra y venta de gas boliviano. El volumen estimado del comercio, según las fuentes oficiales de entonces (Dirección General de la Coca DIGECO, 2000), era de alrededor de dos mil toneladas métricas.

Renta

No bien se legalizó la tenencia y el consumo de coca, algunos funcionarios de las provincias del NOA sugirieron la lógica necesidad de implementar algún tipo de sistema legal de importación. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Presentándose así un curioso fenómeno: mientras la tenencia y el consumo es legal, y la venta minorista es absolutamente pública – en la ciudad de Jujuy la coca se vende ante todo en puestos callejeros en las inmediaciones de mercados populares de alimentos y ropa; en Salta, en quioscos, pequeños comercios que expenden gaseosas, caramelos, cigarrillos -, los vendedores minoristas deben abastecerse en el mercado informal. El estado de cosas existente deja al azar y a las prebendas de todo tipo un mercado artificialmente inflado, que maneja mensualmente cifras millonarias. Este fenómeno podría llamarse renta de frontera, un tipo especial de renta de situación, una ganancia comercial extraordinaria, por encima de la ganancia media. Esa situación se da porque el precio de la coca se multiplica no bien se aleja de la frontera internacional, pasando a valer alrededor del triple (en Jujuy), o el cuádruple (en Salta). (33)

Fuera del NOA existe también un mercado informal de coca, aunque de oferta discontinua, restringida en tiempo y lugar. Mientras los ciudadanos argentinos de clase media no tienen mayores problemas por consumir coca en Buenos Aires, otra es la situación de los inmigrantes bolivianos, trabajadores humildes en su mayoría. Es lo que revela el caso conocido como “IMS”, sobre una persona detenida en su domicilio en el sur del conurbano bonaerense a principios de 2006. Esta persona estuvo presa más de un año, por decisión del juez Carlos Ferreiro Pella y del fiscal Alberto Gentili de Lomas de Zamora, acusada de infringir la ley de estupefacientes por tener en su poder unos 5 kg de hoja de coca. El allanamiento presentó irregularidades formales y abusos (“me rompieron todo”). El detenido padeció una rigurosa prisión a pesar de las protestas del Gobierno boliviano y de las reparticiones nacional y provincial de derechos humanos.

Tiempo después, la policía del mismo distrito detuvo por varias semanas a tres mujeres, cada una de las cuales poseía cantidades de coca similares a las del primer caso (14 kg entre los cuatro, que un diario porteño presentó como hallazgo “de cocaína”). Solamente en abril de 2007 fueron liberados los cuatro detenidos. (34) En promedio, cada uno tenía tres kilos y medio de hojas, una cantidad que abastece las necesidades mensuales de no más de quince consumidores habituales.

Conclusiones

El consumo de coca en el NOA se remonta al siglo XVIII. Si bien el coqueo inicialmente se restringía a sectores de tradición indígena, como en el resto del mundo andino, ya antes de 1920 esta práctica había arraigado en Argentina en todas las clases sociales, incluso entre profesionales y empresarios que fueron quienes pudieron afrontar los precios altos en épocas de prohibición.

En 1989, la defensa de la hoja de coca que los diputados de Salta y Jujuy, (tanto radicales como peronistas), hicieron en el Congreso Nacional, llevó a que la ley Cortese-Lestelle contuviera una excepción a la regla de la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, el artículo 15. Si los diputados no se hubieran expresado a nombre del consumidor, si no hubiera sido porque la costumbre estaba arraigada entre las clases altas de la Argentina, el consumo tradicional campesino y secular de hoja de coca habría quedado condenado. Las formas de consumo del medio rural del NOA y oeste del Chaco siguen persistiendo, con características más parecidas a las de otras tradiciones indígenas, como el uso de llijta en vez de bicarbonato.

No obstante- y aquí se verifica otra vez la vitalidad de este sistema de consumo – hay nuevas tendencias en los últimos años. Más de un consumidor urbano ha ido cambiando al bicarbonato de sodio por la llijta, que está ahora algo más presente en las ciudades, – muchas veces se vende ya molida, para mezclar con el bicarbonato, que sigue siendo la lejía que domina ampliamente. Entre las razones del cambio suele aducirse que evita los efectos negativos del sodio en la presión arterial. Otras innovaciones recientes han venido del norte. Una práctica de áreas cálidas de Perú y Bolivia es la de agregar al acullico un condimento, el chamairo (Mussatia hyacinthina). La novedad del extendido coqueo en Santa Cruz ha producido recientemente la aparición de una mezcla de bicarbonato y chamairo, que se conoce en el mercado como “chamabico”. Este adobo ya ha llegado al norte argentino. Otra novedad es que muchos preparan su acullico agregando hojas de stevia (Stevia rebaudiana), otro endulzante natural. También este uso parece provenir de Bolivia.

Esta observación nos conduce a hacer anotaciones sobre el método científico. ¿Cuál es la correcta unidad de análisis para medir el fenómeno del consumo? Sostenemos que no deberían ser las unidades químicas aptas para situaciones de laboratorio, sino la ración individual, lo que efectivamente se administra cada individuo, el acullico. Esto nos impide caer en comparaciones desacertadas en torno a tres puntos: la cantidad de alcaloides incorporada, la velocidad de absorción de los mismos, y la cantidad de nutrientes asimilada.

La cocaína tiende a ser la vara de medida de la hoja de coca, que ha sido condenada por ser el excipiente natural de la cocaína. Proponemos en cambio un planteamiento inverso: midamos la dosis de cocaína con el rasero de la dosis de coca como acullico. De esta manera la dosis de cocaína aparece como un acullico monstruoso de casi un cuarto de kg., algo imposible de meterse en la boca. Asimismo es importante entender que, a diferencia de la absorción rápida de la cocaína (aspirada) o la ultrarrápida, aún más riesgosa (fumada, inyectada) el acullico es de absorción lenta. Creemos que la ONUDD y la JIFE persisten en un fetichismo de la molécula química, que pasa por alto las diferencias cualitativas en la velocidad de absorción de tales moléculas.

Tener al acullico como unidad de análisis nos permite también relativizar algunas afirmaciones sobre los nutrientes efectivamente aportados por la coca, exageraciones establecidas a partir de análisis de laboratorio sobre cantidades de cien gramos. Se trata de aseveraciones bien intencionadas pero que en la práctica generan descrédito entre la opinión pública, sin negar que el uso efectivo de la coca puede tener aportes significativos como complemento alimenticio, sobre todo de fósforo, calcio, hierro y vitamina B2, que no es poco decir. (35) En el NOA, como en todos los Andes, el coqueo precede o sucede a la comida, y no es clasificado como alimento.

Todo lo dicho nos permite también interpelar a las autoridades de Bolivia y Argentina. Llamar la atención sobre la magnitud de la importación argentina de coca, cuya renta fronteriza parece estar en manos de la trastienda de las fuerzas de seguridad y otras redes por el estilo. E igualmente llamar la atención sobre la cantidad de cultivos bolivianos de coca destinados al mercado argentino, aunque este uso no esté contemplado por la ley boliviana vigente. Entendemos entonces que ya es hora de que se establezca un nuevo acuerdo bilateral para regular la importación legal de hoja de coca.

Notas:

1. La expresión “mascar” o “masticar” designa sólo aproximadamente el consumo de coca. Aquí usaremos expresiones comunes del noroeste argentino: coquear, o coqueo, así como acullico, (del quechua akulliku) para denominar la ración individual de hojas de coca efectivamente consumida.

2. Henman, A., Metaal, P. (2009), Los Mitos de la Coca, TNI Documentos de Debate, Drogas y Conflicto, Nr.17. http://www.tni.org/es/briefing/los-mitos-de-la-coca

3. Nos detendremos en el caso del noroeste argentino (NOA). Esta región, que antes de la conquista fue la más poblada de la actual Argentina, y que tuvo la primera y más intensa implantación española colonial, guarda varios rasgos de continuidad con el resto del mundo andino. Conoció la presencia del imperio inca y se difundió desde entonces la lengua quechua, que aún se habla en ciertos enclaves. La coca es uno de los atributos, quizás el más notable hoy día, de esos lazos históricos. La región es heterogénea, presentando más variedad social y cultural intrarregional que otras zonas del país. En particular, interesa aquí una subregión, la de las provincias de Salta y Jujuy, que hoy alberga a poco más de dos millones de habitantes; en el resto del NOA el consumo tiene menos intensidad. Hay también un intenso consumo en el oeste chaqueño, y se encuentran nichos de consumidores de coca en todo el país, principalmente entre la población migrante del NOA.

4. Abduca, R.G. (2009), Acerca del concepto de valor de uso: signo, consumo y subjetividad. La hoja de coca en la Argentina. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires. Y, Abduca, R.G. (2011) El consumo argentino de hoja de coca. Los porqués de una anomalía histórica y su vigencia actual. Actas de la XXIVº Reunión Anual de Etnología e Historia. La Paz, MUSEF. www.200.87.19.77:8180/musef/items-by-author?author=ABDUCA%2C+RICARDO+GABRIEL

5. Véase: Garcilaso de la Vega, el Inca (1609), Comentarios Reales de los Incas, Caracas, Bibl. Ayacucho, 2 vol., 1976; ed. A. Miró Quesada.- Henman, A.R. (1981): Mama Coca, Bogotá, Oveja Negra. pp. 18-20.- Flores Galindo, A. (1990), Buscando un Inca, en S. Stern (comp.) Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglos XVIII al XX, Lima, IEP.- von Tschudi, J. (1846), Travels in Peru, on the Coast, in the Sierra…. Nueva York, Barnes, cap. XV, 97 y ss, 1854- Cárdenas, M. (1952), Aspectos psicológicos del coqueo, en: William E. Carter, (comp.), Ensayos científicos sobre la coca, La Paz: Juventud, 1996.

6. Médico, antropólogo y político italiano, residió en Salta en los años 1850. Su primer escrito sobre la coca, aparecido sólo unos meses antes del aislamiento de la cocaína, se convirtió pronto en una obra de referencia en esa época.

7. Mantegazza, P. (1870), Lettere, Rio de la Plata e Tenerife. Viaggi e studi, 2A ed., p. 372, Milán, Brigola.- de Moussy, M. (1862), Description géographique et statistique de la Confédération Argentine, p. 145, París, Didot.

8. Ciudad más importante del noroeste argentino, al sur de Salta.

9. González Arrili, B. (1920), Cómo degenera la raza. La coca, Buenos Aires, Nosotros, año XIV, Nº 139, pp. 509-511, dic. 1920. No obstante hoy el consumo de coca en las ciudades muestra un marcado carácter de masculinidad.

10. Mantegazza, op cit., Alvarado, (1977).- Alvarado, C. (1977), Prohibir la coca es «ingrato, injusto y antisocial» afirma el Doctor Carlos Alvarado, El Tribuno, 9-4-1977, Salta.

11. Abduca, R. op cit. (2009, 2011))

12. Las hojas oscuras y con alto contenido de alcaloides son consideradas en el mercado boliviano como “picantes” (amargas) y no son las más preciadas.

13. Anónimo (1923), La Aduana Nacional del Sud y el nuevo pueblo de Villazón. Villazón, La Verdad, p. 31.

14. Argentina, 1924 a Ley 11.309 [de alcaloides y narcóticos], y 1924 b. Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 18 de Sep, 1924.

15. Argentina, 1924 b., op cit.

16. Abduca, R. (2009) op cit.

17. Ibídem

18. Conservadores elegidos en comicios fraudulentos (antes de 1943), militares (1943-46), peronismo electo en comicios libres (1946-55).

19. Abduca (2009). Elaboración propia a partir de Carter, W.E. y Mamani, M. (1986), Coca en Bolivia. La Paz, Juventud. p. 123. Los autores estiman que Argentina era el 97 % del destino de las exportaciones bolivianas.

20. Argentina (1974-75), Secretaría de Salud Pública, Resolución 162/74, Boletín Oficial, 20-10-75.

21. Los datos que consultamos en periódicos locales muestran el inicio de la prohibición efectiva de posesión de coca hacia abril de 1977.

22. Argentina (1978), Decreto n° 648; 17-3-78; Boletín Oficial, 22-3-1978.

23. Argentina, (1977) Ministerio del Interior, Informe Di Pasquo, ms., Abduca (2009) op cit.

24. Argentina, (1989) Cámara de Diputados, Reunión 61º.

25. Argentina (1989) c, Ley N° 23.737. Tenencia y tráfico de estupefacientes, 1989 c. Sin embargo la ley, en su art. 30º, sobre “estupefacientes en infracción” a destruirse por incineración, menciona “las especies vegetales de Papaver somniferum L., Erithroxylon coca Lam, y Cannabis sativa L.”.

26. Véase por ejemplo, “La ONU le pidió a la Argentina que prohíba todos los usos de la coca”, en El Tiempo Argentino, 3 de marzo, 2011. http://tiempo.infonews.com/notas/onu-le-pidio-argentina-que-prohiba-todos-los-usos-de-coca

27. República de Bolivia, Decreto Supremo de 26 de junio de 1923,- Morales, J.A. (1929), Monografía de las provincias de Nor y Sud Yungas, Departamento de La Paz. La Paz, Imprenta Ayacucho.- Abduca (2009), op cit.

28. Llegamos a esta estimación tomando nota de la cantidad significativa de vendedores minoristas de hoja de coca legalmente inscritos en los tres pasos fronterizos de Bolivia con Argentina. Dichos comerciantes pueden vender hasta 225 kilos por mes. Un reciente informe de la ONUDD señala lo siguiente: “Se ha detectado una creciente demanda de hoja de coca para el “akullicu” en las poblaciones fronterizas de Yacuiba y Bermejo en el Departamento de Tarija. La misma tendencia se ha presentado en la localidad fronteriza de Villazón del Departamento de Potosí”, UNODC/ Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, Monitoreo de Cultivos de Coca 2011, p.32, sep 2012. Curiosamente, no menciona una palabra sobre el destino argentino de esas hojas.

29. Orduna, V. (2001), Coca clandestina… No estaba muerta, estaba en Argentina. Revista Pulso, Semanario, La Paz, Bolivia, (3) 118, 1-11-2001.

30. Entre otras dificultades metodológicas, también debe tenerse en cuenta la abigarrada geografía en que se cultiva la coca, en áreas montañosas de transición entre los Andes y la Amazonia, y que se trata de un cultivo muy intensivo en mano de obra, con lo cual el rendimiento puede variar mucho aun en la misma microrregión. Sobre estas dificultades, véase, Spedding, A. et al., (2005) Kawsachun coca. Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare, La Paz, PIEB. pp. 149-152.

31. República de Bolivia, (1988), Ley 1008, del régimen de la coca y sustancias controladas.

32. Argentina-Bolivia, (1948), Tratado Bilateral. “Contrato de compra-venta de hojas de coca… celebrado entre la Corporación de Productores de Coca de Bolivia, S.A. (Cocalivia) y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (I.A.P.I)”, 6 de marzo de 1948.

33. La socióloga boliviana Silvia Rivera realizó ponderaciones del consumo argentino de coca, parcialmente basadas, como gentilmente menciona, en trabajos desarrollados en Bolivia desde fines de los años 1990 por Ricardo Abduca. Rivera dice: “Abduca has called this system of calculated exploitation based on international border legislation (and its violation) a ‘frontier rent’, a sort of colonial rent that is charged to tourists and to migrants on account of the existence of an international border, but in practice, on the basis of racial and national stereotypes which were the result of a combination of power-knowledge relations. Commercial earnings, illegal exactions, legal constraints and subtle or overt forms of racism created a series of economic opportunities for actors with unequal access to power (such as gendarmes, or frontier policemen, vs. smugglers or prospective illegal migrants” (Rivera 2005: 32). Disentimos de esta lectura. En realidad, a) aunque en otros trabajos hemos mencionado esta clase de exacciones y abusos racistas, cuando hablamos de renta de frontera en trabajos previos nos referíamos al tipo de fenómeno económico preciso descrito arriba; b) el manuscrito que circuló en Bolivia que cita la profesora Rivera, citado como “c. 1994”, fue redactado en 1998; c) tampoco sugeríamos una renta asociada a frontier, frontera como frente en expansión, sino a borderline: es la liminaridad espacial de dos regímenes sociales distintos la que posibilita la renta de situación, de modo que en inglés diríamos borderline rent.

34. Argentina, (2007) Poder Judicial de la Nación, Fallo de Sobreseimiento de I.M.S. Rtro. S.III T.51 f. 178/185, La Plata, 19 de abril de 2007.

35. Henman, Metaal, op cit. Una fundamentación al respecto.

Otras referencias

Argentina, 1958), Ministerio de Acción Social y Asistencia Pública, Resolución 81/58.

Argentina, 1986 a 1989 a,Cámara de Diputados, Diario de Sesiones.

Argentina, 1986 a 1989 b, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones

República de Bolivia, Decreto Supremo de 26 de junio de 1923.

Rivera, Silvia, 2005, Invisible Realities: Internal Markets and Subaltern Identities in Contemporary Bolivia. SEPHIS/SEASREP, Ámsterdam/Quezón City.

* Ricardo Abduca es antropólogo, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Cs. Antropológicas, Sección Etnohistoria. Pien Metaal es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Amsterdam. Forma parte del equipo de Drogas y Democracia del TNI desde 2002. Fuente; Transnational Institute; Serie reforma legislativa en materia de drogas N. 23, Junio 2013. http://www.druglawreform.info/images/stories/DLR_23_klein_def2.pdf