Las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, agrupadas en la CONAIE, con el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel, manifiestan su profundo desconcierto ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia Argentina, de levantar el embargo, legítimamente dispuesto por el Juez Adrian Elcuj Miranda del Fuero Civil de Buenos Aires y ratificada por la Sala de Apelaciones.

La acción de la Corte permite la impunidad a una de las petroleras más cuestionadas por las violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo, pero que tiene su rostro más perverso en Ecuador, donde durante 30 años de operación, devastó intencionalmente más de 480 mil hectáreas de selva del Amazonas, provocó muerte, destrucción y desplazamiento de miles de indígenas y colonos que habitan en esa región, a más de la desaparición de flora y fauna. Estos efectos siguen ocurriendo y son evidentes a simple vista.

Llama la atención que un Juez, que ha sido conocido en Argentina y otros países, como defensor del ambiente y que incluso preside un consejo de jueces para proteger el ambiente, como técnico de las Naciones Unidas, sea el artífice de una resolución, que basada en aspectos técnicos resueltos tanto en la Corte ecuatoriana, como en las sentencia emitida por la Corte de Apelación argentina, allane el camino para que Chevron Corporation no cumpla con su responsabilidad y el sensible territorio amazónico, que debe merecer extremo cuidado del mundo entero, quede sin remediar.

Nos preguntamos, parafraseando el twitter que aparece en la cuenta del señor Presidente de la Corte, a propósito del día mundial del ambiente: ¿no será que en este caso se decidió hoy sin considerar el mañana?.¿La presión de Chevron ejercida sobre el gobierno de Neuquén, la Procuraduría de la Nación y el Estado Argentino, sucumbieron a los chantajes de la petrolera?

El fallo emitido es una bofetada a 30 mil luchadores, indígenas de las nacionalidades Kichwa, A´I Cofan, Siekopay, Secoya, Waorani y colonos, que en un juicio de 20 años, que acumuló 230 mil páginas de información, en la que se incluyen más de 40 testimonios de personas afectadas; 106 informes periciales, 60 de los cuales fueron pagados por Chevron;, más de 80 mil resultados químicos de muestras de suelo, aguas y sedimentos; además de los informes de inspección y verificación por parte del juez de la causa, de 54 sitios operados por la petrolera, que verificaron lo que públicamente declararon funcionarios de la empresa, que se arrojaron alrededor de 16 mil millones de galones de agua tóxica a los esteros y ríos dela zona y se vertieron intencionalmente 650 mil barriles de crudo y construyeron 880 fosas sin recubrimiento que fueron depósitos de crudo y sus desechos. También es una bofetada a jueces probos y honestos, que supieron mantenerse firmes e imparciales para administrar justicia, pese a las fuertes presiones de las que fueron objetos.

Lo anotado anteriormente es tan contradictorio, como el hecho de que la transnacional norteamericana haya logrado aliados tan fuertes, incluso en actores que han salido a la luz pública como defensores de derechos, para convertirse en favorecedores de una multinacional, que escudada en sus subsidiarias, pretende burlar al mundo entero.

Nos preguntamos ahora, ¿qué va a pasar cuando en Argentina, un grupo organizado de aquellos considerados en situación de vulnerabilidad, para lograr justicia y dignidad, se vean obligados a demandar a una transnacional?, ¿qué garantías tienen nuestros pueblos de que se reconozcan nuestros derechos y de los territorios en los que habitamos?

La Corte Suprema Argentina ha sentado jurisprudencia en contra del propio pueblo argentino, pero también del latinoamericano, que ha resistido permanentemente y ha actuado por justicia y dignidad, para preservar su identidad, su honor, sus recursos y su vida.

Como organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y representantes de las nacionalidades del Ecuador, nos sentimos profundamente defraudados por este dictamen, que pudo haber contribuido para que nuestras naciones demuestren soberanía y dignidad ante las multinacionales, que a lo largo de los años han generado legislación y mecanismos como el de las subsidiarias para atentar contra todos nosotros.
La conclusión a la que llegamos es que nuestros países todavía son dominados y los derechos de nuestras poblaciones están supeditados a los intereses de los poderes económicos de los países desarrollados.
Sin embargo para los pueblos que hemos vivido de la resistencia y la lucha es solo un tropiezo, que no nos vencerá en nuestro deseo de apoyar iniciativas como la de la Unión de Afectados y Afectadas. El juicio terminó con la victoria para los pobladores amazónicos y continúan las acciones de cobro, cada vez con más aliados.
* Premio Nobel de La Paz y presidente de la Conaie.