(Agencias).- Bolivia es el único país del mundo donde las niñas y niños viven en las cárceles junto con sus padres, confirmó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia Denis Racicot. El Estado boliviano viola o incumple 42 códigos, convenios, tratados y otros instrumentos que rubricó con organismos internacionales, varios de ellos referidos a reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, denunció una diputada de Convergencia Nacional.

“La presencia de familiares, en particular de niñas y niños (que) conviven con sus progenitores al interior de las cárceles de Bolivia es un hecho único en el mundo”, dijo Racicot en el foro internacional Independencia Judicial: Carrera Judicial y Carrera Fiscal que se celebra en Sucre.

“Esta situación de niñas, niños y adolescentes en las cárceles no era lo medio idóneo, porque se vulneran sus derechos fundamentales”, declaró Racicot a la agencia ABI, y calificó de inadmisibles los recientes hechos delictivos que se produjeron en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, donde una menor fue violada durante cuatro años por sus mismos familiares.

Por su parte, la diputada de Convergencia Nacional (CN) Mirtha Arce denunció que el Estado boliviano viola o incumple 42 códigos, convenios, tratados y otros instrumentos que rubricó con organismos internacionales, varios de ellos referidos a reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, para la reinserción social de personas tras rejas y además de protección a los menores privados de libertad.

Estas violaciones o incumplimientos tienen que ver con principios básicos para el tratamiento de reclusos porque éstos no se cumplen; en segundo lugar tampoco se acatan reglas mínimas para la reinserción social (de los cuales no existen programas) y finalmente, reglas para la protección de menores ya que como es de conocimiento público esa población se encuentra en situación de indefensión ante abusos de todo tipo por parte del entorno carcelario, afirmó Arce.

La parlamentaria opositora observó que el régimen penitenciario boliviano está en mayor entredicho porque todas esas normativas provienen de Naciones Unidas y fueron aceptadas para su cumplimiento por el Estado boliviano. Ese conjunto de incumplimientos generó a lo largo de los años una deuda histórica que el Estado tiene que pagar a todas las personas que están tras rejas, porque muchas de ellas incurrieron en actos delictivos debido a una escasa formación educativa, y en las cárceles tampoco cuentan con posibilidades de reinserción laboral, como consecuencia no tienen opción a una vida digna ni dentro ni fuera de los recintos penitenciarios.

Arce exhortó al oficialismo a que apruebe y promulgue como ley nacional su proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario en Bolivia”, que comenzó a elaborarse en 2012 y fue entregada el 7 de junio pasado a la Comisión de Justicia Plural, presidida por Juan Carlos Sejas (MAS), quien aún no la remitió a ningún comité para su respectivo tratamiento.

La propuesta de ley de la diputada Arce tiene tres ejes que están referidos a encarar la solución de los problemas más urgentes del régimen penitenciario en Bolivia. El primero es la necesidad de construir de una vez una infraestructura carcelaria, porque no hay recinto en Bolivia que cuente con condiciones mínimas donde residan las personas con problemas legales y menos para su rehabilitación.

Estos recintos deben contar con todos los ambientes especializados para detenidos preventivos, condenados, menores de edad, imputados y en cada uno de ellos contar con sectores destinados a salud, educación, talleres o áreas de trabajo, asistencia psicológica y social. En esto también de considerarse espacios para discapacitados. “Comparativamente hablando respecto a lo que se necesitada podemos decir que hoy estamos en las peores y más infrahumanas condiciones”, sostuvo.

Respecto a los hechos y denuncias sobre violación de menores de edad en los recintos carcelarios, Arce indicó que el proyecto contempla la construcción de guarderías colindantes a los centros carcelarios, con sus respectivas salas de educación y ambientes pertinentes. “De esta forma se evitará su exposición a los reclusos adultos, estos centros no estarán en el interior de los penales”, indicó.

El segundo eje, está orientando a proveer del equipamiento penitenciario, comenzando de los catres, colchones y sábanas para cada reo y no como hoy sucede que incluso muchos internos tienen que “comprar” sus celdas y espacios donde dormir.

El tercer eje de esta propuesta normativa está enfocado en el personal que atiende y trabaja en los recintos carcelarios, se denomina “formación y capacitación policial”, la misma que será continua y que exigirá además la inclusión en el ámbito académico de la Universidad Policial de reciente creación.

“El pensum de esa universidad debe incluir todo lo que es atención en seguridad para acabar con la improvisación que hoy vemos”, indicó la diputada opositora al señalar que en el presente la policía nacional destina a cuidar los centros penitenciarios a los “castigados” de esa institución, es decir, son personas que no tienen elementos académicos para comprender el problema penitenciario y por ende menos para trabajar en él.