La Habana (PL).- El espionaje del gobierno estadounidense sobre dos medios de prensa, la agencia The Associated Press (AP) y la cadena de noticias Fox, caen como agua para chocolate en medio de la tormenta política que sacude el segundo mandato de Barack Obama. Según CounterPunch, “la administración de Obama no solo ha castigado a quienes filtraron información, sino que ha apuntado contra informantes legítimos de una manera nunca vista en las presidencias anteriores… Obama muestra un gran potencial para superar a (Richard) Nixon”.

Entre abril y mayo de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos interceptó al menos 20 líneas telefónicas que usaban 100 periodistas y editores de la agencia noticiosa Associated Press (AP) radicados en las oficinas de Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut), un acto de intromisión sin precedentes a un medio informativo, denunció la misma institución de prensa.

La AP recordó que las interceptaciones ocurrieron después de la publicación de un reportaje sobre una operación de la Agencia Central de Inteligencia para desmantelar un supuesto plan terrorista en Yemen contra una aeronave estadounidense. El presidente de la agencia noticiosa Gary Pruitt calificó de inconstitucional el acceso a las llamadas telefónicas de ese medio sin previo aviso y envió una carta de protesta al secretario de Justicia Eric Holder.

Funcionarios del gobierno admitieron que la Fiscalía abrió una investigación para determinar si la AP ofreció datos clasificados en esa información, mientras que el presidente Barack Obama respondió que no se disculparía por el hecho al justificar que las filtraciones relacionadas con la seguridad nacional ponen a la población en peligro. No me disculparé y no creo que los ciudadanos estadounidenses esperen que, en mi calidad de comandante en jefe, no me preocupe por la información que puede poner en riesgo a los uniformados que he enviado a la guerra, y hacer peligrar a nuestros agentes de inteligencia, alegó el mandatario.

Gremios de prensa de Estados Unidos repudiaron al Departamento de Justicia por interceptar en secreto las llamadas y registros telefónicos de la AP durante dos meses. Para la Sociedad de Periodistas Profesionales, esa acción es vergonzosa e intolerable y solo demostró que el Fiscal General Eric Holder y el presidente Barack Obama mienten cuando hablan de la transparencia y apertura del gobierno. En similares términos se pronunció la Asociación de Periódicos de Norteamérica, tras considerar la intromisión del gobierno una violación a la libertad de prensa. Dicha institución advirtió que exigirán al Estado y al Congreso respuestas y medidas disciplinarias para los responsables de ese hecho.

De la misma forma, el 20 de mayo Fox expresó su indignación tras darse a conocer que el Departamento de Justicia (DOJ) trató de criminalizar las actividades de uno de sus reporteros en 2009, simplemente por hacer su trabajo. La dependencia federal dio seguimiento a los correos electrónicos y comunicaciones del periodista James Rosen, un hecho que a juicio de Michael Clemente, vicepresidente de ese órgano, “es francamente escalofriante”.

Fox protestó después que el diario The Washington Post informó acerca de una pesquisa del DOJ sobre una filtración de información clasificada relacionada con la República Popular Democrática de Corea. De acuerdo con las explicaciones difundidas, un antiguo analista en armas del Departamento de Estado, Stephen J. Kim, fue acusado en 2010 por la divulgación ilegal de información a Rosen, jefe de corresponsales de Fox en Washington.

Los federales obtuvieron entonces una orden de registro de mensajes electrónicos personales del reportero, la cual fue dada a conocer al año siguiente, aunque un ejecutivo de Fox confirmó que no estaba al tanto de las acusaciones hasta la divulgación en estos días del informe en el Post. Abogados de los medios de comunicación y expertos en transparencia del gobierno señalaron que la caracterización del DOJ sobre Rosen como un posible conspirador había sobrepasado los límites. Pero es que, como bien advirtiera el artículo del rotativo, el caso de Kim y Rosen tiene sorprendentes similitudes con una investigación de filtraciones que había salido a la luz justo una semana antes en el mismo periódico.

La ola ya se había levantado en Washington cuando trascendió que la AP denunció en una carta al Departamento de Justicia la “intrusión sin precedentes” de las autoridades federales por almacenar, sin que la agencia lo supiera. En opinión de analistas, lo que motivó el espionaje a la AP fue la obsesión de Barack Obama con las filtraciones de información provenientes de sus funcionarios.

El DOJ había anunciado el 7 de mayo de 2012 que estaba iniciando una búsqueda para determinar quién ofreció datos desde el gobierno que AP utilizó en la publicación de una nota sobre el tema Yemen. Poco después del hecho, Obama declaró que consideraba oportuno revivir una ley de 2009 que proteja a los periodistas, pero defendió a su secretario de Justicia, Eric Holder, y el derecho de espiar en bien de la llamada seguridad nacional.

Según expresó Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, la mencionada ley fue negociada por Obama hace cuatro años y “tenía el apoyo de numerosas organizaciones de prensa”. El funcionario opinó que el gobernante tiene idea de trabajar con el Senado, en especial con el legislador Charles Schumer, para tratar de reintroducir la medida. Schumer, demócrata por Nueva York, fue uno de los impulsores de la norma identificada como Ley para la Libre Circulación de la Información, que pretende proteger a los periodistas de ser obligados a identificar a sus fuentes confidenciales y que en los momentos actuales vendría como anillo al dedo.

La legislación fue sancionada por consenso bipartidista en el Comité Judicial del Senado en diciembre de 2009; sin embargo, jamás llegó a votarse en el pleno de la Cámara alta. Para Schumer, citado por el diario The Hill, este tipo de ley equilibraría las necesidades de salvaguardar la seguridad nacional y el derecho del público a la libre circulación de la información.

Documentos de la corte, en el caso de Stephen J. Kim, revelan hasta qué punto los investigadores exploraron las comunicaciones privadas de un periodista. “Pedir información nunca se ha considerado un crimen”, dijo Steven Aftergood, director del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Americanos. “Es una línea que no se había cruzado hasta ahora”, subrayó.

Por su parte, al hablar recientemente en el programa televisivo Face the Nation, de la cadena CBS, el presidente de la AP, Gary Pruitt, calificó de inconstitucional la actitud del gobierno de Obama. Expertos y medios de prensa estiman que las prácticas empleadas por el Departamento encabezado por Holder han puesto en entredicho que la administración Obama realmente respete la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Lo peor para el mandatario afroamericano es que todo esto ocurre en instantes en que su gobierno se encuentra bajo la lupa por un número sin precedentes de investigaciones. En esa línea están los cuestionamientos por el ataque al consulado estadounidense en la ciudad libia de Bengasi, el polémico programa de aviones no tripulados y el escrutinio desmedido a grupos conservadores por el Servicio de Rentas Internas de la mansión Ejecutiva.

Ahora la noticia del espionaje de Obama ha tomado estado público y fue muy difundida por los medios masivos norteamericanos al tratarse de una persecución contra uno de esos mismos medios hegemónicos, advierten algunas páginas digitales. Sin embargo, el seguimiento y la infiltración por parte de las agencias de inteligencia han sido sistemáticos desde que Obama alcanzó la presidencia.

Según un artículo publicado en la edición del 17 al 19 de mayo en el sitio digital CounterPunch por Jonathan Franklin, periodista y escritor de Massachussetts, “Obama muestra un gran potencial para superar a (Richard) Nixon (trigésimo séptimo presidente de Estados Unidos, mandato desde enero de 1969 hasta su dimisión en 1974)”.

Enfatizó que “la administración de Obama no solo ha castigado a quienes filtraron información, sino que ha apuntado contra informantes legítimos de una manera nunca vista en las presidencias anteriores”. “En el último año la administración Obama presentó cargos contra John Kiriakou, un ex agente de la CIA, acusándolo de actos de espionaje por hablar con periodistas para brindarles detalles sobre los métodos de tortura por ahogamiento utilizados contra sospechosos de terrorismo”.

Familiarizados con este asunto aseguran que la cuestión del espionaje no solo está vinculada con el encubrimiento de información y la persecución política detrás de la fachada de la Casa Blanca. Como afirmó Franklin, desde la llegada del gobernante demócrata a la presidencia “prácticamente cualquier ser humano puede ser rastreado, apuntado y asesinado en las zonas de combate donde actúen los equipos de Obama”. Todo con la implementación de los asesinatos como política nacional apuntalado en los planes de institucionalizar la interminable guerra global contra el terror.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.